Luis Rosero M.

Concluyeron las negociaciones entre el gobierno y el movimiento indígena (CONAIE, FENOCIN y FEINE) , después de paro indígena en Octubre, firmándose un acta de cierre que resume los acuerdos y desacuerdos alcanzados en las distintas mesas temáticas. El desafío del gobierno es cumplir lo acordado o se arriesga a una nueva protesta indígena que mostró la fuerza y movilidad que tiene.
Las mesas fueron de: focalización de subsidios, banca pública y privada, fomento productivo, energía y recursos naturales, control de precios, seguridad, justicia y derechos, acceso a la salud y mesas técnicas y empleo y derechos laborales. En cada una de estas se presentaron demandas y petitorios que concluyeron en acuerdos y desacuerdos. Se estableció una mesa de seguimiento para comprobar el cumplimiento de los acuerdos.
En la mesa de focalización de subsidios, después de conseguir, al fin del paro, una reducción adicional del 5% del precio de la gasolina extra y ecopaís, se acordó mantener el subsidio general, prohibir la liberación de los combustibles, implementar sistemas y plataformas para el cobro diferenciado de los precios de los combustibles, etc. También se establecieron los criterios de exclusión del subsidio para el segmento automotriz de los siguientes vehículos con cilindrajes mayores a: autos 2201, camionetas 3001, jeep 2401, motos 301. Además, quedarían fuera del subsidio los dueños de 3 vehículos o más, vehículos cuyos propietarios tengan ingresos igual o superior a 41.603,01. En otras palabras, quedarían fuera los vehículos de alta gama o los que usan los propietarios de altos ingresos. En cuanto, a la pesca artesanal se mantiene el subsidio y el gobierno se compromete a establecer estaciones de venta de combustibles propias. Entre los principales desacuerdos están la determinación del cupo mensual, sistemas de bandas para los que no reciban el subsidio, precios diferenciados para las grandes empresas y subsidio social y comunitario.
El aspecto clave, en esta temática, es el subsidio generalizado o focalizado. En el caso de la gasolina extra o ecopaís, el subsidio de esta última llega, según el gobierno, a $ 0.49. Este se justifica porque la en el caso de la extra, la usa y el transporte público que posibilita que no aumente el precio del pasaje de buses, evitando una mayor inflación, sobre todo en esta época de crisis internacional en que, entre otros aspectos, ha elevado la inflación en EE.UU y Europa a alrededor del 10%, en los últimos meses. Si el subsidio es generalizado, como sucede actualmente, salen beneficiados del mismo, los que tienen altos ingresos. La decisión para focalizar el subsidio es básicamente una decisión política, pues con el sistema que tiene Petroecuador, con los parámetros definidos para exclusión del subsidio, existe el mecanismo y aplicar el subsidio focalizado en las gasolinas.
Según declaraciones del Ministro de Energía, el subsidio este año sería de 4000 millones y el parque automotor recibe el 49% de los subsidios. De éste, el 30% se destina a vehículos livianos y 70% a pesados. Este 30% representa el 14.7% del total de los subsidios (automotrices, domésticos, atunero, camaronero, pesquero, aviación, etc.). El gobierno calcula que la reducción del subsidio a los combustibles sería entre 150 a 250 millones. El aspecto crucial, en este tema, es que los subsidios a sectores productivos deben ser temporales y no permanentes, pues ello implicaría mantener la ineficiencia y no alentar la competitividad. Los casos mas relevantes, en estos sectores, son los subsidios a los combustibles a camaroneros y pesqueros. Por los primeros, en 2021, el país llegó a ser el primer exportador mundial de camarón, lo que significa un boom para este sector. Estos alegan que el subsidio que reciben lo compensan con los gastos que realizan en seguridad. Lo cierto es que este sector tiene suficientes recursos y capacidad para absorber la quita de subsidios, por ello llegó a ese primer puesto. Además, el gobierno tiene en sus manos la solución, pues esta el proyecto de sustituir el diésel que consumen las piscinas camaroneras con un tendido eléctrico que lleve energía para el funcionamiento de las bombas de agua que utilizan. Así mismo, el sector atunero que pesca en el mar es elmmás grande en Latinoamérica en capturas, lo que demuestra su capacidad y fortaleza que le permitirá asumir la eliminación del subsidio.
La decisión de quitar el subsidio es fundamentalmente política. En el sector camaronero hay que implementar el tendido eléctrico como solución a mediano plazo, en el corto plazo se puede eliminar dicho subsidio pues lo pueden asumir. Así mismo es el caso de la pesca marítima. El polo opuesto a esta situación de bonanza es, según el Banco Mundial, el 30% de la población del país está bajo la línea de pobreza. En todo caso, los recursos que se liberarían por la focalización del subsidio de los combustibles, que deben favorecer a los más pobres, se debería utilizar en aumentar el bienestar social, en gastos sociales como salud y educación tal como exige el movimiento indígena que mostró la capacidad de sentar al gobierno a negociar y obligarlo a otorgar beneficios no solo al movimiento indígena sino también a la población más desfavorecida.

Luis Rosero M.

Luis Rosero M.

En la Asamblea, por acuerdo con el Ejecutivo, está analizando un anteproyecto de ley de inversiones que tiene dos componentes: una, de la economía digital y, la otra, de nuevas inversiones, para lo cual propone la reforma a varias leyes. Sería enviado con el carácter de económico urgente.

Recordemos que, el año pasado, el gobierno envío un megaproyecto de ley que incluía la reforma tributaria, cambios en la economía digital e inversiones, el que fue rechazado por la Asamblea por tratarse de varias materias. El gobierno optó por dividirlo y enviarlo por parte. Logró que se aprobará la reforma tributaria y en el anteproyecto se busca una transformación digital y atracción de nuevas inversiones.

En el anteproyecto, se establece que la rectoría de la transformación digital y del gobierno digital será el Ministerio de Telecomunicaciones (MT). Buscará la modernización y simplificación de trámites en el sector público, el uso eficiente de las plataformas, servicios y tecnología digital. El MT dictará la política pública en este ámbito y buscará que la modernización digital se aplique no solo al sector público, sino además al sector privado y toda la sociedad. Plantea una serie de reformas a varias leyes. Tratará de incentivar las inversiones del sector privado para ejecutar la transformación digital. Además, se incluye al sector audiovisual y se aplicarán incentivos tributarios (aranceles, ISD, Impuesto a la Renta e IVA) para la importación de bienes de capital que necesiten la producción de obras audiovisuales. En el manejo de la información, las entidades del sector público podrán contratar servicios tecnológicos con empresas que observen normas de seguridad y apliquen estándares internacionales. Se exoneran de tarifas por asignación y uso del espectro radioléctrico a los sectores comunitarios.

En el mercado de valores, se plantean reformas para incentivar el uso de títulos de valor electrónicos. Así mismo la cesión, endoso, trasmisión de derechos de documentos, notificación o entrega de títulos electrónicos se podrá utilizar medios electrónicos, telemáticos y firmas manuscritas y electrónicas. En este ámbito, la advertencia es la prevención de posibles delitos como ocurrió con los títulos de valor del ISSPOL.

En cuanto a los servicios notariales, se reforma la ley para que además de que puedan ser prestados de manera física se hagan también de forma telemática. En los documentos electrónicos, las notarías validaran las firmas electrónicas. En el Código General de Procesos se faculta el uso de documentos electrónicos o desmaterializados. En la ley de Registro de Propiedad, Mercantil y otros se establece la transformación digital de registros, certificados, inventarios y demás actos que genere el Registro. Los libros de este podrán llevarse de manera electrónica o automatizada.

Como se observa, en el fondo lo que se está planteando es que a los trámites que requieran documentación física también tendrán la misma validez los documentos electrónicos, y se pueden realizar los trámites y transacciones con éstos manteniendo la legalidad de los mismos al igual que los físicos.

En síntesis, se trata de modernizar los trámites para que puedan realizarse con documentos electrónicos, tengan validez las firmas electrónicas e incluso en los procesos judiciales se podrá usar los medios telemáticos y electrónicos, los que tendrán la misma validez que los físicos.

El gobierno busca agilizar de esta forma la realización de trámites y transacciones con el uso de medios electrónicos y telemáticas que permitirá ahorro de tiempo y costos para los usuarios y garantizando la validez de los mismos que si fueran físicos.

Luis Rosero M.

Después de enfrentar un paro indígena, en Junio de 2022, con el incremento de la violencia en los siguientes meses y con negociaciones con la Asamblea, el gobierno vuelve la mirada a su agenda económica para tratar de implementar algunos de sus componentes claves.

En “Política Económica: reformas estructurales y el FMI en el Ecuador (2017 – 2021)”,  charla dictada a estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas, Sociales y Financieras de la Universidad Técnica de Quevedo (UTEQ), en Enero 31 de 2022, explique los 5 componentes de la agenda económica del gobierno de Lasso, que se inscribe en una reforma económica, en línea con su tendencia neoliberal, que son las reformas: monetaria y financiera, tributaria, laboral, del estado y comercial.

La primera, aprobada por el gobierno de Lenín Moreno que, entre otras modificaciones, realizó cambios institucionales devolviéndole la autonomía al Banco Central y creó la Junta Monetaria y la Junta Financiera, organismos de regulación en el ámbito monetario y financiero. El gobierno de Lasso aplicó dicha reforma y nombró los directivos de ambas juntas. La Financiera se encargó, como una de sus primeras regulaciones, de modificar la metodología para el calculo de las tasas de interés. Todo esto se dio en el marco de una contrarreforma monetaria-financiera (La reforma y contrarreforma monetaria financiera, Rev. Ecuador Debate No.114, Diciembre de 2021, Centro Andino de Acción Popular. Ver https://drive.google.com/file/d/19kXPqYFHbErtLRagQBvWkPAbhSCtIthE/view)

La reforma tributaria, se aprobó a fines de 2021, entró en vigencia en 2022, y creó una contribución temporal a las empresas y redujo las deducciones del impuesto a la renta de los empleados y trabajadores que terminaron pagando, de manera permanente, un mayor impuesto a la renta, por lo que resultó una reforma inequitativa e injusta.

En la reforma comercial, el gobierno buscó afanosamente entrar a la Alianza del Pacifico, para lo cual requería celebrar un acuerdo comercial con México, que sería el boleto de entrada a los mercados de éste país, Chile, Perú. Sin embargo, si bien avanzaron las negociaciones en diversos temas, el acuerdo esta paralizado ya que México defiende a los sectores acuícola, pesca y banano, impidiendo o restringiendo la entrada de los productos ecuatorianos en estos sectores y sobre todo del camarón. En consecuencia, el gobierno optó avanzar en negociaciones comerciales con otros países alcanzando acuerdos con Chile y Guatemala y negocia otros acuerdos con Costa Rica, Corea del Sur, China, y otros países.

En cuanto a la reforma del estado, había decidido la privatización y concesión de empresas públicas. La oposición a la primera, por parte de movimientos sociales, hizo desistir al gobierno de seguir con esa vía de reducción del tamaño del estado. Sin embargo, en actividades que le interesan avanza con la privatización del Banco del Pacifico que estaría lista para la venta en este año. Por ello, optó por la concesión de servicios públicos y ha comenzado con las carreteras y se alista para realizar mas concesiones en otras áreas.

En la actual coyuntura, en una situación de nuevas masacres carcelarias, aumento de la inseguridad ciudadana, una desaceleración de la economía y a las puertas de la recesión mundial en 2023, el gobierno apunta ahora, dentro del marco de la reforma del estado, a una ley de inversiones y un cambio digital en trámites en el sector público y privado. El gobierno basa su ley de inversiones en la maquila utilizando las zonas francas para atraer capital extranjero y reexportar bienes y servicios que se ensamblen o readecuen en dichas zonas. Para ello, establece incentivos de reducción de impuestos y además la posibilidad de una reforma laboral que reduzca el costo laboral.

En síntesis, el gobierno agobiado por la coyuntura actual que además del crecimiento de la inseguridad ciudadana, aumento del temor de la ciudadanía por más violencia, baja de credibilidad y popularidad, cumplir con sus promesas de campaña de crear empleo, hay desempleo, mayor subempleo y crecimiento del sector informal, etc. opta por incentivar inversiones y, por ello, envío a la Asamblea el anteproyecto de Ley para la atracción de inversiones, que esta siendo negociada con la Asamblea. Con ello, completaría la reforma económica de su agenda que están en línea con los lineamientos de los organismos internacionales.