Luis Rosero M.
El país vive una crisis económica, energética y social. Pero además enfrentamos el cambio climático, la epidemia de dengue, corrupción y el aumento de cierto tipo de delitos en la zona 8. El cumplimiento de funciones públicas así como la gestión gubernamental debe estar orientada al interés público y guiarse por principios éticos y morales. Por ello, el gobierno debe aclarar sobre el polémico proyecto inmobiliario de la conyugue del presidente al que se acusa de afectar una zona protegida y, por otro lado, transparentar la crisis energética que conduciría a posibles cortes de energía. Además del temor por la inseguridad ciudadana, este cúmulo de problemas agrava el estrés y condiciones de la gente. El problema de fondo radica en la motivación de la acción gubernamental.
La coyuntura actual es complicada. La población además de soportar la intensa ola de calor ahora tiene que soportar una epidemia de dengue que ya alcanza a 27.000 casos. Si bien, a nivel nacional, han disminuido las muertes violentas. Sin embargo, en mayo, de este año, ha recrudecido la violencia, en la zona 8, un ejemplo de ello son los 19 asesinados, el 9 de este mes, en Bastión Popular y otras, zonas populares de Guayaquil. En Duran, a mayo 7, se registraron 177 muertes violentas que, en relación al año pasado, aumentó 302.2% la criminalidad. También, en Chanduy, Santa Elena, se registró una masacre con la muerte de 8 personas. Pero además de esto, ahora también están aumentado los secuestros y extorsiones en dicha zona., así en el distrito metropolitano de Guayaquil se han dado, hasta la fecha, 462 casos de extorsiones y, a nivel nacional, 1697, mientras que los secuestros ya suman 355 en todo el país. La policía para combatir estos delitos creo la Fuerza de Investigación contra la extorsión (FICE). Aún, con estado de excepción, crece la violencia en dicha zona. Esto nos lleva a interrogarnos ¿esta funcionando la mano dura? ¿la estrategia de combate al crimen organizado de la FF.AA. es efectiva?
Respecto al proyecto inmobiliario (ECHO), que se pretende construir en Oloncito, el acuerdo ministerial # 072, de 2002, las 2,25 Has., que conforman el área del bosque Esterillo Oloncito, Olón, Manglaralto, fueron declaradas como Área de Bosques y Vegetación Protectores por el Estado ecuatoriano. En este acuerdo se señala que toda actividad no compatible con los fines del área queda restringida. Por lo tanto, si dicho proyecto esta ubicado en esa zona habría daños ambientales. Más aún, como existen zonas de manglar, en el área de ese bosque la Corte Constitucional, en septiembre de 2021, dictó una sentencia que restringe las construcciones en dichas zonas. Los servicios ambientales de los manglares son fundamentales para mantener la biodiversidad y defensa contra mareas y cambio climático.
El ex ministro de Ambiente, del gobierno anterior, aclaró que dicho proyecto no se tramitó en ese gobierno. Según Teleamazonas, el Ministerio de Ambiente aprobó el registro ambiental para la construcción del proyecto ECHO el 5 de diciembre, solo a 12 días de la posesión de Noboa. La reacción de los afectados: comuneros y ambientalista ha sido la defensa de la zona. La empresa Vinazin, que promueve el proyecto, tiene como socios al presidente y a su esposa. Hay varias implicaciones. Una, la posible influencia del poder en el trámite del registro. Al respecto, El Universo publicó una noticia titulada “Varios integrantes del círculo íntimo del presidente Daniel Noboa están salpicados por el problema de Olón”, que incluye a tres ministros, lo que dice mucho de la utilización del poder en este gobierno.
Dos, más crítico es el posible conflicto de intereses. Por un lado, la gestión gubernamental debe estar enfocada en función del interés público y no a favor del interés privado. A eso hay que añadir, que un gobernante debe observar principios de ética. Noboa había dictado un Código de Ética, después de asumir el cargo, que prohibía el nepotismo hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad (esposa tiene primer grado de afinidad) en las funciones del poder ejecutivo. Pero, en febrero 23 de 2024, derogó por decreto dicho código. Aún más, si el proyecto afectaría a la biodiversidad y funciones del estero del bosque protegido, habría que aludir a la conciencia y principios ambientales. El daño a los recursos naturales afecta a la comunidad ya que los priva de beneficiarse de las funciones ambientales de la biodiversidad y del estero. En este último, se encuentra el manglar, que ayuda a la protección costera, recursos pesqueros y limpieza del agua, así como la captura de carbono que contribuye a reducir la temperatura.
Por otro lado, la ex ministra de Energía, de este gobierno, publica en la red X una carta, diciendo haber recibido un sector en crisis, que aportó con 220 MW de generación térmica, realizó mantenimiento de 8 centrales hidroeléctricas, que se declaró desierte por el gobierno de Lasso el concurso para adquirir una barcaza, que instaló el Comité de Crisis Interministerial para cumplir requisitos para el funcionamiento de la barcaza, que el Ministerio tenía un presupuesto de 59 millones pero el Ministerio de Finanzas no hizo las transferencias y que trabajo una estrategia a largo plazo para que el sistema energético del país sea resiliente. El ministro de Energía encargado dijo que no había hecho investigación sobre el sabotaje eléctrico del que se acusa a la ex ministra y la Asamblea tramita un juicio en su contra. La ex ministra en su carta señala “Dejar el sector privado para servir desde lo público tiene sus complejidades, entre ellas, saber que lo técnico no es suficiente en un país donde manda lo política.” Y esta variable no sólo la utilizan los partidos sino además los gobiernos.
El problema de fondo es la motivación de la toma de decisiones en la gestión pública. Así, por ejemplo, día antes de la consulta popular se ordenó la captura, en la embajada de México, del ex vicepresidente Glas, justo antes de la consulta popular; para los apagones se acusó a la ex ministra de Energía de sabotaje que podría ser la culpable y, ahora con el polémico proyecto inmobiliario en Oloncito, se ha revelado un conflicto de interés. La repuesta del gobierno fue que son ataques políticos de opositores y el presidente y su esposa viajan, en una gira internacional que durará 10 días, para calmar las aguas. Más aún, ante las protestas y vigilia de comuneros, por el daño ambiental del proyecto, la empresa se ha visto obligada a desistir el proyecto, pero remarcando que se perderían 2783 empleos. Hay que recordar que toda inversión, como esta contemplada en las leyes, debe respetar los recursos naturales y medio ambiente, por más que se quiera favorecer el empleo, emprendimiento y el turismo
Reiteramos que las motivaciones en las decisiones en la gestión gubernamental deben estar orientadas en función del interés público, no en función de interés político ni de interés económico. La lección que deja el polémico proyecto es que la protesta y la consulta popular le ponen límites al poder. Así, en esta última, la población voto no al trabajo por horas y no al arbitraje internacional. Ahora, hay algunas experiencias y efectos que han dejado en sus países los presidentes empresarios. Uno de ellos es la transparencia en el manejo de la cosa pública y privada. Para ello, debería seguirse el ejemplo del ex presidente chileno Piñera que, antes de asumir su segundo mandato, creo un fideicomiso ciego que administró su patrimonio y activos de su familia. La transparencia en el ejercicio de un cargo público es un elemento fundamental para generar credibilidad, velar por los intereses del país y respeto de los principios de ética. En otras palabras, el uso del poder en función del interés público y de la nación.
Pensamiento y comportamiento 