Como he señalado, en los artículos anteriores sobre este tema, el acuerdo con el FMI tiene condicionamiento de reformas estructurales en varias áreas en las que se incluye la del mercado de valores. En este artículo, revisaré lo que estaría detrás de esta reforma específica que estaría ligada a intereses corporativos.

Señalé en un artículo en Setiembre de 2013, en el diario público, “El mercado de valores, es la fuente alternativa de financiamiento a la banca a menor costo y mayor plazo. Funciona con emisiones de valores de empresas (obligaciones, titularizaciones, etc.) que son vendidas a inversionistas captando recursos  para financiar sus proyectos de inversión. Actualmente dicho mercado está en declive principalmente por la menor participación del BIESS en el mismo.”…”En 2009 el Banco Central elaboró el proyecto de ley de mercado de valores y hasta Marzo/2013 el  Consejo Nacional de Valores, Superintendencia de Compañias (Supercias) y el Ministerio Coordinador de la Política Económica reelaboraron y recortaron  el proyecto original.” Entre los principales objetivos del proyecto del Banco Central constaban: la ampliación y dinamización del mercado de valores, democratización del capital y financiamiento, aumento de la confianza y seguridad del inversionista.

En Mayo de 2014 se aprueba la Ley para el Fortalecimiento y Optimización del Sector Societario Bursátil, una reforma a ley de mercado de valores, que si bien mantiene los principios señalados elimina algunos mecanismos establecidos en el proyecto del Banco Central. Entre los principales cambios están: se elimina el Consejo Nacional de Valores y se lo sustituye por la Junta de Regulación del Mercado de Valores (integrado solo por ministros), se define la banca de inversión (BIESS y casa de valores), las Bolsas de Valores pasan a ser compañías anónimas, se dan incentivos a la emisión de títulos, se obliga a las dos bolsas a formar un solo mercado, se regula los conflictos de intereses, se crea el Depósito Centralizado de Valores del Banco Central, etc.  La reforma además perseguía, como señalé en otro artículo sobre este tema, que “Hay también problemas de gobierno corporativo, se presenta el conflicto principal-agente y no ha habido renovación en la máxima autoridad del Directorio de las bolsas, sobre todo en el caso de Guayaquil, y los miembros de éste tienden a ser los mismos.  Se requiere una renovación en el máximo nivel directivo de las bolsas, de un CEO, agentes que dinamicen y le den un nuevo rumbo a este mercado. O sea  un recambio generacional.”  Esta reforma se complementa con otras disposiciones legales (Junta Bancaria, con resolución 2017-1973 y la ley de poder de mercado) que obligó a los bancos a vender sus casas de valores, administradoras de fondos y compañías de seguros. En Setiembre de 2014, con la expedición del Código Monetario y Financiero, se realizan nuevos cambios a la ley de Fortalecimiento.

Los datos de la evolución del mercado de valores ecuatorianos muestran que, en 2010, la Oferta Pública Autorizada fue de 1500 millones, concentradas en papeles de renta fija y a corto plazo, si bien en 2012 aumentó a 2000 millones, sin embargo, en 2014 vuelve al nivel de 2010, para que en 2015 y 2016  baje a la mitad de lo emitido en 2010. En otras palabras, el mercado sigue siendo poco dinámico, concentrado en renta fija y a corto plazo, por lo que no ha significado el desarrollo del mercado de valores.

Si bien ya las propias Bolsas de Valores plantean una nueva reforma al mercado de valores para dinamizar dicho mercado, el gobierno enviará el proyecto de ley de Fomento Productivo dos que tendría detrás, como ya señale en artículo de Febrero de 2019, devolverle la potestad a los bancos privados de poseer casas de valores, administradoras de fondos y compañías de seguros, con lo cual las instituciones financieras pasarían a controlar el mercado de valores y obtener recursos para sus actividades crediticias y de inversión en detrimento de la dinamización y crecimiento del mercado de valores.

En los tres artículos sobre este tema he señalado el ajuste fiscal y las principales reformas estructurales que se aplicarían. Del primero, se busca la reducción del déficit fiscal vía la reducción del gasto (eliminación de subsidios y recorte de gasto corriente e inversión) y aumento  de los ingresos (impuestos). De las segundas, se aplicaría una reforma del estado (achicamiento de su tamaño vía privatización: concesiones), reforma a la seguridad social (aumento de la edad de jubilación y aumento del aporte al IESS), reforma laboral (nuevos tipos de contrato, reducción de coste de contratación y despido, limite al salario mínimo, etc.), reforma al Banco Central (restitución de su autonomía y reimplantar su directorio, etc.) y límites al endeudamiento externo.

Se aplicarían además medidas para velar por la estabilidad financiera y reforma al mercado de valores. Tanto el ajuste y las reformas estructurales tendrán un efecto recesivo por lo que habrá una contracción económica (-0.5% en 2019, según el propio FMI), lo que implicaría el aumento del desempleo. En efecto el desempleo, a Marzo de 2019, con respecto al mismo mes del año anterior, aumentó 3.2%, o sea 261.000 fueron a la desocupación pero además aumento el subempleo y el trabajo informal. Como consecuencia de la contracción económica se prevé el aumento del riesgo de la estabilidad financiera, por lo que el FMI exige limitar el endeudamiento de los hogares, lo que significa restrongir y reducir el crédito a este sector. Pero en una contracción, cae la demanda agregada, lo que implica menos ventas para las empresas y en consecuencia menor capacidad de pago, lo que llevaría al aumento de la morosidad crediticia, lo que significaría el aumento del riesgo de liquidez y solvencia de los bancos. Para enfrentar estos, el FMI recomienda revisar el papel de la red de seguridad financiera y mejora de la resolución bancaria (que se aplica en caso de quiebra o cierre de una institución financiera) y adecuación del fondo de liquidez (que hace prestamos cuando los bancos reducen sus fondos líquidos) y de la garantía de depósitos (que devuelve depósitos de las instituciones financieras –hasta el mondo de la garantía- cuando quiebran o son liquidadas). Pero también se busca apoyar al sistema financiero y hacerlo más competitivo con una posible revisión del sistema de tasa de interés que se aplica que tienen un techo para evitar la usura. Esa decisión está relacionada con la reforma al banco central en lo referente a la restauración de su Directorio que retomaría el diseño y regulación de las tasas de interés que podría implicar la liberalización del mercado del dinero, que llevaría a que cada banco establezca su tasa de interés. Como se señala en la Carta de Intención, el FMI dice que para hacer más competitivo al sistema financiero  hay que eliminar los límites máximos de las tasas de interés y sustituir las regulaciones de liquidez por requisitos mínimos de liquidez.

Dentro del sector financiero privado, ante una contracción económica, el segmento que vería aumentado su riesgo de liquidez y de solvencia sería el de cooperativas de ahorro y crédito (COAC). En efecto, la política del primer Superintendente de Economía Popular y Solidaria, fue depurar las COAC para dejar solo las más financieramente sanas. Ante una crisis económica, las COAC que tengan debilidad en liquidez y solvencia, son las que más riesgo corren, por lo que se estima que se continuará con una política de mayor control y seguimiento a éstas a fin de mantener la estabilidad sistémica de las COAC y continuar con dicha política de depuración así como evitar el deterioro de los recursos del fondo de liquidez y seguro de depósitos, que son mecanismos para mantener dicha estabilidad y credibilidad en el sistema financiero. En la entrega final de esta serie de artículo sobre este tema trataré sobre la reforma al mercado de valores.