Los indicadores muestran una complicada situación económica del país tanto en lo referente al equilibrio interno como al externo, a lo que se suma la crítica coyuntura social que reflejan una difícil coyuntura económica y social.

En efecto, con respecto al equilibrio interno, hubo un débil crecimiento de 0.6% en el I Trimestre de 2019 que se explica, principalmente, por el mayor dinamismo de las exportaciones, un leve crecimiento del consumo interno y una contracción significativa de la inversión (-2.3%) que se debe principalmente por la significativa reducción de la inversión pública. La mayoría de los sectores productivos apenas crecieron y el de la construcción y el comercio tuvieron tasas negativas, sectores generadores de empleo, lo cual impacta en el mercado de trabajo. En efecto, al II Trimestre de este año, la tasa de desempleo 4.4% y la de subempleo 20.3%, que aumentó en 0.9% respecto al mismo periodo del año anterior. La mayor incidencia del subempleo es en Guayaquil (17.7%), Ambato (15%) y Quito (14.3%). A eso se suma el aumento del sector informal urbano.

La inflación anual a Agosto de este año fue negativa al igual que febrero y marzo, lo que indica una posibilidad de deflación que está marcada por la pérdida de dinamismo de la demanda agregada. Si bien se ha reducido, todavía hay un déficit fiscal significativo que en parte se explica por el débil ajuste aplicado por el gobierno. Según la nueva metodología aplicada por el Ministerio de Finanzas, la deuda pública consolidada del sector público, a Julio de este año, alcanza 40.799 millones de dólares, que representa el 37,3% del PIB de la cual 39.447 millones corresponden a la deuda externa, que se ha incrementado ostensiblemente en los dos últimos años, lo cual ha generado que el servicio de la deuda aumente.

En el sector externo, el saldo de la balanza comercial, a Julio, del presente año, apenas era de 96 millones. Las exportaciones y exportaciones son similares a las del igual período del año pasado. Hay caída de precios de algunos productos y el de las exportaciones petroleras si bien ha subido en algunos meses en otros no. Se refleja una fragilidad en la situación externa.

En un artículo, del 26 de agosto de este año, advertí de la posibilidad de una recesión en Europa y EE.UU., podría afectar al país. Decía “el país exportó, en el primer trimestre de este año, a Europa el 18.7% del total y  26.5% a EE.UU. Con respecto a dicha región, si Alemania y Reino Unido entran en recesión arrastraran a toda Europa. Los principales compradores son Alemania, España, Holanda e Italia, lo que implicaría que, con una recesión, estos países importarían menos del Ecuador. E igualmente pasaría con EE.UU., con lo que nuestras exportaciones se reducirían…”. El efecto no solo se sentiría en este año, es posible, que en el 2020 continúe dicha recesión y si le agregamos que la mayor parte del ajuste fiscal se daría en ese año y que las reformas estructurales como la tributaria, laboral, del Banco Central y otras, que se plasmarían en leyes que entrarían a regir a partir del 2020. Si en la reforma tributaria se incluye el alza del IVA, lo más probable que la contracción de la economía siga en el siguiente año.

En consecuencia, puede registrase, por los factores señalado, recesión en 2019 y 2010, la situación social se agravaría por el aumento del desempleo, subempleo y sector informal lo que provocaría aumento de la pobreza e indigencia.

La crisis económica argentina ha degenerado en una crisis social y ahora alimentaria. Las protestas de sindicatos y centrales obrera, informales, desempleados y mujeres van creciendo cada día y, aún más, la clase media, se suma porque ve afectada sus condiciones de vida y, se junta a reclamar, para acabar con la estrategia económica del gobierno que ha llevado al hambre a un sector importante de la población. La situación se ha desbordado y la incertidumbre se ha apoderado de la población que ahora busca echar abajo al gobierno macrista para ver si la alternativa ofrece mejores días.

Si bien el control cambiario parcial ha estabilizado el dólar a 58 pesos, los problemas estructurales y coyunturales económicos y sociales persisten y dibujan un panorama incierto que hacen prever una hecatombe económica y social. En efecto,  un informe LatinFocus Consensus Forecast (un compendio de estimaciones de bancos y consultoras)  señala que el dólar a fin del 2019 valdrá 66.68 pesos, la inflación sería de 53.7% y el PIB se contraería 2.8%. Para el 2020, LCF pronostica un dólar de 88.42 pesos, inflación de 41.2% y una caída del PIB de 1.4%. El Presupuesto 2020, enviado al Congreso por el gobierno, proyecta un dólar de 67 pesos, inflación de 34% y crecimiento de 1%.

Los datos de Julio de 2019 muestran una inflación de 2.2% y la anual de 54.4%, para agosto fue de 4%, casi duplicándose respecto al mes anterior,  y la inflación anual aumentó ligeramente a 54.5%, la tasa de desocupación alcanzó 10.1% en I Trimestre, el subempleo sigue creciendo, la pobreza llegó en el II semestre de 2018 un promedio de 23.7% y se estima que en B. Aires en el I semestre de 2019 alcanzó 33%, hay 5 millones de informales y la actividad económica, en Junio, se contrajo en 0.4%. Las estimaciones oficiales pronosticcan una contracción del PIB de 2.6%. Además continúa la salida de capitales que drena la RMI, la dolarización y retiro de depósitos que podría llevar a una corrida bancaria. A eso hay que agregar la elevada deuda pública que, por problemas de liquidez, llevó al gobierno el diferimiento de pago de la deuda interna y la contraída con el FMI. Pero la coyuntura de la crisis, está en la crisis de confianza e incertidumbre en la economía. En lo social, el problema se agrava con el aparecimiento del hambre, que ha llevado a protestas de parte de piqueteros, mujeres y colectivos sociales que no pueden comer. Se aprobó, en la Cámara de Diputados, prorrogar hasta 2022 la Emergencia Alimentaria Nacional, que fue instituida por Eduardo Duhalde en 2002, e impulsar la creación del Programa de Alimentación y Nutrición Nacional que posibilitaría otorgar fondos a ollas o comederos populares por la emergencia alimentaria. Esta ley se aprueba bajo la presión de las organizaciones sociales que, a las puertas del Congreso, acamparon.

El gobierno macrista es incapaz de afrontar la crisis económica y social fracasando con su estrategia económica, apoyada por el FMI, basada en deuda externa, capital extranjero y mercado libre. Nos hace recordar la estabilidad que se alcanzó con la convertibilidad, que para mantenerla se basó en deuda externa. Previo a su quiebre, en 2001, se aplicaron drásticas medidas fiscales y el congelamiento de depósitos (corralito), que generó una crisis económica y social.

En la primera vuelta de las elecciones presidenciales, del 27 Octubre, se pronostica un triunfo del peronismo kirchnerista, cuyo gobierno heredaría el descalabro económico. La toma de posesión es en Diciembre. En el ínterin,  a crisis económica y social continuaría, más aún cuando el FMI no va a realizar el desembolso después de Octubre y si gana  Fernández, negociará con él en Diciembre. Le tocaría al peronismo adoptar un nuevo modelo y política económica para enfrentar la crisis, estabilizar la economía y enrumbarla al crecimiento. Este se prevé con una orientación hacia el mercado interno, regulación de mercados, política fiscal y monetaria para incentivar la economía, renegociación de la deuda externa, control de cambios y redistribución del ingreso a través de una fuerte política social. Hay que esperar que no cometa los mismos errores del peronismo de Cristina que, con el déficit fiscal y subsidios, derivó en una crisis económica que frenó el crecimiento económico e hizo insostenible el esquema de redistribución del ingreso.

El gobierno implementó el control cambiario, que se establece como medida desesperada para frenar la devaluación de peso y tratar de contener la inflación. Sin embargo, otros problemas macroeconómicos como la moratoria de la deuda, la recesión, desempleo, etc. como los sociales: caída del nivel de vida, pobreza e indigencia completan el cuadro que dibujan el fracaso de la política económica neoliberal.

El control cambiario parcial establece, principalmente, que los particulares no podrán más de 10.000 dólares y las exportadoras tienen que liquidar, en 5 días, los dólares obtenidos. La medida busca frenar la demanda de la divisa y aumenta su oferta, con el fin de bajar su cotización. El viernes 30 de agosto el dólar alcanzó los 62 pesos, la medida logró, del 2 al 6 de setiembre, reducir el tipo de cambio minorista a alrededor de 58 pesos. Sin embargo, el martes, el Banco Central (BCRA) tuvo que vender dólares para contener el alza cambiaria. Esta espiral influye sobre las expectativas de inflación. La inflación en Julio, de este año, llegó a 56%, y con reetiquetamiento de precios de bienes de la canasta básica, se estima que la inflación de Agosto se ubicará entre 4 a 6%, lo que llevaría a una inflación anual de cerca del 60%, lo que implicaría más pérdida del poder adquisitivo de la población, una crisis alimentaria y aumento notable de la pobreza. A más del control de cambios, el gobierno aplazó el aumento del precio del gas, proyectada para octubre, y lo trasladó a Enero de 2020, con el fin de que la inflación no sea mayor a la estimada.

Sin embargo, el control de cambios provocó colas en los bancos de la gente que teme por un nuevo corralito (congelamiento de depósitos) como el de 2001. La medida además disminuyó el retiro de pesos que, de seguir, podría llevar a una corrida bancaria peligrando la estabilidad financiera. Desde las elecciones primarias, los depósitos en dólares disminuyeron 7566 millones de dólares, que muestra también la dolarización de la economía. También se logró atenuar la salida de capitales (restringida por la autorización del BCRA para trasladar utilidades de los bancos al exterior), que a su vez contribuye a reducir la sangría de la RMI. Sólo, en agosto de 2019, el BCRA disminuyó en 10.000 millones de dólares la RMI. Sin embargo, el riego país bajó el 6 de setiembre a 2000 puntos.

Pero la crisis económica se agravó con el anunció del reperfilamiento de la deuda pública que busca posponer el pago a los tenedores de bonos argentino e incluso el reembolso de la deuda contraída con el FMI. Esto es, a las claras, un problema de liquidez externa que aviva el peligro del default de la deuda pública y trae a la memoria los amargos recuerdos de lo que ocurrió en 2002 que además de la moratoria de la deuda llevó al quiebre de la convertibilidad. Es precisamente, la alta deuda externa contraída por el gobierno de Macri y su repago, una de las causas de la crisis económica.

Con este escenario macroeconómico y la cercanía de las elecciones presidenciales de Octubre, pintan un panorama incierto que llevaron a que el riesgo país llegará a 2400 puntos y siembre la desconfianza en el futuro de la economía argentina reflejada en la salida de capitales y la abstención de inversiones por parte de los empresarios nacionales y extranjeros. El panorama se torna aún más incierto con el posible triunfo del peronismo kirchnerista que implicaría un cambio profundo de la política económica y del modelo de crecimiento. Macri ha reconocido los errores cometidos y que han llevado a una crisis económica, como la de 2001-2003, que, al parecer, no tiene salida a no ser por cambios profundos en la conducción económica que se darían con el futuro gobierno peronista. Este último escenario no le conviene al capital extranjero y nacional, que seguirá con sus políticas de salida de capitales, especulación bancaria y espiral cambiaria-inflacionaria. En este interín, hasta el cambio de gobierno en Diciembre, la gente sufrirá las consecuencias de la crisis económica, con mayor desempleo, pobreza e indigencia hasta que se le ponga freno al gobierno comandado por un empresario, que favoreció  a las élites económicas basado en las reglas del capitalismo salvaje que llevó a una crisis social y alimentaria.