Luis Rosero M.
La escalada de violencia aumenta la crisis de seguridad del país y, en esa coyuntura, el gobierno ecuatoriano volvió a declarar estado de excepción y se firmó el acuerdo entre EE.UU.-Irán para poner fin al conflicto, pero Irán declaró que volvió a cerrar el estrecho de Ormuz por los ataques de Israel a el Líbano. Sin embargo, las negociaciones continuaron, el fin de semana, y han llegado acuerdo las partes sobre la segunda etapa del acuerdo. Estos dos eventos afectan a la economía y a la población del país. Consecuentemente, si se cumple con lo acordado en la primera y segunda parte del acuerdo, los precios internacionales del petróleo y sus derivados tenderá a la baja y, consecuentemente, en el país, los precios de los combustibles se reducirá gradualmente. Sin embargo, los fertilizantes cuya exportación mundial cayó un tercio tendera a una lenta baja de precios.
Los asesinatos en el aeropuerto de Guayaquil, la de la activista Mónica Silva en Santa Elena, de la fiscal y 7 personas más en Manta y de 4 muertes violentas en Quito, aun cuando estaba vigente el estado de excepción declarado por el gobierno, muestran el estado de inseguridad que vive la población y el temor que siente al dirigirse a realizar sus actividades. El gobierno decreto el estado de excepción en 10 provincias, por 60 días, que incluye a Guayas, Santa Elena, Manabí y Pichincha donde se registraron los hechos violentos señalados. A más de eso, confirmó que continua el conflicto armado interno, declarado en enero de 2024, pero ahora agrego la cooperación internacional en seguridad y ofreció inmunidad al personal extranjero que participe en el país e indultos a militares y civiles. Esto refleja que no es suficiente contar con la policía y FF.AA. para enfrentar al crimen organizado y carteles de la droga. Más aun, el gobierno ha aplicado 16 estados de excepción desde el 8 de enero de 2024 pero todavía no se puede controlar la violencia, lo que lleva a reflexionar si esa es la vía para luchar contra esas fuerzas delictivas que asesinan, extorsionan y secuestran personas.
El asesinato en la salida del aeropuerto de Guayaquil, que ha recibido premios por los servicios que presta, muestra que no hay seguridad en ningún lugar del país. La muerte violenta de a fiscal de Manta indicaría que hay falta de protección a los operadores de justicia y las bandas criminales siguen atemorizando a la justicia y, la de la Mónica Silva, revela el peligro que corren los activistas cuando luchan por los derechos sociales y defienden las tierras comunales. Esta ola de violencia alerta sobre la eficacia del modelo de seguridad, de mano dura, que esta aplicando el gobierno basado en la militarización del país, cárceles al estilo Bukele, estados de excepción y toques de queda. Sobre todo, en el modelo debe revisarse si la estrategia – táctica de seguridad y las labores de inteligencia son las más adecuadas. La cooperación internacional en seguridad podría contribuir a rediseñar dicho modelo de seguridad.
En cuanto a la guerra EE.UU.- Israel contra Irán, se firmó, entre el 17 y 19 de junio, un acuerdo en dos etapas. En la primera, de un mes de duración, el documento señala el cese de operaciones militares, la apertura y desminado del estrecho de Ormuz, por Irán, para que permita el libre tránsito de los buques. Con en este documento se vuelve al mismo estado, antes de la guerra, en la que había libre tránsito en el estrecho de Ormuz e Irán continuaba con su programa nuclear. Sin embargo, la guerra mostró a Irán que puede tener una ventaja estratégica al controlar el estrecho de Ormuz. La segunda etapa, de 60 días, contempla la revisión y detención del programa nuclear de Irán. Ya el 18 de junio comenzó la circulación controlada de los buques pero el sábado 20, de este mes, hubo un ataque de Israel a el Líbano por lo que Irán anunció el cierre del estrecho de Ormuz. Pero, el domingo se reiniciaron las negociaciones y hoy, 22 de junio, las dos partes establecieron una hoja de ruta, según los mediadores. El avance en la negociación permitió que Irán acepte la inspección de la Organización Internacional de Energía Atómica y la emisión, por parte del Tesoro de EE.UU., de una licencia general para la venta de petróleo, petroquímicos y derivados.
Los efectos de la guerra fue el alza de los precios internacionales del petróleo Brent y WTI a más de 100 dólares que estuvieron oscilando hasta que se firmo el acuerdo provisional bajando, al 17 de junio, a US$ 76.58 – 79.32 y 74.60 – 76.15. Consecuentemente, los derivados del petróleo siguieron el ritmo de los precios del petróleo sobre todo de la gasolina, diésel y gas. En EE.UU. la gasolina llego hasta US$ 4.56, el 21 de mayo, y con la firma del acuerdo bajo, su promedio, a 3.99. Al inicio, del sábado 20 de junio, el petróleo Brent y WTI alcanzaron el US$ 80.59 y 77.54 respectivamente. El Banco Central del Ecuador anunció que el WTI, para el país, el miércoles 17 de junio, se ubicó en US$ 76.79. Con el establecimiento de la hoja de ruta, entre EE.UU. e Irán, los precios del petróleo internacional y sus derivados bajaran gradualmente.
En síntesis, la nueva ola de violencia obligó al gobierno a declarar un nuevo estado de excepción y a ofrecer a personal extranjero, que participe en la lucha contra el crimen organizado, inmunidad e indulto a militares y civiles con lo que busca frenar la violencia pero hay que revisar el modelo de seguridad de mano dura que aplica. Si bien el acuerdo entre EE.UU.-Irán llevó a la caída de los precios internacionales del petróleo y de la gasolina en ese país, el WTI bajó para Ecuador y el gobierno extendió por un mes más la compensación al diésel, lo que implicaría que podría reducirse el precio de las gasolinas y diésel, gradualmente, con lo cual se aliviaría la presión sobre la inflación, moderar temporalmente el alza del transporte de pasajeros y carga (mientras siga vigente la compensación a transportistas), la caída de los ingresos efectivos de la clase media y el aumento de la canasta básica familiar. Sin embargo, los fertilizante que subieron, a nivel mundial, bajaran lentamente, con lo que seguirá la presión, en el país, sobre los costos agrícolas, y, en consecuencia sobre la inflación.
Pensamiento y comportamiento 