Luis Rosero M.

Lasso asumió el poder, nombró su gabinete y ya ha anunciado sus primeras medidas y futuras que configuran el modelo productivo y económico que implementará: neoliberalismo con un aparente rostro social insistiendo en que reduciría la pobreza y sus principales lacras.

El gobierno de Lenín Moreno (2017 – 2021), en lo económico, se profundizo la crisis económica y social, con la pandemia, y entregó el manejo de la política económica al FMI y organismos financieros internacionales. Firmó una carta de intención con el primero y con los otros convenios para obtener financiamiento. Se aplicó un ajuste y 4 reformas estructurales: liberalización del mercado de combustibles, avanzó en la reforma laboral, redujo el tamaño del estado y aprobó una reforma Código Monetario y Financiero. En lo social, estableció, de manera limitada, una serie de bonos para ayudar a los más pobres. Su legado fue un fuerte endeudamiento, graves desequilibrios macroeconómicos –principalmente el déficit fiscal, alto desempleo y subempleo- y, en lo social un crecimiento de la pobreza que alcanzó el 33% pero lo más grave es el aparecimiento del hambre y aumento de la indigencia que, a su vez, es la causa de la violencia y delincuencia.

Esta es la herencia de Moreno y Lasso que, con sus muchas promesas de campaña, le imponen un reto para revertir la contracción y reactivar la economía, reducir los desequilibrios macroeconómicos y pagar la deuda social reflejada, en el tercio de pobreza de la población, desnutrición infantil, hambre e indigencia. El modelo productivo que ha anunciado es el extractivismo profundizando la explotación petrolera y minera e impulsando la exportación de productos primarios. En cuanto a la política económica, sus ministros han planteado, una reforma laboral, apertura económica, reforma tributaria, reforma del estado y la implementación de la liberalización del mercado del dinero utilizando la reforma al Código Monetario y Financiero.

En cuanto a las reformas estructurales, la del mercado laboral buscaría implementar nuevos contratos de trabajo –por hora y por temporada- que avanzaría en la flexibilización laboral  que se inició con los contratos estipulados en la ley de Apoyo humanitario–aprobada en el gobierno de Moreno-. Pero, de manera muy hábil, no se tocaría el Código de Trabajo, y la nueva ley que se dictaría sería para los informales, emprendedores y desempleados y subempleados –que generó la pandemia- pero reduciendo los beneficios laborales. Esta reforma estaría enfocada a reducir los costos laborales que, a criterio del FMI y otros organismos internacionales, es la causa principal del desempleo y subempleo. Dicha reforma se complementaría con la apertura comercial. Ya se anuncia nuevos tratados de libre comercio, entre ellos, con México. Y, por otro lado, una reforma arancelaria que apuntaría a reducir los aranceles, para bajar costos de insumos, materias primas y maquinaria. Con la reforma comercial se apunta al aumento de exportaciones y reducción de costos de importaciones. Sin embargo, la apertura comercial tiene un impacto que afecta a la producción nacional. En todo caso, las dos reformas, se busca reducir costos empresariales para generar más competitividad. Pero esto es a nivel de la superficie, en lo estructural lo que se debe apuntar es al aumento de la productividad para reducir los costos empresariales y volver más competitivo al país.

La reforma tributaria –que anunció Lasso en la campaña- deberá esperar en cuanto a la eliminación y reducción de impuestos, por el déficit fiscal. Al parecer, por lo declarado por el nuevo Ministro de Finanzas, se apuntaría a aumentar la base tributaria de algunos tributos –en especial el de la Renta- y a la reducción de la evasión y elusión fiscal. La reforma al Código Monetario y Financiero que cambió la gobernanza del Banco Central y de la Junta Monetaria y la Financiera, la independencia del Banco Central y la delegación de la regulación monetaria y financiera, a miembros del sector privado, apuntaría a la liberalización del mercado del dinero. En cuanto a la reforma del estado el propio Presidente anunció la concesión de refinería, carreteras, telefónica y venta del Banco del Pacifico. Respecto a la política social, se seguirá con la entrega de varios bonos de ayuda a familias y se anunció otro, de carácter temporal, para combatir el hambre. Pero la falta de liquidez limitará la entrega de éstos. En suma, el nuevo gobierno está presionado por el cumplimiento de las promesas electorales –vacunación, empleo, reducción de la pobreza- y, por otro lado reactivar la economía, generar oportunidades laborales y reducir los desequilibrios macroeconómicos. Para ello, cambiaría el modelo productivo y aplicaría una política económica neoliberal. Pero tiene que actuar con prudencia –por el estallido social en Colombia y los logros de la protesta social en Chile- y reducir pronto el hambre y la indigencia pues se corre el riesgo de un estallido social.

El gobierno de Lasso, de derecha, asume el poder, con los acontecimientos de protestas en Colombia por reformas antipopulares y el triunfo de los independientes e izquierda, en la conformación de la Asamblea Constituyente, que busca cambiar la constitución de Pinochet. Esto implica una espada de Damocles que pesa sobre los gobiernos latinoamericanos si quieren imponer un modelo que afecte a los intereses populares.

En Colombia, la protesta social lleva ya 3 semanas que unido a un paro nacional ha logrado que el gobierno retire la reforma tributaria –que entre otras cosas aumentó el IVA a ciertos productos de la canasta básica- y también deje sin efecto el proyecto privatizador de la salud. Es que ambas reformas implicaban afectar los intereses populares, pues significaban reducir los ingresos de la población y agravar sus condiciones de vida ya deterioradas por la pandemia que reveló el aumento de la pobreza y concentración de la riqueza, o sea que los ricos se hicieron más ricos y los pobres más pobres. La protesta social tiene paralizado al país, el gobierno ha intentado imponer las reformas a sangre y fuego a tal punto que ya van 50 muertos y miles de desaparecidos. El costo ha sido alto para la población, pero frenó los intentos del gobierno de cargarle más impuestos y encarecer los servicios de salud.

Por otro lado, en las elecciones chilenas para elegir a los miembros de la Asamblea Constituyente (AC) , municipales y regionales así como gobernadores. Los resultados muestran la posibilidad de la ruptura y cambio del modelo chileno que estableció Pinochet. Así de los 155 miembros de la AC, los independientes lograron 48 curules (31%), 17 de las nacionalidades indígenas (11%) –entre ellas, los mapuches-, 28 de la izquierda (18%) y los de otros grupos que suman  en total 66%, mientras que la derecha solo alcanzó 37 (24%), lo que significa un doble logro. Por un lado, la derrota estrepitosa de la derecha y, por otro, la posibilidad de cambiar la constitución pinochetista. Pero más aún, la alcaldía de Santiago fue ganada por una economista de izquierda. Estos resultados son el reflejo de la imposición de un modelo que mercantilizó los servicios públicos, que tienen un precio internacional; para estudios superiores los padres tenían que endeudarse, donde se privatizó la seguridad social y la salud pública, que terminó fracasando, etc. En definitiva, un modelo que generó concentración de la riqueza y el ingreso, llevando al aumento de la pobreza, que creció aún más con la pandemia. Con el triunfo en la elección de la AC, el pueblo dijo basta a este modelo y ahora le toca el desafío de cambiar la constitución de Pinochet que reconozca los derechos sociales y distribuya equitativamente la riqueza que genera el crecimiento económico.

El nuevo gobierno ecuatoriano asume el mando, en este marco, que le pone límites al establecimiento de un modelo neoliberal y medidas que afecten el nivel de vida de la población. El pueblo está a la expectativa que Lasso cumpla con los compromisos de campaña. Nominó a su gabinete en el que son claves 4 ministerios: salud, gobierno, economía e inclusión económica y social (MIES). En el primero, designó a una ex funcionaria del Ministerio de Salud, en el correismo, que tiene el desafío de cumplir la promesa de Lasso de vacunar a 9 millones de ecuatorianos en los primeros 100 días de gobierno; nombró como Ministro de Gobierno a C. Monge, que renunció como asambleísta, pero que fue el arquitecto de derribar el pacto entre el correismo, PSC y CREO y a su vez lograr otro con el movimiento indígena (PK), ID e independientes, que logró la mayoría en la Asamblea. Monge mostró su habilidad política y su desafío es viabilizar la aprobación de leyes, reducir la delincuencia para fortalecer la seguridad ciudadana y control de la protesta social. El Ministro de Economía, S. Cueva, ex representante del FMI en Bolivia, tiene la tarea de reequilibrar y reactivar la economía poniendo como motor a la inversión privada. Tratará de implementar el modelo neoliberal. Ya Lasso anunció la concesión de refinerías, carreteras, CNT y el Banco del Pacifico, con lo cual se reduce el tamaño del estado. Pero su intención de aplicar una economía neoliberal tiene la barrera de la protesta social si trata de imponer medidas que afecten las condiciones de vida de la población. La Ministra del MIES, M. Montaño, tiene la inmensa tarea de pagar la deuda social y tendrá que aplicar una política social que luche contra la pobreza y el deterioro del nivel de vida provocada por la crisis económica que se arrastra desde 2019 y que fue agravada por la pandemia.

En suma, difícil la tarea del nuevo gobierno para enrumbar la economía y lo social. Las protestas en Colombia y triunfo de los antipinochetistas pondrán un límite, en Latinoamérica, al modelo neoliberal y las medidas económicas antipopulares que trate aplicar Lasso ya que agravaran aún más las condiciones de vida de la población. La protesta popular es el único lenguaje que entienden los gobiernos. Si bien, el espíritu del gobierno de Lasso es neoliberal deberá tener pragmatismo –más que ideología- y tendrá como freno la protesta social. Su reto es cumplir con las promesas electorales sin afectar las condiciones de vida de la gemte y enrumbar al país hacia el crecimiento así como redistribuir la riqueza y el ingreso para reducir el elevado nivel de pobreza y mejorar las condiciones de vida de la población.

Luis Rosero M.

La elección de las nuevas dignidades de la Asamblea llevó al pacto PSC-UNES y rompimiento de la alianza del PSC-CREO, y este último pactó con el movimiento indígena para nombrar a las principales autoridades de la Asamblea. Si dicho pacto y alianza, antes impensables, se ejecutaban hubieron  tenido una serie de consecuencias. En cambio el nuevo pacto de CREO genera una nueva mayoría en la Asamblea que es fundamental para las leyes y el proyecto político que impulsara el nuevo gobierno de derecha.

El pacto inicial, para elegir a las autoridades de la Asamblea, era PSC-UNES-CREO. Sin embargo, a la hora de elegir el Presidente de la Asamblea, CREO, con una hábil maniobra, se abstuvo en la votación impidiendo que Kronfle (PSC) sea elegido. Fue clave, la deserción de Rohn (PSC), por no haber sido seleccionado como candidato para dicha dignidad, pues este voto impidió dicha elección. Si  hubiera funcionado la alianza señalada, el nuevo gobierno debía entregar Ministerios, Gobernación del Guayas, cargos en Juntas Monetaria y Financiera a miembros del PSC, embajadas, etc.  y podría haberse dado intervenciones en el caso ISSPOL. Al no funcionar el pacto, no se formará la Comisión de la Verdad que, al parecer UNES, buscaba revisar las sentencias a los miembros, pero ésta recibió otro golpe. El premio consuelo para UNES fue una vocalía del CAL. En cambio, el revés fue muy duro para el PSC pues no obtuvo la presidencia de la Asamblea, ni ninguna dignidad importante en ésta y se quedó sin participación en el nuevo gobierno y perdió uno de sus miembros.

Después de este alboroto, finalmente fue elegida Presidenta de la Asamblea Guadalupe LLori de Pachacutik (PK) con el apoyo de CREO, PK, ID e independientes que sería la nueva mayoría legislativa. Ella fue encarcelada por la acusación de terrorismo y sabotaje en el gobierno anterior, a fines de 2007. Al parecer, la intención del nuevo gobierno es enviar el mensaje de que no quiere ninguna relación con el correismo, por eso apoyó a Llori (PK), rival de esta corriente, lo que significa otro golpe para este movimiento. Otro de los efectos de esta elección, es ¿cómo un movimiento que se dice de izquierda pacta con la derecha?, lo que significa una contraposición del proyecto político de PK con el  de CREO,  que tendrá una serie de efectos en el movimiento indígena. Uno de ellos, es con Yaku Pérez  quien había manifestado que, si PK apoya a Lasso, él se retiraría de este movimiento, con lo cual CREO eliminaría a un rival y dividiría a PK. ¿Ahora hay que ver si Yaku renuncia? Si no lo hace implica que está de acuerdo con la negociación parlamentaria con CREO.

Con esta elección, el nuevo gobierno consigue una nueva mayoría legislativa –PK, CREO, ID, Democracia Sí –que revela su ansia de poder- e independientes- , que será vital para viabilizar las leyes que requiere su proyecto político. Por otro lado, seamos claros, la ruptura de la alianza PSC-CREO, es a nivel legislativo, no en cuanto a sus verdaderos intereses de fondo relacionados con los poderes económico y financiero, a los que representan, con los que hay un acuerdo sin limitaciones. Al igual, el pacto legislativo CRE0-PK, revelaría las contradicciones del movimiento indígena, en el que sus dirigentes por alcanzar el poder sacrificaron sus principios. Esto además, traerá consecuencias en las elecciones presidenciales de 2025.

Hay varias lecciones de la elección de la Asamblea. Primero, la hábil estrategia política de Monge para pactar y conseguir resultados para su partido. Segundo, el pacto impensable entre PSC-UNES fue desbaratado con la maniobra de Monge. Tercero, deja afuera del gobierno, al PSC. Cuarto, al apoyar elección en la Asamblea de miembros de PK  CREO consigue su apoyo legislativo, eliminaría a un rival político y dividiría a dicho movimiento. Quinto, deja claro que no quiere ningún pacto con el correismo. Sexto,  se demuestra que en política todo es posible, los partidos y movimientos pueden pactar con tal de obtener una cuota de poder, defender sus intereses y llevar adelante su proyecto político.

Luis Rosero M.

La protesta social estalló en Colombia, que ya lleva dos semanas paralizando al país, como repuesta al grave deterioro de las condiciones económicas y sociales desnudadas por la pandemia y agravada por un modelo de corte neoliberal que han empobrecido a la población y clase media, que es un reflejo de lo que sucede en A. Latina.

En Chile, a comienzos de Octubre de 2019, el gobierno decidió incrementar el precio del pasaje del metro. Esa fue la punta del iceberg que desató la protesta de la población en las calles. A mediados de ese mes el gobierno se vio obligado a suspender dicha alza, pero las protestas en varias ciudades continuaron. La represión fue brutal y causo más de 20 muertos. El gobierno, frente a la presión popular, pidió perdón por su falta de visión social y anuncio una serie de reformas sociales. Son varios los factores que están detrás de la revuelta: la concentración del ingreso y la riqueza, que produce desigualdad brutal entre ricos y pobres; la aplicación de un modelo económico neoliberal que le ha puesto precio a todo, hasta el agua. Para ir a la universidad, los padres requieren de un crédito para cubrir el costo de los estudios, el precio de los servicios básicos tienen niveles internacionales, etc. La pobreza ha crecido y, la vida en las comunas –barrios marginales-, es cada vez más crítica; el papel de los estudiantes, fue clave para el inicio de la protesta a las que se sumaron pobres, trabajadores y campesinos. La protesta continúo más de un año y fue aplacada parcialmente por la pandemia. Tal ha sido, la repercusión de la protesta que los manifestantes han logrado que se entregue 20% de los fondos de las AFP (en 2 partes), el llamamiento a elecciones para elegir los miembros que integren una Asamblea Constituyente que cambie la Constitución de Pinochet. Un logro sin precedentes del estallido social.

En Ecuador en ese mismo mes y año, se desató la protesta social con la marcha indígena que obligó al gobierno a retirar el proyecto del alza de los precios de los combustibles. Sin embargo, la pandemia –que obligó a la desmovilización social- fue aprovechada por el régimen para liberalizar el precio de los combustibles y aprobar una serie de leyes que impusieron una flexibilización laboral y nuevos impuestos. A más de eso, mayor deuda externa, convenio con el FMI y medidas económicas antipopulares, mal manejo de la pandemia, vacunación VIP, corrupción y con la declaración del Presidente “Ojalá yo tuviera un mejor pueblo”, se tiene una idea de la clase de gobernante que tenemos.

En Colombia, como en Chile, el detonante de la protesta social fue el aumento del costo de la vida, que iba a aumentar con los impuestos contemplados en el proyecto de reforma tributaria que, entre otras cosas, aumentaba el IVA a la canasta básica. El estallido social, que se potenció con una huelga general, lleva más de una semana, en varias ciudades, y la represión brutal fue la repuesta del gobierno dejando ya más de 30 muertos y 80 desaparecidos, hasta el momento, en manos del Escuadrón Móvil Antidisturbios. Ni los acuerdos de paz, con los guerrilleros, con su desarme, la muerte de Escobar y  ni los llamados al dialogo por parte del gobierno han parado la protesta social. Es que hay causas estructurales: pobreza por ingresos de 21 millones de personas (el 42.5% de la población); según una encuesta del DANE, de Marzo de 2021, el 57% las familias, de 4 miembros o más, declaraba que su situación económica era peor que hace un año, y 79.5% de éstas consideraba que no tiene posibilidades de comprar ropa, zapatos, alimentos, etc., el desempleo de hombres era 22.5% y el de mujeres 42.1%. A eso se suma, que la mayor parte de la tierra está en manos de terratenientes, el estado y la iglesia.

Pero esta situación no es nueva. En la novela gráfica El olvido que seremos, adaptada por Tyto Alba de la novela de Hector Abad F. (2006), dedicada a su padre. Un médico, con conciencia, que hacía labor social en los barrios pobres y hospitales, retrata ya en 1945 la situación social de Medellín caracterizada por el hambre, desnutrición, carencia de agua potable, concentración de la riqueza, pobreza, desigualdad, miseria, violencia. Además, señala que fueron asesinados sus amigos progresistas y que tenían ideas liberales y luchaban contra los conservadores apoyados por la iglesia. Finalmente su padre fue asesinado por los paramilitares en Octubre de 1987. Es esta situación lo que llevo al surgimiento de la guerrilla. En síntesis, el estallido social en el fondo es por la desigualdad, pobreza, desempleo, corrupción, represión a la protesta social y militarización.  La población sigue dando lecciones: el único lenguaje que entienden los gobiernos es la protesta en las calles. Solo con ésta habrá posibilidades de algunos cambios en la política social y económica, pero a un alto costo de vida humanas. Es el precio que tienen que pagar los marginados por mejores días para sus familias.