Luis Rosero M.

El gobierno enfrentará otros retos económicos además de reducir la iliquidez y déficit fiscal, debe aumentar el empleo, atenuar los efectos del acuerdo comercial con China, pago del servicio de la deuda externa etc. El dilema es aplicar el pragmatismo para enfrentar estos desequilibrios conjugando el equilibrio social y aumentar el apoyo ciudadano para alcanzar su reelección -apoyado en la reducción de la inseguridad ciudadana, cumplimiento de las ofertas de campaña y la convocatoria a una consulta popular- que restringen su accionar. Para ello, se aprobó el plan de desarrollo que regirá hasta mayo de 2025, para lo cual se fijaron 103 metas y 70 políticas públicas hasta fines de su corto mandado.

Si bien la vigencia de la ley para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica debe esperar hasta el 6 de marzo, cuando se publique en el Registro Oficial, ya le da respiro al gobierno para enfrentar la iliquidez fiscal con los nuevos impuestos que aprobó la Asamblea, entre ellos el alza del IVA, sin embargo, para analizar sus efectos hay que conocer cual es el texto final de la ley. Pero no solo se trata de gastos de cubrir gastos adicionales como el costo del servicio de las FF.AA para enfrentar el conflicto armado interno sino además cumplir a tiempo el pago de la deuda externa que es realmente porqué el gobierno requiere más ingresos. Ya se publicó la ley que reforma la extinción de dominio por la que podría obtener el gobierno nuevas fuentes de ingreso fiscal. Además, el Banco Central vendió parte del oro de la RMI por lo que obtuvo una mayor ganancia en 2023, cuya mayor parte irá al Ministerio de Finanzas con la cual captó más recursos a través de esta operación triangular. Si bien estos cambios le permiten más recursos al estado, solo esta pasando el bache, sin resolver el problema estructural del déficit fiscal continuo que tiene el país. El ministro de Finanzas señaló que la Proforma del Estado de 2024 tendrá un déficit cercano a 6000 millones, que se financiarían con los nuevos ingresos de la ley para enfrentar el conflicto armado. Fitch -la calificadora de riesgo- estima que el déficit fiscal se reduciría 2.3% con estos nuevos ingresos. Pero, aun así, tendrá que buscar nuevos recursos que los obtendría con la renegociación de los contratos con la telefónicas, acuerdos con China y un convenio con el FMI. Como ya señalamos, en el artículo anterior, el alza del IVA tendrá, entre otros, un efecto inflacionario afectando el bolsillo de la población.

La meta de aumentar el empleo, en 2024, le resultará difícil de cumplirla al gobierno dada la tendencia a la desaceleración de la economía. El Banco Central estimaba que la economía ecuatoriana crecería 0.8% en 2024 mientras que el Banco Mundial ajustó su proyección a solo 0.7%.  A pesar de que la Asamblea aprobó, el primer proyecto económico urgente, con la ley de eficiencia económica que, en lo esencial, establece incentivos a los empresarios para quienes contraten a nuevos trabajadores y, por otro lado, otorga exenciones tributarias a la inversión con proyectos de zonas francas (maquila). Para ello, se requiere que aumente el dinamismo económico que, como ya señalamos, se desalienta por la tendencia a desaceleración de la economía.

Por otro lado, el acuerdo comercial con China entrará a regir en 2 meses. Este contempla un proceso de desgravación de las exportaciones de Ecuador e importaciones de China. Para las primeras hay una desgravación inmediata de 0% para 5 productos siendo los principales atún y plátano, otros tendrán desgravación en 5 años y entre los que se desgravarán en 10 años están los productos estrella como el camarón, banano y flores y otros, lo que implica que el ingreso significativas de divisas para las exportaciones ecuatorianas serán en el mediano y largo plazo. En cambio, las importaciones desde China tendrán 4677 subpartidas con arancel cero que incluye principalmente insumos agrícola, médicos y ciertos aparatos. Las 1089 subpartidas, con sensibilidad media, se desgravarán entre 15 y 20 años incluye autos y artículos de plásticos; los productos de sensibilidad baja (1666 subpartidas) se desgravarán entre 5 y 10 años y se establecen exclusiones, para 800 partidas, que incluyen productos de la industria, textiles, automotrices y metalmecánicos. Como es de esperar, dado los bajos costos de los productos chinos estos tendrán efectos competitivos a la industria nacional, sobre todo para la micro y pequeña industria.  

Finalmente, los nuevos ingresos tributarios por la ley para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica, buscan principalmente tener recursos para cubrir el servicio de la deuda externa (capital mas intereses) a fin de evitar caer en default que dificultaría el financiamiento externo.

En conclusión, el gobierno esta desplazando el problema del déficit fiscal para el próximo año pero pone el acento por el lado de los impuestos para conseguir más ingresos lo que tiene su límite, debe hacerlo además de la focalización de subsidios a los combustibles, terminación de contratos eventuales de la burocracia, eliminar contratos con la elite dorada de la burocracia, etc.  mediante la reducción del gasto improductivo. El mayor reto económico, del gobierno, es evitar el default. En cuanto al financiamiento del déficit, con deuda externa, debe tener la responsabilidad de no dejar que se pongan condiciones a la política económica ni excederse en este tipo de financiamiento pues después el servicio de la deuda impondrá mas gastos y la necesidad de más ingresos (otro círculo vicioso). Respecto al empleo, deberá buscar otros canales para incentivarlo ya que las dos vías propuestas no funcionarán debido a la desaceleración de la economía. Y, en cuanto, a los efectos del acuerdo comercial con China debe ir preparando a los sectores que se afectarán para que aumenten su competitividad y reducción de costos a fin de que sean capaces de enfrentar la ventaja competitiva de los productos chinos. Hay que cuidar los intereses nacionales y que no pase lo ocurrido con los acuerdos militares con EE.UU. pues afectaron los intereses comerciales de Rusia que respondió con represalias a las exportaciones ecuatorianas. La geopolítica juega un rol importante en los temas internacionales.

Luis Rosero M.

La acción de las FF.AA. al reducir los delitos, en el declarado conflicto interno, la aprobación de leyes en la Asamblea así como la ratificación de un acuerdo comercial dan cuenta de una mejor gestión del gobierno, comparada con la del régimen anterior, y estos resultados apuntalan la estrategia política y electoral del gobierno.

Así, en Enero de 2024, la reducción de las muertes violentas, la captura de 7000 personas y requisamiento de armas, la liberación de secuestrados, apresamiento de extorsionadores, control en ciertas cárceles, etc. son algunos de los resultados de la acción de las FF.AA. y la policía, que se enmarcan dentro del plan Fénix remozado, herencia del régimen anterior.

A eso se suma, la aprobación de proyectos de leyes urgentes por parte de la Asamblea. Entre ellos, aquel para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica que después de plantear inicialmente una subida del IVA a 15%, el régimen la flexibilizó. La Asamblea reformuló dicho proyecto y aprobó además un impuesto temporal sobre las utilidades de los bancos y cooperativas (propuesta por el correísmo), un impuesto temporal sobre las utilidades de las empresas (formulado por el PSC), el aumento del Impuesto a la Salida de Divisas del 3.5 al 5% y la reducción del IVA para la construcción al 5% (propuesto por el régimen). Al parecer, dicha aprobación fue un acuerdo de la mayoría formada por el gobierno, RC y PSC. El gobierno obtendrá,  con esta reformulación, más ingresos de los estimados con estos 3 últimos impuestos. Finalmente, el IVA estaría entre el 13 y 15% a discrecionalidad del régimen según varíen las condiciones de la economía. En banco de inversión Barclays estima que con todos estos impuestos el total de ingresos alcanzaría 2362 millones de dólares.

Por otro lado, la Asamblea aprobó las reformas a la ley de extinción de dominio. Con éstas, según Primicias, se podrían recuperar 110 millones que están en proceso legal de actividades de las economías ilícitas, mientras que la presidenta de la Comisión de Régimen Económico estimó que se podrían recuperar 170 millones, además se podría utilizar maquinaria incautada a la minería ilegal, las armas decomisadas a delincuentes podrían pasar a manos de las FF.AA. y Policía y se crearía una Unidad Especializada Antilavado en la contratación pública.  El régimen ha utilizado la vía de los proyectos económicos urgentes, presionando a la Asamblea, para que apruebe de forma rápida las leyes que requiere para cubrir el déficit fiscal y luchar contra el crimen organizado. Hay que sumar a ello, la propuesta del gobierno de focalizar los subsidios a los combustibles, liberando los precios de las gasolina extra y eco país, en el segundo semestre de 2024

Se agrega, la aprobación de la Asamblea del acuerdo comercial con China, herencia del gobierno anterior, que entrará en vigencia en dos meses. Para aprovechar la buena coyuntura por la que transita, el Presidente firmó los decretos para convocar a la consulta popular y referéndum, cumpliendo con una promesa de campaña, que mejoró aún más la imagen del gobierno.

Tanto la acción de las FF. AA. y Policía que permitió reducir la violencia y delitos, la aprobación de las dos leyes señaladas y el acuerdo comercial con China contribuyen a una gestión eficaz del régimen y aumentó la aprobación de la ciudadanía así como a mejorar la imagen del gobierno. Todos estos resultados positivos para el régimen contribuyen a apuntalar su estrategia política y electoral de 2025.

Si bien lo señalado ha mejorado la imagen del gobierno, sin embargo, hay que considerar los efectos que pueden generar los nuevos impuestos. Uno de los aspectos positivos, es que no todo el peso del ajuste recaerá sobre la población. En cambio,  el IVA tendrá efecto recesivo e inflacionario que se reforzarían con la focalización del subsidio a los combustibles. Por otro lado, hay que considerar los efectos de la apertura comercial con el acuerdo comercial con China que afectaría a algunos sectores de la economía y empresas medianas-pequeñas ahondando la tendencia a la desaceleración de la economía. Aún más, los acuerdos militares firmados con EE.UU. llevaron al gobierno a entregar armas rusas a este país, que causó una represalia comercial limitando las exportaciones de banano y flores. Todo esto, aún sin considerar el posible acuerdo con el FMI qué intenta obtener un crédito a fin de cubrir las necesidades de financiamiento para el presupuesto del estado de 2024, que implicaría condicionamientos a la política económica.

Luis Rosero M.

La crisis de seguridad fiscal es enfrentada por el gobierno, pero la crisis económica se agrava por la iliquidez fiscal, el ciclo perverso de deuda-déficit fiscal, la tendencia al bajo crecimiento, el ciclo a la desaceleración económica y elevado subempleo y empleo de mala calidad, la escasa RMI, etc. a lo que se agrega el agravamiento de la crisis social. Lo más crítico y urgente es la iliquidez fiscal que el gobierno busca reducirla con el alza de IVA, lo que tiene efectos inflacionarios y sociales.

El régimen, como señalé en el artículo anterior, ha flexibilizado su proyecto de ley de incrementar el IVA en 3% con una que contempla un incremento de 1% permanente en este año y 1% adicional temporal, para 2025 y 2026.  Además, agrego la focalización de subsidios a los combustibles. La comisión de la Asamblea, que trata este proyecto, elaboró un informe para el segundo debate, que propone gravar las utilidades bancarias (RC), establecer un impuesto a las utilidades extraordinarias a las empresas (PSC) y modificar la tasa del ISD.

Ya surgieron las propuestas alarmistas de que hay que subir el IVA en 3% pues corre riesgo la dolarización -la que depende de ingreso neto de divisas- que es afectada además por el peso de la deuda externa, mientras que la banca se opone a que le graven sus utilidades porque dañarían el acceso al crédito y afectaría a las familias además que incidiría en su solvencia patrimonial a pesar de sus fuertes utilidades obtenidas en los dos últimos años. El tema central que debe considerarse es la distribución del ingreso y la desigualdad social, que serían afectada por el alza del IVA aumentando ésta última.

Hay que analizar los efectos del IVA sobre la población. Si bien no están gravados algunos bienes de la canasta básica -tendencia que rige hace algunos años-, un aumento de este impuesto provocará un impacto sobre otros precios, entre ellos el de los combustibles que a su vez afectaría al costo del transporte y a insumos de la industria y estos a su vez aumentarían el costo de la canasta básica. Como señalé, en dicho artículo, no hay que buscar el camino fácil para conseguir recursos fiscales, como lo hicieron los dos últimos gobiernos que incrementaron la deuda externa, para financiar el déficit fiscal, lo cual tendrá repercusiones en este y el próximo quinquenio ya que deberá pagar el país 17749 millones en deuda externa. Tampoco hay que cargarle el peso de financiar el déficit fiscal a la población, ya que esto agravaría la redistribución de ingresos sobre los que menos recursos tienen. Hay otras alternativas como señalé, en el mencionado artículo, atacando la evasión fiscal en el IVA e Impuesto a la Renta, reducir el gasto público no prioritario, eliminar los contratos temporales de empleados públicos en sectores no prioritarios, eliminar empresas públicas no fundamentales, renovación de los contratos con las telefónicas, eliminar subsidios a empresas que no han cumplido con las condiciones que se establecieron, etc. Por otro lado, si bien es dable la reducción del subsidio a los combustibles, vía focalización, de las gasolinas, esto también provocará efecto inflacionario ya que subiría el costo del transporte que aumentaría el costo de la canasta básica.

Otro problema económico critico es la falta de dinamismo en la generación de empleo por la tendencia a la desaceleración de la economía. Así en el IV trimestre de 2023, la tasa de subempleo alcanzó 20.3% y el sector informal urbano se estima alcanzaría a 5 millones de ecuatorianos. Dicha desaceleración aumenta por la reducción de la inversión privada y pública, el clima de inseguridad ciudadana por la violencia en las calles, etc. Esto a su vez conduce a la migración hacia el exterior. La economía no se debilita más por la entrada de remesas de los migrantes y las exportaciones. La problemática del empleo, a su vez, influye lo social y, en su indicador más relevante, la pobreza. El último informe del INEC, de diciembre de 2023, señala que la pobreza por ingresos se ubicó en 26% y la pobreza extrema en 9.8%, mientras que en el área urbana la pobreza llegó a 18.4% y la extrema a 3.3% mientras que, en lo rural, la pobreza alcanzó 42.2% y la extrema 23.7%. Esta representa la desigualdad social. El deterioro social puede conducir a que la válvula de presión social explote. De ahí que es importante discutir si le cargamos el peso de la crisis fiscal a la población, que implicaría aumento de la desigualdad social o se redistribuye la carga tributaria entre los sectores económicos y financieros que han tenido aumento significativo de sus utilidades. O sea, en el primer caso, una redistribución negativa del ingreso y, en el segundo, obligar a la contribución fiscal a la riqueza.

Por ello, vuelvo a insistir en la conclusión del artículo anterior: “Por ello, en situaciones de crisis económica y alto déficit fiscal, todos los que tengan recursos incluidos los sectores económicos también deben contribuir a financiar al estado.”

Luis Rosero M.

El gobierno avanza en la lucha contra el crimen organizado con el apoyo de la cooperación internacional, pero la crisis económica continua y una parte de ella es el déficit fiscal. Los dos partidos del pacto legislativo con el gobierno, en la Asamblea, no apoya su tercer proyecto económico urgente, para obtener más ingresos fiscales, que busca el alza de impuestos. En la política de seguridad, de mano dura, está incidiendo la geopolítica.

En 2023, la tasa de homicidios en el país alcanzó 46 asesinatos por cada 100000 habitantes. Dado la ofensiva criminal, en enero de 2024, el gobierno fue armando su estrategia para su lucha contra el crimen organizado al declarar un conflicto armado interno, planificó varios operativos, con policías y militares, en barrios y calles que ha permitido capturar a delincuentes peligrosos y confiscado armas. Así mismo, ha intervenido varias cárceles del país. Sin embargo, en la de Cotopaxi, ha encontrado celdas vip, piscina y discoteca, indicio de que las cárceles siguen controladas por el crimen organizado. Para fortalecer la guerra contra el crimen, el gobierno pidió apoyo a EE.UU por lo que el  firmó un acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas y otro sobre las operaciones contra las actividades marítimas transnacionales ilícitas que tuvo el visto bueno de la Corte Constitucional. Dado el marco legal de la cooperación militar, visito el país Laura Richardson, comandante del Comando Sur, que entregó camiones y equipos tecnológicos. Los acuerdos señalados posibilitan también el ingreso a militares, asesores y contratistas americanos con inmunidad, al igual que los diplomáticos, además concedió   libre tránsito de aeronaves y buques militares de ese país. Casi, al mismo tiempo, la UE ofreció apoyo al país en su lucha contra el crimen organizado.

 En enero, de este año, por efecto de la acción de las FF. AA., se han reducido los asesinatos . Además, el ejército capturó 20 toneladas de droga en Vinces y otra tonelada en Esmeraldas y Guayaquil. Son los primeros resultados en la lucha contra las bandas criminales y carteles de la droga. Sin embargo, la guerra contra estos grupos, recién comienza, y va a ser de larga duración. Se debe esperar una repuesta de estos y como el gobierno la enfrentará. En su estrategia contra dichos grupos, la geopolítica está jugando un significativo papel y tendrá implicaciones internas y externas.

En lo que no ha tenido avances el gobierno, hasta el momento, es en obtener más recursos públicos. El tercer proyecto económico urgente plantea incrementar 3% al IVA, lo cual es rechazado por el PSC y el correísmo. Sin este apoyo, tambalea la posibilidad de aprobación del proyecto en la Asamblea. El gobierno flexibilizó su propuesta y ofreció el aumento de 1% permanente y 2% por dos años del IVA y, además, focalizar subsidios a los combustibles en un 25%. Hay desacuerdos en la Comisión de Desarrollo, de la Asamblea, que trata el proyecto. Algunos miembros plantean gravar las utilidades de la banca, un impuesto de 5% a las utilidades extraordinarias de las empresas y revisar la tasa del impuesto a la salida de divisas. Paralelamente, el gobierno mantiene conversaciones con el FMI para obtener un nuevo crédito posiblemente de emergencia para superar la iliquidez fiscal.

Lo cierto es que, sin recursos adicionales, el gobierno seguirá con iliquidez fiscal cuyo efecto principal es la mantención de los atrasos a proveedores, a los GAD, a instituciones y centros médicos, no pago de la devolución del IVA a las personas de tercera edad y jubilados, etc.

Respecto a la lucha contra el crimen organizado, si bien es dable el apoyo de la FF.AA. no todo puede resolverse con la mano dura. La violencia tiene su origen en la desigualdad económica, falta de oportunidades y escasa generación de empleo lo que ocasiona que buena parte de la población termine en la pobreza. Por ello, la estrategia en esta lucha también deber abarcar la atención a la crisis social y una política de apoyo social a los más vulnerables y desprotegidos de la sociedad.

Respecto al déficit fiscal, con la propuesta inicial del aumento de 3% al IVA, el gobierno descargaba parte de la crisis fiscal en la población. No se puede adoptar el camino fácil para obtener más recursos y además debe considerarse los efectos inflacionarios del IVA. El SRI estimó que la evasión fiscal del IVA e Impuesto a la Renta alcanza a 2000 millones, por lo que ahí está una vía para obtener recursos fiscales. Otra sería la renovación y renegociación de los contratos con las telefónicas. Además, hay que revisar el gasto público para eliminar aquello que no es prioritario ni necesario. La propuesta flexibilizada del gobierno es más razonable, pero sigue recayendo en la mayoría de la población. Por ello, en situaciones de crisis económica y alto déficit fiscal, todos los que tengan recursos incluidos los sectores económicos también deben contribuir a financiar al estado.

Luis Rosero M.

El gobierno decidió aplicar la mano dura contra el crimen organizado y la economía de la droga con la declaración de un conflicto armado interno para enfrentar la violencia que estas generan. La actividad de estos grupos tiene varios ámbitos, por lo tanto, la estrategia para controlarlos debe ser integral. Con el proyecto de ley de recuperación de activos de origen ilícito y transparencia en la contratación pública, el gobierno busca despojarlos de los recursos obtenidos en sus actividades ilícitas.

En Guatemala y El Salvador se aprobaron, en 2010 y 2013 respectivamente, la ley de extinción de dominio para atacar el corazón financiero de los grupos criminales. En el país, se aprobaron la ley de extinción de dominio y la de lavado de dinero recién en 2021, lo que posibilitó que los grupos criminales organizarán y consolidarán sus finanzas pero, además, hay tenido muy poca aplicación, entre otros factores, por la corrupción en el sistema judicial y otras entidades públicas.

Por ello, el proyecto de ley señalado plantea reformar las dos leyes señaladas.

Entre los aspectos principales de estas reformas está simplificar el proceso de la titularidad a favor del estado de la extinción de dominio contando con la sentencia de la autoridad judicial. Por otro lado, se aplicará no solo a funcionarios públicos sino también a particulares. Se le da facultad a la Procuraduría del Estado para que presente acusación particular con la cuantificación de los bienes sujetos a la extinción. En cambio, la Fiscalía realizará la investigación patrimonial de la extinción ya sea por oficio o denuncia. Habrían juece especializados en corrupción y crimen organizado. O sea que se establecen claramente la competencia de cada una de las entidades públicas que actuarán en la extinción de dominio, se simplifican los trámites y procedimientos y se crean los jueces especializados para que, los trámites de extinción de dominio, no tengan que esperar la cola de los juicios con un juez general. A más de eso, el fiscal no tendrá inoponibilidad de secreto o reserva de la información financiera y de otro tipo. Se acorta el plazo de la investigación patrimonial y el conocimiento de la resolución de extinción de dominio será de dos días.

Por otro lado, se autoriza la venta anticipada de los bienes que entrarían en la extinción si estos corren el riesgo de deteriorarse o extinguirse. También se reducen los plazos de suspensión de la audiencia a la mitad del tiempo y se facilita la declaración de la sentencia ejecutoriada.

Respecto a la ley de lavado de activos, se establece el procedimiento para la prevención de estos, en los procesos de contratación pública, a fin de frenar la corrupción en esta área, que estará a cargo de la UAFE y el Servicio Nacional de Contratación Pública. Se conforma una Observatorio Ciudadano que vigile las actuaciones de dichas entidades. Se especifican y reforman los procedimientos de contratación pública. Se establecen competencias de la Contraloría y Procuraduría en cuanto al lavado de activos.

También se reforma la ley relacionada a las armas y, en lo fundamental, se establece que las armas incautadas pasaran a manos del Departamento del Estado Mayor del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

El proyecto de ley señalado busca simplificar y agilizar la aplicación de la ley de extinción de dominio y de lavado de activo, respetando el debido proceso legal, para que sean eficaces para despojar de los activos obtenidos ilícitamente por estos grupos criminales así como de la corrupción en la contratación pública y que pasen al estado. Es un avance en la guerra contra la economía de la droga, crimen organizado y corrupción en la contratación pública. Se va revelando la estrategia que utilizará el gobierno contra estos grupos que, en sus operaciones, no solo utilizan la violencia sino que además tienen formas para camuflar sus activos ilícitos y el proyecto facilita confiscarlos y traspasarlos al estado que servirán, entre otros fines, para mejorar las finanzas públicas, que contribuirá al financiamiento de la lucha contra estos grupos delictivos. Se requiere además una reforma judicial que elimine la corrupción y proteja a los funcionarios judiciales y a jueces (por ej. jueces sin rostro).