Después de la marcha indígena, que obtuvo que se derogue el decreto de alza de combustibles, dando una lección al gobierno, se dictarán nuevas medidas económicas, las comprometidas con el FMI, el nuevo decreto de focalización de subsidios a los combustibles, el Presupuesto del Estado de 2020, reforma laboral y cambios normativos en la seguridad social, pero esta vez tendrán que ser bien analizadas por el gobierno  ya que se demostró que la protesta popular puede hacer dar marcha atrás aquellas medidas que afecten al bienestar de la población. Lo preocupante es el aplazamiento del ajuste y el deterioro de la economía que pueden causar las medidas.

En efecto, la economía creció apenas 0.3%, en el II Trimestre de este año, cuando en el IT fue de 0.6% mostrando la tendencia a la desaceleración económica. Los factores que explican este magro crecimiento fueron el aumento del consumo de los hogares en 0.6%, la contracción del gasto del gobierno en 1.2% y una reducción de la inversión de 1.8% (explicada principalmente por la contracción de la construcción). Estos datos muestran la  tendencia de la economía hacia  la contracción, como ya prevé el FMI. La disminución del ritmo de crecimiento impactó en el mercado de trabajo. Así, el subempleo aumentó cinco décimas alcanzando el 5.9%, el empleo adecuado creció apenas 3 décimas y el otro empleo no pleno apenas varió manteniendo en 22.6% en el que se ubican el sector informal ya llegan ya a dos millones de trabajadores.

Con esta tendencia de desaceleración de la economía, aumento del subempleo y del sector informal, el gobierno envío un proyecto de ley, llamado de crecimiento económico, en el que incluyen dos de las reformas estructurales, exigidas  por el FMI, la reforma fiscal y el marco reformatorio al código monetario. En la primera, se establece una reforma tributaria con una contribución temporal a las empresas que hayan facturado un millón, aumento del ICE a bebidas, fundas, veíiculos y telefonía móvil, IVA para servicios digitales ya sea de streaming, servicios de taxis y entrega de productos a domicilio y eliminación del anticipo del impuesto a la renta. Además se incluye cambio en reglas macrofiscales. Se espera recaudar más de 500 millones. En la segunda,  se cambia la denominación de la Junta Monetaria y se le quita las facultades macroeconómicas, se devuelve la autonomía al Banco Central y queda relacionado solo con el mercado monetario, varían los objetivos de los organismos de supervisión financiera, se altera el funcionamiento de las instituciones de seguridad financiera, etc. Previamente, el gobierno había reducido aranceles a bienes de capital y materia prima a tres sectores y se eliminaron para celulares y computadoras.

Se está elaborando el nuevo decreto que sustituirá al 883 que eliminó el subsidio al combustible, se proyecta que será focalizado el subsidio a la gasolina extra (hacia transporte público y taxis) y no se tocará el del diésel. Por otro lado, hasta fines de Octubre, el ejecutivo deberá enviar a la Asamblea el Presupuesto General del Estado de 2020 con los se conocería las necesidades de financiamiento, el ajuste previsto para el siguiente año, el nivel de gasto e inversión pública, el monto de subsidios, estimaciones del crecimiento, etc. que determinarán la orientación de la política fiscal y de deuda.

Las reformas más conflictivas son la laboral y la de seguridad social. En la primera se introducirá la flexibilización laboral con introducción de nuevos tipos de contratos, ampliación del periodo de prueba a un año y formas de evadir pago de horas suplementarias y extraordinarias. El gobierno para impulsar esta reforma se basa en su aliado, el sindicalismo blanco (CUT y otros), en cambio canceló una reunión pactada con el FUT con el argumento que llevará a cabo una movilización sindical para el 30 de Octubre. Los efectos de la marcha indígena y los de dicha movilización generaran una presión por flexibilizar dicha reforma.

Finalmente, la reforma a la seguridad social sería la de mayor conflictividad, pues se estima que, como se ha aplicado en otros países, incluiría el alza de aportes, aumento de la edad de jubilación y/o disminución o topes a la pensión y recorte de servicios. Esto implica afectar la economía y bienestar de empleados y trabajadores, jubilados y afiliados. Esto llevaría protestas de los implicados para defender su nivel de vida y su bienestar.

En suma, la proyección del decrecimiento de 0.5 del PIB, según el FMI, sería mayor con los efectos de la paralización de 11 días por la marcha indígena y otras protestas, por lo que se ha señalado, podría acercarse a una contracción del 1% de la economía, en 2019, con más desempleo y subempleo, deterioro de las condiciones de vida y mayor pobreza. Pero lo más crítico vendría en 2020. El Observatorio de la Política Fiscal estima, que para ese año, sería de 10.000 millones de dólares y el déficit fiscal de 5.000 millones lo que implicaría un fuerte ajuste (alza de impuestos, reducción de burocracia y más reducción de inversión y subsidios) y/o más deuda pública interna y externa lo cual aunado al efecto contractivo que tienen las políticas del FMI, llevará a una recesión mucho mayor de la economía que en 2019 y consecuentemente más deterioro del mercado de trabajo (precarización), de las condiciones de vida y aumento de la pobreza, que es caldo de cultivo para la protesta social para defender sus condiciones de vida como lo muestra la marcha indígena y en otros países por alza de servicios públicos y reformas estructurales.

Después de 11 días de paro de transporte, de indígenas, FUT y movimientos sociales y, por los efectos económicos, políticos y sociales del mismo, el gobierno se vio obligado a negociar y derogar el decreto 883 que eliminó el subsidio a los combustibles, buscando cumplir con las condiciones del FMI, para reducir el déficit fiscal, pero buscando descargar el peso de la crisis económica sobre la población.

Por dicho decreto, el miércoles 2 de Octubre, los transportistas declararon un paro nacional demandando la derogación de dicho decreto. La falta de transporte provocó la inasistencia al trabajo de miles de empleados, se redujo el nivel de actividad y comienzo de las protestas por las medidas. El gobierno se negó a eliminar la medida y la Federación de Transportistas levantó el paro el sábado 5 de octubre.

Ese mismo día la CONAIE decide emprender una marcha indígena para oponerse al decreto señalado. Las organizaciones indígenas, de la sierra centro, norte y del austro comenzaron a organizarse y en varias ciudades, de estas provincias, salieron a manifestarse, se tomaron algunas gobernaciones y atacaron algunas instituciones públicas. Se unió a la marcha el FUT y varias organizaciones sociales. El lunes 7 de Octubre comenzaron a llegar los indígenas a la capital. El gobierno declaró estado de excepción y comenzó el asedio a los manifestantes. Los indígenas, trabajadores y estudiantes salieron a protestar por varios días, se tomaron momentáneamente la Asamblea, y fueron fuertemente reprimidos. El gobierno aplicó una estrategia militar para combatir la rebelión y una táctica de guerra. Los manifestantes cada día iban aumentando sus protestas y la presión sobre el gobierno, que para enfrentar la situación, el jueves 10 decretó toque de queda parcial, pero como las protestas aumentaron de su intensidad, el viernes 11, volvió a regir un toque de queda, a partir de las 15h, por 24 horas. Hay que señalar que, en las protestas, en diferentes ciudades del país, se infiltraron delincuentes y agitadores que ejecutaron actos vandálicos y sembraron terror y convulsión en la población. Esto sucedió, principalmente, en Durán y Guayaquil. El temor a la marcha indígena llevó al cierre del puente la Unidad Nacional y, el Presidente, cambio la sede del gobierno a Guayaquil debido a que la sede del Palacio Nacional, en Quito, estaba asediado por los manifestantes.

El Presidente acorralado, buscó el apoyo de la derecha tradicional y moderna, en Guayaquil, para enfrentar la rebelión y tener respaldo político. El régimen para enfrentar la rebelión, en el país, aplicó una fuerte represión que, según el Defensor del Pueblo, provocó 7 muertos, más de 1000 detenidos y cientos de heridos.

Hay varios efectos del paro y marcha indígena. En lo político, después de 11 años, volvió la inestabilidad política que debilitó al régimen e hizo perder la credibilidad y confianza en su capacidad de resolver conflictos sociales. Quedó demostrado, en la nación, que los indígenas con este paro, son una fuerza política organizada y capaz de llevar adelante la resistencia política y exigir negociación para aplicar políticas gubernamentales.  Por otro lado, el gobierno se vio obligado a demorar el envío de proyectos de ley para aplicar la reforma estructural comprometida con el FMI. Hay varios efectos económicos. El alza del transporte, como consecuencia de la liberalización del precio de los combustibles, el desabastecimiento de productos agropecuarios, llevó al aumento de sus precios. Este incremento y el efecto domino que provocó, la liberalización de dichos precios, llevó a un aumento de la inflación.  Además, el clima de temor,  zozobra y rompimiento de la paz social y desconfianza en el mundo de los negocios, llevó a que las empresas se vieran obligadas a cerrar en el momento de las protestas, reduciéndose así el nivel de actividad económica. Las pérdidas por la toma de pozos petroleros y por la caída de la producción y ventas de los diferentes sectores económicos suman millones de dólares.

En el diálogo entre el movimiento indígena y el gobierno, celebrado el domingo 13 de Octubre, llevaron a planteamientos de las partes. El régimen insistió en mantener el decreto y que los recursos que generé el alza del precio de los combustibles se reparta entre los más pobres y los indígenas insistieron en la derogatoria del decreto 883. Finalmente, el gobierno cedió y derogó dicho decreto nombrándose una comisión para elaborar otro que lo sustituya.

La rebelión indígena deja varias lecciones. La primera es que los gobiernos, de ahora en adelante, se verán a obligados a pensar dos veces antes de tratar de imponer una política económica que impacte fuertemente a la población, sino vendrá la resistencia a ésta. La segunda es que los poderes económicos se les reduce su margen de maniobra para que, a través del gobierno, traten de resolver crisis económica recargando su peso sobre la población. La tercera es que a los organismos financieros internacionales no le va a ser tan fácil imponer medidas de ajuste y estructurales que afecten el nivel de vida de la población, lo cual manda un mensaje al resto del mundo sobre que si es posible, con presión social, resistir y hacer dar marcha atrás a dichas medidas. Las otras lecciones las trataremos en el siguiente artículo, examinando el nuevo decreto que sustituye al 883.

El gobierno liberalizó el mercado de combustibles, en cumplimiento de los condicionamientos del FMI, que liga su precio a los del mercado internacional, generando una fuerte protesta social por los efectos sobre las condiciones de vida de la población. El presidente anunció otra serie de medidas, el alza del bono de desarrollo humano y reforma laboral.

La medida tomada, vía shock, provocó la reducción de la rentabiidad del sector transporte que derivó en al paro de transportistas urbanos, intercantonales, interprovinciales  y generó una fuerte protesta social, en varias ciudades del país, por el aumento del costo de la vida. En efecto,  hasta el 2 de octubre, la gasolina extra y ecopaís tenían un precio de 1,85 por galón, con la liberación, pasaron a 2,30 y el diésel con un precio de 1,03 aumentó a 2,27, lo que significa incrementos de 24.3% y 1.18% respectivamente. Este último, afecta sobre todo al transporte urbano y de carga. El paro fue levantado temporalmente el sábado 5 de octubre pero el Lunes 7 de Octubre en Quito continuó la paralización. De transporte público, lo único que funciona es la ecovía y trolebús. El alza de los combustibles generó un elevado aumento de sus costos de operación.

El gobierno redujo fuertemente la inversión pública, hizo leves ajustes en el número de servidores públicos, no ha reducido significativamente el gasto corriente y, para mantenerlo en su alto nivel y obtener liquidez, ha aumentado agresivamente la deuda externa y tiene un alto déficit fiscal.  Un importante funcionario del régimen señaló que hay 120.000 burócratas con contratos eventuales. La liberalización del mercado de combustible, fue una medida muy funcional y hábil. Por un lado, genera ingresos y liquidez inmediata a la caja fiscal y, por otro, el alza de las tarifas del transporte público es competencia de los municipios del país, lo que implicaría que, de autorizarlas, un alto costo político para los alcaldes, como lo ha dejado entrever la alcaldesa de Guayaquil.

El gobierno ya autorizó el aumento del 32% de los pasajes intercantonales e interprovinciales mientras que los municipios pueden aumentar el pasaje urbano entre 5 y 10 centavos. En Guayaquil, los buses de transporte urbano, ya están cobrando, sin autorización, 40 centavos. La metrovía, del Municipio, cobra 30 centavos y, subiría, a 40 centavos. Por otro lado, la mayoría del transporte de carga utiliza diésel, su alza de 118% aumenta de manera significativa sus costos de operación. La medida generará en toda la economía un impacto en cadena, aumentando los costos de producción que sería trasladado a precios provocando, en cascada, un aumento de la inflación.

A eso se suma, el desabastecimiento de los mercados de mayoristas. En Quito, ya se nota la falta de algunos productos que ya aumentaron de precios. En el mercado de Sauces 9, en Guayaquil, hubo aumento de precios de productos agrícolas de la sierra, un ejemplo es el de la papa. En este fin de semana, indígenas de Cotopaxi, Imbabura, Tungurahua y otras provincias de la sierra centro han iniciado una movilización hacia Quito. También está bloqueado el acceso a Cuenca. Se han tomado carreteras hacia la capital que hacen prever que el Lunes 7 de Octubre y días venideros llegue la marcha a la capital de los indígenas a los que se unirán las centrales sindicales para iniciar una protesta masiva a fin de presionar al gobierno para derogar la medida de liberalización del mercado de combustible, luchar contra la minería, oponerse a la reforma laboral, etc. El efecto económico, en el muy corto plazo, será aumentar el desabastecimiento de bienes, incremento de sus precios y más inflación. La presión social ha conseguido hasta el momento que el gobierno aplace el envío a la Asamblea de la reforma laboral y otras reformas estructurales.

En síntesis, la resistencia y la protesta social pueden frenar la implementación de las medidas de ajuste y reforma estructural, exigidas por el FMI, llevando a un periodo de inestabilidad política con fines impredecibles y, por otro lado, a efectos económicos negativos como el aumento de la inflación, reducción de la capacidad adquisitiva de la población y de su nivel de vida. Esta coyuntura además puede conducir a que la recesión, pronosticada en -0.5% por el FMI, sea más profunda llevando a mayor desempleo, subempleo, aumento del sector informal y la pobreza.

El gobierno anunció la emisión de bonos por 2.000 millones de dólares para financiar el presupuesto del estado, mostrando su incapacidad o falta de decisión para reducir el gasto corriente. La deuda contraída, por este gobierno, desde Mayo de 2017, alcanza 11.675 millones de dólares, lo que implica más egresos por el servicio de la deuda. Este endeudamiento traerá consecuencias en el flujo de pagos por ésta, así entre 2024 al 2030 el servicio de la deuda pública externa obligará a elevados pagos que requerirá búsqueda de recursos para cumplir los compromisos financieros.

Además, en un comunicado público, el FMI informó que para recibir el siguiente desembolso el país debe entregar y aprobar en la asamblea tres reformas estructurales. A eso se agrega, la “La complicada coyuntura económica y social actual y futura”, título del artículo anterior, que enfrenta el Ecuador por la posible recesión mundial, los efectos de la guerra comercial entre EE.UU. y China así como el Brexit duro. De darse estos eventos, como señalé en el artículo, el efecto para país sería la reducción de las exportaciones y consecuentemente una caída del PIB. Ésta ya está pronosticada, por el propio FMI, con una contracción de 0.5 en el crecimiento económico con efectos en el mercado de trabajo y en las condiciones sociales. Hay que considerar también la evolución del precio del petróleo, el 25 de setiembre bajo a 56.6 dólares cuando la semana anterior bordeo los 60 dólares. Ese día el riesgo país subió 15 puntos alcanzando 678 puntos, reflejando los problemas que enfrenta el país. Lo preocupante es los efectos macroeconómicos de la recesión mundial que impactaría la economía en el año 2020.

De las tres reformas estructurales exigidas por el FMI, la crucial es la reforma tributaria. Se acaba de eliminar el impuesto verde –aplicable a los vehículos por contaminación-, por otro lado, el débil crecimiento de 2019 implica menos ingresos para el sector público que, con el alto gasto corriente, conduce a falta de liquidez pública. La reforma tributaria implicará, dada esta situación, un aumento del IVA, reducción del ISD, aumentos del ICE para ciertos servicios y productos, entre las medidas más importantes, lo que implicaría un efecto inflacionario y contractivo sobre el consumo y recesivo en la economía en el 2020.

La reforma laboral implicará la flexibilización laboral y la reducción de costos de contratación y despido. Lo primero lleva a que se sigan trabajando las 40 horas semanales pero que podrían repartirse en horas de la noche o los sábados, para eludir el pago de horas extraordinarias o por fin de semana. Si bien se reduce el costo laboral, perjudica al trabajador. Para lo segundo, entre las medidas más importantes de esta reforma, están en reducir la indemnización por despido intempestivo reduciendo de 24 meses o mes a sólo 12 meses, eliminar el contrato indefinido, restituir contrato por horas, crear el contrato de obra cierta, aumentar el período de prueba a un año, etc. Si bien esto favorece al patrono, sale perdiendo el trabajador porque se le da menos protección laboral. En síntesis, lo que busca la reforma es acercarse lo más posible a un mercado de trabajo flexible y libre, en que sean las condiciones de oferta y demanda de trabajo la que determinen libremente el costo salarial.

La reforma al Código Monetario Financiero, en lo que respecta al sistema financiero, buscaría a liberalización del mercado del dinero lo que implicaría que sean las fuerzas del mercado que determinen libremente la tasa de interés, con lo cual cada banco podría establecer el costo del dinero. Para que sea posible aquello además debería eliminarse los topes a las tasas de interés: la tasa máxima y la tasa de usura. Esto se viabilizaría a través de la restitución del directorio del Banco Central, que pasaría a retomar el manejo de la política monetaria, crediticia y de tasa de interés. Serían los 5 o 7 miembros que definirían dicha tasa. La cooptación de este directorio por el poder financiero haría posible tal liberalización.

En síntesis, como he señalado, en 2020, la posible recesión mundial, el efecto recesivo de la reforma tributaria y el ajuste fiscal que exigiría el FMI llevarían por segundo año consecutivo a una contracción de la economía. La incapacidad o falta de voluntad del gobierno para reducir el gasto corriente, lleva a más endeudamiento al país lo que tendrá efectos en la economía del país. En concreto, si se cumplen los eventos señalados y se aplican las reformas estructurales del FMI, en 2020 habrá recesión, lo que traerá consigo más desempleo, subempleo, pobreza y reducción del nivel de vida de la población.