Luis Rosero M.
El 21 de abril se realizará el referéndum que principalmente versará sobre el apoyo de las FF.AA. a la policía y dos temas económicos: trabajo por horas y arbitraje internacional. La consulta popular indagará fundamentalmente temas de seguridad ciudadana, los delitos del crimen organizado y simplificación de trámites en la extinción de dominio. Ambos instrumentos se convertirán, como ha sucedido antes, en una valoración de la gestión del gobierno. El resultado será crucial para las aspiraciones de reelección del presidente.
En el referéndum se preguntará específicamente: A. Apoyo de la FF.AA. a la policía para combatir el crimen organizado, 1. Extradición de ecuatorianos, 2. Creación de judicaturas especiales en materia constitucional, 3. Arbitraje para resolver controversias, 4. Contratación por horas. La consulta tendrá 6 preguntas sobre 1. El control armas de las FF.AA. en rutas de ingreso a las cárceles, 2. Delitos de bandas criminales, 3. Cumplimiento de penas, 4. Tenencia y porte de armas, 5. La incautación de armas y explosivos sea utilizado por las FF.AA. y 6. El estado sea el dueño de bienes de origen ilícito simplificando tramites de ley de extinción de dominio.
En referéndum, resalta en la primera pregunta (A) que las FF.AA. apoyen a la Policía en el control de la seguridad ciudadana. Las otras 4 preguntas son de otros ámbitos. La dos siguientes se refieren a: 1. Extradición y 2. Creación judicaturas especiales de temas constitucionales. Pero, la 3 y 4 se refieren a temas económicos, introducidos por posible condicionamiento de acuerdo con el FMI, que son muy importantes. El reconocimiento del arbitraje (3) para resolver controversias comerciales y de inversión, implican que el estado ecuatoriano renuncia a su legislación interna para atenerse a un dictamen de un grupo de expertos en el caso de una demanda contra el estado ecuatoriano. Según especialistas esto garantiza la seguridad jurídica para la inversión extranjera, contratos y de acuerdos comerciales. Estos son realizados por centros de arbitrajes, algunos de los cuales son proveídos por organismos internacionales. La pregunta más controversial, es la del trabajo por horas (4). El problema es el abuso que puede haber por parte de las empresas de eliminar la estabilidad laboral e instaurar la precariedad laboral, como la tercerización, con este tipo de contrato. Aún, la pregunta A implica una reforma parcial a la Constitución y las otras 4 una enmienda constitucional, lo que significa que si gana el sí pasan a ser un cambio definitivo en la Constitución.
Tal como está diseñada la papeleta del referéndum, la primera pregunta destaca el apoyo de las FF.AA. que influiría en la decisión de como votar en las siguientes 4 preguntas. El enviar a las calles a las FF.AA. ha sido bien visto por la ciudadanía, dado el estado de inseguridad ciudadana que vive el país, por lo que, al colocar esa primera pregunta, condiciona como respondería el elector a las siguientes preguntas y eso también influiría en la introducción de las dos preguntas sobre temas económicos que tienen un porcentaje importante del no.
El aumento de la violencia y de la inseguridad ciudadana es consecuencia de la acción del crimen organizado tanto por narcotráfico y delincuencia común. El gobierno actual ha ejecutado acciones para frenar la violencia apoyado en las FF.AA con relativo éxito. Sin embargo, en éstas solo resalta la presencia y control de las FF.AA. en las calles e ingreso a cárceles. Los expertos señalan que se requiere mucho más que operativos para el control del crimen organizado. O sea, una política de seguridad integral que no sea solo la aplicación de mano dura sino además incluya los aspectos sociales que da origen a la violencia así como una estrategia y labor de inteligencia y contrainteligencia para frenarla. Por ello, el régimen busca que, con la consulta, las FF.AA. realicen control de armas en las rutas de acceso a las cárceles, que las armas incautadas pasen a manos de éstas y sea un delito el uso de armas de uso de las FF.AA. y Policía. La consulta también plantea que se instauren como nuevos delitos acciones de los grupos criminales, que se cumpla todas las penas de los condenados y el estado sea dueño de los bienes ilícitos de estos grupos. Dado el estado de inseguridad ciudadana y tal como están planteadas las preguntas de la consulta, la mayoría de la población estaría de acuerdo con las 6 preguntas. El riesgo es el abuso en la aplicación de estas nuevas funciones de las FF.AA. y que se extrapolen a otras áreas que no sean de la lucha contra el crimen organizado que ahora se ha calificado como organizaciones terroristas.
En los dos últimos gobiernos, las consultas populares se han convertido en una evaluación de la gestión del régimen que incide en la popularidad del ejecutivo. En buena medida esto se mide por la calidad de dicha gestión. En el gobierno anterior, la inacción frente a la inseguridad ciudadana llevó a que su popularidad cayera a solo 13%, según un sondeo de mayo de 2023 de Perfiles de Opinión. Con este antecedente, el gobierno bajo el imperio del estado de excepción, además de sacar a las FF.AA. a las calles, ha realizado operativos en barrios peligrosos y ahora se creó, dentro de la Policía, un grupo especial para enfrentar la extorsión (vacunas), similar al de los secuestros, que ya tuvo su primer operativo en 5 provincias. Además, la semana anterior ha capturado a miembros de las principales bandas criminales.
Además, tendrán incidencia en la decisión de votar en la consulta y referéndum la irrupción de la policía en la Embajada de México y otros hechos. Sebastián Hurtado, consultor político, ha declarado sobre el ingreso a esa sede diplomática “Pienso que hay un costo reputacional importante. Las acciones del Gobierno son sin precedentes en un país democrático y cimientan la percepción del Ecuador como un país en donde cualquier cosa es posible; en donde en realidad los líderes políticos están dispuestos a hacer casi cualquier cosa, independientemente de las normas internacionales, para avanzar en sus intereses políticos o en sus rencillas políticas.”Dicho país, ha entregado una demanda a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) solicitando se sancione al Ecuador por la violación de la Convención de Viena. Por otro lado, en el juicio, en EE.UU., al ex contralor Pólit, ha revelado información sobre los sobornos que recibió y a quienes favoreció que incluye una mención a Glas que abona a la batalla del gobierno contra la corrupción. La pena que imponga la CIJ traerá repercusiones al país, en su imagen internacional, y sobre la situación legal de Glas, sobre todo, por el veredicto del tribunal que trató sobre su solicitud de habeas corpus en el que se estableció que su arresto, en la embajada de México, fue arbitraria e ilegal. Por otro lado, ayer y hoy la prensa informa de cortes de energía eléctrica Guayaquil, Manta y Portoviejo y otras ciudades de la costa y también en la capital que podría ser un preludio de apagones futuros. También incidirá, como dije en el artículo anterior, el alza del IVA, el futuro acuerdo con el FMI y el deterior de la situación social.
En suma, los factores señalados van a incidir, a favor y en contra, en la decisión de como votar en las preguntas del referéndum y consulta popular. Según encuestas, la decisión por el sí lleva la delantera pero ha reducido su margen de diferencia respecto al No. Esto se puede explicar parcialmente por la débil campaña por el No por parte de Pachakutik y Unidad Popular. En pregunta sobre el trabajo por hora hay probabilidad del triunfo del NO, por el temor de los trabajadores y empleados de la precariedad laboral y, la misma tendencia seguiría la pregunta sobre el arbitraje pero con menor margen. En todo caso, el escenario construido por el gobierno busca un golpe de efecto sobre su imagen y gestión, la deconstrucción de este por la oposición y la coyuntura actual pesará en la decisión de como votar en ambos instrumentos y, sin duda, se convertirían en una evaluación de la gestión del régimen y de la aprobación del ejecutivo por parte de la población y será clave para su reelección.