Luis Rosero M.
La coyuntura económica y social se deteriora por efectos de los shocks internos y una política económica condicionada al acuerdo con el FMI que obliga cumplir metas. Si bien la economía creció en el I trimestre, se prevé una tendencia a su desaceleración lo cual deterioraría aún más las condiciones sociales. El escenario se complica por el recrudecimiento de la violencia, una estrategia de seguridad que lleva seis meses aplicando sin resultados claros, continúa la erosión del rio Coca que afectó a los oleoductos de crudo, la que hace peligrar la infraestructura de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair y todo esto en el marco de una campaña preelectoral.
En lo fiscal, en el primer semestre, las medidas tomadas entre ellas el alza del IVA, remisión tributaria, el establecimiento de contribuciones a empresas y bancos así como la autorretención de impuesto a la renta de las grandes empresas incrementaron los ingresos fiscales. De enero a julio de 2024, según F. Ortiz, ex ministro de Finanzas, los ingresos tributarios fueron de 8500 millones. La Hora reporta que, entre enero y mayo, el gobierno obtuvo 2267 millones adicionales de ingresos. Además, en la primera semana de junio, recibió 1000 millones del FMI, por el acuerdo crediticio con este organismo, lo que contribuyó a la reducción del déficit fiscal. Sin embargo, este último recurso se utilizó para pagar 700 millones a la CAF, revelando que se utilizó deuda externa para pagar la misma, reflejando la problemática de la sostenibilidad de la deuda externa y como se distribuye la liquidez temporal. Pero, la erosión del rio Coca obligó al cierre de los oleoductos de crudo, restando ingresos al fisco. En el segundo semestre, el gobierno está recibiendo más ingresos fiscales por la reducción del subsidio a las gasolinas que llevó al aumento de sus precios, medida establecida en el convenio con el FMI, además comenzó a regir el pago de Impuesto a la Renta a los pronósticos deportivos. Estos nuevos recursos se distribuyen de acuerdo a los condicionamientos establecidos por el FMI, que establece prioridades en el reparto de estos.
Dos de los objetivos del convenio con el FMI, es entregar: 1. Un plan para movilizar ingresos fiscales no petroleros, racionalizando gastos tributarios ineficientes y reemplazar las medidas transitorias de ingresos por unas permanentes hasta mediados de noviembre, lo que implica que habrá una nueva reforma tributaria hacia fines de año y 2. Reducción de atrasos con el sector privado y público para lo cual debe presentarle un plan hasta noviembre de 2024. Respecto a éste último, el gobierno ordenó, por decreto la entrega de una transferencia de 100 millones para salud. La mitad de este valor, no sin antes hacer presión para que no suspenda los servicios médicos, entregó a Solca 50 millones y los otros 50 millones para el pago de prestadores externos de salud. En una carta abierta, la Asociación Nacional de Prestadores Externos de Servicios de Salud (ANPES) en la que denuncian que les deben, desde junio de 2023, 1000 millones y que los pagos realizados en 2024 son abonos que equivalen al 15% del total de pago de 2023. Algunos de estos prestadores externos de salud han protestado, principalmente los que proveen servicios de diálisis. Según, los criterios cuantitativos y metas 2024, del acuerdo con el FMI, solo se contempla un desembolso de 200 millones para atrasos. El desembolso señalado lo realizó el gobierno para cumplir con la primera revisión del acuerdo que ser realizaría en agosto de 2024 con la que, si es aprobada, recibiría alrededor de 400 millones.
Según el Boletín de Cuentas Nacionales Trimestrales, de junio de 2024, del Banco Central, la economía creció 1.2% en el I Trimestre de 2024 que se explicaría, en parte, por los 1393 millones de remesas que enviaron los migrantes al país. Si bien resulta alentador este crecimiento, sin embargo, es preocupante la contracción de la inversión de 1.3%, la del consumo de hogares 1.1% y exportaciones 0.5% que, de seguir esta tendencia estos tres indicadores, se registraría este año un bajo o nulo crecimiento tal como lo proyecta el FMI con una tasa de 0.1% que, si le agregamos los apagones y la suspensión del funcionamiento de los oleoductos petroleros, sería nula o negativa. La tasa de inflación de junio fue -0.95, lo que podría ser una señal de recesión y explicaría el alza del riesgo país a 1349 al 5 de julio de este año.
La evolución del crecimiento económico tiene efectos en el nivel de empleo, desempleo y subempleo. A enero de 2024, la tasa de desempleo alcanzó 3.9% y a abril 3.4%, baja que se explicaría por el crecimiento económico del I trimestre. La tasa de subempleo para hombres fue 23.8% y en el sector informal la tasa ocupada fue 53.4%. Por otro lado, en el I quimestre, según el Ministerio de Trabajo, se registraron 287641 nuevos empleos y 392945 actas de finiquito, con lo que se determina que en términos netos disminuyó el empleo en más de 100000 trabajadores, en dicho periodo. Estos últimos indicadores reflejan la crítica situación en el mercado de trabajo. Esto incide en la migración. En el primer I trimestre de 2024 el saldo neto entre los que viajaron a El Salvador y regresaron al país es 49017 ecuatorianos, un incremento de 825% respecto al mismo período de 2023, mientras que el número de deportados, expulsados o retenidos en EE.UU., en el mismo período llegó a 62614, que refleja la crisis de empleo en el país.
En abril de 2024, en que se aumentó 3 puntos el IVA, la inflación fue de 1.27% y la canasta básica $ 797,69 mientras que en mayo se duplicó 2.53% por tanto la canasta básica se elevo a $ 799,73. Esto implica menor acceso de la población al total de dicha canasta. Tanto los datos de empleo, subempleo y del sector informal así como el costo de la canasta básica inciden en los niveles de pobreza. Los últimos datos son de diciembre de 2023, en el que la pobreza nacional registró 26% y la pobreza extrema 9.8%.
En síntesis, en 2024, a fines de ese año, en cuanto a lo fiscal, por el acuerdo con el FMI, se prevé una reforma tributaria que transformará las contribuciones temporales en permanentes y una reducción de gastos; habría una tendencia a la desaceleración de la economía con crecimiento nulo y, por ende, aumentos del desempleo, subempleo y sector informal llevando al aumento de la pobreza y hambre que deteriorarían aún mas las condiciones sociales de grupos vulnerables y sector laboral.
Pensamiento y comportamiento 