Luis Rosero M.
Los últimos hechos de violencia han aumentado la inseguridad ciudadana; en lo social, continúan los problemas en los hospitales públicos y prestadores externos de servicios de salud; en lo político se toman decisiones erráticas y, en lo económico, se anunció una drástica caída del crecimiento económico en el II trimestre de este año y el riesgo país se ha elevado fuertemente. Todos estos eventos configuran una coyuntura que muestran, al parecer, un panorama de un país sin rumbo, con un gobierno que tarda o es ineficaz en enfrentar los problemas que agobian a la sociedad ecuatoriana.
El crimen de la Abog. Ma. Belén Bernal, el asesinato de un fiscal en pleno centro de Guayaquil, la captura de policías activos cometiendo delitos, los crímenes diarios de los sicarios -sobre todo en la zona 8-, el cobro de vacunas(cobro por protección) a transportistas y negocios, etc. muestran una tendencia de como la violencia sigue imparable y, al parecer, no existen estrategias para contenerlas. Por otro lado, la huida del principal sospechoso de dicho femicidio en una academia policial y la colaboración que, según informan los medios de comunicación, recibió de dos generales de policía revelaron el poder y cómo se maneja la cúpula policial. El crimen aumento el fervor de los colectivos de mujeres y movimientos feministas que reclaman justicia para el femicidio. El impacto en la sociedad ecuatoriana del aumento de la violencia es el temor colectivo y, a nivel de cada ciudadano, el miedo a salir a las calles para resguardarse de la violencia, lo que limita su movilidad afectando su bienestar social. Ya no hay paz ciudadana ni protección efectiva de la fuerza pública que la garantice. En estos momentos de gran violencia, valoramos muchos ese bien público: la seguridad ciudadana. La población realiza marchas contra la inseguridad para pedir protección.
Las decisiones del gobierno ante el femicidio de descabezar la cúpula policial, dar plazo para la captura del principal sospechoso del femicidio y pedir la renuncia al Ministro del Interior y nombrar a otro policía en su reemplazo, no parece ser lo más adecuado y suficiente para enfrentar la ola de violencia. Es muy importante que dicho ministerio este manejado por un civil y, por otro lado, es fundamental una estrategia para enfrentar a las bandas criminales para el control de la violencia. Aún con emergencia de seguridad y, el ejército en las calles, sigue imparable la violencia -sobre todo en la zona 8. Hace poco el Presidente viajó a Israel por temas de seguridad, ha cambiado a varios ministros del Interior y director de cárceles pero hasta ahora tenemos resultados eficaces en el control de la violencia.
En lo social, a pesar de que el gobierno ha implementado planes de provisión de medicinas en los hospitales públicos sigue el desabastecimiento, los pacientes salen a protestar por las deudas del Ministerio de salud con los prestadores externos ya que éstos no los atienden, hospitales y clínicas privadas solicitan dialogo con el gobierno para el pago de sus servicios, el Ministerio de Finanzas llega un acuerdo con el IESS para pagarle 300 millones, cuando la deuda del Ministerio con éste es de mas de 8 mil millones de dólares, el aumento de sueldo a los maestros no puede efectivarse porque el gobierno alega que no hay dinero, etc. ¿Cuáles son las prioridades de este gobierno en lo social? ¿No se atienden a tiempo estos problemas por ineficacia de la gestión pública o por contener el déficit fiscal? Después del paro de los indígenas, en Junio, el Ministro de Finanzas señaló que la prioridad sería el gasto social ¿al parecer otras son las prioridades?
Para complicar el panorama, en lo económico, el Banco Central anunció que el II trimestre, de este año, la economía creció 1.7%, respecto al mismo periodo del año anterior, y solo 0.1% respecto al I trimestre de este año y su argumento para esta baja fue el impacto del paro indígena de Junio. Un funcionario de Citi Research -no del Citibank como erróneamente había señalado- señaló que el crecimiento en 2022 sería solo 1.8% y que el 2023 apenas llegaría a 1.5%. Por otro lado, el riesgo país llegó a 1726 puntos que representa mas del doble de los 714 puntos con que se inició el gobierno. Estos se explicarían, a más de las condiciones económicas adversas, por las exigencias del paro indígena, precio del petróleo, escasa preferencias de los inversionistas y la falta de gobernabilidad. Esto significa que, en este año, continuará con problemas de desempleo y subempleo alto, que se agravarían en 2023. El gobierno insiste en su estrategia económica de apertura comercial, reforma laboral, reforma de inversiones, etc. pero, ya a un año medio de gestión, no logra concretar éstas. Aún más, sigue apostando a la política económica recomendada por el FMI, pues el Presidente anunció que buscaran un nuevo convenio con este organismo.
En síntesis, no hay certidumbre sobre la gestión pública en lo social, político, seguridad. No sabemos adonde va el gobierno y, aún más, en lo económico no se conoce que orientación tomará política económica y, en consecuencia, el rumbo económico del país. Con el anuncio de los organismos internacionales de una recesión mundial en 2023, el panorama económico se agravará en 2023 y esto llevará a un mayor deterioro del mercado de trabajo e incidirá en los niveles de pobreza, hambre e indigencia lo cual impactará en los niveles de violencia. Sigue latente la hipótesis, la ineficacia de la gestión pública obedece a ¿no actuar a tiempo ante los problemas que enfrenta -que los agrava- o impera la disciplina fiscal que no permite acceder a los recursos a las instituciones para que actúen como sucedió con el primer ministro de Finanzas de este gobierno?
Pensamiento y comportamiento 