Luis Rosero M.
Los empleados públicos, con sueldos retrasados, tanto los que están trabajando como los que fueron despedidos y hasta los agricultores de 4 provincias de la costa y una de la sierra realizaron una serie de protestas para obligar al gobierno a que le paguen sus sueldos atrasados, las pensiones de jubilados y hasta agricultores que reclamaron por el bajo precio del arroz.
Los empleados públicos que antes habían realizado acciones de crucifixión y hasta de desangre, continuaron sus protestas en las calles, principalmente maestros que llevan impagos más de un mes. A ellos se les unieron los empleados públicos (entre ellos los de medios incautados) que fueron despedidos por el cierre de empresas y que no reciben sus liquidaciones. Se le sumaron jubilados del ISSFA que se les deben sus pensiones. En suma, la desesperación por no tener ingresos con que sostener a sus familias llevó a tal medida, pero ni aún así hubo atención del gobierno, tuvo que la Defensoría del Pueblo presentar una acción de protección para, con la debida justicia, un juez ordenó al gobierno el pago de los sueldos atrasados que debe cumplirse so pena de destitución de los funcionarios encargados del pago. El gobierno tiene como prioridad en el manejo presupuesto el pago de la deuda externa, mientras que relega el pago de sueldos de sus empleados.
Pero no solo protestaron los empleados públicos sino además los dueños de empresas proveedoras del Estado que, según ellos, tienen 10 meses que no se les paga lo adeudado. Entre estas empresas se encuentran las que prestan servicio de vigilancia, las que proveen de bienes y servicios, hasta clínicas privadas, hospitales como el de Solca, etc. Este último se vio obligado a no atender a los nuevos pacientes por falta de recursos. Es increíble la indolencia del gobierno al no transferirle recursos a este hospital que atiende a los enfermos de cáncer y, de otras clínicas, que prestan el servicio de diálisis, optometría, etc. A esta red de complementaria de servicios de salud privada se les adeuda, según el decreto, 131 millones; a los servicios de salud externalizados (alimentación, limpieza, seguridad y vigilancia) se debe 59 millones; por adquisición de medicamentos se debe pagar 41 millones y a una serie de servicios e insumos para prestación de salud –que incluye la Cruz Roja- también se les adeuda. El total de la deuda es cerca de 300 millones. Se ha llegado hasta el extremo que a Solca se le ha venido pagando con bonos que tienen un descuento importante en el mercado.
Por otro lado, agricultores de Guayas, cerraron la vía Nobol, Naranjal, Salitre y Yaguachi protestaron por la baja del precio del arroz que llegó a 24 dólares. Los agricultores reclaman porque el precio de sustentación fue fijado por el Ministerio de Agricultura den 29 dólares la saca de 200 libras en cascara de grano corto y 31 dólares la saca de 200 libras de arroz en cascara de grano largo. Los agricultores señalan que estos precios no cubren sus costos de producción. Pero además, el gobierno reactivó la Unidad Nacional de Almacenamiento que ofrece comprar a estos precios el arroz de los agricultores de Guayas, El Oro, Los Ríos y Loja. Recordemos que esta empresa fue eliminada por el gobierno por austeridad fiscal, cuando ahora se entiende la importante labor que cumplía al establecer precios de sustentación.
Ante tal presión, el gobierno emitió, 3 de Setiembre, un decreto para recaudar de manera anticipada el impuesto a la renta de 2020 a grandes contribuyentes con ventas de más de 5 millones. Según la norma los recursos que genere tal tributo, estimado en 300 millones, irán a atender los pagos en salud. En el decreto se señala que hay valores pendientes de pago por 134,7 millones y deudas adicionales de 265,3 millones o sea un total de 300 millones. Recordemos que, un decreto anterior, con el mismo fin fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional. Pero esta vez, accedió al pedido del gobierno. Pero el presidente de la Cámara de Comercio de Quito rechazó el decreto. Pero que va a pasar con el pago a los maestros, a los jubilados del ISSFA, a otros empleados públicos, etc.
Como vemos, es sólo con la protesta social es que el gobierno se ve obligado a atender las demandas de pago de los empleados públicos, de clínicas privadas, proveedores y hasta de los agricultores que reclaman un pago justo por el arroz. La calle es la forma, que utilizan estos grupos, para exigir y obligar al gobierno que cumpla con los pagos atrasados. En Octubre del año pasado ya se demostró que, con la protesta indígena, solo la protesta social en las calles es el camino para que el gobierno cumpla con las demandas sociales.
Pensamiento y comportamiento 