Luis Rosero M.

Los primeros datos electorales oficiales, de las elecciones seccionales y referéndum, muestran un resurgimiento del correísmo, debacle del socialcristianismo y una tendencia hacia el triunfo del no. De confirmarse esta última, se le complica el panorama político al gobierno.  Hay problemas nacionales que están pendientes de resolver por parte del gobierno y otras funciones del estado que requieren decisiones y acciones concretas. El gobierno o realiza cambios en su gestión o tendrá dificultades para terminar su mandato.

El cambio en la estructura del poder político, le pone presión a la gestión del gobierno en lo político, social y económico. O toma acciones efectivas para enfrentar los problemas nacionales o irá minando el camino para su finitud. Como habíamos señalado, la hipótesis era que el referéndum podría convertirse en una evaluación de la gestión del gobierno y el grado de aceptación del gobierno por parte de la población. Un eventual triunfo del No implicaría un rechazo al gobierno. Se reflejaría el descontento popular por su mala gestión. Hay que decirlo: que lo tenga claro el correísmo, no resurge tanto por la adhesión de la población a este movimiento sino por la mala gestión del gobierno que se traduce en descontento popular. Los estrategas políticos de los ganadores supieron interpretar éste y aprovecharon el mismo para obtener el triunfo.

El principal problema nacional es la inseguridad ciudadana que sigue creciendo y la violencia de las bandas criminales también, a tal punto que los sicariatos y asesinatos se dan todos los días. Un ejemplo es el titular de un diario que decía “En 21 horas asesinan a 12 personas en Guayaquil”. La ciudadanía está cada vez más atemorizada porque corre el riesgo de su vida al salir a la calle. No se conoce todavía cual es la estrategia de seguridad que aplica el gobierno. Más aún, el presidente viajó a Israel para tratar este tema y sólo conocemos que una delegación de una empresa de seguridad ese país estuvo en el país para ofrecer equipos de seguridad y tampoco se sabe de sus resultados.

Otro problema crítico es la crisis institucional. Así, hay una pugna entre las funciones del estado y el quinto poder. Por un lado, la Asamblea desconoce decisiones de la justicia. A su vez, el ejecutivo no considera las decisiones de ésta. El CPPCS nombró autoridades de control en las que hay dudas en su legalidad, y no cumplió con las decisiones de la Corte Constitucional, que se vio obligada a destituir a todos sus consejeros por no acatar sus resoluciones. Al cabo, este alto organismo puso fin a tanta arbitrariedad y, el colmo del descaro, es que algunos de sus consejeros buscan su reelección. Hay ocho organismos sin titulares y funciones prorrogadas. A eso se suma que, en el caso de la justicia, se sigue liberando a delincuentes, con se avala con alegatos legales dudosos. También hay abusos de las garantías constitucionales que utilizaron varias autoridades que fueron depuestas y volvieron a sus cargos. En suma, hay una grave crisis institucional que cada vez se va agravando.

Por otro lado, el caso de corrupción en las empresas públicas, denunciado por el medio La Posta, dio lugar a acciones tibias del gobierno y el resultado ha sido que salieron del país los principales implicados. La justicia no actúo a tiempo. Y más aún. El Secretario de Corrupción, que renunció, reveló como operan las redes de corrupción en las empresas públicas. Diario El País, sobre este caso, tituló la noticia así: “Un escándalo de corrupción en Ecuador salpica al círculo cercano al presidente Lasso”. Que un medio internacional, como éste, haya hecho referencia a este hecho, me obvia de comentarios.

Hay otros temas importantes como el nombramiento de una comisión, por parte del presidente, para tratar de las reformas a la seguridad social. El Coordinador de la comisión es Augusto de la Torre fue Presidente en Jefe de la región por el Banco Mundial (BM). La tarea de ésta es plantear las medidas requeridas para enfrentar la crisis financiera del IESS y otros institutos de seguridad social del estado. El Grupo de Evaluación Independiente evaluó la participación del BM en sistemas de pensiones y su estrategia. En general, el BM para abordar una reforma a la seguridad social pone énfasis en el sistema de pensiones. Respecto a estos, este grupo concluye que este organismo ha respaldado tanto los regímenes de reparto como de capitalización y, ante de iniciar una reforma “….cuya finalidad es instituir un sistema de pensiones de múltiples pilares, deben lograr sostenibilidad fiscal a trasvés de la racionalización del gasto y la reforma de los ingresos, que incluye la reforma de los parámetros de sus sistemas de pensiones”. Que resume claramente hacia donde irían las medidas que recomienda el BM.

Finalmente, es muy importante el tema del empleo que está relacionado con el crecimiento económico. El Banco Central (BCE) estima que el país crecerá, en 2023, 3.1%. Sin embargo, hay varios factores que influirían en la variación del PIB. Organismos internacionales y el propio FMI proyectan que una parte de la economía se desacelerará y otra entrará en recesión. Por otro lado, este organismo estima que Latinoamérica crecerá 1.8% este año y, más aún, enfrentará la caída de los precios de las materias primas. Esto sin duda, afectará a las proyecciones de crecimiento del país que estará por debajo de lo estimado por el BCE y en consecuencia influirá en menor empleo, mayor desempleo y subempleo, más sector informal, pobreza y hambre.

En suma, el gobierno debe tomar decisiones inmediatas sobre el aumento de la inseguridad ciudadana, la corrupción, crisis institucional, reforma al IESS y menor crecimiento económico que generaría más desempleo, subempleo y hambre. Urge tomar acciones para enfrentar estos problemas so pena del aumento de la presión para que sea eficaz en su gestión o se enfrentará a mayor desaprobación ciudadana, por el lado político a una posible muerte cruzada, a un pedido de renuncia o consulta popular por incumplimiento de funciones. El camino, para terminar su mandato, estará minado y son los propios errores y la mala de gestión del gobierno lo que ha llevado a su muy baja aprobación ciudadana que, en el referéndum, se refleja el descontento popular al votar por el NO. Que se nuble el correísmo, es este descontento lo que lo llevó a su resurgimiento, que supo interpretar, no tanto por la adhesión a esta corriente política.

Luis Rosero M.

En el primer artículo, sobre este tema señalamos que, el escenario en que se desarrollaran las elecciones seccionales, podría influir en la decisión de los electores.  La hipótesis es que el referéndum puede convertirse en una evaluación de la gestión gubernamental y, en ese caso, la incidencia del escenario es fundamental. Señalé que el aumento de la inseguridad ciudadana, la corrupción de las empresas públicas y el hambre serían los factores claves en la coyuntura.

La inseguridad ciudadana sigue creciendo. Un acto de violencia más la agrava. Por primera vez ocurre un múltiple asesinato, en una urbanización cerrada, en la vía a Salitre, Guayas, en una ciudadela cerrada, demostrando que los ciudadanos no están seguros en ningún sitio. Se supone que, en este tipo de urbanizaciones, dentro de éstas, prima la seguridad para los miembros de la familia que viven en su interior. Sin embargo, los delincuentes asesinaron a 6 personas, al interior de la urbanización, incluida una niña. La violencia ha segado la vida más de 500 niños y adolescentes, desde el año 2000. Sean quienes fueran las víctimas, se rompió la creencia de la seguridad absoluta al interior de este tipo de ciudadelas. A más de eso, hace dos semanas, asesinaron en Salinas, provincia de Santa Elena, a un candidato a alcalde que muestra como la violencia política se ha extendido a los comicios electorales. Diario El país, titula un reportaje “12 atentados contra políticos marcan las elecciones más violentas de Ecuador”. Fuimos un país de mucha paz social y nos hemos convertido en uno de elevada violencia en el que las bandas criminales tienen atemorizados, cada día más, a los ciudadanos, lo que limita su movilidad social, poniendo el riesgo su vida y ahora hasta los locales comerciales se ven afectados porque ha disminuido la concurrencia de los consumidores o han sido asaltados. En una reciente encuesta de Gallup, llega a la conclusión que Ecuador es el país menos seguro de América Latina. El gobierno lleva año y medio en funciones y hasta ahora no se conoce su estrategia de seguridad y la violencia sigue aumentando demostrándose, en la práctica, que no puede controlar ésta.

Para agravar el panorama, La Posta, el medio digital, denunció una trama de corrupción en las empresas públicas acusando a ex coordinador de las empresas públicas, a otros funcionarios y hasta al cuñado del Presidente de estar implicados. Pero además recalcó que, los involucrados, fugaron del país, habiendo advertido de tal posibilidad. Si bien es un caso mas de corrupción, lo grave del mismo que el ex coordinador de las empresas públicas fue un alto funcionario del Banco de Guayaquil. El Universo, señaló que “En solo un mes Guillermo Lasso paso de desconocer el motivo de la salida de Hernán Luque a decir que fue por desconfianza”. Acto seguido, el Presidente pidió la renuncia de todos los gerentes de las empresas públicas. Aún más, el cuñado del Presidente, presentó una demanda por difamación a La Posta. Aún más, el 23 de Enero, el Secretario Anticorrupción renunció dejando un informe que plantea hipótesis sobre la corrupción en dichas empresas y como operan las redes para cometer este ilícito. Como en la inseguridad ciudadana, cada vez mas se descubren casos de corrupción.

Solo estos dos hechos bastarían para señalar que el escenario político es crítico, a lo que se suma un informe de la FAO señalando que Ecuador es segundo país de Sudamérica que más hambre sufre. Los datos que señala el organismo son que 15.4% de los ecuatorianos sufre de hambre, que equivaldría a 2.7 millones de personas y, aún más, está entre los cinco países de A. Latina con la mayor prevalencia de hambre en su población. Los datos corresponden a Julio de 2022. De acuerdo al INEC, a Diciembre de 2022, la pobreza por ingresos, a nivel nacional, alcanzó 25.2%, la pobreza urbana representó 17.8% y la rural llegó a 17.4%. Estos datos muestran que, en lo social, también el panorama es crítico, pero que son muy decisorios en la decisión electoral.

La evidencia muestra que se ha agravado la inseguridad ciudadana, aumenta la corrupción y el hambre así como la pobreza son altos. Estos son solo tres indicadores que reflejan el crítico panorama político y social en el que se desarrollaran las elecciones y el referéndum. Sin duda, es un factor que influirá en la decisión de los electores sobre todo en el referéndum si éste, para una parte de la población, se convierte en una evaluación de la gestión del gobierno. La clave es que porcentaje de la población decide anular o votar en blanco. La coyuntura política y social es compleja y crítica, no solo por estas tendencias sino por algunas otras que analizaremos en los siguientes artículos que marcan un escenario cada vez más complicado y peligroso.

Luis Rosero M.

El 5 de Febrero habrá elecciones seccionales, elección de consejeros del CPCCS y un referéndum, impulsado por el gobierno, para modificar la constitución. Estos eventos se desarrollarán en un complicado escenario de aumento de la inseguridad ciudadana, las elecciones violentas que incluye el asesinato de un candidato a alcalde, el caso de corrupción de las empresas públicas y una encuesta, realizada por una institución internacional, que refleja el grado de inseguridad que vive el país y, para complicar el panorama, la FAO informa que el Ecuador es el segundo país sudamericano que más hambre sufre.

En las elecciones seccionales se elegirán alcaldes, prefectos, concejales, vocales de juntas parroquiales rurales y a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). En el referéndum se votarán 8 preguntas para modificar la constitución auspiciadas por el gobierno. El marco político y social, en que se de desarrollará las elecciones y referéndum, es muy complicado y podría influir en la decisión de los electores.

En una revisión somera, de las 8 preguntas del referéndum, habría una inclinación en votar sí y, al parecer, está diseñado con ese propósito. Entre otras quien no estaría de acuerdo en la pregunta 3 en reducir el número de asambleístas y, en la 4, que los movimientos políticos cuenten con un mínimo de afiliados para seguir existiendo, en la 7 sobre la protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas y, en la 8 que se pague compensaciones a comunidades indígenas por la generación de servicios ambientales.

Un tanto diferente son las preguntas 5 y 6. En la primera, se solicita votar por eliminar la facultad de nombrar autoridades de control al CPCCS y trasladar la decisión a la Asamblea. En la pregunta  sexta, la Asamblea llamaría a una postulación ciudadana para ser miembro del CPCCS y  una comisión técnica (formada por un delegado de cada función del estado, dos por las universidades y dos ciudadanos)  emitirá un informe vinculante de la selección de los consejeros titulares y suplentes del CPCC, en 2 meses, y, en 10 días procederá a su posesión. Este organismo ha sido controlado por los gobiernos de turnos para elegir a dichas autoridades. Actualmente, los actuales consejeros de mayoría están controlados por el gobierno y han elegido autoridades, como el Superintendente de Bancos, que dejan dudas sobre la legalidad de esos nombramientos. De aprobarse con el sí, esta pregunta, al trasladar la decisión de que dichas autoridades sean nombradas por la Asamblea la designación dependerá de los partidos políticos y las negociaciones entre estos. O sea, se traslada el juego político a los legisladores. Al mismo tiempo, se convoca a la elección popular de los consejeros del CPCCS. Sin embargo, lo cuestionable, es que para proceder a elegir los nuevos integrantes del CPCCS, si triunfa el sí, el ejecutivo tiene  6 meses para enviar los proyectos de ley y la Asamblea un año para aprobarlos, lo que significa  que el CPCCS seguirá siendo controlado por el gobierno.

Dado el escenario político y social complejo, que influirá en la decisión de los electores, el gobierno corre el riesgo de que dicho evento se convierta en una evaluación de su gestión. Una encuesta sobre la aprobación del Presidente, en Noviembre de 2022, señalan que solo el 12.6% está de acuerdo con la gestión del gobierno. En otras palabras, la mayoría desaprueba la labor del gobierno. Algo parecido muestran la evaluación de la función legislativa y judicial. También, hemos señalado en artículos anteriores, que la intención inicial del gobierno con el referéndum era lavar la mala imagen de su gestión. Con el actual escenario político y social, el referéndum al convertirse en una evaluación de su gestión va influir en la decisión de los electores hacia el no, como forma de rechazo a la gestión del gobierno, como ya ha sucedido en consultas populares de gobiernos anteriores.

El aumento de la inseguridad ciudadana, el reciente caso de corrupción en las empresas públicas, la encuesta de Gallup arrojó como resultado que el 64% de los ecuatorianos se siente insegure y, si le agregamos, que la FAO, en un informe, revela que el Ecuador es el segundo país latinoamericano con más hambre muestran el crítico escenario en que se darán las elecciones. La influencia de estos factores, en las decisiones de los electores, en el referéndum, lo analizaremos en un siguiente artículo.  

Luis Rosero M.

Los recientes hechos de violencia muestran el aumento de la inseguridad ciudadana, con una situación social en declive y continuo deterioro del mercado de trabajo reflejado en un subempleo alto y crecimiento del sector informal. Es un escenario permanente de más temor de la población por la inseguridad a lo que se unen los problemas de subsistencia de una parte importante de la población y deterioro del mercado de trabajo por la no generación de empleo suficiente que absorba la creciente oferta de trabajo.

Hubo un segundo ataque armado en hospitales en una institución de salud privada de Guayaquil y el asesinato de un dirigente de una ciudadela con lo cual aumentó a 60 los muertos, en esta ciudad, por violencia criminal en tan solo 14 días de lo que va del año. La Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados del Ecuador en un comunicado señaló que “lamenta la situación de inseguridad que vive el país y rechaza en forma contundente las acciones de violencia que se han venido presentando en las instituciones de salud desde tiempo atrás y han alcanzado niveles alarmantes.” En los hospitales públicos ya se han dado varios casos de asesinatos de pacientes, por parte de elementos armados. A eso se agregan los cometidos a familias enteras en Guayaquil y partes de cuerpos humanos que los delincuentes arrojan a las calles. Sigue creciendo el estado de inseguridad y la población continúa con zozobra, temor e incertidumbre que afecta su movilidad, la actividad comercial y turística. Esto es un reflejo de lo que sucede en el país y, sobre todo, en las provincias de la costa. El Gobierno, de acuerdo a los datos estadísticos, no puede controlar la situación o no tiene una estrategia de seguridad o ésta es ineficaz.

El deterioro del mercado de trabajo continúa por la desaceleración de la economía. En el último trimestre del año, por las festividades, aumenta temporalmente el nivel de actividad económica lo que incide en la evolución del mercado de trabajo. Si bien aumentó la tasa de empleo adecuado, disminuyó el desempleo y subempleo, en noviembre de 2022, sin embargo, este último es alto y se ubicó 22.9% y el sector informal sigue creciendo y alcanza a 5 millones de personas. Por otro lado, la tasa de inflación anual, a diciembre, llegó a 3.7%, mientras que, en 2021, sólo representaba 1.9%. O sea, el año pasado, casi se duplica la inflación anual. Esto además de encarecer el costo de la canasta básica implica que muchas familias no pueden acceder al consumo total de la canasta básico. Si analizamos los indicadores de pobreza por ingreso, tenemos que, a Junio de 2022, la pobreza nacional fue 25% y la pobreza extrema 10.7%, o sea más de un tercio de la población tiene dificultades para acceder a la canasta básica. Si le agregamos los indicadores del hambre la situación es aún más crítica.

En consecuencia, el deterioro del mercado de trabajo y de la situación social, reflejada por los índices de pobreza, lleva a los que se encuentran en esta situación crítica a buscar formas de enfrentar la subsistencia por la vida a lo que se suma los factores de inseguridad. Hasta setiembre de 2022, fueron detenidos 22780 migrantes ecuatorianos en la frontera entre México y EE.UU. mientras que en octubre  llegó a 7097 y noviembre 11949, o sea que, hasta en este último sumaban, en total, 41826, lo  que podría llevar, en 2022, a alcanzar más de 50000 compatriotas detenidos, sin contar con la migración legal e ilegal a otras regiones del mundo. La situación es desesperante, a tal punto, que la Oficina de Migraciones de Panamá informó que los ecuatorianos son la segunda nacionalidad que más atraviesa por el Darién (frontera entre Colombia y Panamá) de forma irregular y calcula que, al menos, 29356 cruzaron esta selva durante 2022. Lo paradójico es que, en el III trimestre de 2022, aumentó el nivel de remesas de los migrantes ecuatorianos, que explicaría cómo, pese a la situación de pobreza y hambre, ese tercio de la población afectado por el deterioro social pueda seguir subsistiendo.

En síntesis, el deterioro del mercado de trabajo, de la situación social y la inseguridad ciudadana, además de provocar temor y pobreza entre los residentes en el país, están empujando a que miles de ecuatorianos migren irregularmente hacia EE.UU. como forma de encontrar una fuente de ingresos que posibiliten la subsistencia de ellos y de sus familias. Esta anunciado por los organismos internacionales que, en 2023, habría una desaceleración de la economía mundial y un tercio de ésta entraría en recesión, lo que llevaría en el país a un menor crecimiento y, en consecuencia, más desempleo y subempleo, empeoramiento de la situación social y mayor migración.

Luis Rosero M.

Con acciones, sin precedentes, parecida a la toma del Capitolio, Lula está enfrentando el intento de golpe de estado que muestra el arraigamiento del autoritarismo institucional y de lo que es capaz la corriente ultraderechista para mantenerse en el poder. Sus seguidores tomaron los edificios de las tres funciones del Estado: Ejecutiva, Legislativa y Judicial símbolos de la democracia. Es el reflejo de la antidemocracia, actitud dictatorial e imposición de la fuerza para controlar la sociedad. El triunfo de Lula, por escaso margen, revela la polaridad de la sociedad brasileña, como la ideología extrema puede afectar a un país y el resurgimiento de las vertientes autoritarias, en el poder, que marcaron un camino peligroso contra la democracia. Con el nuevo Presidente, renace la esperanza de la reducción de la desigualdad y un camino para mayor bienestar social. A nivel de la región, retomaría el liderazgo en América Latina y es un aliento para la integración latinoamericana.

Bolsonaro, de extrema derecha y seguidor de Trump, siguió una política social y económica que afectó a la sociedad brasileña. Como negacionista del covid llegó al extremo de esconder las vacunas y tardar en su aplicación causando miles de muertes que se pudieron evitar; marcó un record histórico en la deforestación de la amazonia y negaba el cambio climático; aumentó la pobreza y el hambre y, solo, al fin de su mandato, utilizó la política social para tratar de reelegirse pero ya la desigualdad había aumentado a niveles sin precedentes; con su estilo autoritario utilizó el poder para imponer muchas decisiones por la fuerza; además de misógeno es racista, homofóbico, etc.. Mostró ser antidemocrático al tratar de impedir la investidura de Lula y volvió a realizarlo ayer, cuando sus seguidores, insistieron en que Lula deje el poder. Lo anterior, solo en sus 4 años de mandato, causó un grave daño al país.

Esta situación, el aumento de la desigualdad y pobreza, la alianza del Partido de los Trabajadores con partidos de varias tendencias, incluida la derecha, pesaron mucho más, en la elección presidencial, que las acusaciones de corrupción contra él y su gobierno. Sin embargo, Bolsonaro, apoyado en la extrema derecha y los evangélicos, lograron imponer valores y una cultura conservadora que casi le permiten la reelección. Después de los 2 gobiernos de Lula y Dilma, ha habido un gran cambio económico en el país con la desindustrialización, reprimarización de la economía y más concentración del ingreso y de la riqueza.

Lula deberá enfrentar, en lo político, la polarización del país con una extrema derecha que mantiene, además del poder económico, el control del Congreso, la mayoría de gobernadores del país bolsonaristas y  la corriente autoritaria institucional. En lo social, su principal reto es frenar el aumento de la pobreza y el hambre de 30 millones de brasileños; en lo económico, tendrá que gestionar la reactivación económica así como el déficit fiscal y, en lo ambiental, detener la deforestación de la amazonia.

En lo social, en 2021, la pobreza representó el 29.4% de la población (62.5 millones), un aumento de 22.7% en solo un año, mientras que la extrema pobreza alcanzó 8.4%, en tanto que, en las regiones mas pobres, noreste saltó a 48.7% y en la Amazonia 44.9%, que son justamente las que fueron decisivas para el triunfo de Lula. En sus dos primeros gobiernos pudo sacar de la pobreza a 30 millones y ahora debe hacerlo nuevamente pero se topa con las restricciones presupuestarias, sobre todo, para el programa Bolsa Familia y el gasto social. Sin embargo, a fines de diciembre de 2022, el Congreso aprobó la propuesta del incremento del gasto social propuesto por el presidente electo, lo que le posibilita ampliar el subsidio a los más pobres.

En lo económico, el escenario es complejo ya que China, EE.UU. y la UE desaceleraran sus economías en 2023 y el FMI anunció que, además, una tercera parte de la economía mundial entrará en recesión. Si China desacelera su economía importará menos productos agropecuarios de Brasil, lo que tendrá un efecto sobre su crecimiento y, con lo cual, se complica el cumplimiento de sus promesas de campaña.

En lo ambiental, su reto será parar la deforestación de la amazonia. Así, en el gobierno de Bolsonaro, ésta se incrementó en un 60% al permitir la explotación de recursos naturales y pone en peligro al pulmón del mundo. La Ministra de Ambiente, Marina Silva, que ocupó esa cartera, en los gobiernos anteriores de Lula, declaró que la gestión de Bolsonaro “fue escenario de actos contra la propia democracia, la ciencia, la salud, el medio ambiente y a propia vida ” y que establecerá un plan de acción para prevenir y controlar la deforestación de la amazonia, señaló además que los pueblos indígenas y defensores del medio ambiente sufrieron por la violencia y del desmantelamiento de los organismos de protección ambiental.

En síntesis, Lula enfrentará el reto de cumplir con sus promesas electorales. La ventaja que es un político pragmático que deberá negociar con las fuerzas políticas para lograrlo. Lo cierto es que puede poner freno a la irracionalidad del bolsonarismo que, a más del daño ambiental, aumento de la pobreza, etc., generó un estilo autoritario para imponer, apoyado en la extrema derecha y utilización de la iglesia evangélica, sus decisiones que es realmente un peligro para la sociedad y la democracia de su país. Concluimos este artículo, en la noche de ayer, esperando que las fuerzas democráticas se impongan y se establezca un acuerdo de unidad nacional para impedir el avance del autoritarismo y que la élite entienda que son los problemas estructurales que hay que atacar reduciendo la desigualdad, pobreza y hambre, generando desarrollo económico para generar empleo, crecer y competir en la globalización a fin de mantener la paz social y mejorar el bienestar de la población.