Luis Rosero M.

Para completar la primera etapa, del programa económico ultraneoliberal, Milei envió un proyecto de ley combo (ómnibus) para la desregulación de la economía a fin de que eliminar las trabas legales y administrativas para la plena vigencia de una economía de mercado libre. Pero, además se busca despejar el camino para reformas estructurales.

Las primeras medidas, tomadas en la semana que asumió el poder, fueron un ajuste fiscal, una devaluación y una compensación social. La semana pasada envío el proyecto de ley combo, como parte de la reforma del estado, que desregula profundamente la economía. Para ello, se plantea 30 medidas principales que derogan una serie de leyes que restringen la vigencia del sistema de precios en los sectores de comercio, servicios e industria en el ámbito interno. En lo externo, habría apertura comercial y estaría bajo la normativa de la OMC. Además, se busca reducir el tamaño del estado, una reforma laboral y obtener más ingresos públicos.

Entre las leyes que se derogarían están la de alquileres, de abastecimiento, del observatorio de precios, de la promoción industrial y promoción comercial. Con estas, se busca la vigencia del libre mercado, en estos sectores y la promoción de la competencia. Así también, se eliminan las políticas de protección industrial y comercial.

Para llevar a cabo la reducción del tamaño del estado, se deroga la normativa que impide la privatización de las empresas públicas así como la del régimen de sociedades del estado y la transformación de las empresas del estado en sociedades anónimas. Además, se plantea la autorización para la cesión del paquete accionario total o parcial de Aerolíneas Argentinas. De esta forma, se abre el camino para la privatización de las empresas públicas.

Para la reforma laboral, se plantea la modernización del régimen laboral que estaría encaminada a la flexibilización laboral y a la eliminación de una serie de derechos laborales que permitiría reducir el costo de contratación laboral.

Se busca modificar el marco regulatorio de la medicina prepagada, eliminar de las restricciones de precios a los sectores de régimen prepagado e incorporar de las empresas de medicina prepagada al régimen de obras sociales, con lo que se abre el camino para la privatización del sector de la salud pública.

Se modificaría el Código Civil y Comercial para garantizar que las obligaciones contraídas en moneda extranjera deban ser canceladas en la moneda pactada. Con esta medida se aceleraría la dolarización informal de la economía que sería el primer paso para la dolarización oficial de la economía.

Adicionalmente se desregula los servicios de internet satelitales y del sector turístico para eliminar el monopolio de las agencias de turismo.

Tan profunda es la reforma desregulatoria que hasta se propone la modificación de la Ley de Sociedades para que los clubes de fútbol puedan convertirse en sociedades anónimas, una propuesta que hizo Macri en la campaña, lo que posibilitaría que dichos clubes se conviertan en empresas como la de cualquier sector económico.

A eso se suma el proyecto de ley para la restitución del impuesto a las ganancias. Este, en el gobierno anterior, había fijado un piso de 1’980.000 pesos de ingresos brutos mensuales por el que 800.000 empleados y trabajadores dejaron de pagar dicho impuesto. Antes, de ese piso, el valor era de $ 700.875 pesos, el que se pretendería restituirlo con lo cual los 800.000 trabajadores que estaban exento de dicho impuesto lo volverían a pagar.

En síntesis, el proyecto de ley, si se aprueba, provocará una serie de efectos económicos. Entre ellos, al eliminarse la regulación y control de precios, estos se fijarían por oferta y demanda, con lo cual habría un aumento de precios de los bienes y servicios la canasta básica. Esto se debería a que tomar esas medidas, con una estructura oligopólica de los productores y proveedores de esta canasta, provocaría que el ajustador continuo de precios recaiga sobre esas empresas. Se lograría también la privatización de empresas públicas, de los servicios de salud públicos, se consolidaría el proceso de dolarización informal y habría, con la reforma al impuesto a las ganancias, 800.000 trabajadores que volverían a pagar el mismo.  Toda esta política económica esta basada en el manual de economía neoliberal.

Luis Rosero M.

Tal como había propuesto Milei aplicó un paquete económico, vía shock, que incluyen medidas cambiarias, reducción del gasto público, de compensación social, etc. que ya han provocado un efecto sobre el aumento de precios de la canasta básica. El fuerte ajuste fiscal es solo el comienzo, ya se está tratando de una ley combo que completaría, la primera fase, de su programa económico ortodoxo.

La devaluación del tipo de cambio del dólar oficial fue de 118%, al pasar de cerca de 400 a 800 pesos, que encareció las importaciones por lo tanto subieron los insumos, benefició a los exportadores  y además ya causo efectos en las expectativas de inflación. Los precios de los alimentos y otros componentes de la canasta básica aumentaron de inmediato por el reajuste de precios que aplicaron supermercados y locales de expendio de bienes de la canasta básica. Por otro lado, al reducirse los subsidios a la energía (luz y gas) y transporte ya derivo en aumento del precio de la gasolina (entre 30 y 37%) que aplicaron las distribuidoras, en manos de transnacionales, y se espera que en enero de 2024, con la reducción de los subsidios a los servicios públicos, aumente el costo de estos, con lo cual la inflación se va a disparar desde diciembre de este año.

Para reducir el déficit fiscal, se dictó a suspensión de la obra pública, la reducción del número de ministerios y subsecretarias, disminución de la contratación de empleados públicos, suspensión de la publicidad oficial y reducción de las transferencias a las provincias. Con esta y otras medidas, de contracción del gasto público, espera a llegar a un ajuste del 5% del PIB de dicho gasto.

Se eliminó el registro de importaciones por un sistema de registro para información estadística de éstas y se agregó un 2% al impuesto a las importaciones y se sigue manteniendo el impuesto (retención) a las exportaciones. En lo social, la asignación universal por hijo y la tarjeta Alimentar aumentarán en 50% que compensarían parcialmente el impacto inflacionario.

Según Milei, el ajuste fiscal lo iba a pagar la casta política. La realidad muestra que, por el ajuste cambiario, aumentaron el precio de los bienes y servicios de la canasta básica (principalmente la carne, comestibles) y de la gasolina, que subirá la tarifa del transporte público, lo que tiene un impacto directo en el poder de compra de los salarios de la población afectando a los pobres y clase media. En enero de 2024, con la reducción de los subsidios de los servicios públicos aumentará aún más el costo de la canasta básica. Pero la mira esta puesta también en los jubilados, ya que se busca suspender la actualización automática trimestral de la pensión y que los nuevos aumentos para jubilaciones sean discrecionales por parte del gobierno. El fuerte ajuste provocará una alta contracción de la demanda que terminará en una recesión y de esa manera tratar de ajustar los precios vía el mercado. La compensación social va a ser insuficiente para cubrir el aumento de la inflación que vendrá, en consecuencia, el ajuste recae sobre los salarios reales y próximamente sobre las jubilaciones reales. La inflación de noviembre fue de 12.8% y la anualizada 160.9%, por lo que se espera que en diciembre alcance 15% y la anualizada alrededor de 180%.

Si bien, las medidas de ajuste tomadas son para reajustar el tipo de cambio y el salario, dos precios claves de la economía, son para ir disminuyendo los desequilibrios en el mercado cambiario y de trabajo, el siguiente paso del gobierno es enfrentar los problemas estructurales. Para ello, dictaría una ley ómnibus (ley combo) en la que se incluiría una reforma del estado, para reducir el tamaño del estado vía privatización y recorte de la burocracia; desregulación de la economía, a fin de que el mercado asigne eficientemente los recursos en la economía; y, una reforma laboral para alcanzar una flexibilización en el mercado de trabajo.

Si bien la Argentina ha venido manteniendo graves desequilibrios macroeconómicos y problemas estructurales de fondo, es necesarios irlos corrigiendo y atacar los segundos de manera gradual. La opción que ha escogido el gobierno, para los primeros, es vía shock y el peso de la crisis, en el corto plazo, va a recaer sobre salarios y jubilaciones. Y, para los problemas estructurales, se prepara todo un programa a fin de que sea a través de medidas de mercado, en línea con las recomendaciones de los organismos multilaterales qué, en el mediano plazo, continuarán afectado a trabajadores y pensionistas.

No es casual que el FMI aplauda las medidas tomadas por MIlei, ya que éstas se encaminan en el marco de las que este organismo recomienda y que son necesarias para poder solicitar un crédito. Argentina tiene problemas de iliquidez en divisas y debe cumplir con los pagos de la deuda externa. Por ello, se ha visto obligado a solicitar un crédito puente, de corto plazo, de 960 millones a la CAF, para pagar al FMI parte de los 50.000 millones que le prestó y que fueron tramitados por el actual Ministro de Economía. Una cosa es ser candidato y ofrecer resolver los problemas económicos del país haciendo promesas de volver a la Argentina prospera y hacerle pagar el costo de la crisis a la casta política y poderosos y, otra, estar en el poder, desde el cual, con las medidas tomadas, se impacta en el nivel de vida de trabajadores y pensionistas. Se revela la verdadera cara del libertario y a que intereses favorece.

Luis Rosero M.

En el primer artículo, sobre este tema, señalé, del proyecto señalado, las principales fuentes de ingreso fiscal que le proporcionarían liquidez inmediata al gobierno, los incentivos para generar empleo y atraer inversión extranjera, a través de zonas francas. En este artículo, concluimos el análisis con los aspectos más relevantes.

Respecto a las zonas francas, se establecen que serán uniempresariales y multiempresariales de capital público o privado. Entre las actividades que podrán desarrollar son múltiples y se insiste que sean principalmente para maquila. Se confirma esta característica ya que todas las importaciones de insumos, materias primas, y bienes de capital están exentas de los tributos al comercio exterior pues los bienes finales que se produzcan con estos se destinarían a la exportación. Para buscar competitividad de estas ventas al exterior, importante señala que los contratos en zonas francas se considerarpan temporales, o sea no habría estabilidad. Esta reforma toma mucho del proyecto de ley del gobierno de Lasso que fue rechazado por la Asamblea. Además, se insiste, en el régimen de atracción de inversiones a través de las asociaciones público-privado, que tuvieron poco interés en el dicho gobierno.

La parte significativa del proyecto, en cuanto a la generación de ingresos fiscales inmediatos es la remisión (amnistía) tributaria de interés, multas y recargos de las obligaciones tributarias fiscales cuya administración y recaudación esta a cargo del SRI. El proyecto generaría un ingreso fiscal neto de 832 millones en 2024, pero de este monto 960 millones corresponden a la remisión (amnistía tributaria) que deducido los ingresos que se dejan de percibir por los incentivos tributarios para generar empleo y atraer inversión extranjera darían el monto inicial señalado. Aquí, como señalé en un artículo anterior, surge el conflicto de intereses pues el grupo Noboa es el principal deudor del fisco y con esta remisión solo pagará el capital que es la parte menor de toda la deuda que mantiene este grupo con el SRI.

Habría exención tributaria en el Impuesto a la Renta (IR), por diez años, a las nuevas inversiones en generación de energías renovables no convencionales e industrialización de gases natural y asociado. Se exceptuarían del pago del IR los rendimientos y beneficios obtenidos por depósitos a plazo fijo en instituciones financieras nacionales así como los de inversiones en renta fija que se negocien en la Bolsa de Valores. En cambio, no podrán deducir para el IR los gastos en publicidad los que comercien con alimentos ultraprocesados y se podrán deducir hasta el 150% estos gastos además de la promoción y auspicios a favor de deportistas, eventos deportivos, estudiantes de bajos recursos, instituciones educativas de nivel básico y bachillerato públicos destinados para becas, alimentación e infraestructura, etc. Habrá retención en la fuente, del 5% de IR, en la producción y comercialización de minerales y otros bienes.

En síntesis, el proyecto de ley busca tres objetivos. Uno recaudar más ingresos fiscales de manera rápida.  Dos y tres, incentivar la generación de empleo y atraer inversión, principalmente extranjera, con incentivos tributarios. Para obtener recursos fiscales de forma rápida ingresos tiene dos vías. Una, reforma a la ley de régimen tributario interno, que obligaría a la retención mensual del Impuesto a la Renta. Dos, mediante la amnistía tributaria que exonera del pago de interés y multas de obligaciones tributarias. No crea nuevos impuestos ni modifica la base tributaria de estos. Por otro lado, crea una serie de incentivos fiscales tanto para empresas nacionales y extranjeras para generar empleo. Hay que señalar que la generación de trabajo, no depende principalmente estos incentivos sino del aumento de la demanda agregada, a través del gasto o inversión privada o pública. En cuanto a la atracción de inversión extranjera, se busca hacerlo a través de zonas francas vía maquilas que es lo que propuso el gobierno anterior. Sin embargo, el capital extranjero de inversión se mueve en función de las garantías que exija en el país en que se traslade (estabilidad jurídica, resolución de conflictos con mediadores internacionales, libre envío de utilidades, etc.).mSe insiste también, para este propósito, en el mecanismo de las asociaciones públicas-privadas que no dieron resultado en el gobierno anterior.

En conclusión, lo que busca el gobierno es aplazar el ajuste fiscal (para reducir el déficit fiscal). Sin embargo, no se ataca el problema fiscal de fondo, de carácter estructural, de continuos déficits fiscales. En el segundo caso, con la misma perspectiva, busca cumplir con la promesa de campaña de generar empleo, a través de incentivos fiscales. Para ello, hay que dinamizar la demanda agregada, a través de gasto o inversión pública y privada. El proyecto tiene en mira un objetivo político, ya que es elaborado teniendo como perspectiva las elecciones presidenciales de 2025, no reduce el déficit fiscal ni propone generar nuevos ingresos fiscales, vía variación de la tasa o base tributaria, pues afectaría a la población, cambiando las preferencias electorales. Por ello, el riesgo país sigue alto ya que el proyecto no genera más ingresos fiscales por estas dos vías. Se mantiene así el nerviosismo de los tenedores de la deuda soberana del país, pues el proyecto de ley no genera estabilidad fiscal. Es probable que, según se mueva la coyuntura política, se aplace la reforma tributaria con cambios en la tasa y base tributaria para el próximo periodo presidencial y dentro del marco de un acuerdo con el FMI y otros organismos multilaterales.

Luis Rosero M.

El gobierno envío a la Asamblea, con carácter de económico-urgente, el proyecto de ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo que busca principalmente una reforma tributaria para generar más ingresos fiscales inmediatos para aliviar la iliquidez fiscal, incentivar la generación de empleo y fomentar y atraer la inversión. Se trata de una tibia reforma tributaria que aplaza el ajuste fiscal.

Con un boletín de prensa, el gobierno informó de la situación fiscal del país que se resume en el saldo de la cuenta Única del Tesoro con 184 millones, atrasos con instituciones públicas y proveedores por 2872 millones, un déficit fiscal proyectado para 2023 de 5% del PIB (5000 millones), deuda pública de 63000 millones, caída de 9% del ingreso per cápita en la última década y un riesgo país cercano a los 2000 puntos.

Como había señalado, en artículo anteriores, la situación fiscal del país es grave reflejada en la iliquidez de la caja fiscal, déficit fiscal y la alta deuda pública. El alto riesgo país se debe a la crítica situación económica del país, el nerviosismo de los tenedores de deuda soberana sobre la posibilidad de un default y la crisis de la economía expresada en varios desequilibrios macroeconómicos. El proyecto busca enfrentar, con urgencia, la iliquidez fiscal que es tan crítica que el gobierno tuvo que prestar 139 millones de dólares a la Corporación Financiera Nacional para obtener recursos de forma inmediata.

Para la obtención de ingresos fiscales, de manera inmediata, el proyecto se apuntala en dos medidas principales. Una, es el cambio de la forma de pago  del impuesto a la Renta de los Grandes Contribuyentes (empresas más grandes) que, según la legislación tributaria actual, se paga en marzo y  abril de cada año en que se liquida dicho impuesto. Con el proyecto, se busca obtener liquidez tributaria, con este impuesto, estableciendo una autorretención de forma mensual. El proyecto también establece otros mecanismos para obtener liquidez fiscal inmediata. Dos, una serie de reformas legales que crea incentivos tributarios a las empresas nacionales y extranjeras para incentivar la generación de empleo.

Los incentivos fiscales que, propone el proyecto, para la generación de empleo son varios. Uno, es que los aportes al IESS de los nuevos trabajadores de entre 18 y 29 años, se deducirán con el 100% adicional, o sea como gasto empresarial siempre y cuando se hayan mantenido, en la empresa, al menos 6 meses consecutivos estos nuevos trabajadores. Dos, las personas y las empresas que hayan pagado el IVA en la compra locales o en importaciones para la construcción de proyectos inmobiliarios se les devolverá dicho impuesto, a través de la emisión de una nota de crédito, lo que significa que los que lleven a cabo dichos proyectos reducirán sus costos y, en esa medida, aumentaran su rentabilidad que es una forma de incentivar la construcción de viviendas y así se demandaría mas empleo en el sector de la construcción.

Por otro lado, para incentivar la entrada de capital extranjero, se busca reformar en la ley de régimen tributario interno que flexibilizan las condiciones de la residencial fiscal y además se crea la residencia fiscal temporal por 5 años, una de carácter especial, que les obliga a los extranjeros a pagar los impuestos indirectos pero respecto al Impuesto a la Renta, solo pagaran sobre las rentas generadas en fuente ecuatoriana y se excluyen los ingresos obtenidos fuera del territorio nacional. El principal requisito será que tendrán que realizar una inversión inmobiliaria o actividad productiva de 150.000 dólares, con lo cual se emula a los EE.UU. que exige a los que quieren obtener residencia un requisito como el señalado. Hay otra serie de incentivos fiscales que buscan atraer inversión extranjera al país.

Otra forma de atraer inversión extranjera es la exención de pago de impuesto a la renta, por 5 años, a las empresas que operen bajo el régimen de zonas francas y por el tiempo que queda en el contrato de inversión pagaran una tarifa solo de 15%. Esto es principalmente para atraer inversión extranjera que se establezca en el país y, entre otras formas, opere como maquila.

El proyecto contempla otras formas de obtener liquidez fiscal, de incentivar el empleo, atraer inversión extranjera y favorecer a personas con discapacidad, con enfermedades catastróficas y huérfanas que serán tratadas en otro artículo.

Luis Rosero M.

El nuevo gobierno, presidido por Daniel Noboa, asume el poder en medio una grave crisis de seguridad, económica y social. El acuerdo parlamentario con la derecha y el correísmo muestra la necesidad de aprobar los proyectos de ley que requiere para enfrentar esta triple crisis. Las primeras decisiones del Presidente están orientadas a ciertas demandas de sectores de la sociedad y frenar los conflictos internos del gobierno con firmeza. El gabinete nombrado se caracteriza por la juventud y poca experiencia en la función pública. Hay que esperar para ver si predomina el pragmatismo o los condicionamientos de los organismos internacionales en la política económica.

Como todo es posible en política, el gobierno llego a un acuerdo parlamentario con el PSC y RC con el interés de que se aprueben los proyectos de ley que enviará a la Asamblea. Esto deja fuera del reparto de las dignidades de la Asamblea a Construye que, además de perder algunos asambleístas, no logró que se posesione su jefe de bancada, el ex ministro Carrillo. No le quedo otro camino a este movimiento que irse a la oposición. El gobierno no pactó con Construye por qué el PSC quería mantenerse en el liderazgo en la derecha, que es disputado por esta nueva fracción de la derecha de tinte autoritario.  Otro motivo para impedir la alianza gobierno-Construye, es que el correísmo exigía que no se posesione al ex ministro como asambleísta.

Las primeras decisiones del gobierno de eliminar la tabla de drogas y los acuerdos ministeriales, firmados por el ex ministro de Trabajo de Lasso, que cambiaban algunas de las condiciones laborales, atentatorias de los derechos de los trabajadores. En el primer caso, la demanda de ciertas familias se debe a que, según ellas, era la causante de la adicción a las drogas de sus familiares. En lo que respecta a los acuerdos del ministerio de trabajo, la no puesta en vigencia de estos respeta derechos laborales relacionados con la jornada laboral y los pagos de horas extraordinarias. Ambas decisiones favorecen la popularidad del nuevo gobierno que se tomaron teniendo en mira las elecciones presidenciales de 2025. En cuanto a la derogación del decreto para otorgar la competencia del quinto puente para Guayaquil, al igual que en las dos primeras decisiones, está dirigido al interés del nuevo gobierno de construirlo a fin de aliviar los problemas de tráfico de Guayaquil, Samborondón y Duran y, en esa medida, ganar el apoyo de los habitantes beneficiarios de estas tres ciudades. Por otro lado, el conflicto con la Vicepresidenta de la República fue zanjado con firmeza. Al estilo del correísmo, cuando un funcionario generaba ruidos políticos, los enviaba como embajador. En las declaraciones de la segunda mandataria, ante la función que le encargo Noboa de ir a gestionar la paz entre Israel y Palestina, denuncia abuso de poder y envío a morir en la guerra.

En el discurso de posesión del nuevo Presidente, señaló como tarea del estado la de reducir la violencia y atacarla reduciendo la desocupación y generando empleo. Para ello, enviará un proyecto de reforma con esos fines. También mencionó que el enemigo es la miseria y que hay que trabajar por el bienestar de los ecuatorianos. Confía en el ímpetu y fortaleza de los jóvenes, como él, para sacar al país de la crisis.

Con ese espíritu, el gabinete que nombró hay mucha juventud y paridad de género, tiene buena formación académica y visión empresarial en el sector privado, pero carece de experiencia en la función pública. El cambio del candidato a ministro de Finanzas, a última hora, obedece a críticas externas de no tener suficiente experiencia para afrontar la grave crisis del país y, por otro lado, que la candidata al final decidió no asumir el cargo, cuando otros iban a estar detrás de las decisiones como ya lo mencionó un periodista.

Como señalaron los medios de comunicación no se enviaron a la Asamblea los proyectos de reforma tributaria y de energía como había anunciado el gobierno. Esto muestra cautela y mesura por los problemas urgentes que le toca enfrentar al gobierno como la iliquidez fiscal, el déficit fiscal, el pago endeudamiento externo e interno (IESS, proveedores, etc.) y el problema de los apagones que afecta a la población y a la economía. Lo qué si es claro es que va a acudir al FMI y otros multilaterales para conseguir un crédito puente y recursos, en el corto plazo, para atender las necesidades mas urgentes para el funcionamiento del sector público. Esto implicará que, siguiendo la doctrina de su principal asesor económico, la línea en el manejo de la crisis económica va a estar orientada por la ortodoxia económica de dichos organismos internacionales. Sin embargo, hay que ver si muestra pragmatismo más que ideología al tomar decisiones. Los problemas estructurales del país van a tener que esperar a un segundo mandato como es la mira de Noboa.

Luis Rosero M.

Con una amplia ventaja, Milei ganó la presidencia de Argentina generando un terremoto político en la Argentina que antes decidía, en las elecciones, entre el peronismo y la derecha. El sismo también será en la economía y en lo social por lo radical y los efectos de sus propuestas. Se extiende así, a América Latina, la tendencia mundial del avance de esta tendencia ultra y que convenció a los electores argentinos que, por casi medio siglo, han sufrido crisis tras crisis las cuales continuamente agravaron sus condiciones sociales y encontraron en Milei un redentor. Fue decisivo, en su triunfo, el apoyo de la derecha.

La realidad económica y social peso más que las propuestas del peronismo. En efecto, la inflación de 137%, el aumento de la pobreza a 40% y la aparición del hambre son sólo tres indicadores que reflejan la grave crisis económica y social de Argentina. La depreciación continúa del peso y el reetiquetado de precios de productos de la canasta básica alimentaron la inflación, y, la desaceleración constante de la economía, el desempleo y el aumento del costo de la vida condujeron al crecimiento de la pobreza.

Los argentinos recuerdan la política extrema, aplicada por el peronismo, que supuestamente iba a superar la crisis económica pero los efectos de la convertibilidad, el corralito (congelamiento de depósitos) y el abandono de ésta provocaron muchos estragos que empobrecieron a la población, desequilibraron la macroeconomía y pulverizaron su nivel de vida. La situación económica y social se agravó con las medidas económicas y el fuerte endeudamiento de Macri (derecha) con el FMI. Milei aprovechó el desencanto y sufrimiento de la gente, por las consecuencias de la política económica y social que aplicó el peronismo e infundió temor que de seguir con éstas el país corría el riesgo de un derrumbe total y quebraría. Ante esta advertencia la gente creyó ver en Milei un salvador y un redentor. Propuso medidas económicas radicales que supuestamente acabarían con el desastre dejado por el peronismo y el país resurgiría encaminándose por la senda del crecimiento, progreso y generación de empleo.

Las medidas más radicales de Milei son cuatro. Una es aplicar la dolarización. Dos, eliminar al Banco Central para acabar con la inflación. Si bien, la experiencia de Ecuador, confirma la posibilidad de reducir la inflación ya que se eliminan las expectativas inflacionarias provenientes de la depreciación cambiaria. Sin embargo, para aplicarla requiere tener suficientes de reservas para que se pueda establecer un tipo de cambio razonable. Dependiendo de esta definición, el nivel de ajuste será mayor o menor (variando el valor de los activos) recaerá sobre toda la población sobre todo a la clase media y afectando a los más vulnerable y de menores recursos dado que el costo de la vida aumentará por el ajuste de precios, previo a la dolarización, como ocurrió en nuestro país.

Otra propuesta, es reducir 15% del gasto público para aminorar el déficit fiscal, que provoca inflación si es financiado con emisión monetaria qué, según la tesis de esta corriente. Habría un reordenamiento y priorización del gasto. Entre los gastos eliminados estarían los subsidios sociales que, si se aplica en el corto plazo, causaría serios estragos en la población más vulnerable y profundizaría el deterioro de las condiciones de vida y la pobreza.

Además, se aplicaría una reforma estructural para reducir el tamaño del estado, a través de la privatización, eliminando las empresas e instituciones publicas que pasarían a manos de empresas de capital privado, que implicaría ajustes de precios y tarifas de servicios públicos.

También buscaría que impere plenamente la economía de mercado hasta tal punto que propone crear hasta un mercado de órganos, que las empresas manejen las asociaciones de futbol, etc. Dicho en otras palabras, que en todo ámbito productivo, comercial, financiero, deportivo, etc. se definan los precios a través de la oferta y la demanda, sin controles ni regulaciones.

El desafío de Milei es, qué aplicando sus ideas ultras, logre la estabilización económica y mejore las condiciones de vida. Lo primera implica generar crecimiento económico, empleo, equilibrios fiscal, monetario, de balanza de pagos, etc., elevar la RMI, pagar y renegociar la deuda externa, etc. En lo social, reducir la pobreza, la miseria y el hambre. Surge la interrogante sobre si la política económica será de shock o gradual. Esta repuesta es vital, pues definirá el nivel de impacto de las medidas tanto en lo económico y en lo social. También debe probar que los mercados funcionando libremente permitan mejorar la distribución del ingreso y, en consecuencia, la calidad de vida de la población.  En suma, el reto de Milei es equilibrar la economía para encaminarla hacia el crecimiento, generación empleo y reducción de la pobreza. En las relaciones exteriores habría muchos cambios políticos y, en el comercio, implicaría renegociación o abandono de ciertos bloques comerciales. Los riesgos son el autoritarismo, abuso de poder y el irrespeto a los derechos ciudadanos.