LUCHA INDÍGENA OBLIGA A DEROGAR DECRETO DE ALZA DE COMBUSTIBLES Luis Rosero M.

Después de 11 días de paro de transporte, de indígenas, FUT y movimientos sociales y, por los efectos económicos, políticos y sociales del mismo, el gobierno se vio obligado a negociar y derogar el decreto 883 que eliminó el subsidio a los combustibles, buscando cumplir con las condiciones del FMI, para reducir el déficit fiscal, pero buscando descargar el peso de la crisis económica sobre la población.

Por dicho decreto, el miércoles 2 de Octubre, los transportistas declararon un paro nacional demandando la derogación de dicho decreto. La falta de transporte provocó la inasistencia al trabajo de miles de empleados, se redujo el nivel de actividad y comienzo de las protestas por las medidas. El gobierno se negó a eliminar la medida y la Federación de Transportistas levantó el paro el sábado 5 de octubre.

Ese mismo día la CONAIE decide emprender una marcha indígena para oponerse al decreto señalado. Las organizaciones indígenas, de la sierra centro, norte y del austro comenzaron a organizarse y en varias ciudades, de estas provincias, salieron a manifestarse, se tomaron algunas gobernaciones y atacaron algunas instituciones públicas. Se unió a la marcha el FUT y varias organizaciones sociales. El lunes 7 de Octubre comenzaron a llegar los indígenas a la capital. El gobierno declaró estado de excepción y comenzó el asedio a los manifestantes. Los indígenas, trabajadores y estudiantes salieron a protestar por varios días, se tomaron momentáneamente la Asamblea, y fueron fuertemente reprimidos. El gobierno aplicó una estrategia militar para combatir la rebelión y una táctica de guerra. Los manifestantes cada día iban aumentando sus protestas y la presión sobre el gobierno, que para enfrentar la situación, el jueves 10 decretó toque de queda parcial, pero como las protestas aumentaron de su intensidad, el viernes 11, volvió a regir un toque de queda, a partir de las 15h, por 24 horas. Hay que señalar que, en las protestas, en diferentes ciudades del país, se infiltraron delincuentes y agitadores que ejecutaron actos vandálicos y sembraron terror y convulsión en la población. Esto sucedió, principalmente, en Durán y Guayaquil. El temor a la marcha indígena llevó al cierre del puente la Unidad Nacional y, el Presidente, cambio la sede del gobierno a Guayaquil debido a que la sede del Palacio Nacional, en Quito, estaba asediado por los manifestantes.

El Presidente acorralado, buscó el apoyo de la derecha tradicional y moderna, en Guayaquil, para enfrentar la rebelión y tener respaldo político. El régimen para enfrentar la rebelión, en el país, aplicó una fuerte represión que, según el Defensor del Pueblo, provocó 7 muertos, más de 1000 detenidos y cientos de heridos.

Hay varios efectos del paro y marcha indígena. En lo político, después de 11 años, volvió la inestabilidad política que debilitó al régimen e hizo perder la credibilidad y confianza en su capacidad de resolver conflictos sociales. Quedó demostrado, en la nación, que los indígenas con este paro, son una fuerza política organizada y capaz de llevar adelante la resistencia política y exigir negociación para aplicar políticas gubernamentales.  Por otro lado, el gobierno se vio obligado a demorar el envío de proyectos de ley para aplicar la reforma estructural comprometida con el FMI. Hay varios efectos económicos. El alza del transporte, como consecuencia de la liberalización del precio de los combustibles, el desabastecimiento de productos agropecuarios, llevó al aumento de sus precios. Este incremento y el efecto domino que provocó, la liberalización de dichos precios, llevó a un aumento de la inflación.  Además, el clima de temor,  zozobra y rompimiento de la paz social y desconfianza en el mundo de los negocios, llevó a que las empresas se vieran obligadas a cerrar en el momento de las protestas, reduciéndose así el nivel de actividad económica. Las pérdidas por la toma de pozos petroleros y por la caída de la producción y ventas de los diferentes sectores económicos suman millones de dólares.

En el diálogo entre el movimiento indígena y el gobierno, celebrado el domingo 13 de Octubre, llevaron a planteamientos de las partes. El régimen insistió en mantener el decreto y que los recursos que generé el alza del precio de los combustibles se reparta entre los más pobres y los indígenas insistieron en la derogatoria del decreto 883. Finalmente, el gobierno cedió y derogó dicho decreto nombrándose una comisión para elaborar otro que lo sustituya.

La rebelión indígena deja varias lecciones. La primera es que los gobiernos, de ahora en adelante, se verán a obligados a pensar dos veces antes de tratar de imponer una política económica que impacte fuertemente a la población, sino vendrá la resistencia a ésta. La segunda es que los poderes económicos se les reduce su margen de maniobra para que, a través del gobierno, traten de resolver crisis económica recargando su peso sobre la población. La tercera es que a los organismos financieros internacionales no le va a ser tan fácil imponer medidas de ajuste y estructurales que afecten el nivel de vida de la población, lo cual manda un mensaje al resto del mundo sobre que si es posible, con presión social, resistir y hacer dar marcha atrás a dichas medidas. Las otras lecciones las trataremos en el siguiente artículo, examinando el nuevo decreto que sustituye al 883.