Luis Rosero M.
Los dos casos de asesinatos recientes han conmocionado al país, reflejando el nivel de violencia a que hemos llegado elevando la inseguridad ciudadana, con una población que siente un mayor clima de temor y zozobra por su desprotección.
El primero fue el asesinato de la abogada María Belén Bernal que, al parecer, fue realizado presuntamente por Germán Cáceres, su esposo, teniente de policía, en una escuela policial. En varios medios de comunicación, como el programa A primera Hora, de Radio Sonorama, Fabricio Vela, entrevistó a varios expertos que dieron su opinión profesional sobre dicho caso; por otro lado A. Boscan hace una serie de revelaciones sobre la acción de dos generales de policía y la dra. DJ. Alma D. Blum plantea algunas denuncias. En resumen, de lo más relevante que se señaló por parte de estos voceros de opinión son las irregularidades en el proceso de investigación policial y de la demora de la Fiscalía en actuar, el que uno de los generales acompañó al teniente Cáceres a entrar a la habitación en que ocurrió el hecho sin que este presente un fiscal, que se presentó una denuncia en la DINASED, organismo de la policía, y no se llevó ésta a la Fiscalía. Además, el ministro Carrillo acusa al guardia que dejó entrar a M. Belén y se detuvo, por homicidio involuntario, a una cadete acusada en el caso. En síntesis, se trata de una serie de hechos para demorar y desvirtuar la investigación del caso. Pero además se revela como se manejan las altas esferas policiales. En el medio Región Network Ecuador se señaló que M. Belén llevaba causas de varios generales de Policía. Surgen muchas interrogantes, cuestionamientos y dudas en este caso. La madre de Ma. Belén ha calificado como crimen de estado y la reacción de los colectivos de mujeres y movimientos feministas fue la movilización y vigía reclamando por la desaparición y justicia en este caso a tal punto que frente a la Comandancia General de Policía protestaron y cantaron una canción alusiva al femicidio. Su grito Ni Una Menos ha retumbado en el país. La repuesta de Sergio Ordoñez, Secretario de Seguridad Pública, a la madre de Belén, fue “Las activistas que defienden la violencia, aquellos que quieren desestabilizar la institucionalidad de seguridad en el país ya encontraron aquí un motivo para crear un relato que pretende concluir que se trata de un acto institucional. Se trata de un acto de un mal policía y habrá que ver si hay más.” Pero los hechos hablan por sí solos y revelan mucho más que eso. La repuesta del Presidente, al regresar del país, fue pedir la renuncia al ministro Carillo, estudiar la baja al mando policial, la desvinculación de dos generales de la Policía y pedir perdón a la madre de Ma. Belén.
El segundo asesinato, ocurrido el 19 de Septiembre, en pleno centro de Guayaquil, fue al fiscal Edgar Escobar, que estaba encargado de casos de femicidio, narcotráfico y otros delitos. Sería el tercer fiscal asesinado, mostrando que no solo aumenta la inseguridad ciudadana sino además de los funcionarios judiciales. Se trata de formas de atemorizar e intimidar al personal de la Función Judicial para que algunos casos queden impunes o se alargue el proceso para diferir el caso. A pesar de que hay un mecanismo de protección para tales funcionarios, al parecer este no funciona. Dicho fiscal además estaba encargado del proceso judicial contra la estafa al ISSPOL, en el que participaba el Ministro Carrillo como acusador.
Estos dos hechos demuestran como, cada día, aumenta el nivel de inseguridad de la población pero en el que además resultan afectados los funcionarios judiciales, entre ellos jueces, encargados de llevar a juicio a estos casos y dictar sentencia condenatoria. En medio de la crisis institucional (de la Función Ejecutiva, Judicial, Asamblea Nacional), aumenta el grado de inseguridad que pone en jaque a la población que observa como las entidades encargadas de darle protección ciudadana cumplen cabalmente sus funciones o lo hacen de manera irregular. Lo revelado en el primer asesinato demuestran la urgente necesidad de una reforma profunda e integral a todos los organismos de seguridad del estado, incluida la organización y dirección de la policía, así como en la Función Judicial para que cumplan a cabalidad los establecido en las leyes y la Constitución. Estos son los problemas urgentes a los que hay darles solución. Si bien la mayoría estaría de acuerdo con la consulta popular, no hay que desviar la atención, por lo urgente de la coyuntura, en este momento a temas importantes pero no tan urgentes. Esperamos que se haga justicia, se reestructure totalmente la Policía y la Función Judicial por el bien del país, la sociedad ecuatoriana y la población que cada día se siente desprotegida por la inseguridad ciudadana.
Pensamiento y comportamiento 