La Proforma del Estado 2020 cumple con algunas exigencias del FMI, mantiene un déficit fiscal, aumenta la deuda pública y señala una tendencia a la recuperación económica. Analizaremos el cumplimiento de algunas condiciones del FMI y sus consecuencias, y las tendencias de la economía.

La proforma 2020 tiene un total de 31.468 millones de dólares que apenas supera en 167 millones a la proforma reajustada de 2019, sin incluir la importación de combustibles. El nivel de inversión es de 3624 millones, 11.5% del total de la proforma, ligeramente superior en 310 millones a la de 2019,  con lo que confirma la política de estancamiento de la inversión pública. Sin embargo, hay cambios en la estructura de ésta, en educación aumenta (68%), ambiente (-8.1%), desarrollo urbano y vivienda (-42.6), inclusión económica y social (5.7%) y salud (28.2%) . La mayor parte de la proforma es gasto corriente (88.5%). Pero, hay un alto servicio de la deuda que alcanza los 8000 millones de dólares, que supera lo asignado para el Ministerio de Educación y Salud que llega a 6854 millones y además se reduce en 32 millones la asignación a universidades. Sigue manteniendo las preasignaciones a los GAD, educación y salud. La proforma 2020 tiene un déficit de 3.3% del PIB (apenas superior en 0.1% al de 2019) y necesidades de financiamiento de 6664 millones de dólares. No se contempla los nuevos ingresos contemplados en el proyecto de ley de “crecimiento económico” ni la racionalización de los subsidios a los combustibles, cuyo levantamiento dio origen a la marcha indígena que obligó al gobierno a derogar el decreto correspondiente. Sigue alto el nivel de subsidios, alcanzando los 5.455 millones repartidos a los combustibles 1956, a la seguridad social 2104 y sociales 1123 (que aumentan ligeramente). Hay también un aumento del gasto presupuesto para el cierre de las brechas de equidad sobre todo las relacionadas con las políticas de igualdad, aumentando significativamente las de infancia, niñez y adolescencia; juventud y adulto mayor.

La variación del déficit fiscal en 2020 dependerá que pase con focalización de los subsidios a los combustibles, la magnitud de la reducción de la masa salarial en el sector público, la profundidad de la fusión y/o eliminación de entidades públicas, los ingresos de las concesiones y la aprobación o no de la “ley de crecimiento o no”.

En cuanto al cumplimiento de los condicionamientos con el FMI hay dos importantes. La primera es la reducción de la masa salarial, en alrededor de 400 millones, que implicará el recorte de la burocracia. Eso incluye la eliminación de los contratos ocasionales y reducción de personal en algunas instituciones públicas con nombramiento provisional y permanente. Este proceso ya se inició en este año en CNE, ex Senplades y algunos ministerios. También puede conllevar la eliminación y/o fusión de entidades públicas. Además se contempla la privatización de la administración de algunas entidades públicas (concesión), llamado eufemísticamente monetización de activos públicos, que comprendería entregar al sector privado la administración de CNT, Banco del Pacifico y la hidroeléctrica Sopladora. Lo paradójico es que se va a concesionar a dos de las entidades públicas más rentables. Entre las empresas públicas con más utilidad consta CNT y el Banco del Pacifico es uno de los rentables del sistema financiero. La concesión de Sopladora puede implicar una variación de las tarifas eléctricas. Los ingresos por concesiones se estiman en 2000 millones.

Los supuestos de la Proforma 2020 estiman un escenario con un precio del barril de crudo de 51,3 dólares, una inflación de 0.84% y un crecimiento de 0.5%. Este último es un tanto optimista ya que el propio FMI considera que para el año 2019 habrá un decrecimiento de -0.5%. En 2020, se estima que es posible que haya recesión en Europa y una caída del crecimiento de la economía mundial, por otro lado el continuar con la política de reducción de la inversión pública, confiar en proyectos de Inversión de las Alianzas Público-Privada que hasta ahora han sido mínimos, el mayor ajuste fiscal y las expectativas pesimistas empresariales hacen prever que la contracción de la economía continúe al nivel de los proyectado para 2019. Si a eso se le agregamos el déficit fiscal de 3.3% y la necesidad de mayor endeudamiento público, aumento el servicio de la deuda, que deja menos margen para otros gastos, se confirmaría la tendencia a la recesión económica con sus implicaciones en el mercado de trabajo que se traducirían en mayor desempleo, subempleo y crecimiento del sector informal lo que a su vez está relacionado con el deterioro social. En efecto, la pobreza por ingresos, a Junio de 2019, alcanzó un 25.5%, un punto más que hace un año. Si continúa, en 2020, la contracción económica habrá aumento de la pobreza, por encima de ese nivel, la indigencia y marginalidad social que conduce a más violencia e inseguridad.

El proyecto de ley llamado de crecimiento económico, enviado como económico urgente, en la segunda parte de la reforma fiscal comprende cambios normativos en la planificación, programación presupuestaria e endeudamiento; en las reglas fiscales y en las  empresas públicas, que se tratarán en este artículo, excepto el último.

En la ley de fomento productivo, publicada en RO de Agosto 21 de 2018, se establecieron reglas para la sostenibilidad fiscal, programación presupuestaria y límites de endeudamiento. En el proyecto de ley, se vuelven a realizar cambios en la planificación y programación presupuestaria, se reforma el Código de Planificación y Finanzas Públicas que incluye, entre lo más importante, cambios metodológicos en la definición del sector público, se introduce una política de mitigación y gestión de riesgos fiscales referidos a los shows externos e internos que puedan generar cambios en ingresos, gastos o financiamiento del presupuesto; se establece nueva normativa para la programación fiscal plurianual y anual definiendo sus fases, cobertura para variaciones del ingreso petrolero, proyecciones de gasto tributario, techos de gastos, gastos para cierre de brechas de equidad, se rebaja a 5% la variación del presupuesto general del estado tanto en gastos como ingresos y se le fija a la Asamblea un plazo de diez días para aprobar u observar tal variación. Respecto al endeudamiento, se restituye la obligatoriedad de que toda emisión de bonos, en moneda de curso legal o extranjera se negociará a través de las bolsas de valores, pero se mantiene que, en cuanto, a las negociaciones  directas  entre entidades públicas debe informarse a las entidades de supervisión y control del mercado de valores. Se regula la deuda flotante, aquella que el sector público mantiene con proveedores y se fija un plazo para su pago en noventa días. También se autoriza al Ministerio de Finanzas a que pueda emitir Notas del Tesoro para financiar deficiencias de caja, con un plazo máximo de 359 días, hasta un monto del 8% de los gastos totales del Presupuesto General del Estado, pero paradójicamente no se las considera endeudamiento público. Se le prohíbe al Banco Central la compra de estas notas y cualquier documento emitido por el sector público.

En cuanto a las reglas fiscales, se establece el ámbito de aplicación de éstas que deben cumplir las entidades del sector público no financiero y financiero, el período de estas reglas. Se reafirma la regla que existía: que los egresos permanentes se financiaran solo con ingresos permanentes, aunque se exceptúan los rubros de salud, educación y justicia, en situaciones excepcionales. Se vuelve a confirmar y se específica que, lo que ya se estableció en la ley de fomento productivo, el saldo consolidado de la deuda del sector público no financiero y otras obligaciones no podrá ser mayor del 40% del PIB. Se establece que relación entre el saldo total de la deuda pública con los ingresos totales de los GAD no puede ser mayor del 20%. El límite de endeudamiento de las empresas públicas, en cambio,  será establecido por el Ministerio de Finanzas y si éstas lo sobrepasaran deberá someterse a un plan de fortalecimiento y sostenibilidad fiscal aprobado por este ministerio. Igualmente éste pondrá los límites de endeudamiento para las entidades de seguridad social.

Además se establecen reglas de crecimiento de gasto, resultado primario total y resultado primario no petrolero para los que se fijan metas; en el caso de los dos últimos se exige que cumplan la regla de deuda y otras obligaciones de pago. Se obliga a aplicar medidas preventivas y correctivas, en caso de que estos se desvíen de lo aprobado, pero si  no cumplen con los objetivos, las metas y reglas establecidas se establecen responsabilidades y sanciones para los funcionarios que las  incumplan. Se señala que la regla de gastos y límite de deuda deberán alcanzarse hasta el año 2023. También se establecen reglas de variación de gastos para las entidades de seguridad social fijadas por el Ministerio de Finanzas. Finalmente, se establece el Fondo de Estabilización con los ingresos de la explotación de los recursos naturales no renovables que superen lo contemplado en el Presupuesto General del Estado, luego de descontar las preasignaciones por ley, para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y/o la capacidad de ejecución de egresos en educación y salud. Se establecen causales de suspensión de las reglas fiscales en caso de estados de excepción y recesión económica grave.

Se puede deducir que todas estas normas fueron elaboradas con la asesoría del FMI y siguiendo la metodología internacional sobre presupuestos y finanzas públicas. Si bien se establecen procedimientos y reglas claras para disciplina fiscal hay algunos aspectos que no están especificados. Uno de ellos es el Fondo de Estabilización, cuyos recursos saldrán de la explotación petrolera y minera, que se lo establece de manera general, no se específica, lo que supondría que se lo haría en el reglamento a la ley y además se habla de preasignaciones. Sus fines son muy generales. Recordemos que el gobierno anterior eliminó el FEIREP, fondo que garantizaba el pago de la deuda externa, una preasignación; hasta no conocer el reglamento no podemos saber si tendrá el mismo fin. Los intereses del país están sobre el resto de la economía. Si hay shocks externo e interno, que genere una contracción de la economía, por más que haya recursos en dicho fondo, no puede priorizarse el pago de la deuda externa. Los recursos de ese fondo deben utilizarse para contrarrestar los impactos negativos sobre la economía y su impacto social. En todo caso, con estas reglas claras se establece disciplina fiscal sobre todo en el endeudamiento en los GADs, empresas públicas y entidades de seguridad social. Como existe un déficit fiscal, dicho fondo se crearía en el próximo gobierno que incluiría los recursos de la explotación minera.

A. Fernández, peronista, fue electo Presidente después de haber derrotado, en primera vuelta, a Macri, por una diferencia de cerca de  ocho puntos. El resultado electoral no sorprende, pero sí que Macri haya acortado la diferencia de quince puntos que Fernández obtuvo en las PASO. En este artículo trataremos sobre las dos causas de la crisis económica y social: el manejo económico (analizando 4 variables: déficit fiscal, tipo de cambio, inflación y nivel de actividad económica) y el impacto social que provocó en el nivel de vida.

Macri, en diciembre de 2015, recibió una economía con algunos desequilibrios macroeconómicos: déficit fiscal, desempleo y caída del nivel de actividad. Su política económica se basó en el libre mercado. Buscó favorecer a la inversión privada extranjera y nacional, en especial a los de agricultura industrial,  liberando el tipo de cambio,  para incentivar la entrada de divisas. Buscó reducir el déficit fiscal, reduciendo el gasto público con recorte de la burocracia, eliminación y fusión de entidades públicas y eliminó los subsidios a servicios básicos, lo que aumentó el precio de la electricidad, gas, transporte, etc. incrementándose el costo de la vida. Para incentivar el nivel de actividad, aumentó la inversión pública e impulso las exportaciones agropecuarias tradicionales. Cuando asumió el mando, en Diciembre 10 de 2015, el tipo de cambio minorista oscilaba alrededor de 10 pesos por dólar, a fines del mismo mes del siguiente año llegó a alrededor de 16 pesos. A fines de  diciembre de 2017, el dólar minorista se cotizaba a 19.4 pesos, hay una corrida cambiaria en Abril de 2018 y a fines de ese mes llega a 20.8 pesos, en Mayo 7 alcanza 22,3 pesos y para tratar de parar la espiral cambiaria, en Junio a Macri acude al FMI que le otorga un crédito de 57.000 millones de dólares, condicionando a que aplique la receta del FMI, sin embargo, a fines de Agosto sube a 38.5 pesos; en Agosto de 2019, después de las PASO (Domingo 11), se generó una turbulencia cambiaria que llevó  a una fuerte depreciación del peso que saltó, el viernes 16, a 56.4 pesos y el viernes 30 trepó a 62 pesos. Para defender el peso, uso la RMI y el alza de la tasa de interés. Desde Agosto, de este año, hasta la semana previa a la primera vuelta, se habían perdido más de 22000 millones de RMI y el alza de la tasa de interés desalentaba la inversión. Pero aún más, la incertidumbre cambiaria y económica llevó a salida de capitales y retiro de depósitos o conversión a dólares, lo que lastraba más la caída de la RMI. La devaluación permanente desató un aumento continuo de la inflación que, a Julio de 2019, alcanzó 54.4%, lo que a su vez llevó a un incremento del costo de la vida. Para incentivar el nivel de actividad, acudió a la inversión pública, que fue financiada con deuda pública, que alcanza a más de 300.000 millones de dólares –un tercio de ésta es deuda externa- la cual a su vez se utilizaba para frenar el tipo de cambio. La inversión extranjera no llegó y los resultados fueron una  contracción de la economía de 2.1% en 2016, en2017 se recupera y crece 2.7% para terminar en 2018 con un decrecimiento de -2.5%. En agosto de 2019, el estimador de la actividad económica registró una contracción de 3.8% respecto al mismo mes del año anterior.

Los efectos de la contracción económica fueron aumento del desempleo, subempleo e informalidad. En el segundo semestre de 2019, la desocupación alcanzó 10.6%, con la subida de la inflación también creció el costo de la canasta básica que en diciembre de 2018 era de 8250 pesos y en agosto de 2019 llegó 10683 pesos (un aumento de 29.4%), lo cual, a su vez, llevó a un aumento de la pobreza, en el primer semestre de ese año, a 35.4% (más de un tercio de la población, lo que significa 5 millones más de pobres) y la indigencia 7.7%. El fracaso de la política neoliberal de Macri está a la vista: devaluación, más inflación, alta deuda pública, caída de la RMI, contracción económica que llevaron a mayor desempleo y aumento de la pobreza e indigencia. Un informe LatinFocus Consensus Forecast (un compendio de estimaciones de bancos y consultoras) pronostica para 2019 una contracción económica de -2,8% y de -1.4% para 2020, que son cifras similares a las estimaciones del FMI y BM. La protesta en Chile, en la penúltima semana de Octubre de este año, de estudiantes, trabajadores y población en general, deja varias lecciones. Una de ellas es el límite social de este tipo de políticas. No se puede aplicar un modelo de mercado libre, de un capitalismo salvaje, que aumente la desigualdad y la injusticia social, deteriorando las condiciones de vida de la población para elevar las ganancias del capital porque la gente se rebela por el aumento de la pobreza y un modo de vida indigno.

El reto del peronismo es revertir esta tendencia negativa de la economía. Para ello, tendrá que renegociar el acuerdo con el FMI, la deuda pública externa, establecer control cambiario rígido, para cortar la espiral devaluación-inflación-deterioro de las condiciones de vida de la población. Esta corriente defiende un modelo económico basado en incentivar la demanda interna, regulación del mercado y una política de incentivos a ésta así como una política fiscal redistributiva que obtenga recursos de los niveles altos de ingreso y los reoriente hacia los de menores ingresos. El desafío es si puede corregir los desequilibrios macroeconómicos, no caer en déficits fiscales inmanejables, reducir la inflación y reactivar la economía. Eso implica negociar con el poder económico para sacar al país de la crisis económica y social recurrente.

El proyecto de ley económico-urgente, enviado por el ejecutivo que, en su difusión, ha llamado de crecimiento económico incluye una reforma fiscal (tributaria: evasión, exoneración impositiva; a empresas públicas;  y a reglas fiscales) y un cambio normativo al Código Monetario Financiero (independencia al Banco Central, variación del modelo de regulación y supervisión financiera, esquema de seguridad financiera, etc.). Las dos reformas son parte de los condicionamientos del FM, incluidos en el acuerdo crediticio. En este artículo trataremos sobre la primera reforma, los principales aspectos en la área tributaria en lo referente a impuestos.

Debido a que la marcha indígena obligó a derogar el decreto 883, de eliminación de subsidios a los combustibles, que iba a financiar parcialmente el déficit fiscal, que sustituiría con la focalización de éstos, el gobierno busca otras fuentes de ingresos que están contenidos en la reforma fiscal. En la parte tributaria, la reforma fiscal modifica y crea algunos impuestos. En el primer caso está la producción y venta local del banano que ahora pagará un impuesto a la renta de 2% y la exportación el 3%. En el establecimiento de nuevos impuestos se incluye la variación de la base imponible del ICE y la inclusión de este a nuevos productos y servicios: al tabaco, bebidas gaseosas (con azúcar menor a 25 g/l, 11%), perfumes, armas de fuego, focos y sistemas de calentamiento de agua, vehículos de carga de hasta 3.5 T, vehículos de más de 35.000 dólares, aviones y avionetas, servicios de TV pagada (15%), de telefonía fija a empresas, telefonía móvil (10%), tendrán la tarifa ad valorem; a cigarrillos, alcohol, cerveza artesanal e industrial bebidas gaseosas (con azúcar mayor a 25 g/l) y fundas plásticas se les aplicará una tarifa especifica; bebidas alcohólicas, pagarán una tarifa mixta. Con esta reforma tributaria la mayor parte se recaudará en bebidas gaseosas y cerveza, por su alto consumo; telefonía móvil (100 millones), por el uso mayoritario de este servicios, a eso se suma, el impuesto a los dividendos a extranjeros al que se le aplicará el 40% (191 millones) y, se crea, la contribución temporal, por tres años, a empresas que tengan un ingreso bruto de más de un millón de dólares (177 millones).

Hace poco se eliminó el impuesto ambiental a los vehículos, que también pagaban el impuesto a la propiedad, impuesto al rodaje y tasas. La reforma fiscal, en su parte tributaria, el impuesto al rodaje lo sustituye con el impuesto anual a la circulación, que lo recaudarían los GADs, a través del SRI y se mantiene el impuesto a la propiedad del vehículo. Ambos tendrán como base imponible el valor de éste. Además se impone IVA a los servicios digitales, con los que quedan gravados los usuarios de las plataformas que vendan bienes, den servicios de transporte (Uber) o entrega a domicilio de bienes y las de streaming (Netflix). A eso se agrega, la eliminación de los gastos personales de quienes tengan ingresos de más de 100.000 dólares anuales, lo que generaría un ahorro de 41 millones.

Se crea el impuesto a la renta para microempresas con una tarifa de 2% sobre los ingresos brutos y  reduce el impuesto a la salida de divisas a la importación de materias primas, insumos y bienes de capital, con lo cual se beneficia a todas las empresas medianas y grandes, principalmente del sector industrial. Según el gobierno la reforma tributaria generará 731 millones en 2010 y 887 en el 2021. La mayor parte de los ingresos adicionales que genera esta reforma lo pagarán las empresas medianas y grandes, inversionistas extranjeros, la clase media (telefonía móvil, plataformas digitales, vehículos, eliminación de deducciones al impuesto a la renta) y las de ingresos bajos (por la telefonía móvil y fundas plásticas). La política fiscal es uno de los instrumentos de redistribución del ingreso, con la focalización del subsidio a los combustibles que está en discusión y la aprobación del Presupuesto General del Estado de 2020, tendríamos el esquema de dicha redistribución. Hasta el momento, con la remisión tributaria otorgada a los empresarios, con el perdón de multas a intereses a este grupo social, de más de 4000 millones, la política fiscal ha beneficiado, de largo, a los dueños de empresas. Con esta reforma, se carga el peso de la imposición a la clase media y baja.