En la sección Décima del proyecto de ley, se establecen reformas a la Ley de Movilidad Humana dando facilidades migratorias a los inversionistas extranjeros. En la sección Décima Primera, se reforma la Ley de Hidrocarburos, mediante la cual se estipula que en los contratos de exploración y explotación de petróleo el porcentaje de participación del Estado se ajustará en función del precio de referencia y volumen de producción, lo que implica ampliar el aporte que hacen las empresas petroleras al Estado.
En la sección Décima Segunda se elimina el art. 1 de la Ley para la Defensa de los Derechos Laborales que establecía que, en el caso de las personas jurídicas, usadas para defraudar o abusar se podrá cobrar acreencias laborales contra accionistas u otros niveles de propiedad responderán con patrimonio o de bienes que están a nombre de terceros, cuando el obligado principal, no cumpla con sus obligaciones. Esto afectaba principalmente a inversionistas o accionistas nacionales o extranjeros de empresas.
La sección Décima Cuarta reforma la Ley de para el cierre de la crisis bancaria de 1999, señalando que en el art. 6, de esa ley, se agregue el ajuste anual del valor catastral, por el BCE, para los bienes del sector bancario que se transfieren a las instituciones públicas y además se reforman otros artículos de esa ley.
Se reforma la Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional, agregando el pago de una compensación, por retiro obligatorio o voluntario, de 5 salarios básicos unificados (SBU), por cada año de servicio hasta un máximo de 150 SBU, siempre y cuando cumplan con los requisitos exigidos en el art. 24 de dicha ley. Este es un beneficio similar a los que reciben los profesores, el que se paga con el Presupuesto del Estado. Con esta reforma, los policías recibirán del ISSPOL este beneficio, lo que significa un egreso adicional, lo que podría afectar la situación financiera actuarial del ISSPOL, sobre todo por qué en la Policía existen alrededor de 50.000 miembros. O sea hay un riesgo de déficit actuarial. En el caso, de que los policías, con 5 años de servicios, no cumplieran con los requisitos establecidos en el art. 24 de dicha ley, el pago del beneficio será con el Presupuesto del Estado. Si bien es justo el pago de ésta compensación, sin embargo debe contemplarse el riesgo actuarial del ISSPOL.
Entre las disposiciones generales, la mas importantes, del proyecto de ley es la que establece la reducción gradual del ISD, con el informe favorable del Ministerio de Finanzas y, de las disposiciones transitorias, están: que la deuda del Ministerio de Finanzas con el BCE no podrá renovar o canjear, o sea ya no tendrá acceso a los recursos del Banco Central y la contratación de nuevo personal de las instituciones públicas del poder ejecutivo incluido las empresas públicas no podrán contratar nuevo personal de contratación ocasional hasta que el Ministerio del Trabajo no realice una evaluación técnica.
En síntesis, este proyecto de ley busca obtener nuevos ingresos públicos con una amnistía tributaria alentar la inversión privada en base a reducción, eliminación de impuestos y facilidades de pago de impuestos al comercio exterior, reforma a la ley de ZEDE para inversión en turismo e incentivos a la construcción de vivienda social. Por otro lado, se dan facilidades de visa a inversionistas extranjeros y se elimina la obligación de responder hasta con su patrimonio de acreencias laborales. Se elimina la posibilidad de endeudamiento del Ministerio de Finanzas con el BCE. Resulta preocupante el pago de indemnización por retiro a los policías pues hay riesgo actuarial en el ISSPOL, no es que no sea justa, pero se afecta su equilibrio financiero intertemporal. Por otro lado, al parecer si bien la amnistía tributaria da liquidez al estado si le restamos la reducción y eliminación de impuestos podría haber un resultado neto cero. Lo de fondo es que no hay en el proyecto de ley el ajuste y las reformas estructurales. Al parecer lo que hace este proyecto es preparar el camino para un acuerdo con el FMI, ya que se conoce que además del financiamiento de 8000 millones se requieren 5000 millones más. O sea seguir manteniendo el alto nivel de gasto sin reducir el tamaño del estado y aplazar las reformas estructurales necesarias para el desarrollo del país.