Luis Rosero M.
La Argentina tiene una crisis económica agudizada por el deterioro social y agravada por el intento de asesinato a su Vicepresidenta que, en parte, obedece al discurso de odio de la oposición y el clima preelectoral. Lo crítico de la coyuntura es que estas crisis son recurrentes y de carácter estructural.
Reflejo de este tipo de crisis son los desequilibrios macroeconómicos, como es la escalada hiperinflacionaria qué a Julio su índice fue 7.4% y el interanual llegó a 71%. Parte de la fuente de inflación es su sistema cambiario que tiene 6 tipos de cambios diferentes que alimentan el alza de precios (el tipo de cambio mayorista alcanzó 139,01, el minorista 145,8 -el 1/09/2022- mientras que el blue – el del mercado negro marcó el viernes 2/09 $ 285 pesos por dólar). Además alimentan la inflación, las remarcaciones de precios de las empresas a pesar de que el gobierno mantiene el sistema de precios vigilados de la canasta básica. Para tratar de frenar la inflación, el Banco Central aumentó la tasa de interés de referencia de 60 a 69.5% que a su vez conduce a restringir el nivel de actividad económica. Pero, además el país enfrenta una restricción financiera externa pues las divisas que ingresan no alcanzan para cubrir sus necesidades de pagos al exterior. A eso se suma, las pérdidas de RMI. El saldo comercial negativo en junio y julio redujeron el superávit que venía manteniendo la balanza comercial en los primeros cinco meses del año. A eso se suma, una deuda pública representa el 80.1% del PIB y la externa llega a 31.5% (pública y privada). Para ilustrar la situación social solo basta señalar que los hogares bajo la línea de pobreza llegaron a 27.9% y, si consideramos por persona, 37.3% respectivamente en el II Semestre de 2021.
El exministro de Economía, M. Guzmán, del gobierno de Fernández, renegoció el acuerdo con el FMI, que Macri firmó en 2018 con el que obtuvo un crédito de 57.000 millones de dólares que ahora debe continuar pagando. Por ello, el FMI exige una reducción del déficit fiscal para asegurar el pago de dicha deuda. Para ilustrar el peso de la deuda externa, solo el pago de interés y capital de la deuda externa privada representó el 63% del superávit de la balanza comercial entre enero de 2020 y junio de 2022. La restricción financiera externa genera escasez de dólares que limita a las importaciones de los sectores productivos y pago de las obligaciones externas del país. Dicha restricción es agravada por prácticas ilegales y nocivas como la sobrefacturación de importaciones y subfacturación de exportaciones, el alargamiento de la liquidación de exportaciones pues mientras mas tiempo es este mayor será la obtención de pesos, a lo que hay que agregar la dolarización de algunos sectores de la economía que además de contribuir a la inflación aumenta la demanda de dólares. El gobierno tiene que negociar la liquidación, tal es así que proyecta crear el dólar soya, a un tipo de cambio conveniente para los exportadores, pues este producto es uno de los mayor exportación. Así mismo, también recorta el precio del biodiesel en gasoil. La necesidad de dólares obliga al gobierno a esta política pues requiere cumplir con las obligaciones externas y entregar divisas para las importaciones.
El nuevo ministro de Economía, Massa, anunció medidas económicas entre las que destaca la reducción del déficit fiscal. Para ello, ha reducido el subsidio de luz y gas y aumento de las tarifas de los servicios públicos como el del metro (subte); además se incrementan la carrera de taxis, los alquileres y pensiones de colegios. Además, el gobierno, reducirá el gasto público y congelará contrataciones públicas por 128 mil millones de pesos. Todas estas medidas son para alcanzar la meta de reducción del déficit fiscal al 2.5% del PIB.
Por el lado social, la inflación y las medidas señaladas reducen el salario real y aumentan el costo de la canasta básica disminuyendo la calidad de vida de la población y aumentando la pobreza y el hambre.
En síntesis, hay una grave crisis económica y social. El gobierno apunta a reducir el déficit fiscal rebajando subsidios sociales y aumentando precio de servicios públicos, lo que reduce el nivel de vida de la población. Pero, por otro lado, se ve asfixiado por la restricción financiera externa que le obliga a negociar y ceder con los exportadores agropecuarios para obtener dólares que le permitan cumplir con las obligaciones externas. La encrucijada es reducir los desequilibrios macroeconómicos a costa del sacrificio de la población mas vulnerable. Si sigue ese camino corre el riesgo de la explosión social. El primer campanazo se dio con la protesta que expresaba el velorio del salario mínimo por parte de movimientos sociales y la gran marcha de trabajadores y desempleados que reclaman una lucha contra la inflación que los está empobreciendo cada vez más.
Pensamiento y comportamiento 