Luis Rosero M.
El deterioro económico, el acuerdo con el FMI y la precampaña electoral inciden en las decisiones económicas y políticas del gobierno. Cada vez el escenario económico se agrava que, a su vez, lleva al deterioro de las condiciones sociales y eso complica el escenario político por lo que el gobierno, en la precampaña electoral, toma decisiones en función de la búsqueda del apoyo popular directa e indirectamente.
La tendencia a la desaceleración económica sigue avanzando. Más aún, ahora que el Banco Central anunció la presencia de una recesión en el I trimestre de 2024 -aunque su gerente señala que no ocurrirá en el II trimestre y siguientes-, cuya característica central es la contracción de la economía. Esta se profundiza por el ajuste fiscal de 2% del PIB. Dicha tendencia influye en el deterioro del mercado de trabajo expresadas en la caída del empleo adecuado, aumento del subempleo y del tamaño del sector informal. Por otro lado, las medidas tributarias y reducción del subsidio a los combustibles aumentaron la inflación por lo que se incrementó el costo de la canasta básica y, en consecuencia, algunas familias solo pueden acceder a una parte de ésta, por lo que caen en situación de pobreza y, eso a su vez, significa la aparición del hambre en los segmentos vulnerables y laborales de la población. La alternativa es la migración que, según un informe de la Organización Internacional de Migraciones, alcanzaría 1.2 millones de ecuatorianos. El convenio con el FMI, prevé atenuar este impacto social con un aumento de 20271 familias en programas de subsidios sociales, ya que la experiencia, en otros países, muestra el riesgo de explosión social.
A esa situación, se agrega los condicionamientos de la política económica, por el acuerdo con el FMI, entre cuyas metas, a cumplir el gobierno en 2024, están: transferencias al IESS 337 millones, el saldo de atrasos al sector privado 662 millones. Sin embargo, al IESS en junio solo se transfirieron 50 millones a Solca y otros 50 millones al Ministerio de Salud, a los GAD 298.5 millones. Los atrasos, a abril de este año, sumaban 1617 millones por lo que los prestadores de servicios de diálisis, servicios de guardianía y otros protestaron por sus pagos. Los pacientes de diálisis bloquearon la vía Quevedo-Bueno Fe para exigir el pago a los proveedores de estos servicios. La Asociación de Clínicas y Hospitales Privados del Ecuador informaron que la deuda del IESS, a noviembre de 2023, era de 293 millones y la del Ministerio de Salud 139 millones, a junio de 2024 bordeaba los 1000 millones. El gobierno anunció un plan de pagos para estos proveedores de servicios de diálisis, pero estos señalaron que, a partir del viernes 26 de julio, ya no atenderían a estos pacientes. A más de eso, en los hospitales del IESS, la mayoría de los pacientes se quejan de que solo les recetan paracetamol reflejando el desabastecimiento de medicamentos en estos centros hospitalarios. Según el presupuesto del estado para 2024, señalado en el convenio con el FMI, los beneficios sociales se incrementarán en sólo 2.8% en 2024 y 2.3% en 2025, lo que muestra el escaso aumento a las prestaciones de seguridad social y a prestaciones de asistencia social. Aún más, la inversión pública está paralizada.
Por otro lado, en el período de enero-mitad de junio de 2024, las muertes violentas en el país se redujeron en 17% y, en la zona 8, fue de 20%. Esto a pesar de esta tendencia positiva junio, de dicho año, fue el mes más violento. Sin embargo, crecieron los delitos de secuestros y extorsión que aumentaron la inseguridad ciudadana. Pero, además, la disminución de las muertes violentas, en ciertas ciudades, ha llevado a que las bandas delincuenciales se trasladen a otras zonas territoriales a cometer delitos. A más de eso, la práctica de apropiación de viviendas, en determinadas urbanizaciones en zonas populares, por bandas delincuenciales va en aumento. Para agravar el panorama, los transportes de pasajeros y de carga siguen siendo asaltados y secuestrados en las carreteras, los que ha llevado a las cooperativas de transporte a una movilización, el día de hoy, hacia el Palacio de Gobierno para exigir que se envíe más personal de las FF.AA. y policía a las carreteras. Por ello, el temor y el miedo de la población aumenta y persiste.
En consecuencia, hay un malestar en la población no solo por los problemas de empleo e inflación sino además por la inseguridad ciudadana a nivel urbano y en las carreteras del país. Pero también han manifestado su descontento algunos sectores sociales como los sindicalistas que hicieron una protesta en Julio 4, la Conaie y la Fenocin han planteado su oposición a las medidas económicas del gobierno y también los transportistas que anunciaron un apagado de motores, a mediados de julio, pero el gobierno negoció con ellos para evitar una paralización.
Debido, a estos problemas la popularidad presidencial ha descendido, a junio de 2024, a 52% lo que ha llevado al gobierno a tomar medidas para contrarrestarla. Así, condonó las deudas de hasta 5000 dólares a los campesinos que tenían crédito en BanEcuador, puso la primera piedra para la construcción de una mega cárcel en la provincia de Santa Elena -como las de Bukele-, revocó la visa a la periodista Alondra Santiago acusándola de atentar contra la seguridad del estado, ha realizado alianzas con la Prefectura del Guayas-empresa privada para un programa de vivienda, etc. Por otro lado, la esposa del Presidente asistió a la marcha del orgullo gay. En su estrategia de precampaña utiliza como táctica el enfrentamiento para conseguir apoyo electoral. Así, en la lucha contra la corrupción, el gobierno impulsa una investigación contra empresas del Alcalde de Guayaquil (correista) acusándolas de irregularidades en la comercialización de combustible que, al aparecer, es una retaliación por su reclamo al Ministerio de Finanzas por no agilizar la entrega de la garantía soberana para un crédito internacional y realizó una celebración paralela a la de la Alcaldía por la fundación de Guayaquil. Mientras que con los Prefectos de Manabí, Pichincha y Guayas se ha acercado concediéndoles una garantía soberana al primero y, a la tercera, una alianza por participar en un programa de vivienda. Todas estas acciones son parte de una estrategia en la precampaña electoral que buscan ganar apoyo popular, otras es señalar como enemigos políticos a quienes critican su gestión, otras es buscar acercamiento con prefectos correistas para buscar la división en este movimiento, tal como se hizo con la Conaie.
En síntesis, el agravamiento de la crisis económica -reflejada en un crecimiento cero en 2024-, los condicionamientos del FMI a la política económica y el descenso de la popularidad presidencial han llevado a la toma de decisiones para conseguir más apoyo popular mientras que la recesión se refleja en el subempleo, hambre, aumento del sector informal – más de 5 millones de personas- y en la migración mostrando el deterioro de las condiciones sociales. Por ello, a seis meses de la elección presidencial, la precampaña electoral busca que no empeoren los escenarios económico y social, como puede ocurrir con la reaparición de los apagones en octubre -por el estiaje- por lo cual ya el Ministro de Energía que anunció que 2024 sería el año mas seco, por ello se traería una barcaza para proveer de energía eléctrica para reducir el riesgo de apagones en el último trimestre del año, o sea a 4 meses de las elecciones. Por último, como 2025 es un año electoral regirá el mismo presupuesto del Estado, como lo señala la ley, por lo que el gobierno estaría limitado de recursos para su gestión.
Pensamiento y comportamiento 