Luis Rosero M.

Hay varios estudios y análisis actuariales de la situación del sistema de pensiones que confirman la crisis del IESS. Entre ellos está el de la OIT y el estudio actuarial contratado por el IESS que confirma la quiebra inminente y requiere que se tomen decisiones urgentes para enfrentar su crisis.

El estudio actuarial de Régimen de Invalidez, vejez y muerte (IVM) del IESS – 2018, de la OIT, publicado en abril de 2020, tuvo como objetivo evaluar la estabilidad financiera del IVM en el corto y largo plazo. Considera 2 hechos relevantes: Uno, la resolución CD 501 de Noviembre de 2015 que cambio la tasa de redistribución entre tipos de seguros, pasando a partir de 2016, la de IVM que estaba en 9.84% a 5.96% para trasladárselo al seguro de salud. Dos, la Asamblea aprobó, en abril de 2015, la ley de Justicia Laboral, que liberó al gobierno del financiamiento del 40% al seguro de pensiones. Presenta conclusiones según el escenario.

Los escenarios más críticos son el 4 y 5 (el gobierno no entrega el 40% y contribuye menos del 28% al gasto prestacional) generando desequilibrios financieros “en el escenario 4, el primer año con resultado negativo sería 2025 y en el escenario 5, el primer resultado negativo sería en 2023. Se desprende de estos dos escenarios que el no cumplimiento por parte del Estado de su aportación completa podría traer consecuencias graves de muy corto plazo en el equilibrio financiero del Seguro de IVM. Se recomienda, por tanto, adoptar las medidas necesarias que aseguren que dicha aportación será entregada en su totalidad.” Para evitar el desequilibrio recomienda: “se recomienda adoptar una política de extensión de cobertura del Seguro de IVM, declarar como obligatoria la incorporación de los trabajadores independientes al IESS y fortalecer los procesos de afiliación y cobranza para disminuir la evasión en sus diversas formas”. La medidas centrales que recomienda el estudio es que se pague la aportación del 40% que no se realizó entre Abril 2015 – Diciembre de 2018, que el gobierno pague completa el 40% y que la reforma sea integral.

Un estudio actual, contratado y publicado por el IESS, recomendaba: “Las contribuciones estatales para cubrir el 40% de las pensiones constituye un factor de vital importancia en la situación actuarial del IVM, en el presente y en el futuro. Por lo tanto es necesario exigir la asignación oportuna y suficiente de las contribuciones del Estado.” Según el diario digital www.primicias.ec, refiriéndose a declaraciones de Paúl Granda, presidente del Consejo Directivo del IESS,  reporta: “Según él “ese 28% nos ha dado tranquilidad”. El estudio actuarial publicado a finales del año pasado advirtió que sin el subsidio estatal el fondo de pensiones solo tiene recursos hasta 2023.”

El gerente de la empresa Volrisk, que hizo estudios para el IEESS, según El Universo,  “que sí se le advirtió al gobierno pasado, en sus escenarios pesimistas, que podrían generarse problemas para el pago de pensiones, en el 2022. Explicó que el fondo IVM puede tener muchos activos, pero no líquidos. Por ejemplo, el aporte del 40% que da el Estado, en muchas ocasiones se ha dado en bonos del Estado.”  Y agregó, según la misma fuente, que “el gobierno de Lenín Moreno, pese a haber acordado retomar el pago del 40% se pagaron en efectivo $ 600 millones a fines del 2020 y $ 927 millones en bonos a cinco, diez y quince años plazo. A partir de enero del 2021 nuevamente el Estado entró en mora.”

En síntesis, estos tres estudios concuerdan que para evitar el déficit en el IVM, que pone en peligro el pago de pensiones, es vital que el gobierno aporte en efectivo y completa el 40%. El no hacerlo implicará problemas que enfrentaría el IESS para pagar las pensiones en 2023. Pero el estudio actuarial contratado por el IESS agrega otro factor: el rendimiento financiero de las inversiones del IESS.

Luis Rosero M.

En el cuarto intento, el gobierno logra que la Asamblea apruebe, con el apoyo de CREO, PSC, PK, BIN y otros, el proyecto de ley de defensa de la dolarización. En relación a la tercera versión de este proyecto la cuarta es más cosmética que, en lo fundamental, es una reforma al Código Monetario y Financiero (CMF) que cambia la gobernanza de la Junta Financiera y Monetaria, reforma al Banco Central y otras leyes

En el actual CFM, hay una Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera que se encarga de la política, regulación, supervisión monetaria, crediticia, cambiaria, financiera, de seguros y valores. Sus miembros son todos ministros y funcionarios públicos. El proyecto aprobado crea dos juntas: una de Política y Regulación Financiera cuyas funciones principales serán dictar la política crediticia, financiera, de seguros, valores y salud prepagada y regulación para mantener la solidez, sostenibilidad y estabilidad del sistema financiero y en los 3 últimos señalados. La otra es la Junta de Política y Regulación Monetaria cuya función principal será de formular la política monetaria, establecer las políticas del Banco Central (BCE) y supervisar su implementación así como vigilar el cumplimiento de sus funciones. Los miembros de ambas juntas, antes 5,  serán 3, duraran 4 años y, en el caso de la Junta Financiera, se cambia el tercer requisito de experiencia de 10 años,  que se divide 6 años en funciones de dirección o administración en  lo monetario/financiero, seguros o valores u organismos de regulación, supervisión o control en esos ámbitos y 4 años por catedra universitaria en dichos ámbitos. Para el Banco Central se exige solo la experiencia en lo monetario/financiero.

En relación a la Junta Financiera, se elimina el art. 15 del CFM quitando las funciones macroeconómicas que se relacionan con los límites a la posición de activos externos de las entidades financieras, de valores y seguros o sea las normas que establecen condiciones y límites al endeudamiento externo que dichas entidades del país contraten en el exterior y la Junta podrá disponer que las divisas provenientes de las operaciones que ella determine, ingresen de manera obligatoria al país y establecerá multas hasta por el monto de las divisas no ingresadas. O sea, la banca no tendría límites para sacar sus recursos o endeudarse en el exterior.

En cuanto al BCE, sus funciones principales serían instrumentar la política monetaria para promover la sostenibilidad del sistema financiero y monetario; elaborar, coordinando con el Ministerio de Finanzas, la programación macroeconómica; preparar informe sobre el presupuesto del estado; elaborar los informes de liquidez; informar sobre la sostenibilidad de las reservas para para operaciones de deuda y administrar la RMI. En sí, se cambian, por hipótesis, las funciones del BCE muy cercanas a las determinadas por la Constitución de 1998 y la ley de Régimen Monetario y Banco del Estado de diciembre de 2005. Se le devuelve la autonomía al Banco Central y se cambia su directorio por una Junta Monetaria.

En síntesis, hasta lo analizado sobre las Juntas y BCE, la política pública por naturaleza es formulada por el ejecutivo, y, con el CMF actual, toda la política y regulación financiera, monetaria, de seguros y valores es elaborada por autoridades (Ministros y funcionarios públicos) pero con el proyecto aprobado el gobierno delega a que estas políticas y regulación, en estos ámbitos, sea dictada por miembros del sector privado. Aún más, al reducirse el número de miembros de la Junta Financiera y de la Monetaria la posibilidad de cooptación y conflictos de intereses aumenta. Es un viraje de 360 grados, de pasar la política y regulación financiera y monetaria dictada por funcionarios públicos a ser dictadas por miembros del sector privado. Al eliminarse las facultades macroeconómicas de la nueva Junta Financiera cabe la posibilidad de que los entes financieros privados puedan sacar capitales sin interferencias. El proyecto de ley denominado de defensa de la dolarización, en realidad apunta más, según lo analizado hasta el momento, al cambio de la gobernanza de las Juntas Financiera y Monetaria. La dolarización es sostenible en la medida que haya más ingreso  que salida de dólares al país y para eso el país tiene que realizar un cambio estructural y especialización que permita lograr dicho objetivo. El gobierno actual concluye su periodo que, en lo económico-financiero implementó la liberalización del mercado de combustibles, hizo una reforma laboral y con este proyecto de ley se tendería a liberalización del mercado del financiero: de dinero y de capitales, con lo cual cumple nos vamos acercando a la  instrumentación de una economía de mercado sin cortapisas.

Luis Rosero M.

El Presidente electo, Lasso, en su campaña propuso una serie de compromisos y, por otro lado, después de su triunfo ha realizado anuncios sobre su plan de gobierno  y finalmente, la fundación Ecuador Libre, que promueve la libertad de mercado, ha elaborado algunos documentos sobre reformas. Con todo esto podemos delinear el nuevo modelo económico que implementaría su gobierno.

En los gobiernos del progresismo (2007-2017) el modelo económico cuyos aspectos centrales fueron:   estado fuerte (productor –en áreas estratégicas-, regulador y supervisor de mercados), el dinamismo económico basado en el gasto público, proteccionismo y  fuerte regulación del estado. El modelo funcionó bien hasta 2014, cuando cayeron los precios del petróleo, y comenzó a tener dificultades para financiar el gasto público. Para implementar este modelo se realizó una amplia reforma institucional que, en lo económico, se plasmó en la Constitución de 2008 y una serie de leyes y códigos.

En 2017, con la elección de Moreno, el gobierno dio un viraje que, en lo económico, implicó una política ortodoxa, siendo lo fundamente, con la aplicación de la liberalización del mercado de combustibles, reforma laboral y finalmente una reforma que busca la independencia del Banco Central y cambiar el Código Monetario, cuyo proyecto de ley se encuentra en trámite, con el carácter de urgente, en la Asamblea. Con el acuerdo con el FMI, la política económica se enrumbo hacia un esquema neoliberal. Con la pandemia, con una mala política sanitaria y la corrupción, la economía termina, a Mayo de 2021, con una grave y triple crisis económica, social y sanitaria.

Según El Universo, los compromisos de Lasso, en su campaña, son: 9 millones de vacunas en 100 días, eliminar la Senescyt, consulta popular (eliminar el CPCCS), eliminar aranceles y costos, acuerdos de libre comercio (EE.UU., China, Corea y Japón), empleo para un millón (mediante diferentes formas de contratación), sueldo mínimo de $ 500 (para 2022), eliminar impuestos (2% a las ventas de emprendedores, 5% del ISD), reducir la tasa de interés (con ingreso de banca extranjera) y doble deducción de impuesto a la renta (por contratación a quienes reciben bono de DH). Los directivos o los relacionados con la Fundación Ecuador, que promueve el liberalismo, plantean la necesidad de una reforma laboral, tributaria y reducción del tamaño del estado así como la implantación de una economía de libre mercado. A eso hay que agregarle, los diez temas de la consulta de Nebot que se ha comprometido a apoyar. Lasso, en sus entrevistas, dice que el problema está en el sector público: mala administración, sobrendeudadamiento, falta de liquidez, corrupción e ineficiencia.

Con estos elementos, podemos delinear que el modelo económico de Lasso estaría orientado a la implementación de una economía de mercado en la que el dinamismo económico estará relacionado al sector privado con la inversión privada –nacional y externa- (petróleo, minería, carreteras) como motor de la economía. Esto se complementaría con la reducción del tamaño del estado –eliminación de instituciones (Superintendencias: de Economía Popular, Poder de mercado, Senesyt, CPCYCS, etc.), privatización (CNT, medios incautados) y concesiones- para llegar a un estado pequeño y eficiente. Además, su modelo se completaría con las reformas estructurales: tributaria (eliminación y disminución de impuestos), laboral (nuevos tipos de contratos), apertura comercial (tratados de libre comercio) y reforma financiera –con la probable aprobación del proyecto de ley de Defensa de la Dolarización)-.

En una primera etapa, en lo económico, el nuevo gobierno tratará de cumplir los compromisos contraídos pero se verá limitado por el déficit fiscal. En una segunda etapa, aplicará las reformas estructurales. En síntesis, se trata de un modelo económico de libre empresa con una política económica neoliberal. La reactivación económica dependerá en buena medida de la evolución de la pandemia, el proceso de vacunación y las expectativas empresariales.

Luis Rosero M.

La derecha derrotó al progresismo, en la segunda vuelta, marcando una nueva etapa en la vida del país. El desafío de Lasso ahora es cumplir con las promesas electorales y enfrentar la triple crisis: económica, social y sanitaria.

Escrutado por el CNE el 98.8%, hay una diferencia de cerca de 5%, pero que muestra un resultado inédito en el sentido geográfico. Lasso, un guayaquileño, gano en Guayaquil pero perdió en la provincia del Guayas, y en todas las provincias de la costa, aunque acortó las diferencias, sobre todo en Guayas, pero ganó en Quito y en todas las provincias de la sierra y la amazonia, excepto en Sucumbíos. Eso deja abierto el interrogante de como votaron los indígenas y amazónicos. Al parecer, si bien aumentó el voto nulo, no todos del primer grupo optaron por tal opción. El resultado marca la derrota del progresismo que tuvo un exceso de confianza en el triunfo y a Arauz le perjudicó el resultado del segundo debate, el ataque diseñado por Duran Barba, la excesiva dependencia de Correa y los errores cometidos en campaña. Es destacar el reconocimiento del triunfo por parte de Arauz y su llamada a Lasso, que muestra un cambio en el estilo político, alejándose de la confrontación.

El primer desafío de Lasso es cumplir con los compromisos de campaña, entre ellos, aplicación de 9 millones de vacunas, en los primeros 100 días, 2 millones de empleo, aumento del salario básico a $ 500, crédito a 30 años y a 1% al sector agrícola, etc. Los siguientes desafíos, en lo económico, sería la reactivación económica que está relacionado con su oferta de empleo y eso implica fomento a la inversión que, en la visión de Lasso, sería fundamentalmente privada, la primera interrogante sería ¿nacional o internacional? Por otro lado, para cumplir las ofertas, con el uso del aparato estatal, requiere enfrentar el déficit fiscal de 7.8% y el excesivo endeudamiento público sobre todo externo, que aumenta el servicio de la deuda que a su vez incide en el déficit. En esta situación de desequilibrio fiscal ¿mantendrá su propuesta de eliminar el impuesto a la salida de capitales y otros impuestos? A su vez, el déficit se relaciona con los desequilibrios que tiene la seguridad social pública: IESS, ISSFA e ISSPOL. ¿Qué tipo de reforma se aplicará? ¿implicará aumento de la edad de jubilación, de los aportes? ¿Se privatizará el IESS? ¿Cómo se enfrentará los problemas en el ISSPOL? ¿Se privatizará la banca pública?

En lo social, lo más grave es la pobreza que alcanza a casi un tercio de la población, aumento de la indigencia y el crecimiento del hambre que, en parte, obedece a la pandemia. ¿Qué política social se aplicará? La política contra la pobreza se basará ¿en la teoría del derrame? ¿Se mantendrá la política de subsidios a los pobres? ¿Cuál será la política de salud? ¿La política de educación? ¿La política de vivienda?

Finalmente, la lucha contra la pandemia y, en específico, la vacunación ¿se podrá cumplir en el tiempo ofrecido? Esto es fundamental ya que, dependiendo del plazo de vacunación, se podrá enfrentar la pandemia disminuyendo el ritmo de contagio. A su vez, esta decisión influirá en la recuperación de la economía y, en consecuencia, de generación de empleo, disminución del subempleo y de la pobreza.

En todo caso, cualquiera hubiera sido el elegido tendría que enfrentar estos problemas. Es cuestión de prioridades: la gente o el capital. El triunfo de la derecha marcará un cambio de rumbo en la conducción del país y el pragmatismo es fundamental para enfrentar la triple crisis económica, social y sanitaria. Por ello, la pregunta clave es ¿predominará lo ideológico o lo pragmático? ¿Estará primero la gente o el capital?