El gobierno liberalizó el mercado de combustibles, en cumplimiento de los condicionamientos del FMI, que liga su precio a los del mercado internacional, generando una fuerte protesta social por los efectos sobre las condiciones de vida de la población. El presidente anunció otra serie de medidas, el alza del bono de desarrollo humano y reforma laboral.
La medida tomada, vía shock, provocó la reducción de la rentabiidad del sector transporte que derivó en al paro de transportistas urbanos, intercantonales, interprovinciales y generó una fuerte protesta social, en varias ciudades del país, por el aumento del costo de la vida. En efecto, hasta el 2 de octubre, la gasolina extra y ecopaís tenían un precio de 1,85 por galón, con la liberación, pasaron a 2,30 y el diésel con un precio de 1,03 aumentó a 2,27, lo que significa incrementos de 24.3% y 1.18% respectivamente. Este último, afecta sobre todo al transporte urbano y de carga. El paro fue levantado temporalmente el sábado 5 de octubre pero el Lunes 7 de Octubre en Quito continuó la paralización. De transporte público, lo único que funciona es la ecovía y trolebús. El alza de los combustibles generó un elevado aumento de sus costos de operación.
El gobierno redujo fuertemente la inversión pública, hizo leves ajustes en el número de servidores públicos, no ha reducido significativamente el gasto corriente y, para mantenerlo en su alto nivel y obtener liquidez, ha aumentado agresivamente la deuda externa y tiene un alto déficit fiscal. Un importante funcionario del régimen señaló que hay 120.000 burócratas con contratos eventuales. La liberalización del mercado de combustible, fue una medida muy funcional y hábil. Por un lado, genera ingresos y liquidez inmediata a la caja fiscal y, por otro, el alza de las tarifas del transporte público es competencia de los municipios del país, lo que implicaría que, de autorizarlas, un alto costo político para los alcaldes, como lo ha dejado entrever la alcaldesa de Guayaquil.
El gobierno ya autorizó el aumento del 32% de los pasajes intercantonales e interprovinciales mientras que los municipios pueden aumentar el pasaje urbano entre 5 y 10 centavos. En Guayaquil, los buses de transporte urbano, ya están cobrando, sin autorización, 40 centavos. La metrovía, del Municipio, cobra 30 centavos y, subiría, a 40 centavos. Por otro lado, la mayoría del transporte de carga utiliza diésel, su alza de 118% aumenta de manera significativa sus costos de operación. La medida generará en toda la economía un impacto en cadena, aumentando los costos de producción que sería trasladado a precios provocando, en cascada, un aumento de la inflación.
A eso se suma, el desabastecimiento de los mercados de mayoristas. En Quito, ya se nota la falta de algunos productos que ya aumentaron de precios. En el mercado de Sauces 9, en Guayaquil, hubo aumento de precios de productos agrícolas de la sierra, un ejemplo es el de la papa. En este fin de semana, indígenas de Cotopaxi, Imbabura, Tungurahua y otras provincias de la sierra centro han iniciado una movilización hacia Quito. También está bloqueado el acceso a Cuenca. Se han tomado carreteras hacia la capital que hacen prever que el Lunes 7 de Octubre y días venideros llegue la marcha a la capital de los indígenas a los que se unirán las centrales sindicales para iniciar una protesta masiva a fin de presionar al gobierno para derogar la medida de liberalización del mercado de combustible, luchar contra la minería, oponerse a la reforma laboral, etc. El efecto económico, en el muy corto plazo, será aumentar el desabastecimiento de bienes, incremento de sus precios y más inflación. La presión social ha conseguido hasta el momento que el gobierno aplace el envío a la Asamblea de la reforma laboral y otras reformas estructurales.
En síntesis, la resistencia y la protesta social pueden frenar la implementación de las medidas de ajuste y reforma estructural, exigidas por el FMI, llevando a un periodo de inestabilidad política con fines impredecibles y, por otro lado, a efectos económicos negativos como el aumento de la inflación, reducción de la capacidad adquisitiva de la población y de su nivel de vida. Esta coyuntura además puede conducir a que la recesión, pronosticada en -0.5% por el FMI, sea más profunda llevando a mayor desempleo, subempleo, aumento del sector informal y la pobreza.
Pensamiento y comportamiento 