Luis Rosero M.

El Banco Central anunció que el país se encuentra en recesión desde el último trimestre de 2023 que siguió en 2024, sobre todo en el II trimestre, siendo empujada por una serie de shocks (choques) internos y medidas tributarias que causaron una mayor contracción de la economía y consecuentemente deterioro en el mercado de trabajo. Esto se refleja en la opinión de los ecuatorianos que señalaron que sus principales preocupaciones son el desempleo y la inseguridad Esta última afecta aun mas la desaceleración económica por los secuestros y extorsiones que llevan al cierre de negocios.

Según el Boletín, la recesión se inició en el IV trimestre del año pasado y continuó en el I y II trimestre de 2024 generando una serie de efectos negativos sobre las variables reales principalmente en la producción y el empleo. Un claro indicador de este fenómeno es la tendencia a la desaceleración de la economía que viene observándose desde el IV trimestre del año pasado.

En efecto, en un artículo anterior señale que entre los shocks internos están “…además del nivel de inseguridad ciudadana, el fenómeno El Niño, la erosión del río Coca que afectó los oleoductos y bajó la producción petrolera, el estiaje que ha reducido lluvias, que han afectado, a la generación de energía, y, temporalmente el exceso de lluvias ha producido deslaves e inundaciones en Baños y el austro. Entre las medidas, está la reforma tributaria (alza del IVA, contribución temporal a empresas y bancos, remisión tributaria económica) y ahora el anuncio de la eliminación del subsidio a las gasolinas Los shocks internos han causado una serie de efectos en la economía y sociedad. El peso del ajuste fiscal ha recaído entre trabajadores y segmentos vulnerables.”

La encuestadora Ipsos señala que las principales preocupaciones de los ecuatorianos son el desempleo (74%), inseguridad (59%) y la corrupción (54%). La primera variable es afectada por la tendencia a la contracción de la economía (se prevé crecimiento cero en 2024), la política tributaria y el aumento del precio de la gasolina son contractivas que aceleran dicha tendencia. A eso se suma, que el ajuste fiscal contrae el poder de compra disminuyendo el consumo agregado y la falta de inversión pública reduce aún más el nivel de actividad económica. Más aún, todos los shocks internos, originados por la fuerza de la naturaleza, agravan dicha tendencia. Estos además afectan la generación de energía eléctrica y el estiaje del IV trimestre de 2024 acentuarán más la contracción económica. Como consecuencia, el empleo disminuye. En efecto, a mayo de 2024 la tasa de empleo adecuado (formal) fue solo 33.4% mientras que el subempleo sigue alto (23.1%) y el sector informal, a abril, fue de 53.4%. La consecuencia de la falta de empleo es la migración y deterioro de las condiciones de vida

En marzo de 2024, en el Registro Oficial, se publicó el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana que incluye la política de seguridad ciudadana y las estrategias para prevenir la violencia criminal, luchar contra el tráfico de drogas, contra la delincuencia organizada y para la prevención, a nivel nacional, del delito y violencia. Sin embargo, según Primicias, las muertes violentas pasaron en 2024, de 489 en enero a 592 en junio, siendo este último el mes más violento del I Semestre. Esto a pesar de los estados excepción y la participación de las FF.AA. en las calles. El crimen organizado ha cambiado su estrategia variando sus zonas de operación.  Los aumentos más alto de la violencia, entre enero-junio 21, se han registrado en Azuay, Cotopaxi, El Oro, Esmeraldas, Santo Domingo, Sucumbíos, Pichincha, Cañar, etc. mientras qué en Guayas, Santa Elena y Manabí ha disminuido relativamente los crímenes. Pero en cambio, en éstas últimas el número de extorsiones y secuestros han aumentado. También ocurre, por ejemplo, en Durán, que la policía y las FF.AA. cercan el sector capturan a delincuentes y pacifican la zona, pero después de un tiempo vuelven a aumentar los índices delictivos. Si bien hay progresos en el control de las cárceles y captura de drogas, sin embargo, al parecer la estrategia de seguridad ciudadana no está dando los resultados esperados.

En síntesis, la contracción económica tiende a aumentar el desempleo y el sector informal, pero la violencia generada por el crimen organizado (asesinatos, extorsiones, secuestros) no solo aumenta la inseguridad ciudadana sino que además lleva al cierre de negocios pequeños y emprendimientos aumentando la tendencia al desempleo y subempleo que a su vez genera migración. Además, el convenio con el FMI tiene previsto una nueva reforma tributaria, ligero aumento de la inversión pública y otras medidas de carácter contractivo. En tanto que, la política tributaria y de precios de combustibles además de aumentar la inflación lleva al incremento de la canasta básica deteriorando las condiciones de vida que son aplacadas, parcialmente, por el envío de remesas y los bonos sociales incluido el de desarrollo humano. La tendencia contractiva continuará en 2025. Si se toman  fuertes medidas de reactivación económica, se podría atenuar dicha tendencia, de lo contrario no se podrá revertir la situación de desempleo y pobreza.

Luis Rosero M.

El Ministerio de Finanzas (MF), con la serie de impuestos, contribuciones y autorretención del impuesto a la renta a grandes empresas ha logrado obtener más ingresos tributarios pero además ha aumentado sus ingresos totales principalmente con la deuda externa pero poniendo poco énfasis en la reducción de los gastos. Esta política esta condicionada por la campaña preelectoral.

En efecto, en el I semestre de 2024 se alcanzó una recaudación récord de 10281 millones de dólares, un crecimiento del 7% en relación a igual período del año anterior. La reforma tributaria creó una contribución temporal a empresas que, en millones, aportó 331, la de utilidades a bancos y cooperativas generó 184 millones, la autorretención contribuyó con 787 y la remisión tributaria recaudó 281, lo que suma 1583 millones, son ingresos adicionales, ya que estos no existían en 2023,   A eso se suma, el incremento del IVA en 3% en Abril, con lo que se logro recaudar, en el primer semestre, un total de 4507 millones. En esa cifra se incluyen 150 millones adicionales por el aumento del IVA en abril en 3% adicionales en los combustibles y gas. Además, hay que sumar la vigencia del incremento del impuesto a la salida de divisas quedando en 5% y la vigencia del impuesto a la renta a los pronósticos deportivos.

Para aumentar los ingresos totales, el gobierno ha optado por una política agresiva de deuda pública. Solo en el I trimestre de 2024, el gobierno se endeudó en 2660 millones principalmente en deuda interna. Además, el gobierno dictó un decreto, el 29 de mayo este año, para pagar deuda pública interna con bonos. Un ejemplo de ésta, es el pago de la compensación por jubilación de empleados públicos. Para 2024, esta previsto pagar 230 millones de los cuales 134 (58.2%) será en bonos y 96 (41.8%) en efectivo. En cuanto, a la deuda externa, el ministro de Finanzas declaró que se espera que los organismos multilaterales (BM, BID y FLAR) entreguen crédito por 4000 millones en 2024. De esos, en junio 4, ingresaron 1000 millones de dólares por el convenio con el FMI. Con estos recursos se pago 800 millones a la CAF, o sea mas deuda externa para pagar ésta. Y apenas 100 millones se asignaron para salud 50 para pago a Solca y el saldo al Ministerio de Salud. Además, se transfirieron 298.5 millones a los GAD. Sin embargo, sólo a los prestadores externos de salud se les debe 1000 millones de dólares. O sea, la política de atrasos continua. Según el Boletín de Deuda Pública, del MF, a abril de 2024, la deuda pública total alcanzaba 59291 millones de dólares (48.5% del PIB), de los cuales el 20% corresponde a deuda interna y el 80% a deuda externa (46184 millones). Estos datos indican que el peso de la deuda pública del Ecuador está en la externa.

La política fiscal ha enfatizado el incremento de los ingresos totales y poco se ha preocupado en reducir gastos. De estos, además de los gastos para mantener en funcionamiento el aparato estatal, el gobierno ha comenzado a entregar una serie de beneficios a la población. Comenzó con la reducción del 50% de la factura de energía eléctrica de abril de 2024, condonó los prestamos de hasta 5000 dólares entregados por Banecuador, ha comenzado a devolver el IVA a la tercera edad a cuenta gotas, esta pagando la compensación por jubilación a servidores públicos, transfirió recursos a los GAD, etc. Solo 100 millones se han asignado a salud pero se pago 800 millones a la CAF. Todo este reparto de recursos esta mediado por la precampaña electoral, con un gobierno que orienta las asignaciones en función de la repuesta electoral de la población. En consecuencia, en cuanto a la distribución de los ingresos públicos, la prioridad fue cubrir la deuda externa (800 millones) y 628,5 millones para los gastos señalados, sin incluir los gastos en seguridad, según los datos a los que tuvimos acceso. Esta claro cual es prioridad en dicha distribución. En 2024 no hay recursos para la inversión pública, excepto lo urgente como es en energía, se sigue con la política de atrasos y la política social sigue con serios problemas por falta de asignación de recursos.

El Ministro de Finanzas ha declarado que el déficit fiscal de este año sería entre 2500 a 3000 millones de dólares y por otro lado espera alrededor de 14000 millones de recursos de multilaterales en los próximos 4 años. O sea, solo respecto a la deuda externa, en 2029, si este gobierno es reelegido, tendríamos en ese año una deuda externa de 60184, y la presión por el servicio de esta deuda sube por alza de interés de los multilaterales que tendría que pagar el país.

En síntesis, el déficit fiscal se cubre con mayores ingresos tributarios y deuda. Para el segundo semestre, se logrará más ingresos además por el incremento del precio de las gasolinas y los señalados. En la distribución de los nuevos ingresos se ha privilegiado el pago de la deuda externa. De reelegirse este gobierno, tendríamos una deuda externa en 2029 de mas de 60 mil millones que pondría presión en la capacidad de pago del país. Si esta no es suficiente, como en los últimos 3 gobiernos, se continuaría, en un círculo perverso: ante la posibilidad de un default se recurre a una reforma tributaria, si está no genera suficientes recursos, se procede a la renegociación de la deuda externa que incluye nuevas reformas tributarias para asegurar su pago. Mientras tanto la reactivación económica sigue esperando con la consecuencia sobre el empleo y deterioro social.

Luis Rosero M.

La coyuntura económica y social se deteriora por efectos de los shocks internos y una política económica condicionada al acuerdo con el FMI que obliga cumplir metas. Si bien la economía creció en el I trimestre, se prevé una tendencia a su desaceleración lo cual deterioraría aún más las condiciones sociales. El escenario se complica por el recrudecimiento de la violencia, una estrategia de seguridad que lleva seis meses aplicando sin resultados claros, continúa la erosión del rio Coca que afectó a los oleoductos de crudo, la que hace peligrar la infraestructura de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair y todo esto en el marco de una campaña preelectoral.

En lo fiscal, en el primer semestre, las medidas tomadas entre ellas el alza del IVA, remisión tributaria, el establecimiento de contribuciones a empresas y bancos así como la autorretención de impuesto a la renta de las grandes empresas incrementaron los ingresos fiscales. De enero a julio de 2024, según F. Ortiz, ex ministro de Finanzas, los ingresos tributarios fueron de 8500 millones. La Hora reporta que, entre enero y mayo, el gobierno obtuvo 2267 millones adicionales de ingresos. Además, en la primera semana de junio, recibió 1000 millones del FMI, por el acuerdo crediticio con este organismo, lo que contribuyó a la reducción del déficit fiscal. Sin embargo, este último recurso se utilizó para pagar 700 millones a la CAF, revelando que se utilizó deuda externa para pagar la misma, reflejando la problemática de la sostenibilidad de la deuda externa y como se distribuye la liquidez temporal. Pero, la erosión del rio Coca obligó al cierre de los oleoductos de crudo, restando ingresos al fisco. En el segundo semestre, el gobierno está recibiendo más ingresos fiscales por la reducción del subsidio a las gasolinas que llevó al aumento de sus precios, medida establecida en el convenio con el FMI, además comenzó a regir el pago de Impuesto a la Renta a los pronósticos deportivos. Estos nuevos recursos se distribuyen de acuerdo a los condicionamientos establecidos por el FMI, que establece prioridades en el reparto de estos.

Dos de los objetivos del convenio con el FMI, es entregar: 1. Un plan para movilizar ingresos fiscales no petroleros, racionalizando gastos tributarios ineficientes y reemplazar las medidas transitorias de ingresos por unas permanentes hasta mediados de noviembre, lo que implica que habrá una nueva reforma tributaria hacia fines de año y 2. Reducción de atrasos con el sector privado y público para lo cual debe presentarle un plan hasta noviembre de 2024.  Respecto a éste último, el gobierno ordenó, por decreto la entrega de una transferencia de 100 millones para salud. La mitad de este valor, no sin antes hacer presión para que no suspenda los servicios médicos, entregó a Solca 50 millones y los otros 50 millones para el pago de prestadores externos de salud. En una carta abierta, la Asociación Nacional de Prestadores Externos de Servicios de Salud (ANPES) en la que denuncian que les deben, desde junio de 2023, 1000 millones y que los pagos realizados en 2024 son abonos que equivalen al 15% del total de pago de 2023. Algunos de estos prestadores externos de salud han protestado, principalmente los que proveen servicios de diálisis. Según, los criterios cuantitativos y metas 2024, del acuerdo con el FMI, solo se contempla un desembolso de 200 millones para atrasos. El desembolso señalado lo realizó el gobierno para cumplir con la primera revisión del acuerdo que ser realizaría en agosto de 2024 con la que, si es aprobada, recibiría alrededor de 400 millones.

Según el Boletín de Cuentas Nacionales Trimestrales, de junio de 2024, del Banco Central, la economía creció 1.2% en el I Trimestre de 2024 que se explicaría, en parte, por los 1393 millones de remesas que enviaron los migrantes al país. Si bien resulta alentador este crecimiento, sin embargo, es preocupante la contracción de la inversión de 1.3%, la del consumo de hogares 1.1% y exportaciones 0.5% que, de seguir esta tendencia estos tres indicadores, se registraría este año un bajo o nulo crecimiento tal como lo proyecta el FMI con una tasa de 0.1% que, si le agregamos los apagones y la suspensión del funcionamiento de los oleoductos petroleros, sería nula o negativa.  La tasa de inflación de junio fue -0.95, lo que podría ser una señal de recesión y explicaría el alza del riesgo país a 1349 al 5 de julio de este año.

La evolución del crecimiento económico tiene efectos en el nivel de empleo, desempleo y subempleo. A enero de 2024, la tasa de desempleo alcanzó 3.9% y a abril 3.4%, baja que se explicaría por el crecimiento económico del I trimestre. La tasa de subempleo para hombres fue 23.8% y en el sector informal la tasa ocupada fue 53.4%. Por otro lado, en el I quimestre, según el Ministerio de Trabajo, se registraron 287641 nuevos empleos y 392945 actas de finiquito, con lo que se determina que en términos netos disminuyó el empleo en más de 100000 trabajadores, en dicho periodo. Estos últimos indicadores reflejan la crítica situación en el mercado de trabajo. Esto incide en la migración. En el primer I trimestre de 2024 el saldo neto entre los que viajaron a El Salvador y regresaron al país es 49017 ecuatorianos, un incremento de 825% respecto al mismo período de 2023, mientras que el número de deportados, expulsados o retenidos en EE.UU., en el mismo período llegó a 62614, que refleja la crisis de empleo en el país.

En abril de 2024, en que se aumentó 3 puntos el IVA, la inflación fue de 1.27% y la canasta básica $ 797,69 mientras que en mayo se duplicó 2.53% por tanto la canasta básica se elevo a $ 799,73. Esto implica menor acceso de la población al total de dicha canasta. Tanto los datos de empleo, subempleo y del sector informal así como el costo de la canasta básica inciden en los niveles de pobreza. Los últimos datos son de diciembre de 2023, en el que la pobreza nacional registró 26% y la pobreza extrema 9.8%.

En síntesis, en 2024, a fines de ese año, en cuanto a lo fiscal, por el acuerdo con el FMI, se prevé una reforma tributaria que transformará las contribuciones temporales en permanentes y una reducción de gastos; habría una tendencia a la desaceleración de la economía con crecimiento nulo y, por ende, aumentos del desempleo, subempleo y sector informal llevando al aumento de la pobreza y hambre que deteriorarían aún mas las condiciones sociales de grupos vulnerables y sector laboral.

Luis Rosero M.

La Cámara de Diputados aprobó la Ley Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos  (ley ómnibus) que faculta al ejecutivo la aplicación de una serie de medidas con lo que tendría la posibilidad de completar e implantar su experimento económico que se inició con desregulación de la economía (con el DNU). La ley aprobada completaría dicho esquema con la reforma del estado (reducción de su tamaño), la reforma laboral (flexibilización en el mercado de trabajo), régimen de incentivo a grandes inversiones, RIGI, (exenciones tributarias a inversiones), un ajuste fiscal y delegación de funciones legislativas al presidente, por un año, en materia administrativa, económica, financiera y energética. No es el típico programa neoliberal, el esquema económico de Milei va más allá de éste y cuenta con el apoyo del FMI. Aquí haré un resumen de los aspectos principales de la ley para analizar, en varios artículos, la magnitud y alcance de ésta.

La reforma del estado implica la reducción del tamaño de éste a través de la fusión, escisión, disolución total o parcial o transferencia a las provincias de instituciones de la administración central o descentralizada. Sin embargo, excluyen de este proceso a las universidades públicas, al poder judicial, legislativo y ministerio público. Se limita las entidades que pueden ser disueltas. Se privatizarán y concesionarán  empresas y sociedades del estado. En el primer caso, el personal de dichas entidades pasará a disponibilidad, hasta por un año, y se los podrá capacitar o trabajar en servicios tercerizados del estado. Se establecen las causales para su cesantía.  También se aplicarán renegociación o rescisión de contratos en obra pública y otras.

En materia administrativa, se reforma el derecho administrativo y sus procedimientos dentro del sector público.

La reforma laboral implica la regularización de las relaciones laborales en el sector privado, por contratos no registrados o deficientemente registrados. Se establece la modernización laboral que implica registro laboral, afiliación a la seguridad social y prestaciones por desempleo. Se modifican los contratos de trabajo. Se aumenta el periodo de prueba. Se aplica la tercerización, se limita el derecho a la huelga, el bloqueo o toma de establecimientos y se reglamenta el despido laboral. Se crea un fondo de cese por parte de las empresas para pagar indemnizaciones por despido.

En cuanto a materia energética, en hidrocarburos, desde la exploración, explotación hasta la comercialización puede ser realizada por empresas públicas, mixtas o privadas. Se establece la concesión por el ejecutivo nacional o provincial en la explotación y procesamiento de hidrocarburos. Sin embargo, el comercio internacional de hidrocarburos será libre. En cuanto al gas, el poder ejecutivo podrá otorgar autorización para el almacenamiento subterráneo de gas natural. Se establece que las provincias o el estado, respecto a la exploración y explotación de hidrocarburos de su dominio, no establecerán nuevas áreas reservadas a favor de entidades o empresas públicas o con participación estatal. Se autorizan las importaciones de gas natural sin aprobación previa pero las exportaciones de ésta si la requerirán. Se unifican los entes reguladores del gas y electricidad y se abre a la competencia al comercio internacional la energía eléctrica. Se cambiará la legislación ambiental por parte del ejecutivo.

Según lo aprobado, el RIGI busca promover el desarrollo económico, fortalecer la competitividad, incrementar las exportaciones y asegurar previsibilidad y estabilidad para las grandes inversiones en los sectores de forestoindustria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas que tengan al menos un valor de 200 millones de dólares. Se crea la figura de los Vehículos de Proyecto Único (VPU) que ejecutaran las fases de un proyecto. Estas inversiones, de largo plazo, recibirán una serie de incentivos tributarios y aduaneros, cambiarios entre la que destaca la libre disponibilidad de divisas para los VPU y no aplicación de las normas cambiarias así como otras medidas que beneficiaran a este régimen de inversiones.

Respecto a las medidas fiscales para el ajuste se reforma la ley de impuestos internos en tabacos y cigarrillos por la que la Administración Federal de Ingresos Públicos determinara el precio de de estos productos para la aplicación de impuestos a estos productos.

En lo general, el experimento económico de Milei comenzó con la desregulación de la economía para la vigencia del libre mercado y que éste establezca los precios por oferta y demanda. Su esquema se complementa con la ley bases que busca reducir al mínimo el tamaño del estado privatizando o concesionando empresas públicas. La reforma laboral moderniza y flexibiliza el mercado de trabajo buscando que sea el mercado el que determine las condiciones económicas que imperen en este. En el campo energético se busca que todas las operaciones en hidrocarburos, gas y energía eléctrica pase a manos privadas incluidos los oleoductos-gasoductos y se abran a la competencia internacional. El RIGI establece exenciones tributarias, aduaneras y cambiarias a grandes inversiones (capital extranjero), sobre todo en recursos naturales, garantizando la seguridad jurídica. Finalmente, se establecerán precios, por parte de la administración tributaria, para cobrar impuestos a tabacos y cigarrillos con miras a incrementar los ingresos fiscales.

En el primer semestre de gobierno, buscó la estabilización de precios, reducir los desequilibrios de los precios relativos para irlos acercando a los precios internacionales, aminorar la brecha cambiaria y alcanzar superávit fiscal vía un ajuste brutal. La economía enfrenta dificultades por la iliquidez en divisas, pago de la deuda externa, la brecha cambiaria, bajo nivel de RMI, restricción cambiaria (cepo) y recesión (BM pronostica contracción de 3.5% en 2024). Para obtener más recursos firmará un nuevo convenio con el FMI. El ajuste fiscal y la devaluación provocaron aumento de precios de la canasta básica, aumentó de la pobreza y el hambre. Se ve lejano todavía la aplicación de la dolarización, primero iría por la competencia de monedas, luego la posibilidad de la eliminación del cepo que depende de balanza de pagos.

Luis Rosero M.

A más de los problemas mundiales (cambio climático, avance de la ultraderecha, guerras, etc.), el país ha sido impactado por shocks externos, internos y medidas económicas ortodoxas. Entre los segundos enfrenta, además del nivel de inseguridad ciudadana, el fenómeno El Niño, la erosión del río Coca que afectó los oleoductos y bajó la producción petrolera, el estiaje que ha reducido lluvias, que han afectado, a la generación de energía, y, temporalmente el exceso de lluvias ha producido deslaves e inundaciones en Baños y el austro. Entre las medidas, está la reforma tributaria (alza del IVA, contribución temporal a empresas y bancos, remisión tributaria económica) y ahora el anuncio de la eliminación del subsidio a las gasolinas Los shocks internos han causado una serie de efectos en la economía y sociedad. El peso del ajuste fiscal ha recaído entre trabajadores y segmentos vulnerables. Todo este escenario se da en el marco de un proceso de precampaña electoral que agrava el clima de miedo, temor e incertidumbre sobre futuro de la nación.

El régimen en lo económico, siguiendo los condicionamientos de política económica establecidos en el acuerdo con el FMI, busca reducir el déficit fiscal con la reforma tributaria principalmente con el aumento del IVA al 15%, que provocó un aumento de la inflación, y ahora, como establecía dicho acuerdo, anunció la eliminación gradual del subsidio de las gasolinas extra y ecopaís. Para ello, se establecerá una banda precios entre la cual oscilará el precio de éstas, que llevaría que se equiparen al precio internacional. Es una medida parecida a la que se aplica a la gasolina super. Esta banda comenzaría a regir a partir de julio de 2024 y se establecen compensaciones que se entregarían a transportistas urbanos (buses, taxis, tricimotos, transporte de carga) y de transporte pesado. Supuestamente, las compensaciones servirán para proteger a los ciudadanos del alza que tendría el transporte. Saldrá afectada, por la quita de subsidio, la clase media. Pero, como ya paso con el alza del IVA, afectaría las expectativas empresariales y los empresarios alegarían que tendrían aumentos en sus costos de producción y que no son compensados por ello, por que tendríamos un aumento de la inflación. Con esto, se daría un nuevo aumento del costo de la vida que afectaría a toda la población.

La inseguridad ciudadana, los secuestros, las extorsiones a ciudadanos y empresarios así como los estados de excepción afectan principalmente al turismo y comercio que reducen ventas, inversiones y provocan cierres de empresas. A eso se suma, los cortes de energía, que generan pérdidas millonarias. O sea, un costo a la economía y la reducción del nivel de actividad económica y, como consecuencia, en el nivel de empleo, aumento del desempleo y de la informalidad.

El gobierno busca cubrir la iliquidez y el déficit fiscal no solo con reforma tributaria sino además con deuda. Como he señalado, en los últimos tres gobiernos vivimos una tendencia perversa que el aumento déficit se enfrenta con reformas tributarias ( impuestos), ajuste y más deuda. Sin embargo, la tendencia es perversa ya que, si el déficit persiste, se aplica una reforma tributaria y más endeudamiento y, como la incapacidad de pago lleva a la insostenibilidad de la deuda así como a la posibilidad de default se recurre a una renegociación de la deuda externa. Esta tendencia vuelve a repetirse y el país se encuentra en un círculo vicioso de la deuda. En esta tendencia perversa, los costos de la crisis fiscal la paga la mayoría de la población.

El nuevo acuerdo con el FMI, para el SAF que está aplicandose, es por 4000 millones de dólares que viene acompañado de créditos de multilaterales de cerca de 18000 millones hasta 2028. O sea, que sólo con este gobierno y si reelige, tendríamos más deuda externa por 22000 millones de dólares, lo que agravaría esta tendencia perversa. Más aún, si los 1000 millones, que recibió el país del FMI por dicho acuerdo, se utilizaron para pagar 700 millones del crédito de 700 millones de la CAF. O sea, nos endeudamos externamente para pagar deuda externa.

El aumento del IVA y de las gasolinas, provocó y provocará aumento de la inflación y en consecuencia en los ingresos reales de la población trayendo una disminución del consumo. A eso suma, la reducción de exportaciones petroleras por los efectos de la erosión del río Coca. Los cortes de energía, paralizaron la actividad económica y la inseguridad redujeron ventas y provocaron cierres de empresas. Las otras medidas contempladas en el acuerdo con el FMI tienen carácter contractivo. En suma, todos los shocks internos y las medidas económicas ortodoxas llevarán a un crecimiento cero (FMI proyecta 0.1%) en 2024, con efectos en la caída del empleo, aumento del subempleo, mayor informalidad y más migración externa irregular. Para 2025, el propio FMI estima un leve crecimiento de 0.8%.