Luis Rosero M.
El país enfrenta tres crisis estructurales críticas: energética, en seguridad y económica. Los cortes de luz se realizan diariamente -por la falta de mantenimiento de las hidroeléctricas y de inversión de los dos últimos y actual gobierno para aumentar la oferta de energía eléctrica-, la inseguridad ciudadana sigue atemorizando a la población pese a los esfuerzos del gobierno. Para la crisis económica ha acudido, como en los dos gobiernos anteriores, al FMI para obtener financiamiento lo cual implicará un condicionamiento en la política económica debiendo aplicar la receta de dicho organismo.
El FMI anunció que había llegado a un acuerdo técnico con Ecuador para entregar un crédito para un programa de Servicio Ampliado de este organismo (SAF) que ayudaría a enfrentar problemas estructurales, el cual duraría cuatro años. Según el FMI servirá para “fortalecer la sostenibilidad fiscal, proteger la estabilidad macroeconómica y fomentar un crecimiento sólido e inclusivo, protegiendo al mismo tiempo a los más vulnerables.”
El SAF, según el FMI, “proporciona asistencia financiera a los países que afrontan graves problemas de balanza de pagos a mediano debido a deficiencias estructurales que tardaran tiempo en resolverse.” No es posible conocer las medidas específicas que se aplicarán. Estas se revelarán cuando el directorio del FMI apruebe el acuerdo y se firme la carta de intención. Algunas de esas medidas ya comenzaron a aplicarse con el alza del IVA del 12 al 14% y contribuciones temporales de las empresas para enfrentar la crisis fiscal.
El país lleva 6 años aplicando los SAF, en los dos últimos gobiernos, con resultados magros. En este periodo se han profundizado los problemas macroeconómicos que enfrenta el país son: el déficit fiscal aumentó, creció la deuda pública -principalmente externa-, continua la pérdida de dinamismo de la economía que se expresa en el bajo ritmo de crecimiento, hay un elevado subempleo y un mayor tamaño del sector informal, déficit constante en la cuenta corriente de la balanza de pagos, bajo nivel de las RMI, déficit actuarial en la seguridad social, etc.
En el SAF, el déficit fiscal, de alrededor del 4% del PIB, con las políticas del FMI, se corrige con aumento de los ingresos tributarios. De ahí, que el gobierno aumentó el IVA. El siguiente paso sería la focalización de los subsidios a los combustibles -excepto gas y diésel- pero al parecer no se aplica por problemas técnicos, por lo que se optaría la vía del aumento mensual de las gasolinas extra y ecopaís tal como ocurre con la gasolina super. Por el lado de los gastos, habría una reducción en la nómina del sector público, más recortando en la inversión pública, eliminar otros gastos superfluos, privatización de algunas empresas públicas, etc. Continuaría el atraso con los proveedores, GAD, centros médicos, jubilados, etc. El gobierno apuntaría a entregar pocos recursos a estos acreedores para aliviar la presión de estos.
A pesar del ciclo perverso de mayor gasto público-reforma tributaria-más deuda pública– que se profundizaría con el SAF, el gobierno acude al FMI para obtener un crédito de 4000 millones de dólares, recursos que servirían para pagarle al propio FMI y los servicios de la deuda externa de 2025 y 2026, para así reducir el riesgo de un default. A más de eso, en el siguiente año, el gobierno podría obtener del organismo multilateral una línea de crédito enmarcada como Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad (RSF) hasta de mil millones de dólares.
En cuanto a la problemática del mercado de trabajo, según el INEC, en marzo de 2024, se registró una caída leve del empleo adecuado a 34.4%, la tasa de subempleo aumentó a 20.3% y aunque la tasa de otro empleo no pleno se redujo en -0.8%, sigue en un nivel alto (30.1%). En tanto, el sector informal ya alcanza a 5 millones de personas. En lo social para 2023, lo más crítico es el nivel de pobreza por ingreso, si bien se redujo levemente, alcanzó 23,9%; la pobreza por necesidades básicas llegó a 28.4 % y la pobreza multidimensional registro 36.9%. El empleo y la pobreza dependen, en gran medida, del crecimiento económico que, a su vez, está determinado por la inversión y el consumo. Es probable que se plantee por el FMI la flexibilización laboral y trabajo por hora como mecanismo de incentivo para la contratación laboral. Sin embargo, este posible condicionamiento se ve limitado por la repuesta negativa, de dos terceras partes de la población, al trabajo por horas en el referéndum. Se conoce que las políticas del FMI son de austeridad, por lo tanto, contractivas, y dadas los cortes de luz, el crecimiento económico no sería ni de 0.1%, proyectado por el FMI, sino cero o negativo.
El débil dinamismo del país se explica por la baja inversión pública y privada, contracción del consumo y, ante el menor nivel de comercio mundial, las exportaciones disminuirían provocando que en 2025 el crecimiento sea exiguo (0.8%) tal como proyecta el FMI. Un puntal del crecimiento son las remesas de los migrantes que, en 2023, llegaron a más de 5 mil millones de dólares sobrepasando el monto de las exportaciones de camarón que se ha convertido en el primer producto de mayor ventas externas.
El Banco Mundial (BM), ha señalado que hay 28 países en desarrollo altamente endeudados y con bajos índices de solvencia crediticia -entre los que esta Ecuador. Pronostica el BM qué los habitantes de esas economías serán en promedio más pobres que en 2019, crecerían casi un punto porcentual más lentamente en 2024-25 y concluye que estos países deberían crear un espacio fiscal para ampliar las bases de ingresos gubernamentales, priorizar el gasto, por ejemplo, desechando subsidios distorsionadores y despilfarradores, necesitan ayuda exterior en forma de alivio de la deuda sobre todo de una reestructuración de ésta. Como se deduce de lo anterior el BM recomienda las mismas medidas económicas. Ecuador ha recibido créditos de este organismo, lo que podría dar lugar al condicionamiento cruzado.
En síntesis, lo señalado serían unas posibles medidas que se aplicarían con el SAF y algunos de sus efectos. Una vez conocida la carta de intención sabremos las medidas y metas específicas, con lo que podríamos determinar el verdadero alcance del acuerdo con el FMI. Lo cierto es que el país tendrá 2 años con un nivel muy bajo de crecimiento, lo que implica más subempleo, mayor sector informal y más pobreza. Con las políticas del FMI, con ajuste fiscal y reducción de desequilibrios macroeconómicos, no habrá crecimiento. Para ello, habría que impulsar la inversión privada y pública, por ejemplo, mejorando la infraestructura en el sector eléctrico, en vialidad, salud, educación, vivienda, etc. O sea, dos años más, soportaremos la crisis económica con agravamiento de las condiciones sociales de las mayorías. Hay que recordar que en 2025 habrá elecciones presidenciales, lo que genera incertidumbre sobre el rumbo del país, afectando las expectativas de inversión. Recién en 2026 podría recuperar la tendencia al crecimiento.
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