La Proforma del Estado 2020 cumple con algunas exigencias del FMI, mantiene un déficit fiscal, aumenta la deuda pública y señala una tendencia a la recuperación económica. Analizaremos el cumplimiento de algunas condiciones del FMI y sus consecuencias, y las tendencias de la economía.
La proforma 2020 tiene un total de 31.468 millones de dólares que apenas supera en 167 millones a la proforma reajustada de 2019, sin incluir la importación de combustibles. El nivel de inversión es de 3624 millones, 11.5% del total de la proforma, ligeramente superior en 310 millones a la de 2019, con lo que confirma la política de estancamiento de la inversión pública. Sin embargo, hay cambios en la estructura de ésta, en educación aumenta (68%), ambiente (-8.1%), desarrollo urbano y vivienda (-42.6), inclusión económica y social (5.7%) y salud (28.2%) . La mayor parte de la proforma es gasto corriente (88.5%). Pero, hay un alto servicio de la deuda que alcanza los 8000 millones de dólares, que supera lo asignado para el Ministerio de Educación y Salud que llega a 6854 millones y además se reduce en 32 millones la asignación a universidades. Sigue manteniendo las preasignaciones a los GAD, educación y salud. La proforma 2020 tiene un déficit de 3.3% del PIB (apenas superior en 0.1% al de 2019) y necesidades de financiamiento de 6664 millones de dólares. No se contempla los nuevos ingresos contemplados en el proyecto de ley de “crecimiento económico” ni la racionalización de los subsidios a los combustibles, cuyo levantamiento dio origen a la marcha indígena que obligó al gobierno a derogar el decreto correspondiente. Sigue alto el nivel de subsidios, alcanzando los 5.455 millones repartidos a los combustibles 1956, a la seguridad social 2104 y sociales 1123 (que aumentan ligeramente). Hay también un aumento del gasto presupuesto para el cierre de las brechas de equidad sobre todo las relacionadas con las políticas de igualdad, aumentando significativamente las de infancia, niñez y adolescencia; juventud y adulto mayor.
La variación del déficit fiscal en 2020 dependerá que pase con focalización de los subsidios a los combustibles, la magnitud de la reducción de la masa salarial en el sector público, la profundidad de la fusión y/o eliminación de entidades públicas, los ingresos de las concesiones y la aprobación o no de la “ley de crecimiento o no”.
En cuanto al cumplimiento de los condicionamientos con el FMI hay dos importantes. La primera es la reducción de la masa salarial, en alrededor de 400 millones, que implicará el recorte de la burocracia. Eso incluye la eliminación de los contratos ocasionales y reducción de personal en algunas instituciones públicas con nombramiento provisional y permanente. Este proceso ya se inició en este año en CNE, ex Senplades y algunos ministerios. También puede conllevar la eliminación y/o fusión de entidades públicas. Además se contempla la privatización de la administración de algunas entidades públicas (concesión), llamado eufemísticamente monetización de activos públicos, que comprendería entregar al sector privado la administración de CNT, Banco del Pacifico y la hidroeléctrica Sopladora. Lo paradójico es que se va a concesionar a dos de las entidades públicas más rentables. Entre las empresas públicas con más utilidad consta CNT y el Banco del Pacifico es uno de los rentables del sistema financiero. La concesión de Sopladora puede implicar una variación de las tarifas eléctricas. Los ingresos por concesiones se estiman en 2000 millones.
Los supuestos de la Proforma 2020 estiman un escenario con un precio del barril de crudo de 51,3 dólares, una inflación de 0.84% y un crecimiento de 0.5%. Este último es un tanto optimista ya que el propio FMI considera que para el año 2019 habrá un decrecimiento de -0.5%. En 2020, se estima que es posible que haya recesión en Europa y una caída del crecimiento de la economía mundial, por otro lado el continuar con la política de reducción de la inversión pública, confiar en proyectos de Inversión de las Alianzas Público-Privada que hasta ahora han sido mínimos, el mayor ajuste fiscal y las expectativas pesimistas empresariales hacen prever que la contracción de la economía continúe al nivel de los proyectado para 2019. Si a eso se le agregamos el déficit fiscal de 3.3% y la necesidad de mayor endeudamiento público, aumento el servicio de la deuda, que deja menos margen para otros gastos, se confirmaría la tendencia a la recesión económica con sus implicaciones en el mercado de trabajo que se traducirían en mayor desempleo, subempleo y crecimiento del sector informal lo que a su vez está relacionado con el deterioro social. En efecto, la pobreza por ingresos, a Junio de 2019, alcanzó un 25.5%, un punto más que hace un año. Si continúa, en 2020, la contracción económica habrá aumento de la pobreza, por encima de ese nivel, la indigencia y marginalidad social que conduce a más violencia e inseguridad.
Pensamiento y comportamiento 