En un artículo, publicado en el diario público, señalé que la seguridad social pública tiene un déficit actuarial incluido el IESS, sobre todo el referido al fondo de pensiones y seguro de salud, por las inadecuadas políticas aplicadas. He mencionado además que el déficit global del sector público incluye a gobierno central, empresas públicas y seguridad social, y que el déficit de ésta última aumenta el déficit global. En la carta de intención, firmada por el actual gobierno, se estipula una reducción de dicho déficit, lo cual implica reducir el déficit de la seguridad social.

No se conoce el nivel actualizado del déficit actuarial del IESS, que sería en Junio del presente año. Las causas que han generado dicho déficit son, entre otras, la concesión de beneficios de servicios de salud a los hijos afiliados menores de 18 años, sin costo, el aumento de la burocracia del IESS, el bajo aporte de los afiliados al seguro campesino, las malas inversiones financieras, etc. La construcción de hospitales, incluidos los del día, y equipamiento de los mismos han reducido la liquidez del IESS, obligando a tomar de las reservas de dichos fondos para realizar y equipar las obras de infraestructura. Además, el déficit del fondo de pensiones se debe a que, según resolución 501 de Noviembre de 2015, se le disminuyeron sus recursos para trasladárselo al seguro de salud. Más aún, el eliminar el aporte del 40% del estado al fondo de pensiones, entre 2015 y 2017, agravó su situación. El gobierno actual restituyó dicho aporte, pero según diario El Expreso, basado en un borrador del informe actuarial del IESS, aún con dicha restitución, el fondo de pensiones podría sostenerse entre 19 y a 23 años, o sea que en 2042 los actuales afiliados no podrían acceder a la jubilación por carecer de recursos dicho fondo. Lo más patético es que, a pesar de nuevos hospitales, el servicio de salud del IESS sigue siendo deficiente.

Para enfrentar los problemas de déficit de seguridad social lo que hacen generalmente los gobiernos es incrementar los ingresos y reducir los gastos. Las medidas que aplican, en el primer caso, son aumentar la edad de jubilación, incrementar el monto de aporte de los afiliados, etc. Y para bajar los gastos, acuden a reducir los servicios a los afiliados, recorte de burocracia, reducir inversiones en infraestructura, etc. Según parece hacia allá van las medidas que se aplicarían con la reforma a la seguridad social en el país por efecto de los condicionamientos del FMI.

En efecto, el Presidente del Consejo Directivo del IEES, ha convocado a un acuerdo nacional para tratar la problemática del déficit del instituto. En declaraciones en radio y prensa ha dado a entender que se aumentaría la edad de jubilación. Actualmente, para jubilarse con una pensión completa (100%), se requiere 60 años de edad y 30 de aportes. La reforma según ha aclarado el IESS, en discusión, sería incrementar el tiempo de contribución de los afiliados (en otras palabras aumentar la edad de jubilación a 70 años o más de edad), lo que implicaría más años de trabajo y aportación para recibir una  pensión completa, lo que aliviaría la presión de liquidez al IESS pues alargaría el plazo, un quinquenio, del pago de las jubilaciones de los actuales afiliados. Otro planteamiento de dicho presidente, según la revista Vistazo, es que los afiliados contribuyen con doce aportes, pero el IESS paga 14 pensiones (incluidos décimo tercer y cuarto sueldos) que no están financiadas.  Sin embargo tal afirmación no se sustenta, pues en los roles de las pensiones de los jubilados consta un descuento para financiar dichos décimos, lo que se quiere justificar es un aumento del aporte de los empleados y trabajadores. Además, se pretendería, en la reforma, también un aumento del aporte  de patronos, lo que aumentaría el ingreso del IESS pero significaría menores ingresos netos para los afiliados.

Por el lado de los gastos, el Presidente del Consejo Directivo del IESS, ha cuestionado por los servicios de salud que el IESS brinda a los hijos menores de 18 años de los afiliados, dando a entender que se eliminarían o si quieren recibirlos se los cobraría, que sería una medida que contribuiría a reducir gastos. En todo caso si se quiere enfrentar el déficit actuarial del IESS debe tomarse medidas que, por el lado de los ingresos, no se ponga el acento sobre los futuros jubilados al aumentarse la edad de jubilación sino que contribuyan de manera tripartita y equitativa patronos, trabajadores y estado y, por el lado de los gastos, se aumente la eficiencia en los servicios pero no se vaya al extremo de privatizar los servicios de salud,  se realicen los recortes de servicios pero que no afecten la prestación óptima de los servicios de salud de jubilados y afiliados. Se requiere profundas medidas estructurales para sanear al IESS, pero deben hacerse gradualmente y el estado y los afiliados aporten en función de sus ingresos. En otras palabras, que no se cargue el peso del ajuste del déficit actuarial sobre los trabajadores y jubilados. Si hay que ajustarse los cinturones, el sacrificio debe hacerse en función de la capacidad económica de los afiliados.

Además del ajuste fiscal (tratado en el artículo anterior) el convenio con el FMI, para acceder al crédito de servicio ampliado, impone reformas estructurales en: el estado, mercado de trabajo, sistema financiero, banco central y mercado de capital, que habíamos señalado, en artículos anteriores,  exigiría el FMI.

En cuanto a la reforma del estado hay dos aspectos claves: la reforma tributaria y el achicamiento de su tamaño. Respecto a lo primero, como ya dijimos en el artículo anterior, por el lado de los ingresos, lo clave es el aumento del IVA, la eliminación del ISD (de forma gradual), de algunos impuestos con escaso rendimiento recaudatorio y aumento de precio de precios de servicios públicos (entre ellas de la luz, agua, etc.).  Por el lado de gasto tributario, se reduciría el subsidio al diésel y gasolina extra y eliminaría algunas exenciones a impuestos (incluye las del IVA), regímenes especiales y preferencias para algunos sectores. Por el lado del tamaño del estado, se liquidaría a 50.000 burócratas con contrato temporales y se daría en concesión algunas empresas públicas (CNEL, hidroeléctricas, hospitales, etc.). Como ya hemos señalado estas medidas tienen un efecto recesivo y aumentarían el desempleo.

Respecto a la reforma al mercado de trabajo se busca actuar por el lado de la oferta que, según la teoría microeconómica, afecta la contratación de empleados por la rigidez en la contratación y el alto costo de contratación y despido. Para el primer caso, se exige el aumento del plazo del período de prueba (actualmente de 3 meses, los empresarios piden 3 años) y  ampliación de la flexibilidad en los contratos según el plazo (contratos por horas y a tiempo parcial) que ya se aplican en ciertos subramas del sector agrícola (florícola, etc.). En relación al costo, se plantea la reducción la indemnización al trabajador cuando su renuncia sea voluntaria. También se busca incentivar el empleo de jóvenes y mujeres, para ello está por incluirse en la legislación laboral el teletrabajo. El gobierno inició inicio los programas de Primer Empleo y Empleo Joven.

En relación al Banco Central, habría una reforma en su marco institucional, se le devolvería la autonomía financiera y administrativa, lo que implicaría reestablecer el directorio que se haría cargo de la política monetaria, crediticia, financiera y cambiaria. En el fondo, respecto a la primera se buscaría que el mercado monetario se liberaría. Actualmente hay un techo para las tasas de interés, la reforma implicaría que se eliminaría dicho techo y habría mercado libre en lo monetario, lo cual, según el FMI,  implicaría fomentar la competencia y cada banco establecería su tasa de interés, para de esa manera la asignación de los recursos financieros se realice  en función del riesgo y plazo.  Además se reimplantaría la auditoría interna fuerte, con las mejores prácticas internacionales, con un Comité de Auditoría, y la rendición de cuentas. Todos estos cambios, también implicaría devolverle al Banco Central el control de la liquidez de la economía. La reforma al marco institucional de dicho banco implicaría cambios en el Código Monetario Financiero, entre ellas, las funciones de la Junta Monetaria que tendría solo a cargo la regulación del mercado de capitales, del sector bancario público y algunas funciones macroeconómicas.

En síntesis, las reformas estructurales exigidas por el FMI implicarían echar abajo algunas reformas instituidas por el correismo como las realizadas en el Código de Trabajo, ley de Empresas Públicas, Código de Finanzas, Código Financiero y reformas tributarias.

Las recientes elecciones seccionales, de Marzo de 2019, han marcado un cambio en el panorama y tendencias políticas que implican una recomposición de los bloques políticos que son importantes para las elecciones presidenciales de 2021.

En primer lugar, Alianza País, el movimiento formado por Correa, que dominó la escena política por una década, ha sido casi borrado del mapa. En efecto, en 2017, el presidente Moreno, se apropió de dicha tienda política y se quedó con más de la mitad de sus asambleístas. En esta elección, habiendo sido la primera fuerza política, el ala morenista perdió espacio, fue desplazada por otros movimientos y partidos. En efecto, solo ganó 9 alcaldías y de 10 prefecturas que alcanzó en 2014, en esta elección obtuvo solo una. Logró 24 alcaldías, 15 en alianza. En Guayas, de 14 alcaldías que tenían en 2014, en 2019, solo logró una. En cambio, el ala correísta, resurgió, a pesar de los casos de corrupción y enjuiciamiento de su líder y sus altos colaboradores (Vicepresidente preso acusado en la trama de Odebrecht). En efecto, alcanzó la prefectura de Pichincha, quedó segundo en la Alcaldía de Quito, pero tiene la mayoría de concejales, ganó la prefectura de Manabí y tiene dos representantes en el Consejo de Participación Ciudadana. Según datos de diario El Universo, tendrían 1.4 millones de votos, con candidatos propios y en alianza para alcaldes y prefectos, con lo que serían la cuarta fuerza política, A pesar de que Correa está en el exterior, el resultado electoral muestra el resurgimiento del correísmo y que todavía está presente y latente en la escena política. La declaración del líder de la derecha tradicional, Jaime Nebot, al señalar que “Rafael  Correa no es un muerto político, es un hombre importante en la política del Ecuador“(El Universo, 26/03/2019), deja claro su vigencia en el panorama político aun estando ausente del país.

Una de las alas de la derecha, el PSC y MdG, liderados por Nebot, ganó 8 de las 23 prefecturas: 5 individualmente (Guayas, Los Ríos, Esmeraldas, Cañar y Carchi) y 3 en alianza (Imbabura, Sta. Elena y Pastaza) siendo el partido que tiene el mayor número de esta dignidad. En cambio, para las alcaldías, logró 42 alcaldías, de las cuales 32 en alianza. En la costa, triunfó en Guayas: Guayaquil, Duran (en alianza) y Samborondón; Los Ríos: Babahoyo, Quevedo (en alianza); Manabí, Portoviejo (en alianza); Santa Elena: Salinas (en alianza); en la sierra, en Chimborazo: Riobamba (en alianza); Cañar: Azogues; Imbabura: Ibarra. Sin embargo, perdió las  3 alcaldías en El Oro: Machala, Pasaje y El Guabo; en Tungurahua: Ambato, en Azuay: Cuenca. En Guayas, ganó 19 de las 29 juntas parroquiales. Con este resultado, por el número de prefecturas y alcaldías, es la primera fuerza política. Sin embargo, sí consideramos el número de votos de sus candidatos y en alianzas a alcaldías, según el mismo diario, votaron 1.9 millones, pero sólo 17.7% fueron para sus candidatos propios. En Prefecturas, alcanzó 1.7 millones de electores con sus candidatos y en alianza. Se confirma que el PSC-MdG es un partido regional de la costa, con menor peso en las provincias de la sierra. En esta elección, ha ganado espacio con las prefecturas que le dan cobertura provincial y en las principales ciudades de Guayas y Los Ríos. Los resultados, a nivel nacional, muestran que tiene poca cobertura en la sierra y oriente, lo que complica la aspiración de Nebot para su candidatura presidencial en 2021, lo que implica que si quiere triunfar deberá hacer alianzas con otras fuerzas políticas de la sierra y oriente.

La otra ala de la derecha, CREO, mantuvo una prefectura, en alianza (Loja), y obtuvo 9 alcaldías solo ( y 25 en alianza, lo que complica las aspiraciones presidenciales de su líder Guillermo Lasso. Es la segunda fuerza política según estas dignidades, pero con los datos del mismo diario, habría alcanzado 2 millones de votantes, con lo que serían la tercera fuerza política.

La tercera fuerza política es el movimiento indígena que, con Pachakutik, logró 5 prefecturas en las provincias de Azuay, Tungurahua, Napo, Morona Santiago y Cotopaxi –en alianza- (en 2014 había obtenido solo tres) y 18 alcaldías, cuatro en alianza. Comenzó a despegar Democracia Sí que alcanzó 5 prefecturas (todas en alianza) y 32 alcaldías (8 de ellas en alianza), que serían según el número de estas dignidades la cuarta fuerza política, pero según datos del mismo diario, si tomamos en cuenta los que votaron por sus candidatos a alcaldes o prefectos o en alianza alcanzarían 2.2 millones, se convertirían en la segunda fuerza política.

Otra tendencia importante es que muchos movimientos locales y alianzas alcanzaron 10 prefecturas (entre ellas Sucumbios, Orellana, Pastaza, Santa Elena, Bolivar, Santo Domingo e Imbabura) y 109 en alcaldías. En cambio,  se marca el ocaso de Fuerza Ecuador (Bucaram), Adelante Ecuatoriano Adelante (Alvaro Noboa) y Centro Democrático (Jimmy Jairala). PSC e ID, lograron débiles resultados.

En síntesis, las elecciones seccionales de 2019, muestran una tendencia al repunte del ala tradicional de la derecha (PSC-MdG), el resurgimiento del correismo, la borrada del mapa de Alianza País (la ala morenista), el desplazamiento a tercer lugar del ala de la derecha CREO, el fortalecimiento del movimiento indígena con Pachakutik, el fortalecimiento de Democracia Sí e ID y la casi desaparición de Fuerza Ecuador, Ecuador Adelante y Centro Democrático. Las posibilidades presidenciales de Nebot para 2021 podrían fortalecerse con alianzas y el resurgimiento del correísmo podría apuntalarse con lo que realicen en las prefecturas ganadas y la acción de sus concejales en Quito.