Las crisis económicas son recurrentes en Argentina. En los años noventa, del siglo pasado, aplicó la convertibilidad (avalada por el FMI) para frenar la hiperinflación, la cual fracasó dejando una secuela de déficit fiscal, deuda externa, recesión y desempleo. El kichnerismo (2003 – 2015) al principio conjuró la crisis, luego generó bonanza pero al final del periodo terminó con fuertes desequilibrios macroeconómicos que heredó Macri, aplicando la liberalización y reformas económicas. Si bien la economía se recupera en 2017, en Mayo de 2018, surge una crisis cambiaria que impactará en su economía.

Desde diciembre de 2015, viene aplicando un programa económico ortodoxo. Eliminó parcialmente el control de cambios y declaró flotación limpia, que llevó, desde el 10 de Diciembre de 2015 a Marzo 23 de 2016, a una cotización de 14.4 pesos por dólar, una depreciación del peso cercana al 50%. Liberalizó la entrada y salida de capitales. Con la deuda externa fortaleció la RMI y con flujo de capitales pudo frenar, al inicio, la depreciación cambiaria. Redujo impuestos a las principales exportaciones agrícolas. Aumentó la tasa de interés, eliminó subsidios y subió el precio de  servicios públicos  y recortó la burocracia. Además diseño una serie de reformas estructurales.

Como consecuencia de las medidas, en 2016, la depreciación alentó levemente las exportaciones y restringió importaciones, que generó un leve superávit comercial  pero disminuyó la inversión y el consumo privado. La caída de la demanda agregada llevó a una contracción de la economía de 1.8%. Sin embargo, dada la flotación cambiaria y liberalización de precios, la inflación aumentó. Pero aumentó la deuda externa a 192.462 y la total a 288.448 millones de dólares, o sea 56.8% del PIB. Hay una recuperación en 2017, con un crecimiento de 2.9%,  por el aumento del consumo privado y de la inversión. Sin embargo, la inflación llega a 24.8%, la tasa de desempleo urbano alcanzó 7.2%, el subempleo 10.2% y la pobreza 25.7%. La deuda pública se dispara a 334.000 millones de dólares, o sea 59% del PIB, con una deuda externa de 232.000 millones. El déficit fiscal sigue siendo alto: 4.2% del PIB. El programa económico se sustenta en deuda externa, déficit en cuenta corriente (4.6% del PIB en 2017) y alta tasas de interés para atraer capitales.

La crisis cambiaria comienza a fines de Abril 2018, reflejado en la pérdida de 5000 millones de dólares de RMI, en ese mes. El 31 de diciembre de 2017, el dólar minorista se cotizaba en 19.4 pesos, entre Enero y  Marzo de 2018 bordea los 20 pesos. En Abril 26 se ubica en 20.84, en Mayo 3 alcanza 22.99 y el 9, de ese mes, llega 23.13, o sea una depreciación de 19.2% con respecto a Diciembre de 2017. El tipo de cambio de referencia, de fines de diciembre de 2017 a Mayo 4, se deprecia en 16%.  Para frenar el alza del dólar, el Banco Central utiliza sus reservas y aumenta el costo del dinero. La tasa de interés del BCRA a un día se eleva de 32.2% (27/04) a 57%  (4/05). Sin embargo, el drenaje de reservas continúa y no logra detener la corrida cambiaria que aumentaban las expectativas de inflación. Dado el descontrol cambiario, Macri decide acudir al FMI, ante el temor de una nueva crisis económica, para tratar de calmar las expectativas económicas.  Detrás de la crisis cambiaria  esta la especulación y la salida de capitales por aumento de tasa de interés en EE.UU.  El programa económico no es sostenible sino se reorienta la fuente del crecimiento y se apliquen medidas para aumentar la competitividad. Con el FMI, se impondrá un mayor ajuste fiscal y reformas estructurales.

El Presidente anunció las medidas de su plan económico que están dirigidas a reducir el déficit del sector público, enfrentar el desequilibrio externo e incentivos al sector empresarial para la reactivación productiva con un ajuste fiscal y reformas estructurales. Accedió a ciertos pedidos del sector privado y apoyo a la economía popular y solidaria. En su declaración, de carácter general, no dio detalles de las acciones específicas.

Según lo anunciado el déficit fiscal llega a 5.6% del PIB, en este año, y se espera reducirlo a 2.4% hasta el 2021. Se informó que se haría con medidas de ajustes: reducción de presupuestos anuales en 1.000 millones de instituciones de la función ejecutiva, disminución de gastos en viáticos, arriendos y asesores. No solo hay exceso en el gobierno de éstos sino en todas las funciones del estado. Por otro lado, se busca una reforma del estado a través de la reducción de su tamaño eliminando ministerios, secretarías, viceministerios, subsecretarías y coordinaciones generales. Esta medida debe ser efectiva. No como la que se tomó con el anterior ministro que anunció la eliminación de los ministerios coordinadores, pero en realidad fueron cambiados de nombre o su personal anexado a ministerios. Hay exceso de subsecretarias. En el gobierno anterior, se reguló y estableció 2 por cada ministerio. Hay en muchos ministerios, 3 o más. Así mismo sucede con las coordinaciones generales y administradores de contratos, que existen en demasía. Por otro lado, por fin recortará el sector de empresas públicas, que aumenta el déficit del sector público, vía privatización. Hay muchas empresas deficitarias y que no tienen razón de estar en el sector público como TAME, etc. Sin embargo, hay que esperar si se hace efectiva la medida y que efectos tendrán sobre el déficit fiscal la concesión de incentivos tributarios.

Para enfrentar el déficit de Balanza de Pagos, sobre todo de la balanza comercial no petrolera se acudirá al aumento de aranceles que, como anunció anteriormente el Ministro de Agricultura, serían a 375 partidas o subpartidas de bienes de consumo. No se alteraran los aplicados a materias primas y bienes de capital. Con esto se frenaría la importación de estos bienes que aumentaron fuertemente en el último año. También se busca dar incentivo a las exportaciones, para mayor ingreso de divisas, con la devolución del drawback y certificados de abonos tributarios que se adeudan. También, con reducción y eliminación gradual del ISD, se espera lograr este efecto.

Se otorgaría una serie de incentivos al sector privado partiendo de una revisión tributaria (amnistía) de intereses, multas y recargos. Para nuevas inversiones se plantea incentivos tributarios, reducción del ISD para inversión extranjera y  para todas las empresas la eliminación del cálculo del impuesto mínimo del anticipo del Impuesto a la Renta. Además nuevas inversiones en infraestructura y sectores estratégicos con alianzas público-privado. Acceso a créditos de inversión por entidades internacionales y reformas a la ley de mercado de valores.

Se complementa con otra reforma estructural en el mercado laboral iniciando con nuevos contratos laborales. Para no solo favorecer al sector privado, se plantea el apoyo a la economía popular y solidaria. Es un plan que trata de atacar los desequilibrios fiscal y del sector externo y da incentivos al sector privado para reactivar la economía. Sin embargo, se mantiene latente el problema de la liquidez de la economía, el déficit actual del seguro social y la deuda externa. A pesar de la declaración de que no se puede sostener el crecimiento con deuda, va a requerirse más por la falta de liquidez. Después de anunciarse las medidas, se dio un sismo. ¿será por las medidas