Luis Rosero M.

El gobierno ha logrado la aprobación de tres leyes económicas urgentes y ha lanzado una serie de decretos en diversas materias que buscan una serie de reformas en el ámbito económico-monetario- financiero y otras áreas. Las primeras se inscriben en el nuevo acuerdo del Servicio Ampliado del Fondo (SAF) por 5000 millones, con el FMI, que establece la direccionalidad y condicionamiento de la política económica que aplicaría el país. Fuera del ámbito señalado se propone intensificar las acciones en seguridad y lavado de activos, atracción de inversiones, mejorar la gobernanza en el sector monetario-financiero y la estabilidad del sistema financiero.

En efecto, al SAF inicial de 4000 millones se le agregó un crédito adicional de 1000 millones con lo que el nuevo SAF es de 5000 millones. Hay nuevas metas y exigencia de aplicación de reformas estructurales. El periodo de vigencia del nuevo SAF es 2025-2028, con un periodo de gracias de 4 años,  los pagos al organismo multilateral deberán iniciarse en 2028. Este nuevo acuerdo le abre las puertas al país para acceder a nuevo endeudamiento de otros organismos multilaterales.

El ajuste fiscal, en ese periodo, será de 4.4% del PIB. El 3.8% del peso del ajuste vendrá por el lado de los ingresos (4900 millones) y el 0.6% restante mediante la reducción del tamaño del estado (774 millones). O sea, un ajuste de 5600 millones en4 años. En 2025, el ajuste será de 1.3%, en 2026 de 1.3%, en 2027 de 1.1% y en 2028 de 0-7%. Por lo tanto, el ajuste será gradual. Las condiciones del FMI son aplicar una reforma tributaria estructural, revisión de subsidios, reforma del sistema de compras públicas y mayor control del gasto, reformas en el área de la energía y producción, fortalecimiento de la seguridad social y reformas financieras.

La reforma tributaria estructural pretende incrementar los ingresos no petroleros 5.1% del PIB que incluye 2.7% del PIB en impuestos (más de 3400 millones). En 2025, ya se aplicó, en junio, una tasa de fiscalización a las empresas mineras que recaudaría entre 200 – 220 millones. Otras medidas serían eliminación de exoneraciones ineficientes (impuesto a la renta a empresas), tributos a comercio electrónico, reformas al régimen fiscal minero (hasta diciembre de 2025) y cambios en el marco tributario en hidrocarburos y energía.

La revisión de subsidios comenzó a aplicarse desde junio, de este año, con la eliminación del subsidio al diésel del sector atunero.  Además, se eliminó el subsidio a las tarifas eléctricas de las industrias de alto y medio voltaje que recaudaría 256 millones. Esto también se aplicaría a la minería.

La reducción del tamaño del estado, que reduciría el gasto público, será a través del despido de personal y la fusión de ministerios y secretarias. En lo primero, se aprobó la Ley de Integridad Pública, en junio de este año, que introduce una reforma a la LOSEP, y su reglamento se publicó en julio. Para viabilizar esta reforma el Ministerio de Trabajo emitió un reglamento para la evaluación de desempeño que incluye la supresión de puestos y las indemnizaciones correspondientes. La meta es despedir a 5000 funcionarios. Con la fusión de 6 ministerios pasan de 20 a 14 y las secretarias se reducen de 9 a 3.

Según el Centro de Investigaciones del Colegio de Economista del Pichincha, el déficit fiscal en el primer quimestre de 2025 fue de 1306 millones. El gobierno espera que con estas medidas y otras el déficit fiscal en 2025 se reduzca al 3% del PIB (alrededor de 3000 millones).

El ajuste fiscal, si bien contribuye al equilibrio de las cuentas públicas, afecta al crecimiento económico. El Banco Central proyecta una tasa de crecimiento del 2.8% para 2025. Sin embargo, después de la contracción económica de 2% de 2024, comenzó, en el I trimestre de 2025, la recuperación de lo perdido con una tasa de crecimiento de 3.4%. Las medidas de ajuste frenan el crecimiento, por ello el propio FMI estima un crecimiento solo de 1.7% mientras que el Banco Mundial proyecta una tasa de 1.9%.

Pero no solo importa la magnitud del ajuste sino también su calidad. Si bien son necesarios reducir los desequilibrios macroeconómicos hay que considerar su dosificación y prioridad de ellos. Se ha puesto énfasis, con el nuevo SAF, en lo fiscal. Previo a la elección presidencial, en la primera vuelta, se concedieron subsidios, en alrededor de 600 millones, pero con fines clientelares. Después de la fiesta, ahora se busca austeridad. Todo ajuste fiscal es de carácter recesivo por lo que, dada la contracción económica del año pasado, debería priorizarse la reactivación económica inicialmente con inversión pública, asociaciones público privadas y dar incentivos a la inversión nacional. Esto último requiere aumentar el crédito al sector privado productivo (más bien el FMI estima que la variación de éste pase de 6.2% al 3.1% entre 2024-2026). Mas bien el SAF, orienta la inversión extranjera directa (IED) en sectores primarios (minería, petróleo y energía), pero ésta no aumentará si no hay seguridad jurídica y mejora en la seguridad (el propio FMI proyecta que la IED aumentaría de 0.2% al 0.8% del PIB entre 2024-2026). En efecto, ya hay estudios que señalan que la inseguridad ciudadana limita el crecimiento económico. Si no hay mayor dinamismo económico, no habrá suficiente generación de empleo pleno, uno de los principales desequilibrios estructurales en el sector real.

A pesar de que, según los enunciados, en el acuerdo con el FMI, se plantea la sostenibilidad de la deuda, sin embargo, se alienta el aumento de la deuda externa con organismos multilaterales y el ingreso al mercado internacional de capitales en 2026. He señalado que, en el país, se profundiza el circulo vicioso:  déficit fiscal – endeudamiento público, principalmente externo – reformas tributarias – renegociación de deuda externa. Si no se rompe este círculo, habrá más restricciones al crecimiento económico. En lo que si pone énfasis es FMI es el aumento de la RMI, que si bien es importante para fortalecer la dolarización -sobre todo con aumento de exportaciones- también sirve para cubrir los compromisos financieros internacionales, como el pago de la deuda externa.

Finalmente, la fusión de ministerios debe tener una lógica positiva. Así, por ejemplo, se va a fusionar el Ministerio del Ambiente con el de Energía, pero aquí claramente hay un conflicto regulatorio pues el primero debe otorgar los permisos ambientales a los proyectos en energía. Como el segundo tiene mayor peso resultará en la debilidad regulatoria del medio ambiente. Otro caso, el Ministerio de la Mujer pasa al Ministerio de Gobierno. No es entendible que se traslade al ministerio de la política a la entidad que debe incentivar el desarrollo de la mujer que abarca un amplio campo. Pero lo más cuestionable es que con el Ministerio de Educación se le agregue la cultura, deporte y la secretaria de educación superior. Si este ministerio no alcanza a administrar la educación, lo que se agrega quedará con menor atención y, más aún, agregarle la educación superior no tiene sentido pues el Ministerio de Educación tiene competencia hasta la educación media.

Luis Rosero M.

Después de una contracción económica de 2% en 2024 la economía tiende a la recuperación pero sigue arrastrando desequilibrios macroeconómicos y problemas estructurales que frenan su dinamismo. Entre los primeros destaca el déficit fiscal y, en los segundos, el aumento de deuda pública y sus derivaciones.

Según los informes del Banco Central, en el I trimestre de 2025, la economía creció de 3.4% fundamentalmente por el aumento del consumo de las familias (7.1%), mayor inversión (6.7%) y mayor ritmo de exportaciones (2.7%), por los productos no petroleros. A nivel de industrias, las tres que más destacaron fueron agricultura, ganadería y silvicultura (17.5%), pesca y acuacultura (12.1%) y manufactura de productos alimenticios (8.6%). Las dos primeras muestran la tendencia a profundizar la primarización de la economía, mientras que la última da indicios del débil proceso de industrialización como indica el bajo crecimiento de la manufactura de productos no alimenticios (2%). Esta evolución del comportamiento económico muestra que la economía se recupera de la significativa contracción de 2024.

Pero, a pesar de que se recuperó la economía en I semestre de 2025, sigue manifestándose la tendencia a la incapacidad de la economía de generar empleo adecuado para absorber el subempleo y el empleo no pleno. Efectivamente, a marzo de este año, sólo 43.5% fue empleo adecuado, la tasa de subempleo alcanzó 20.8% y 27.1% fue la tasa de otro empleo no pleno. En otras palabras, la problemática del mercado de trabajo se centra en el subempleo y empleo no pleno que llegaron, en ese mes, a 47.1% (4.3 millones de trabajadores) que supera al 43.5% (3 millones de trabajadores) de empleo adecuado. Entre las primeros se encuentra el empleo informal que a marzo ya representaban el 55.5% de la PEA.

A pesar de la recuperación inicial, del I trimestre de 2025, los desequilibrios macroeconómicos del país frenan su crecimiento. Así, uno de los más críticos es el déficit fiscal e iliquidez fiscal. Al primer trimestre, este alcanzaba 726 millones, de ello se deriva los atrasos con proveedores del estado que alcanzó 1139 millones. El déficit alcanzaría, por lo menos, 3000 millones en 2025. En 2024, a pesar, del aumento de los ingresos públicos por elevación del IVA, contribuciones especiales y remisiones tributarias. En 2025, el gobierno aumentó el precio del diésel a los atuneros, impuso una tasa a las mineras y eliminó el subsidio a la electricidad para industrias de alto y medio voltaje. También pretende cobrar impuestos a las ganancias en las ventas de acciones y otros activos financieros. O sea, busca obtener más ingresos de diversas fuentes para disminuir el déficit y la iliquidez fiscal. Sin embargo, el nivel de gasto público se mantiene alto. El déficit fiscal lleva vigente más de 15 años, siendo persistente y ya es problema de carácter estructural. A pesar, de que el gobierno ha incrementado los ingresos tributarios sigue una tendencia a mayor endeudamiento, sobre todo con deuda externa.

En efecto, la deuda pública alcanzó, según el Boletín de Deuda del Ministerio de Finanzas, a abril de 2025, 62.082 millones de dólares que representa 48.1% del PIB. De este monto, el 77.2% corresponde a deuda externa (47.966 millones) y el saldo es deuda interna 22.8% (13.362 millones). Según otra fuente la deuda pública alcanzó 83.769 millones a abril de 2025. La deuda externa creció 4.3%, entre abril de 2024 y 2025, llegando 49140 millones. La mayor parte de este endeudamiento son con los organismos multilaterales que llegó en 2025 a 24.268 millones. El primer acreedor del país, con  estos,  es el FMI cuya deuda alcanza 8705 millones. La amortización de la deuda interna y externa tiene una alta carga en el presupuesto del estado. Así, el país debe pagar 8877 millones por estas deudas en 2025 y en 2026 aumenta aún más dicha amortización.

En suma, se ha generado un círculo vicioso de déficit fiscal – endeudamiento público, principalmente externo – reformas tributarias – renegociación de deuda externa. El déficit fiscal de 2025 será cercano al 3% que, con la amortización de la deuda de este año y el próximo, llevará al gobierno a una nueva reforma tributaria para aumentar la presión fiscal a fin de cubrir la amortización de la deuda pública principalmente externa. En otras palabras, hay un riesgo de sostenibilidad de la deuda externa por ello el gobierno se vincula más al FMI ya que este da el aval para una posible renegociación de la deuda externa. Más aún, este organismo dio su visto bueno para prestar 1000 millones de dólares más dentro del acuerdo del Servicio Ampliado el Fondo (SAF), firmado en 2024, con lo el monto de la deuda con el FMI pasaría a 5000 millones en este SAF. La reforma tributaria se daría en 2026 para obtener mas ingresos tributarios con más impuestos y otras fuentes. Sin embargo, si aumenta el riesgo de sostenibilidad de la deuda externa esto podría llevar a un proceso de reestructuración de la misma. En la Cuarta Conferencia Internacional sobre Financiación del desarrollo, junio de 2025-Sevilla, Noboa planteó una reforma al sistema financiero internacional y propuso un mecanismos para abordar la deuda externa. Planteo como propuesta el Mecanismo multilateral de reperfilamiento de deuda que consistiría en crear una instancia internacional que permita renegociar la deuda soberana de forma equitativa y transparente.

Luis Rosero M.

 El proyecto de ley de recuperación de áreas protegidas, con el carácter de urgente, fue aprobado, en segundo debate, por la Asamblea, por lo que se convertirá en ley una vez publicada en el Registro Oficial. El objeto principal es cambiar el modelo de gestión de las áreas protegidas, planteando una serie de cambios que provocan interrogantes y dudas sobre si este es el modelo más adecuado y sostenible que contribuya a la protección de los recursos naturales y el medio ambiente.

En el país existe un Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) que, según la Constitución, garantizará la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas. El SNAP incluye parques nacionales, reservas ecológicas-biológicas-geobotánicas y otras, refugios de vida silvestre, y áreas nacionales de recreación. Estas áreas son gestionadas por el Ministerio del Ambiente y otras entidades gubernamentales, así como por organizaciones no gubernamentales. Según un informe, en Ecuador existen 76 áreas protegidas que cubren el 20% de la superficie terrestre y más del 12% del espacio marítimo. Un ejemplo, son los humedales, denominados sitios Ramsar por su importancia internacional. Protegen ecosistemas como los de manglares, ríos, pantanos, etc. que tienen una gran biodiversidad. Los bosques, selvas,

En diferentes países, desarrollados y en desarrollo, los parques nacionales buscan preservar la naturaleza con sus recursos naturales, ecosistemas y medio ambiente. Los parques nacionales cumplen una serie de funcionales ambientales como la protección de la biodiversidad, regulan el clima, purifican el agua, el aire, etc. además de velar por las especies en extinción. En general, estos parques son gestionados por entidades del sector público.  Ejemplos de estos, en el país, son el Parque Nacional Galápagos, el parque Yasuní, etc.

En el informe de la comisión de Desarrollo, para el segundo debate, que trata el tema, se señala que hay focos de alerta de minería ilegal, en dichas áreas. Por ello, plantea el fortalecimiento de la autoridad ambiental para garantizar la protección efectiva de estas áreas. Tal como estaba el proyecto original se planteaba indirectamente la participación del sector privado lo que podría dar lugar a privatizaciones. En el informe para el segundo debate, se propone un nuevo modelo de gestión estatal y la de gestores privados. O sea, en otras palabras, una concesión manejada por agentes privados, descartando la privatización. Además, se eliminó la posibilidad de la creación de una empresa pública para el manejo de las áreas protegidas planteadas por asambleísta del gobierno. Se estableció la formación de un fideicomiso público para financiamiento para sumar fondos dada la poca asignación de fondos a las áreas protegidas. Propone profesionalización de los guardaparques. Se propugna la intervención de la policía y FF.AA. donde halla la presencia de grupos criminales en las zonas protegidas. Dichas áreas estarán bajo el mandato de la Autoridad Ambiental según directrices y normas establecidas. Se crea el SNAP como ente público y técnico que regulará, controlará y sancionará las violaciones a las áreas protegidas, con autonomía, pero bajo la rectoría de la Autoridad Ambiental que es el ministerio del Ambiente. El presidente de la Asamblea señala que el SNAP será un ente adscrito a esa cartera de estado.

La parte central del proyecto aprobado es que la gestión no solo puede ser estatal sino además con gestores privados, o en otras palabras, concesión del manejo de las áreas protegidas. El riesgo de la participación del sector privado es la posibilidad de que se desvirtué la funciónn del SNAP Si bien es adecuado la creación del ente público SNAP que regulará y controlará las áreas protegidas es necesario que el gobierne asigne más recursos para éste cumpla su función. Pero además, el estado tiene que garantizar la seguridad en las áreas protegidas y si hay La intervención de la fuerza pública debe ser temporal  y el estado debe proveer la vigilancia con tecnología moderna para detectar, prevenir y la presencia de grupos de delincuencia organizada. Se requiere una estricta regulación cuando los entes privados quieran participar en la gestión de la vigilancia y cuidado de las áreas a fin de evitar posibles desvíos de esta función o explotación furtiva de dichas áreas con fines comerciales o económicos. A fin de no correr estos riesgos, la conservación y protección de éstas áreas debe ser pública y además se debe endurecer las penas por la explotación económica de éstas áreas. Es recomendable la formación de fideicomiso para obtener recursos para financiar la protección de los parques, como ocurre con la estación Charles Darwin en Galápagos que es operada por una Fundación belga con el mismo nombre y tiene apoyo de organismos de la Naciones Unidas y de conservación de la naturaleza a nivel internacional. Pero el SNAP no solo debe dedicarse a la conservación de las áreas protegidos sino que, además, debería realizarse investigación para el sostenimiento de la flora, fauna, recursos naturales y el medio ambiente para que estos aporten al buen funcionamiento de los ecosistemas.

Este proyecto de ley y los dos anteriores calificados como económicos urgentes, enviados anteriormente por el gobierno, que se convirtieron en ley son un combo. No cumple con el principio de unidad de la materia. En este caso, se trata de un proyecto de protección de áreas protegidas y es de carácter ambiental. Se incluye otros temas que no son económicos ni ambientales como en las transitorias una revisión de las provisiones bancarias, aplicable a bancos y COAC; en las disposiciones reformatorias se incluye la remisión de intereses, moras, costas judiciales, etc. de créditos concedidos por la CFN; hay reformas a la Ley de Movilidad Humana (visas de turismo); en la ley de Régimen Tributario Interno, se establece que el periodo  de rebaja del IVA  sería por tiempo indefinido; también se faculta la exoneración del impuesto a  la propiedad de los vehículos eléctricos y, en la ley de Servició Público, se estipula que a partir de los 60 años los servidores públicos pueden recibir la compensación por jubilación, con lo que el gobierno retrocede, por la presión sindical, en su intención de eliminarla.

Luis Rosero M.

Las inundaciones en la Amazonía han provocado una serie de daños en tres provincias de la amazonia en la infraestructura de esta zona, a lo que se suma el avance de la erosión provocada por el rio Coca que pone en riesgo a la central Coca Codo Sinclair y en una situación en la que existe un déficit de generación eléctrica lo que podría desencadenar cortes de energía eléctrica en el país.

Las intensas lluvias en el oriente, las provincias las provincias más afectadas son Napo, Zamora Chinchipe y Lago Agrio, han provocado daños en la infraestructura física y a la población. En la primera, hubo un aluvión; en la segunda se registraron inundaciones y, en la tercera, se produjo un socavón. Estos eventos naturales además de provocar daño en varias carreteras de la zona, generaron daños en viviendas y evacuaciones de pobladores. Además, esta avanzando la erosión del rio Coca que afecta a la central Coca Codo Sinclair. Además, el oleoducto tuvo que paralizar el bombeo, por tres días, para permitir el traslado de sus tuberías, en la zona del desastre, en otro sitio, que a su vez llevó a la suspensión de las exportaciones petroleras en ese lapso. Las condiciones climáticas afectaron al funcionamiento de las centrales hidroeléctricas de la zona por lo que salieron de operación de al menos tres de ellas incluida la señalada. Por ello, el CENACE dispuso la entrada en funcionamiento de los grupos electrógenos de emergencia, del sector privado, a fin de suplir la obligada parada de estas centrales.

Según El Comercio, hay un déficit de generación eléctrica, en este año, de 746 MW. El gobierno prometió incorporar 979.5 MW para evitar los apagones. Según el plan de CENACE se alquilará 260 MW en Pascuales, se contrató la generación emergente de 241 MW de tres centrales de la costa: Salitral, Quevedo III y Esmeraldas III y se agregará 65.5 MW con una unidad de la central Termogas Machala. El aporte a la generación eléctrica de estas centrales sería de 566,5 MW. Con Progen, se contrató 150 MW, pero en junio de 2025, Celec anunció la cancelación de los contratos y demanda por estafa a esta compañía americana. Iba instalar equipos para generar 50 MW en Quevedo y en el Salitral de 100 MW. Los problemas con esta compañía vienen desde el año pasado en la que debió haber instalado los equipos. Ya ha pasado el primer semestre de 2025. Hay una batalla legal, Progen solicitó medidas cautelares, sin embargo, tuvo que acordarse la participación de un Centro de Arbitraje, como mediador, que rechazó el pedido de dichas medidas y finalmente se dio por terminado el contrato. Progen ha cobrado el 65% del contrato. Celec denunció por estafa a dicha compañía. Aún así, el partido de gobierno, ADN, rechazó en la Asamblea, el pedido de fiscalización de Progen. El problema es que el aporte a la oferta eléctrica que iba a realizar esta empresa eran parte de la generación emergente. Ahora, tendría que restarse los 150MW de los 566.5 MW proyectados a incorporarse en la generación eléctrica que se iban a instalar en Quevedo y El Salitral.

Estando cerca del estiaje, que se daría entre septiembre y noviembre, y con la falta de los MW de Progen, se generan dudas sobre la posibilidad de evitar los riesgos de cortes de energía eléctrica. Más aún, si la empresa Austral que fue contratada para aportar 91 MW (con 48 turbogeneradores) en Esmeraldas trajo 50 generadores que no son compatibles con la corriente alterna que funciona el sistema eléctrico ecuatoriano. La empresa uruguaya se ha comprometido a configurar estos para que sean compatibles con dicho sistema. Esto agrega más duda sobre la posibilidad de tener disponible estos 91 MW antes de que llegue la época de estiaje.

La posibilidad del riesgo de apagones esta latente. Pues, la contratación de más barcazas de generación eléctrica, aún se contrate en este mes, tardaría en llegar. El presidente anunció que había llegado a un acuerdo de intenciones con la empresa española Cox para la inversión de algunos proyectos fotovoltaicos que aportarían 536.5 MW pero que recién se empezarían a construir en 2026 y 2027.El BID emitió un aval de 77 millones para respaldar inversión privada en fuentes de energía renovable como la solar y la eólica que, al igual, a la de la empresa española tardarían dos años en construirse. A pesar, de que hay riesgo de apagones el viceministro de electricidad declaró que no habría apagones y que el suministro de electricidad esta garantizado. También esto fue confirmado por la ministra de Energía que declaró que se esta recuperando equipos de generación eléctrica que estaban abandonados. Sin embargo, el Consejo Consultivo de Ingenierías y Economía advirtió que el país podría enfrentar un déficit de hasta 1000 MW, si es que hay sequía, como la del año anterior, y no hay venta de energía por parte de Colombia. Esperamos que no volvamos a sufrir los apagones de hasta 14 horas del año pasado.