LAS MEDIDAS ECONOMICAS QUE SE VIENEN Y EFECTOS Luis Rosero M.

Después de la marcha indígena, que obtuvo que se derogue el decreto de alza de combustibles, dando una lección al gobierno, se dictarán nuevas medidas económicas, las comprometidas con el FMI, el nuevo decreto de focalización de subsidios a los combustibles, el Presupuesto del Estado de 2020, reforma laboral y cambios normativos en la seguridad social, pero esta vez tendrán que ser bien analizadas por el gobierno  ya que se demostró que la protesta popular puede hacer dar marcha atrás aquellas medidas que afecten al bienestar de la población. Lo preocupante es el aplazamiento del ajuste y el deterioro de la economía que pueden causar las medidas.

En efecto, la economía creció apenas 0.3%, en el II Trimestre de este año, cuando en el IT fue de 0.6% mostrando la tendencia a la desaceleración económica. Los factores que explican este magro crecimiento fueron el aumento del consumo de los hogares en 0.6%, la contracción del gasto del gobierno en 1.2% y una reducción de la inversión de 1.8% (explicada principalmente por la contracción de la construcción). Estos datos muestran la  tendencia de la economía hacia  la contracción, como ya prevé el FMI. La disminución del ritmo de crecimiento impactó en el mercado de trabajo. Así, el subempleo aumentó cinco décimas alcanzando el 5.9%, el empleo adecuado creció apenas 3 décimas y el otro empleo no pleno apenas varió manteniendo en 22.6% en el que se ubican el sector informal ya llegan ya a dos millones de trabajadores.

Con esta tendencia de desaceleración de la economía, aumento del subempleo y del sector informal, el gobierno envío un proyecto de ley, llamado de crecimiento económico, en el que incluyen dos de las reformas estructurales, exigidas  por el FMI, la reforma fiscal y el marco reformatorio al código monetario. En la primera, se establece una reforma tributaria con una contribución temporal a las empresas que hayan facturado un millón, aumento del ICE a bebidas, fundas, veíiculos y telefonía móvil, IVA para servicios digitales ya sea de streaming, servicios de taxis y entrega de productos a domicilio y eliminación del anticipo del impuesto a la renta. Además se incluye cambio en reglas macrofiscales. Se espera recaudar más de 500 millones. En la segunda,  se cambia la denominación de la Junta Monetaria y se le quita las facultades macroeconómicas, se devuelve la autonomía al Banco Central y queda relacionado solo con el mercado monetario, varían los objetivos de los organismos de supervisión financiera, se altera el funcionamiento de las instituciones de seguridad financiera, etc. Previamente, el gobierno había reducido aranceles a bienes de capital y materia prima a tres sectores y se eliminaron para celulares y computadoras.

Se está elaborando el nuevo decreto que sustituirá al 883 que eliminó el subsidio al combustible, se proyecta que será focalizado el subsidio a la gasolina extra (hacia transporte público y taxis) y no se tocará el del diésel. Por otro lado, hasta fines de Octubre, el ejecutivo deberá enviar a la Asamblea el Presupuesto General del Estado de 2020 con los se conocería las necesidades de financiamiento, el ajuste previsto para el siguiente año, el nivel de gasto e inversión pública, el monto de subsidios, estimaciones del crecimiento, etc. que determinarán la orientación de la política fiscal y de deuda.

Las reformas más conflictivas son la laboral y la de seguridad social. En la primera se introducirá la flexibilización laboral con introducción de nuevos tipos de contratos, ampliación del periodo de prueba a un año y formas de evadir pago de horas suplementarias y extraordinarias. El gobierno para impulsar esta reforma se basa en su aliado, el sindicalismo blanco (CUT y otros), en cambio canceló una reunión pactada con el FUT con el argumento que llevará a cabo una movilización sindical para el 30 de Octubre. Los efectos de la marcha indígena y los de dicha movilización generaran una presión por flexibilizar dicha reforma.

Finalmente, la reforma a la seguridad social sería la de mayor conflictividad, pues se estima que, como se ha aplicado en otros países, incluiría el alza de aportes, aumento de la edad de jubilación y/o disminución o topes a la pensión y recorte de servicios. Esto implica afectar la economía y bienestar de empleados y trabajadores, jubilados y afiliados. Esto llevaría protestas de los implicados para defender su nivel de vida y su bienestar.

En suma, la proyección del decrecimiento de 0.5 del PIB, según el FMI, sería mayor con los efectos de la paralización de 11 días por la marcha indígena y otras protestas, por lo que se ha señalado, podría acercarse a una contracción del 1% de la economía, en 2019, con más desempleo y subempleo, deterioro de las condiciones de vida y mayor pobreza. Pero lo más crítico vendría en 2020. El Observatorio de la Política Fiscal estima, que para ese año, sería de 10.000 millones de dólares y el déficit fiscal de 5.000 millones lo que implicaría un fuerte ajuste (alza de impuestos, reducción de burocracia y más reducción de inversión y subsidios) y/o más deuda pública interna y externa lo cual aunado al efecto contractivo que tienen las políticas del FMI, llevará a una recesión mucho mayor de la economía que en 2019 y consecuentemente más deterioro del mercado de trabajo (precarización), de las condiciones de vida y aumento de la pobreza, que es caldo de cultivo para la protesta social para defender sus condiciones de vida como lo muestra la marcha indígena y en otros países por alza de servicios públicos y reformas estructurales.