El informe, para segundo debate, de la Comisión de Régimen Económico y Tributario, aprobó la mayor parte de reforma tributaria propuesto por el gobierno. Lo paradójico es que se aprobó con los votos de la Revolución Ciudadana y con la oposición del PSC. Lo primero implica que hubo una negociación política. El Pleno de la Asamblea deberá aprobar o negar el proyecto de ley de Simplicidad y Progresividad Tributaria.

Como ya había dicho en un artículo del 25/11/2010, sobre este tema, se crea el impuesto temporal a las empresas que tengan un ingreso bruto de más de un millón de dólares lo cual generará ingresos por 177 millones; se establece un ICE de 10% a la telefonía móvil a personas naturales para los planes de postpago, con lo cual pagarían estos servicios 22% (incluyendo de 10% del IVA), lo que recaudaría 100 millones; ); se aumenta  el impuesto a la renta de los dividendos a extranjeros al 40%, lo cual generaría 191 millones; se crea un IVA de 10% a los servicios digitales tanto al área de streaming (Netflix, Spotifly) y de servicios de transporte (Uber, rappid); se aplica un impuesto a las fundas plásticas que aumentaría de forma gradual de $ 0,03 en 2020 hasta llegar 10 centavos en 2023. Además hay  la variación de la base imponible del ICE y la inclusión de este a nuevos productos y servicios: al tabaco, bebidas gaseosas (con azúcar menor a 25 g/l, 11%), perfumes, armas de fuego, focos y sistemas de calentamiento de agua, vehículos de carga de hasta 3.5 T, vehículos de más de 35.000 dólares, aviones y avionetas, servicios de TV pagada (15%), de telefonía fija a empresas, telefonía móvil (10%), tendrán la tarifa ad valorem; a cigarrillos, alcohol, cerveza artesanal e industrial bebidas gaseosas (con azúcar mayor a 25 g/l) se le aplicará una tarifa especifica. Con los  tres primero nuevos impuestos se recaudaría 468 millones, el grueso de la reforma tributaria, y con la variación de la base y tasa del ICE y otros cambios impositivos se generarían ingresos fiscales de 72 millones. En total, la reforma tributaria aspira a recaudar 540 millones.

Se crea el régimen impositivo para microempresas con un 2% de impuesto a la renta con  Se elimina el anticipo a impuesto a la renta y hay una simplificación al régimen tributario del sector agrícola: la producción y venta local del banano que ahora pagará un impuesto a la renta de 2% y la exportación el 3% y crea el impuesto a la renta único del sector. Las personas que ganen más de 100 mil al año no podrán realizar deducciones de gastos personales en su declaración de impuesto a la renta. Además se incluyó la remisión no tributaria que se analizó en el artículo que publique el 3/12/2019.

Los cambios que realizó la comisión fueron tres importantes: poner topes a los pagos atrasados a los GADS, se eliminó el artículo que posibilitaba que las empresas de telefonía celular paguen el costo del uso del espectro con obras de infraestructura y se retiró el incentivo a la banca de exclusión de impuesto a la renta de los pagos de intereses de los créditos a emprendedores.

Con este informe se aprobaría, en la Asamblea, la reforma tributaria, con estos cambios, facilitándole al gobierno obtener liquidez, el próximo año, de fuentes tributarias y del siguiente desembolso del FMI. Los impuestos creados afectarán a la clase media y de menores ingresos, disminuyendo el consumo de los productos gravados con lo que se ahondaría la recesión. Más aún, el Ministro de Trabajo ya anunció el envío de la reforma laboral, que entraría en vigencia el próximo año, a la que le seguirán la segunda parte de la reforma tributaria (reglas fiscales y a empresas públicas); la reforma al Banco Central (autonomía y manejo de la política monetaria), variación del modelo de regulación y supervisión financiera así como esquema de seguridad financiera y finalmente la reforma a la seguridad social. Todas estas reformas son compromisos con el FMI y, sin duda la laboral y al sistema de seguridad social, son las más conflictivas que traerán la protesta de trabajadores, jubilados, patronos, etc. generando mayor malestar social agravando más el escenario político y social a más de la recesión de la economía, con las consecuencias en el empleo, la pobreza y la marginalidad.

Además de la reforma tributaria el proyecto de ley  de Simplicidad y Progresividad tributaria incluye la remisión no tributaria

Hay una remisión tributaria de intereses de mora, multas y recargos para becas y créditos educativos de educación superior lo que beneficia a los estudiantes que realizaron estudios de postgrado tanto en el país como en el exterior. También hay otra remisión de capital, intereses y multas correspondiente al Copago del bono o incentivo de vivienda de emergencia para los damnificados del terremoto en Manabí y Esmeraldas, que es una ayuda para los afectados por este fenómeno natural.

Se agrega otra remisión tributaria pero para deudores del sector financiero. En efecto, se establece una remisión de pagos de intereses, intereses por mora  y costas judiciales en los créditos de hasta 100.000 dólares de los sectores agrícola, pecuario y pesquero concedidos por la Corporacion Financiera Nacional y Banecuador. Esta medida favorece a los pequeños agricultores, ganaderos y pescadores artesanales que están en difícil situación ya sea que sufrieron inundaciones en sus tierras o le afectó la crisis económica. Sin embargo, esta decisión también afecta a las finanzas de estos dos bancos públicos.

Se exonera de pago de impuesto a la renta a los dividendos y utilidades distribuidos por empresas nacionales o extranjeras residentes en el país que paguen a sociedades nacionales-.

Por otro lado, se exime del pago de impuesto a la renta los intereses que cobran las instituciones financieras por los préstamos otorgados a emprendedores hasta un 3% de sus ingresos gravados, lo que si bien es un incentivo para que dichas instituciones den crédito a los emprendedores éstas tienen una exoneración tributaria. También se exenta de dicho impuesto a los intereses de deuda del giro del negocio a bancos, compañías aseguradoras y entidades del sector financiero de la economía popular y solidaria.

Se exonera del pago del impuesto a la salida de divisas (ISD) de los pagos realizados al exterior por la amortización de capital e intereses por créditos otorgados por instituciones financieras internacionales o entidades financieras especializadas para vivienda, microcrédito, inversión en derechos representativos de capital o inversiones productivas efectuadas en el país. Se exentan también los pagos realizados al exterior por dividendos de distribuidos por empresas nacionales o extranjeras domiciliadas en el país. Así mismo se exceptúan de dicho impuesto los pagos al exterior por rendimientos financieros, ganancias de capital, y capital de inversiones en el mercado de valores del país, también los mismos pagos por valores emitidos por empresas domiciliadas en el Ecuador, que hayan sido adquiridas en el exterior, para el financiamiento de vivienda, de microcrédito o inversiones productivas; los mismos pagos de los depósitos de plazo fijo o inversiones, con recursos provenientes del exterior, en instituciones del sistema financiero nacional.

En síntesis el proyecto concede remisión de intereses y mora para estudiantes que hicieron postgrado en el exterior y a los damnificados del terremoto de Manabí Esmeraldas. Por otro lado, hay exoneración de impuesto a la renta dividendos a empresas, a bancos por conceder crédito a emprendedores, y, exoneración del pago del ISD por pagos de amortización e intereses para vivienda, microcrédito, los dividendos de empresas nacionales o extranjeras radicadas en el país, los pagos al exterior por los rendimientos de inversiones en mercado de valores, los pagos al exterior por rendimientos de títulos por empresas radicadas en el país de los 3 sectores señalados y los pagos de rendimientos de inversiones financieras, con recursos del exterior, en instituciones financieras nacionales.

En conclusión, el proyecto de ley busca ingreso con la creación de nuevos impuestos, que afectan a la clase media y popular, y da una serie de incentivos a estudiantes graduados en el exterior y se exime de ISD a inversiones productivas y financieras. Los que salen favorecidos por la reforma tributaria global son los empresarios. Este proyecto intenta aliviar el déficit de liquidez del gobierno, que ya anuncia una nueva emisión de bonos por 1936 millones de dólares a colocarse en el mercado interno, sustituyendo deuda antigua por una nueva a mayores plazos. Sus posibles compradores serían el BIESS y el Banco del Pacífico, que el gobierno actual criticaba al anterior. El proyecto de ley es necesario para el gobierno debido a que aplazó el ajuste y, cuando lo hizo, recortó la inversión pública generadora de efecto multiplicador en el economía y el empleo, en vez de reducir fuertemente el gasto corriente.

Ante el archivo, por la Asamblea, del proyecto de ley de ‘’crecimiento económico” que incluía una reforma fiscal (tributaria: evasión, exoneración impositiva; a empresas públicas;  y a reglas fiscales) y un cambio normativo al Código Monetario Financiero (independencia al Banco Central, variación del modelo de regulación y supervisión financiera, esquema de seguridad financiera, etc.), el ejecutivo envío el proyecto de ley de Simplicidad y Progresividad tributaria que solo incluye la parte tributaria acotada de la reforma fiscal para facilitar su aprobación en la Asamblea. En el artículo “La Reforma Fiscal (I)”, publicado en Octubre 28, ya analizamos la parte tributaria de ésta reforma, en esta entrega revisaremos los aspectos claves del nuevo proyecto.

Se crea el impuesto temporal a las empresas que tengan un ingreso bruto de más de un millón de dólares lo cual generará ingresos por 177 millones; se establece un ICE de 10% a la telefonía móvil a personas naturales para los planes de postpago, con lo cual pagarían estos servicios 22% (incluyendo de 10% del IVA), lo que recaudaría 100 millones; ); se aumenta  el impuesto a la renta de los dividendos a extranjeros al 40%, lo cual generaría 191 millones; se crea un IVA de 10% a los servicios digitales tanto al área de streaming (Netflix, Spotifly) y de servicios de transporte (Uber, rappid); se aplica un impuesto a las fundas plásticas que aumentaría de forma gradual de $ 0,03 en 2020 hasta llegar 10 centavos en 2023. Además hay  la variación de la base imponible del ICE y la inclusión de este a nuevos productos y servicios: al tabaco, bebidas gaseosas (con azúcar menor a 25 g/l, 11%), perfumes, armas de fuego, focos y sistemas de calentamiento de agua, vehículos de carga de hasta 3.5 T, vehículos de más de 35.000 dólares, aviones y avionetas, servicios de TV pagada (15%), de telefonía fija a empresas, telefonía móvil (10%), tendrán la tarifa ad valorem; a cigarrillos, alcohol, cerveza artesanal e industrial bebidas gaseosas (con azúcar mayor a 25 g/l) se le aplicará una tarifa especifica. Con los  tres primero nuevos impuestos se recaudaría 468 millones, el grueso de la reforma tributaria, y con la variación de la base y tasa del ICE y otros cambios impositivos se generarían ingresos fiscales de 72 millones. En total, la reforma tributaria aspira a recaudar 540 millones.

Se crea el régimen impositivo para microempresas con un 2% de impuesto a la renta con  Se elimina el anticipo a impuesto a la renta y hay una simplificación al régimen tributario del sector agrícola: la producción y venta local del banano que ahora pagará un impuesto a la renta de 2% y la exportación el 3% y crea el impuesto a la renta único del sector. Las personas que ganen más de 100 mil al año no podrán realizar deducciones de gastos personales en su declaración de impuesto a la renta.

Si bien la reforma tributaria hace que con el impuesto temporal las empresas paguen 177 millones el siguiente año, esto es insignificante para los 4000 millones de remisión tributaria que el régimen concedió antes siendo el sector privado el verdadero beneficiario de esta reforma. Aún más, al eliminarse el anticipo al impuesto a la renta, se ayuda a la liquidez de las empresas de este sector.  En cambio, con el ICE a planes de postpago de celulares se perjudica, con 100 millones al año, con el 10% de IVA a los servicios digitales y la inclusión en la base del ICE a nuevos productos y su variación se afecta a la clase media. El impuesto a las fundas plásticas e imposición de ICE a algunos productos de consumo popular afecta a la población de menores ingresos. La reforma más que contribuir a reducir el déficit fiscal de 3.3% en 2020, lo que hace es aliviar la situación de liquidez del gobierno. La reforma tributaria global se presenta como que afecta a los que más tienen cuando en realidad, como vemos, está incidiendo sobre la gente de escasos recursos y clase media. Si bien hay algunos beneficios como la remisión no tributaria para créditos estudiantiles y créditos de economía popular y solidaria, esto es la cereza del pastel, quien se come el pastel (beneficios de la reforma tributaria) es el sector privado.

El proyecto de ley de “crecimiento económico” enviado por el gobierno, con el carácter de urgente, contenía una reforma fiscal  y una contrarreforma monetaria financiera. El proyecto fue archivado por la Asamblea.

La reforma fiscal buscaba una reforma tributaria y nuevas reglas fiscales. La primera modifica y crea nuevos impuestos. Entre los aspectos principales están la variación de la base imponible del ICE y la inclusión de este a nuevos productos y servicios, se aumenta el impuesto a los dividendos a extranjeros al que se le aplicará el 40%, se crea la contribución temporal, por tres años, a empresas que tengan un ingreso bruto de más de un millón de dólares, el impuesto al rodaje lo sustituye con el impuesto anual a la circulación, que lo recaudarían los GADs, a través del SRI y se mantiene el impuesto a la propiedad del vehículo. Se crea el impuesto a la renta para microempresas con una tarifa de 2% sobre los ingresos brutos y  reduce el impuesto a la salida de divisas a la importación de materias primas, insumos y bienes de capital. Con todas estas medidas impositivas se buscaba recaudar 731 millones en 2020. En cuanto a las reglas fiscales –en lo principal- se establecen normas para variaciones de ingreso petrolero,  proyecciones de gasto tributario, techos de gastos, gastos para cierre de brechas de equidad y se rebaja a 5% la variación del presupuesto general del estado. En las entregas de los artículos de Octubre 28 y Noviembre 3 se analizaron con más detalles los dos aspectos de la reforma fiscal.

La contrarreforma monetaria financiera busca echar abajo algunos aspectos de la reforma que, en estas áreas, hizo el gobierno anterior. Los principales cambios se refieren a la regulación y supervisión monetaria financiera y, por otro lado, la autonomía del Banco Central. En cuanto a la primera se le da mayor poder al organismo regulador, dándole nuevas funciones y cambiándole de nombre. Se le quitan las funciones macroeconómicas. El objetivo central de la contrarreforma es la estabilidad financiera.  Entre uno de los deberes y facultades del nuevo organismo regulador se establece normar las actividades financieras de las entidades de seguridad social, lo que significaría la eliminación del Consejo Directivo del IESS, ISSFA e ISSPOL. En cuanto a los cambios institucionales de los organismos de supervisión, se cambian las funciones de la Superintendencia de Bancos (SB) siendo la principal velar por la estabilidad financiera de los intermediarios financieros seguida de la supervisión de bancos y otros intermediarios. Respecto a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria se le recortan sus funciones dejándole sólo la supervisión de las cooperativas de ahorro y crédito. En cuanto a la Red de Seguridad Financiera, se cambian y modifican algunas de las funciones de la COSEDE. Se elimina el Directorio y el Gerente tomaría las decisiones ante una situación del riesgo de cierre de las entidades del sector financiero privado, popular y solidario, y seguro privado.

En lo que respecta al Banco Central, se le devuelve la autonomía y, por ende, se restituye su Directorio que manejará la política monetaria. Las principales funciones del BCE –compatible con su objetivo- serían formular e implementar la política monetaria, contribuir a la estabilidad financiera, pero se sigue manteniendo funciones operativas como administrar la RMI, manejo del sistema de pagos, ser agente fiscal del gobierno, ser depositario de sus fondos y obtener crédito para financiamiento de la Balanza de Pagos y liquidez de la economía. Entre otros aspectos importantes se restituye los 4 sistemas y las reglas de respaldo, se prohíbe la financiación cuasifiscal y se lo capitaliza.

En síntesis, el proyecto de ley de  “crecimiento económico” buscaba cumplir con los condicionamientos del FMI, para seguir recibiendo los siguientes desembolsos del crédito y de los otros organismos financieros internacionales. Ante el archivo del proyecto, por parte de la Asamblea, el gobierno se dispone a enviar otros, con el mismo carácter, que divide al proyecto original por partes.

La Proforma del Estado 2020 cumple con algunas exigencias del FMI, mantiene un déficit fiscal, aumenta la deuda pública y señala una tendencia a la recuperación económica. Analizaremos el cumplimiento de algunas condiciones del FMI y sus consecuencias, y las tendencias de la economía.

La proforma 2020 tiene un total de 31.468 millones de dólares que apenas supera en 167 millones a la proforma reajustada de 2019, sin incluir la importación de combustibles. El nivel de inversión es de 3624 millones, 11.5% del total de la proforma, ligeramente superior en 310 millones a la de 2019,  con lo que confirma la política de estancamiento de la inversión pública. Sin embargo, hay cambios en la estructura de ésta, en educación aumenta (68%), ambiente (-8.1%), desarrollo urbano y vivienda (-42.6), inclusión económica y social (5.7%) y salud (28.2%) . La mayor parte de la proforma es gasto corriente (88.5%). Pero, hay un alto servicio de la deuda que alcanza los 8000 millones de dólares, que supera lo asignado para el Ministerio de Educación y Salud que llega a 6854 millones y además se reduce en 32 millones la asignación a universidades. Sigue manteniendo las preasignaciones a los GAD, educación y salud. La proforma 2020 tiene un déficit de 3.3% del PIB (apenas superior en 0.1% al de 2019) y necesidades de financiamiento de 6664 millones de dólares. No se contempla los nuevos ingresos contemplados en el proyecto de ley de “crecimiento económico” ni la racionalización de los subsidios a los combustibles, cuyo levantamiento dio origen a la marcha indígena que obligó al gobierno a derogar el decreto correspondiente. Sigue alto el nivel de subsidios, alcanzando los 5.455 millones repartidos a los combustibles 1956, a la seguridad social 2104 y sociales 1123 (que aumentan ligeramente). Hay también un aumento del gasto presupuesto para el cierre de las brechas de equidad sobre todo las relacionadas con las políticas de igualdad, aumentando significativamente las de infancia, niñez y adolescencia; juventud y adulto mayor.

La variación del déficit fiscal en 2020 dependerá que pase con focalización de los subsidios a los combustibles, la magnitud de la reducción de la masa salarial en el sector público, la profundidad de la fusión y/o eliminación de entidades públicas, los ingresos de las concesiones y la aprobación o no de la “ley de crecimiento o no”.

En cuanto al cumplimiento de los condicionamientos con el FMI hay dos importantes. La primera es la reducción de la masa salarial, en alrededor de 400 millones, que implicará el recorte de la burocracia. Eso incluye la eliminación de los contratos ocasionales y reducción de personal en algunas instituciones públicas con nombramiento provisional y permanente. Este proceso ya se inició en este año en CNE, ex Senplades y algunos ministerios. También puede conllevar la eliminación y/o fusión de entidades públicas. Además se contempla la privatización de la administración de algunas entidades públicas (concesión), llamado eufemísticamente monetización de activos públicos, que comprendería entregar al sector privado la administración de CNT, Banco del Pacifico y la hidroeléctrica Sopladora. Lo paradójico es que se va a concesionar a dos de las entidades públicas más rentables. Entre las empresas públicas con más utilidad consta CNT y el Banco del Pacifico es uno de los rentables del sistema financiero. La concesión de Sopladora puede implicar una variación de las tarifas eléctricas. Los ingresos por concesiones se estiman en 2000 millones.

Los supuestos de la Proforma 2020 estiman un escenario con un precio del barril de crudo de 51,3 dólares, una inflación de 0.84% y un crecimiento de 0.5%. Este último es un tanto optimista ya que el propio FMI considera que para el año 2019 habrá un decrecimiento de -0.5%. En 2020, se estima que es posible que haya recesión en Europa y una caída del crecimiento de la economía mundial, por otro lado el continuar con la política de reducción de la inversión pública, confiar en proyectos de Inversión de las Alianzas Público-Privada que hasta ahora han sido mínimos, el mayor ajuste fiscal y las expectativas pesimistas empresariales hacen prever que la contracción de la economía continúe al nivel de los proyectado para 2019. Si a eso se le agregamos el déficit fiscal de 3.3% y la necesidad de mayor endeudamiento público, aumento el servicio de la deuda, que deja menos margen para otros gastos, se confirmaría la tendencia a la recesión económica con sus implicaciones en el mercado de trabajo que se traducirían en mayor desempleo, subempleo y crecimiento del sector informal lo que a su vez está relacionado con el deterioro social. En efecto, la pobreza por ingresos, a Junio de 2019, alcanzó un 25.5%, un punto más que hace un año. Si continúa, en 2020, la contracción económica habrá aumento de la pobreza, por encima de ese nivel, la indigencia y marginalidad social que conduce a más violencia e inseguridad.

El proyecto de ley llamado de crecimiento económico, enviado como económico urgente, en la segunda parte de la reforma fiscal comprende cambios normativos en la planificación, programación presupuestaria e endeudamiento; en las reglas fiscales y en las  empresas públicas, que se tratarán en este artículo, excepto el último.

En la ley de fomento productivo, publicada en RO de Agosto 21 de 2018, se establecieron reglas para la sostenibilidad fiscal, programación presupuestaria y límites de endeudamiento. En el proyecto de ley, se vuelven a realizar cambios en la planificación y programación presupuestaria, se reforma el Código de Planificación y Finanzas Públicas que incluye, entre lo más importante, cambios metodológicos en la definición del sector público, se introduce una política de mitigación y gestión de riesgos fiscales referidos a los shows externos e internos que puedan generar cambios en ingresos, gastos o financiamiento del presupuesto; se establece nueva normativa para la programación fiscal plurianual y anual definiendo sus fases, cobertura para variaciones del ingreso petrolero, proyecciones de gasto tributario, techos de gastos, gastos para cierre de brechas de equidad, se rebaja a 5% la variación del presupuesto general del estado tanto en gastos como ingresos y se le fija a la Asamblea un plazo de diez días para aprobar u observar tal variación. Respecto al endeudamiento, se restituye la obligatoriedad de que toda emisión de bonos, en moneda de curso legal o extranjera se negociará a través de las bolsas de valores, pero se mantiene que, en cuanto, a las negociaciones  directas  entre entidades públicas debe informarse a las entidades de supervisión y control del mercado de valores. Se regula la deuda flotante, aquella que el sector público mantiene con proveedores y se fija un plazo para su pago en noventa días. También se autoriza al Ministerio de Finanzas a que pueda emitir Notas del Tesoro para financiar deficiencias de caja, con un plazo máximo de 359 días, hasta un monto del 8% de los gastos totales del Presupuesto General del Estado, pero paradójicamente no se las considera endeudamiento público. Se le prohíbe al Banco Central la compra de estas notas y cualquier documento emitido por el sector público.

En cuanto a las reglas fiscales, se establece el ámbito de aplicación de éstas que deben cumplir las entidades del sector público no financiero y financiero, el período de estas reglas. Se reafirma la regla que existía: que los egresos permanentes se financiaran solo con ingresos permanentes, aunque se exceptúan los rubros de salud, educación y justicia, en situaciones excepcionales. Se vuelve a confirmar y se específica que, lo que ya se estableció en la ley de fomento productivo, el saldo consolidado de la deuda del sector público no financiero y otras obligaciones no podrá ser mayor del 40% del PIB. Se establece que relación entre el saldo total de la deuda pública con los ingresos totales de los GAD no puede ser mayor del 20%. El límite de endeudamiento de las empresas públicas, en cambio,  será establecido por el Ministerio de Finanzas y si éstas lo sobrepasaran deberá someterse a un plan de fortalecimiento y sostenibilidad fiscal aprobado por este ministerio. Igualmente éste pondrá los límites de endeudamiento para las entidades de seguridad social.

Además se establecen reglas de crecimiento de gasto, resultado primario total y resultado primario no petrolero para los que se fijan metas; en el caso de los dos últimos se exige que cumplan la regla de deuda y otras obligaciones de pago. Se obliga a aplicar medidas preventivas y correctivas, en caso de que estos se desvíen de lo aprobado, pero si  no cumplen con los objetivos, las metas y reglas establecidas se establecen responsabilidades y sanciones para los funcionarios que las  incumplan. Se señala que la regla de gastos y límite de deuda deberán alcanzarse hasta el año 2023. También se establecen reglas de variación de gastos para las entidades de seguridad social fijadas por el Ministerio de Finanzas. Finalmente, se establece el Fondo de Estabilización con los ingresos de la explotación de los recursos naturales no renovables que superen lo contemplado en el Presupuesto General del Estado, luego de descontar las preasignaciones por ley, para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y/o la capacidad de ejecución de egresos en educación y salud. Se establecen causales de suspensión de las reglas fiscales en caso de estados de excepción y recesión económica grave.

Se puede deducir que todas estas normas fueron elaboradas con la asesoría del FMI y siguiendo la metodología internacional sobre presupuestos y finanzas públicas. Si bien se establecen procedimientos y reglas claras para disciplina fiscal hay algunos aspectos que no están especificados. Uno de ellos es el Fondo de Estabilización, cuyos recursos saldrán de la explotación petrolera y minera, que se lo establece de manera general, no se específica, lo que supondría que se lo haría en el reglamento a la ley y además se habla de preasignaciones. Sus fines son muy generales. Recordemos que el gobierno anterior eliminó el FEIREP, fondo que garantizaba el pago de la deuda externa, una preasignación; hasta no conocer el reglamento no podemos saber si tendrá el mismo fin. Los intereses del país están sobre el resto de la economía. Si hay shocks externo e interno, que genere una contracción de la economía, por más que haya recursos en dicho fondo, no puede priorizarse el pago de la deuda externa. Los recursos de ese fondo deben utilizarse para contrarrestar los impactos negativos sobre la economía y su impacto social. En todo caso, con estas reglas claras se establece disciplina fiscal sobre todo en el endeudamiento en los GADs, empresas públicas y entidades de seguridad social. Como existe un déficit fiscal, dicho fondo se crearía en el próximo gobierno que incluiría los recursos de la explotación minera.

A. Fernández, peronista, fue electo Presidente después de haber derrotado, en primera vuelta, a Macri, por una diferencia de cerca de  ocho puntos. El resultado electoral no sorprende, pero sí que Macri haya acortado la diferencia de quince puntos que Fernández obtuvo en las PASO. En este artículo trataremos sobre las dos causas de la crisis económica y social: el manejo económico (analizando 4 variables: déficit fiscal, tipo de cambio, inflación y nivel de actividad económica) y el impacto social que provocó en el nivel de vida.

Macri, en diciembre de 2015, recibió una economía con algunos desequilibrios macroeconómicos: déficit fiscal, desempleo y caída del nivel de actividad. Su política económica se basó en el libre mercado. Buscó favorecer a la inversión privada extranjera y nacional, en especial a los de agricultura industrial,  liberando el tipo de cambio,  para incentivar la entrada de divisas. Buscó reducir el déficit fiscal, reduciendo el gasto público con recorte de la burocracia, eliminación y fusión de entidades públicas y eliminó los subsidios a servicios básicos, lo que aumentó el precio de la electricidad, gas, transporte, etc. incrementándose el costo de la vida. Para incentivar el nivel de actividad, aumentó la inversión pública e impulso las exportaciones agropecuarias tradicionales. Cuando asumió el mando, en Diciembre 10 de 2015, el tipo de cambio minorista oscilaba alrededor de 10 pesos por dólar, a fines del mismo mes del siguiente año llegó a alrededor de 16 pesos. A fines de  diciembre de 2017, el dólar minorista se cotizaba a 19.4 pesos, hay una corrida cambiaria en Abril de 2018 y a fines de ese mes llega a 20.8 pesos, en Mayo 7 alcanza 22,3 pesos y para tratar de parar la espiral cambiaria, en Junio a Macri acude al FMI que le otorga un crédito de 57.000 millones de dólares, condicionando a que aplique la receta del FMI, sin embargo, a fines de Agosto sube a 38.5 pesos; en Agosto de 2019, después de las PASO (Domingo 11), se generó una turbulencia cambiaria que llevó  a una fuerte depreciación del peso que saltó, el viernes 16, a 56.4 pesos y el viernes 30 trepó a 62 pesos. Para defender el peso, uso la RMI y el alza de la tasa de interés. Desde Agosto, de este año, hasta la semana previa a la primera vuelta, se habían perdido más de 22000 millones de RMI y el alza de la tasa de interés desalentaba la inversión. Pero aún más, la incertidumbre cambiaria y económica llevó a salida de capitales y retiro de depósitos o conversión a dólares, lo que lastraba más la caída de la RMI. La devaluación permanente desató un aumento continuo de la inflación que, a Julio de 2019, alcanzó 54.4%, lo que a su vez llevó a un incremento del costo de la vida. Para incentivar el nivel de actividad, acudió a la inversión pública, que fue financiada con deuda pública, que alcanza a más de 300.000 millones de dólares –un tercio de ésta es deuda externa- la cual a su vez se utilizaba para frenar el tipo de cambio. La inversión extranjera no llegó y los resultados fueron una  contracción de la economía de 2.1% en 2016, en2017 se recupera y crece 2.7% para terminar en 2018 con un decrecimiento de -2.5%. En agosto de 2019, el estimador de la actividad económica registró una contracción de 3.8% respecto al mismo mes del año anterior.

Los efectos de la contracción económica fueron aumento del desempleo, subempleo e informalidad. En el segundo semestre de 2019, la desocupación alcanzó 10.6%, con la subida de la inflación también creció el costo de la canasta básica que en diciembre de 2018 era de 8250 pesos y en agosto de 2019 llegó 10683 pesos (un aumento de 29.4%), lo cual, a su vez, llevó a un aumento de la pobreza, en el primer semestre de ese año, a 35.4% (más de un tercio de la población, lo que significa 5 millones más de pobres) y la indigencia 7.7%. El fracaso de la política neoliberal de Macri está a la vista: devaluación, más inflación, alta deuda pública, caída de la RMI, contracción económica que llevaron a mayor desempleo y aumento de la pobreza e indigencia. Un informe LatinFocus Consensus Forecast (un compendio de estimaciones de bancos y consultoras) pronostica para 2019 una contracción económica de -2,8% y de -1.4% para 2020, que son cifras similares a las estimaciones del FMI y BM. La protesta en Chile, en la penúltima semana de Octubre de este año, de estudiantes, trabajadores y población en general, deja varias lecciones. Una de ellas es el límite social de este tipo de políticas. No se puede aplicar un modelo de mercado libre, de un capitalismo salvaje, que aumente la desigualdad y la injusticia social, deteriorando las condiciones de vida de la población para elevar las ganancias del capital porque la gente se rebela por el aumento de la pobreza y un modo de vida indigno.

El reto del peronismo es revertir esta tendencia negativa de la economía. Para ello, tendrá que renegociar el acuerdo con el FMI, la deuda pública externa, establecer control cambiario rígido, para cortar la espiral devaluación-inflación-deterioro de las condiciones de vida de la población. Esta corriente defiende un modelo económico basado en incentivar la demanda interna, regulación del mercado y una política de incentivos a ésta así como una política fiscal redistributiva que obtenga recursos de los niveles altos de ingreso y los reoriente hacia los de menores ingresos. El desafío es si puede corregir los desequilibrios macroeconómicos, no caer en déficits fiscales inmanejables, reducir la inflación y reactivar la economía. Eso implica negociar con el poder económico para sacar al país de la crisis económica y social recurrente.

El proyecto de ley económico-urgente, enviado por el ejecutivo que, en su difusión, ha llamado de crecimiento económico incluye una reforma fiscal (tributaria: evasión, exoneración impositiva; a empresas públicas;  y a reglas fiscales) y un cambio normativo al Código Monetario Financiero (independencia al Banco Central, variación del modelo de regulación y supervisión financiera, esquema de seguridad financiera, etc.). Las dos reformas son parte de los condicionamientos del FM, incluidos en el acuerdo crediticio. En este artículo trataremos sobre la primera reforma, los principales aspectos en la área tributaria en lo referente a impuestos.

Debido a que la marcha indígena obligó a derogar el decreto 883, de eliminación de subsidios a los combustibles, que iba a financiar parcialmente el déficit fiscal, que sustituiría con la focalización de éstos, el gobierno busca otras fuentes de ingresos que están contenidos en la reforma fiscal. En la parte tributaria, la reforma fiscal modifica y crea algunos impuestos. En el primer caso está la producción y venta local del banano que ahora pagará un impuesto a la renta de 2% y la exportación el 3%. En el establecimiento de nuevos impuestos se incluye la variación de la base imponible del ICE y la inclusión de este a nuevos productos y servicios: al tabaco, bebidas gaseosas (con azúcar menor a 25 g/l, 11%), perfumes, armas de fuego, focos y sistemas de calentamiento de agua, vehículos de carga de hasta 3.5 T, vehículos de más de 35.000 dólares, aviones y avionetas, servicios de TV pagada (15%), de telefonía fija a empresas, telefonía móvil (10%), tendrán la tarifa ad valorem; a cigarrillos, alcohol, cerveza artesanal e industrial bebidas gaseosas (con azúcar mayor a 25 g/l) y fundas plásticas se les aplicará una tarifa especifica; bebidas alcohólicas, pagarán una tarifa mixta. Con esta reforma tributaria la mayor parte se recaudará en bebidas gaseosas y cerveza, por su alto consumo; telefonía móvil (100 millones), por el uso mayoritario de este servicios, a eso se suma, el impuesto a los dividendos a extranjeros al que se le aplicará el 40% (191 millones) y, se crea, la contribución temporal, por tres años, a empresas que tengan un ingreso bruto de más de un millón de dólares (177 millones).

Hace poco se eliminó el impuesto ambiental a los vehículos, que también pagaban el impuesto a la propiedad, impuesto al rodaje y tasas. La reforma fiscal, en su parte tributaria, el impuesto al rodaje lo sustituye con el impuesto anual a la circulación, que lo recaudarían los GADs, a través del SRI y se mantiene el impuesto a la propiedad del vehículo. Ambos tendrán como base imponible el valor de éste. Además se impone IVA a los servicios digitales, con los que quedan gravados los usuarios de las plataformas que vendan bienes, den servicios de transporte (Uber) o entrega a domicilio de bienes y las de streaming (Netflix). A eso se agrega, la eliminación de los gastos personales de quienes tengan ingresos de más de 100.000 dólares anuales, lo que generaría un ahorro de 41 millones.

Se crea el impuesto a la renta para microempresas con una tarifa de 2% sobre los ingresos brutos y  reduce el impuesto a la salida de divisas a la importación de materias primas, insumos y bienes de capital, con lo cual se beneficia a todas las empresas medianas y grandes, principalmente del sector industrial. Según el gobierno la reforma tributaria generará 731 millones en 2010 y 887 en el 2021. La mayor parte de los ingresos adicionales que genera esta reforma lo pagarán las empresas medianas y grandes, inversionistas extranjeros, la clase media (telefonía móvil, plataformas digitales, vehículos, eliminación de deducciones al impuesto a la renta) y las de ingresos bajos (por la telefonía móvil y fundas plásticas). La política fiscal es uno de los instrumentos de redistribución del ingreso, con la focalización del subsidio a los combustibles que está en discusión y la aprobación del Presupuesto General del Estado de 2020, tendríamos el esquema de dicha redistribución. Hasta el momento, con la remisión tributaria otorgada a los empresarios, con el perdón de multas a intereses a este grupo social, de más de 4000 millones, la política fiscal ha beneficiado, de largo, a los dueños de empresas. Con esta reforma, se carga el peso de la imposición a la clase media y baja.

Después de la marcha indígena, que obtuvo que se derogue el decreto de alza de combustibles, dando una lección al gobierno, se dictarán nuevas medidas económicas, las comprometidas con el FMI, el nuevo decreto de focalización de subsidios a los combustibles, el Presupuesto del Estado de 2020, reforma laboral y cambios normativos en la seguridad social, pero esta vez tendrán que ser bien analizadas por el gobierno  ya que se demostró que la protesta popular puede hacer dar marcha atrás aquellas medidas que afecten al bienestar de la población. Lo preocupante es el aplazamiento del ajuste y el deterioro de la economía que pueden causar las medidas.

En efecto, la economía creció apenas 0.3%, en el II Trimestre de este año, cuando en el IT fue de 0.6% mostrando la tendencia a la desaceleración económica. Los factores que explican este magro crecimiento fueron el aumento del consumo de los hogares en 0.6%, la contracción del gasto del gobierno en 1.2% y una reducción de la inversión de 1.8% (explicada principalmente por la contracción de la construcción). Estos datos muestran la  tendencia de la economía hacia  la contracción, como ya prevé el FMI. La disminución del ritmo de crecimiento impactó en el mercado de trabajo. Así, el subempleo aumentó cinco décimas alcanzando el 5.9%, el empleo adecuado creció apenas 3 décimas y el otro empleo no pleno apenas varió manteniendo en 22.6% en el que se ubican el sector informal ya llegan ya a dos millones de trabajadores.

Con esta tendencia de desaceleración de la economía, aumento del subempleo y del sector informal, el gobierno envío un proyecto de ley, llamado de crecimiento económico, en el que incluyen dos de las reformas estructurales, exigidas  por el FMI, la reforma fiscal y el marco reformatorio al código monetario. En la primera, se establece una reforma tributaria con una contribución temporal a las empresas que hayan facturado un millón, aumento del ICE a bebidas, fundas, veíiculos y telefonía móvil, IVA para servicios digitales ya sea de streaming, servicios de taxis y entrega de productos a domicilio y eliminación del anticipo del impuesto a la renta. Además se incluye cambio en reglas macrofiscales. Se espera recaudar más de 500 millones. En la segunda,  se cambia la denominación de la Junta Monetaria y se le quita las facultades macroeconómicas, se devuelve la autonomía al Banco Central y queda relacionado solo con el mercado monetario, varían los objetivos de los organismos de supervisión financiera, se altera el funcionamiento de las instituciones de seguridad financiera, etc. Previamente, el gobierno había reducido aranceles a bienes de capital y materia prima a tres sectores y se eliminaron para celulares y computadoras.

Se está elaborando el nuevo decreto que sustituirá al 883 que eliminó el subsidio al combustible, se proyecta que será focalizado el subsidio a la gasolina extra (hacia transporte público y taxis) y no se tocará el del diésel. Por otro lado, hasta fines de Octubre, el ejecutivo deberá enviar a la Asamblea el Presupuesto General del Estado de 2020 con los se conocería las necesidades de financiamiento, el ajuste previsto para el siguiente año, el nivel de gasto e inversión pública, el monto de subsidios, estimaciones del crecimiento, etc. que determinarán la orientación de la política fiscal y de deuda.

Las reformas más conflictivas son la laboral y la de seguridad social. En la primera se introducirá la flexibilización laboral con introducción de nuevos tipos de contratos, ampliación del periodo de prueba a un año y formas de evadir pago de horas suplementarias y extraordinarias. El gobierno para impulsar esta reforma se basa en su aliado, el sindicalismo blanco (CUT y otros), en cambio canceló una reunión pactada con el FUT con el argumento que llevará a cabo una movilización sindical para el 30 de Octubre. Los efectos de la marcha indígena y los de dicha movilización generaran una presión por flexibilizar dicha reforma.

Finalmente, la reforma a la seguridad social sería la de mayor conflictividad, pues se estima que, como se ha aplicado en otros países, incluiría el alza de aportes, aumento de la edad de jubilación y/o disminución o topes a la pensión y recorte de servicios. Esto implica afectar la economía y bienestar de empleados y trabajadores, jubilados y afiliados. Esto llevaría protestas de los implicados para defender su nivel de vida y su bienestar.

En suma, la proyección del decrecimiento de 0.5 del PIB, según el FMI, sería mayor con los efectos de la paralización de 11 días por la marcha indígena y otras protestas, por lo que se ha señalado, podría acercarse a una contracción del 1% de la economía, en 2019, con más desempleo y subempleo, deterioro de las condiciones de vida y mayor pobreza. Pero lo más crítico vendría en 2020. El Observatorio de la Política Fiscal estima, que para ese año, sería de 10.000 millones de dólares y el déficit fiscal de 5.000 millones lo que implicaría un fuerte ajuste (alza de impuestos, reducción de burocracia y más reducción de inversión y subsidios) y/o más deuda pública interna y externa lo cual aunado al efecto contractivo que tienen las políticas del FMI, llevará a una recesión mucho mayor de la economía que en 2019 y consecuentemente más deterioro del mercado de trabajo (precarización), de las condiciones de vida y aumento de la pobreza, que es caldo de cultivo para la protesta social para defender sus condiciones de vida como lo muestra la marcha indígena y en otros países por alza de servicios públicos y reformas estructurales.

Después de 11 días de paro de transporte, de indígenas, FUT y movimientos sociales y, por los efectos económicos, políticos y sociales del mismo, el gobierno se vio obligado a negociar y derogar el decreto 883 que eliminó el subsidio a los combustibles, buscando cumplir con las condiciones del FMI, para reducir el déficit fiscal, pero buscando descargar el peso de la crisis económica sobre la población.

Por dicho decreto, el miércoles 2 de Octubre, los transportistas declararon un paro nacional demandando la derogación de dicho decreto. La falta de transporte provocó la inasistencia al trabajo de miles de empleados, se redujo el nivel de actividad y comienzo de las protestas por las medidas. El gobierno se negó a eliminar la medida y la Federación de Transportistas levantó el paro el sábado 5 de octubre.

Ese mismo día la CONAIE decide emprender una marcha indígena para oponerse al decreto señalado. Las organizaciones indígenas, de la sierra centro, norte y del austro comenzaron a organizarse y en varias ciudades, de estas provincias, salieron a manifestarse, se tomaron algunas gobernaciones y atacaron algunas instituciones públicas. Se unió a la marcha el FUT y varias organizaciones sociales. El lunes 7 de Octubre comenzaron a llegar los indígenas a la capital. El gobierno declaró estado de excepción y comenzó el asedio a los manifestantes. Los indígenas, trabajadores y estudiantes salieron a protestar por varios días, se tomaron momentáneamente la Asamblea, y fueron fuertemente reprimidos. El gobierno aplicó una estrategia militar para combatir la rebelión y una táctica de guerra. Los manifestantes cada día iban aumentando sus protestas y la presión sobre el gobierno, que para enfrentar la situación, el jueves 10 decretó toque de queda parcial, pero como las protestas aumentaron de su intensidad, el viernes 11, volvió a regir un toque de queda, a partir de las 15h, por 24 horas. Hay que señalar que, en las protestas, en diferentes ciudades del país, se infiltraron delincuentes y agitadores que ejecutaron actos vandálicos y sembraron terror y convulsión en la población. Esto sucedió, principalmente, en Durán y Guayaquil. El temor a la marcha indígena llevó al cierre del puente la Unidad Nacional y, el Presidente, cambio la sede del gobierno a Guayaquil debido a que la sede del Palacio Nacional, en Quito, estaba asediado por los manifestantes.

El Presidente acorralado, buscó el apoyo de la derecha tradicional y moderna, en Guayaquil, para enfrentar la rebelión y tener respaldo político. El régimen para enfrentar la rebelión, en el país, aplicó una fuerte represión que, según el Defensor del Pueblo, provocó 7 muertos, más de 1000 detenidos y cientos de heridos.

Hay varios efectos del paro y marcha indígena. En lo político, después de 11 años, volvió la inestabilidad política que debilitó al régimen e hizo perder la credibilidad y confianza en su capacidad de resolver conflictos sociales. Quedó demostrado, en la nación, que los indígenas con este paro, son una fuerza política organizada y capaz de llevar adelante la resistencia política y exigir negociación para aplicar políticas gubernamentales.  Por otro lado, el gobierno se vio obligado a demorar el envío de proyectos de ley para aplicar la reforma estructural comprometida con el FMI. Hay varios efectos económicos. El alza del transporte, como consecuencia de la liberalización del precio de los combustibles, el desabastecimiento de productos agropecuarios, llevó al aumento de sus precios. Este incremento y el efecto domino que provocó, la liberalización de dichos precios, llevó a un aumento de la inflación.  Además, el clima de temor,  zozobra y rompimiento de la paz social y desconfianza en el mundo de los negocios, llevó a que las empresas se vieran obligadas a cerrar en el momento de las protestas, reduciéndose así el nivel de actividad económica. Las pérdidas por la toma de pozos petroleros y por la caída de la producción y ventas de los diferentes sectores económicos suman millones de dólares.

En el diálogo entre el movimiento indígena y el gobierno, celebrado el domingo 13 de Octubre, llevaron a planteamientos de las partes. El régimen insistió en mantener el decreto y que los recursos que generé el alza del precio de los combustibles se reparta entre los más pobres y los indígenas insistieron en la derogatoria del decreto 883. Finalmente, el gobierno cedió y derogó dicho decreto nombrándose una comisión para elaborar otro que lo sustituya.

La rebelión indígena deja varias lecciones. La primera es que los gobiernos, de ahora en adelante, se verán a obligados a pensar dos veces antes de tratar de imponer una política económica que impacte fuertemente a la población, sino vendrá la resistencia a ésta. La segunda es que los poderes económicos se les reduce su margen de maniobra para que, a través del gobierno, traten de resolver crisis económica recargando su peso sobre la población. La tercera es que a los organismos financieros internacionales no le va a ser tan fácil imponer medidas de ajuste y estructurales que afecten el nivel de vida de la población, lo cual manda un mensaje al resto del mundo sobre que si es posible, con presión social, resistir y hacer dar marcha atrás a dichas medidas. Las otras lecciones las trataremos en el siguiente artículo, examinando el nuevo decreto que sustituye al 883.