El segundo año de gobierno de Moreno marca un viraje en los tres ámbitos. Hacia una visión ortodoxa en la política económica y, en lo político e ideológico se reorientó a la derecha expresada en una contrarreforma institucional, una contrarreforma monetaria-financiera y pactos con una fracción de la derecha. Esta tendencia, tiene entre sus principales principios: libertad individual, libre mercado, escasa regulación y sector privado motor de la economía.

La contrarreforma institucional busca echar abajo la creación de nuevas funciones del estado y la reestructuración de otras basándose en la independencia de éstas.  Se trata de echar abajo las reformas del correismo para lo cual se revisó o se reformaron las normas de la función judicial, la ley de comunicación, se destituyó a los jefes de las instituciones de control y se nombró a otros, se va en camino de eliminar el CPCCS, etc.

En la política económica dicho viraje se muestra claramente al haber llegado a acuerdos con el  empresariado, tal es así que se nombró como Ministro de Finanzas a un presidente de las Cámaras Empresariales y, por otro lado, el acuerdo con el FMI  define ahora la política económica. En éste se obliga a un ajuste y reformas estructurales. En el primer año de gobierno se aplazó el ajuste, se aumentó el endeudamiento externo y se mantuvo los niveles de gasto público. En el segundo año,  se inició el viraje con  la ley de fomento productivo que redujo las multas y recargos de impuestos, se disminuyó algunos tributos y se dio una serie de incentivos al sector privado. Con el acuerdo, ya se despidieron miles de burócratas, se liberalizó el precio de la gasolina super y se recortó el gasto público, principalmente el de inversión. Para el tercer año se viene un ajuste fiscal, más austeridad que es uno de los condicionamientos en el acuerdo con el FMI.

Entre las principales las reformas estructurales, que se concretaran con reformas legales, en los dos últimos años del gobierno, se incluyen la laboral, del estado, monetaria-financiera (cambios institucionales en el Banco Central, al mercado de valores) y de competitividad. En cuanto a la primera, el Ministro de Trabajo anunció que se enviará un proyecto de reforma del Código de Trabajo en el que destaca la flexibilización laboral que incluye el trabajo por horas, a tiempo parcial, eliminar indemnización por despido, etc. lo cual permitirá reducir el costo de contratación y despido que es, según el FMI y los empresarios, la causa del desempleo. En una entrevista a G. Lasso, con La Posta, acepta que llegaron a un pacto con el gobierno, entre otros aspectos, para aprobar la reforma laboral. Además se difundió por medios de comunicación que se va a enviar el proyecto de ley fomento productivo dos que contemplaría más incentivos (reducción y eliminación de impuestos y otros beneficios) para empresarios.

En cuanto a la reforma del estado, se dictó un decreto ejecutivo que nombró una comisión gubernamental que se encargará de reducir el tamaño del estado. Además de lo que había declarado uno de los asesores presidenciales (concesión CNT, CNEL, hidroléctricas, etc.) que son empresas rentables, se difundió por los medios de comunicación que entrarían dentro del paquete de reducción del tamaño del estado: el Banco del Pacifico, Refinería de Esmeraldas, etc. Revisando los estados financieros de dichos bancos, se desprende que es uno de los bancos más rentables del sistema financiero.

Con la reforma monetaria-financiera, se devolvería la independencia al Banco Central y se liberalizaría el mercado del dinero y, en la reforma al mercado de valores, se devolvería la potestad a que los bancos privados puedan tener casas de valores, administradoras de fondos y, además, aseguradoras.

El cambio político, más bien consitió en pactar con CREO (derecha), BIN y otras fuerzas políticas, lo que le permitió al gobierno dejar de lado a PSC-MdG, para captar con un asambleísta de Alianza País (AP) la presidencia de la Asamblea, con lo cual aseguran la mayoría que les permitirá aprobar las leyes para implementar las reformas estructurales impuestas por el FMI. En lo ideológico, AP dejó de ser un movimiento progresista y  pactó con la derecha  alineándose a los postulados y principios de la derecha.

En síntesis, en el segundo año de gobierno, el manejo económico viró hacia el neoliberalismo y en lo político y ideológico se identifica con la derecha; en los dos últimos años de gobierno se espera se aplique más ajuste y las reformas estructurales señaladas, cuya orientación es hacia mayor austeridad, el imperio del mercado libre sin cortapisas y el sector privado sea el dinamizador de la economía. Quedan pendientes las promesas de campaña de gobierno como las entrega de viviendas populares (parte de lo cual sería posible por el crédito del BID para este propósito) y las metas de empleo, lo cual sería difícil de cumplir ya que el propio FMI pronostica una contracción de la economía, por la austeridad, para el próximo año. La calificación de la gestión del gobierno se ve reflejada en la aprobación, por la población, que registra una reducción a 25% en la gestión del ejecutivo.

La coyuntura económica y social de Argentina se está deteriorando, sus principales indicadores van a la baja y el gobierno parece no controlar la situación y, más aún, la situación política se complica dada las próximas elecciones, por la baja de aceptación del gobierno.

En el sector real, al cuarto trimestre de 2018, había 7.6 millones en la informalidad,  5.2 millones de trabajadores por cuenta propia, el desempleo aumentó a 9,9% y el subempleo alcanzó 12.8%. Está tendencia causó deterioro social. Así, el nivel de pobreza de los hogares paso de 19.6% a 23,4% entre el I y II T de 2018 y, en los mismos períodos, el nivel de indigencia de los hogares aumentó de 3.8 a 4.8%. En 2019, el nivel de actividad está cayendo. Según el diario Ámbito Financiero, en marzo, de este año, la industria cayó -13,4%; en abril, la producción automotriz se contrajo en 34% y, la construcción, en el primer trimestre acumula caídas por -11.3%. En 2018, la contracción de la economía fue de -2.5% y, con los datos señalados, la crisis fue aún más, por lo que debieron haber deteriorado los indicadores antes señalado, por lo que hubo aún más agravamiento de las condiciones del mercado de trabajo.  

El tipo de cambio, sigue en continuo aumentando. Al 1 de Abril la cotización del dólar minorista alcanzó 43.8 pesos y al 14 de Mayo llegó a 46.1, o sea, en mes y medio, la devaluación fue de 5.2%, lo que implicaría que el dólar podría llegar, a fines de 2019, 50 pesos o más, dependiendo de la situación política. Este aumento del tipo de cambio conduce a más inflación. En abril, si bien la tasa de inflación bajó a 3.4% la anual llegó a 55.8%. Se espera además un ajuste del precio de las naftas y del gas, lo que incrementaría el ritmo de alza de precios. Si sigue esta tendencia, la inflación alcanzaría al fin de año alrededor de 60%. Consecuentemente, el poder de compra de la población va cada día disminuyendo. Para contrarrestar estos efectos, el gobierno reimplantó el programa de precios cuidados, un acuerdo con empresas para limitar el alza de precios, que tenía 56 productos. Dado el aumento de la inflación, se decidió incluir 543 productos dentro de ese programa. De este hay unos productos esenciales cuyos precios se mantendrán congelados hasta Octubre de 2019.

Para controlar el tipo de cambio el gobierno utiliza dos mecanismos. La venta de reservas y aumento de la tasa de interés. El primero significa un drenaje de la RMI y, con el segundo, la tasa ha llegado hasta 70% para restar liquidez y frenar la compra de dólares. La tasa interbancaria llegó, al 13 de Mayo, a 68%, lo que significa que la tasa activa bordearía el 80%. Esta política de tasa de interés conduce a mayor costo financiero para la actividad productiva, generando más recesión.

La situación política genera más incertidumbre. La tasa de aceptación de Macri es negativa (-31-7%) y sigue cayendo mientras que la de Cristina Kirchner aumenta. El triunfo del peronismo en Córdoba reeligiendo al gobernador y el anuncio de la Confederación General de Trabajadores para el 29 de Mayo agrava el escenario. En síntesis, el gobierno de Macri parece no tener bajo control a la economía. El círculo vicioso devaluación-inflación-aumento de la tasa de interés genera más contracción de la economía, aumento del desempleo y subempleo e incremento de la pobreza e indigencia. Con el cumplimiento de los condicionamientos del FMI y su política de austeridad lleva a más recesión. Al parecer el gobierno está envuelto en este círculo perverso del cual le es difícil salir. El descontento y deterioro social sigue aumentando y, con una posibilidad de perder las elecciones, al parecer, el gobierno de Macri llega a su fin y la posibilidad del triunfo del peronismo genera mayor incertidumbre y proyecta un escenario económico más complicado.

Tanto en la situación y política económica y social de Argentina y Ecuador hay coyunturas y acciones parecidas pero también en política. Macri enfrenta una coyuntura económica complicada por la subida del dólar, recesión, aumento del desempleo, pobreza e indigencia y convenio con el FMI. Moreno afronta una recesión, aumento del desempleo y pobreza, desequilibrios macroeconómicos y un convenio con el FMI. Ante esta difícil situación ambos gobiernos han propuesto el diálogo como una estrategia política para desviar la atención de los críticos problemas socioeconómicos.

En efecto, Macri presentó 10 puntos para ser discutidos entre las fuerzas políticas y alcanzar a un pacto de estabilidad, que son: equilibrio fiscal, independencia del Banco Central, crecimiento de las exportaciones, seguridad jurídica, creación de empleo a través de legislación laboral moderna, reducir la carga impositiva, consolidación del sistema previsional que de seguridad a jubilados actuales y futuros, reglas para transferencias a gobiernos provinciales, sistema de estadística profesional y cumplimiento de obligaciones con los acreedores. Los puntos claves de este diálogo son la reforma laboral, alcanzar equilibrio fiscal, independencia del Banco Central, la reducción impositiva y la reforma a la seguridad social. Es una estrategia política de Macri, que básicamente trata de obtener alianzas con otras fuerzas políticas y dividir al peronismo para buscar su reelección.

En el caso de Moreno, en cambio se trata de alcanzar un Acuerdo Nacional con la sociedad civil, gremios y partidos políticos sobre los temas de Educación, Seguridad Social; Competitividad, Empleo e Innovación; Democracia y Reforma Institucional; Sostenibilidad y Cambio Climático; Seguridad Ciudadana y No Violencia y Prevención de Adicciones. Según el Vicepresidente se trata de obtener consenso con varios sectores. El telón de fondo de dicho diálogo es el acuerdo con FMI y la contrarreforma institucional que está llevando a cabo el régimen. En el convenio con dicho organismo internacional hay el condicionamiento de varias reformas estructurales entre las cuales están la reforma laboral, lograr equilibrio fiscal, la reforma a la seguridad social,  la reestructuración del Banco Central y, algo implícito que es el pago de la deuda externa. Entre los aspectos básicos de la contrarreforma institucional se incluye la reforma judicial, los cambios en el CPCCS, reforma al Código de la Democracia, etc.

Entre estos, los temas más conflictivos son la reforma laboral, la reforma a la seguridad social y el equilibrio fiscal (que implica mayores ingresos públicos y recorte de gastos). Así como se hace en los proyectos de infraestructura que tienen impacto ambiental cuya primera actividad es la socialización del proyecto y detectar la reacción de la población a fin de viabilizar el mismo, el diálogo nacional lo que busca es sensibilizar y convencer a la gente de los beneficios de las reformas para aumentar el empleo, darle viabilidad financiera a la seguridad social y la necesidad de obtener más recursos a través de mayor recaudación de impuestos a la gente y no a empresarios (ya que desalentaría la inversión) y reducción del tamaño del estado. En otras palabras, el llamado Acuerdo Nacional es un camuflaje y manejo mediático para darle opacidad a los efectos sobre el bienestar de la gente del paquete de reformas exigidos por el FMI, así como las medidas que se aplicarían para desmontar la reforma institucional del régimen anterior y desbrozar el camino para el imperio del mercado libre en los mercados de trabajo, bienes y financiero. En suma, una política neoliberal que prepare el terreno para el funcionamiento, sin cortapisas, de una economía de mercado y darle más poder a un gobierno de derecha.

Es claro que se necesita un cambio estructural pero este no debe hacer recaer el peso de la crisis sobre los sectores mayoritarios, sino que debe implicar sacrificio sobre todo para  los sectores que más recursos tienen. Las reformas del gobierno conducen a mas concentración del ingreso y la riqueza, se requiere más bien desarrollo con equidad, reparto más equitativo del ingreso y riqueza, mayor empleo, reducción de la pobreza y aumento de la calidad de vida de todos, en particular de los más vulnerables. Se trata de la visión corporativa torcida que busca la implantación de un capitalismo salvaje.

El gobierno ha trazado un camino en lo político, económico y social que genera una serie de efectos en el país y en la sociedad que llevan a preguntarse ¿hacia dónde vamos? ¿Qué nos espera al final del camino? ¿Cuáles son las consecuencias de escoger este camino? En este artículo, tratamos de responder a estas interrogantes.

En lo político, el gobierno ha desbaratado al movimiento Alianza País y con las últimas elecciones seccionales ha logrado reducirlo a casi nada. En efecto, ha perdido espacio político que ha sido llenado por la derecha y movimientos nuevos, con sus políticas y errores ha terminado en un régimen débil y con escasa credibilidad, que marcan el ocaso del mismo. Ha pactado con la derecha para abrirle el camino del acceso al poder.

En lo económico, en el primer año, su aplazamiento del ajuste, llevó a una profundización de los desequilibrios macroeconómicos y endeudamiento externo. En este segundo año, antes y con el convenio con el FMI, dio un giro en la política económica hacia el neoliberalismo, aplicando medidas de austeridad, ajuste y reformas estructurales exigidas por este organismo internacional y con un cronograma estricto. Así, para Junio, de este año, se presentarán proyectos de ley para una reforma laboral (flexibilidad que, según el FMI, abarata la contratación y despido, incentivará el empleo) y  reforma al Código Orgánico de Planificación y Finanzas que fortalecerá el papel del Ministerio de Finanzas, establecerá las reglas de austeridad y eliminará instituciones, entre ellas, Senplades. En Octubre, le tocará el turno a la reforma fiscal que aumentara tasa de impuestos (IVA) y/o ampliará la base de otros, eliminará exenciones de impuestos a la renta y otros, se establecerá una estructura impositiva en que predominará la tributación indirecta y se eliminará el ISD. A eso se suma la reforma a la seguridad social que, a fines de año o inicio del siguiente, implicará el aumento de la edad de jubilación, el incremento del aporte de los afiliados y la eliminación de algunos servicios prestados. Este conjunto de medidas y otras generaran un efecto recesivo (reconocido por el FMI, que establece crecimiento negativo para 2019), contrayendo la economía, aumentando el desempleo, crecimiento del sector informal, disminución del nivel de vida y aumento de la pobreza.

En lo social, como ya hemos señalado, el impacto de las medidas obliga a un reforzamiento de los programas sociales del Plan Toda una Vida, revisión del Bono de Desarrollo Humano, del programa para discapacitados y de la tercera edad. A eso se agrega, el plan de vivienda, que permitirá entregar a los más pobres viviendas subsidiadas.

En síntesis, el camino trazado, en lo político, destruyó Alianza País y abre el camino al poder a la derecha; en lo económico, para reducir los desequilibrios macroeconómicos implicará una política que busca favorecer la inversión privada, reduciendo impuestos y dando incentivo, un restablecimiento del mercado libre –mercado de trabajo y de combustibles-, concesiones de empresas públicas que favorecerán a los empresarios; la liberalización del mercado del dinero (eliminación de topes a tasa de interés) y reformas al mercado de valores que aumentaran la rentabilidad del sistema financiero y una reforma a la seguridad social cuyos costos lo pagaran afiliados y jubilados.  En lo social, se resume en que el peso de la crisis caerá sobre los sectores más débiles de la sociedad y la contracción de la economía sería de por lo menos de un cuatrieno.