Las recientes elecciones seccionales, de Marzo de 2019, han marcado un cambio en el panorama y tendencias políticas que implican una recomposición de los bloques políticos que son importantes para las elecciones presidenciales de 2021.

En primer lugar, Alianza País, el movimiento formado por Correa, que dominó la escena política por una década, ha sido casi borrado del mapa. En efecto, en 2017, el presidente Moreno, se apropió de dicha tienda política y se quedó con más de la mitad de sus asambleístas. En esta elección, habiendo sido la primera fuerza política, el ala morenista perdió espacio, fue desplazada por otros movimientos y partidos. En efecto, solo ganó 9 alcaldías y de 10 prefecturas que alcanzó en 2014, en esta elección obtuvo solo una. Logró 24 alcaldías, 15 en alianza. En Guayas, de 14 alcaldías que tenían en 2014, en 2019, solo logró una. En cambio, el ala correísta, resurgió, a pesar de los casos de corrupción y enjuiciamiento de su líder y sus altos colaboradores (Vicepresidente preso acusado en la trama de Odebrecht). En efecto, alcanzó la prefectura de Pichincha, quedó segundo en la Alcaldía de Quito, pero tiene la mayoría de concejales, ganó la prefectura de Manabí y tiene dos representantes en el Consejo de Participación Ciudadana. Según datos de diario El Universo, tendrían 1.4 millones de votos, con candidatos propios y en alianza para alcaldes y prefectos, con lo que serían la cuarta fuerza política, A pesar de que Correa está en el exterior, el resultado electoral muestra el resurgimiento del correísmo y que todavía está presente y latente en la escena política. La declaración del líder de la derecha tradicional, Jaime Nebot, al señalar que “Rafael  Correa no es un muerto político, es un hombre importante en la política del Ecuador“(El Universo, 26/03/2019), deja claro su vigencia en el panorama político aun estando ausente del país.

Una de las alas de la derecha, el PSC y MdG, liderados por Nebot, ganó 8 de las 23 prefecturas: 5 individualmente (Guayas, Los Ríos, Esmeraldas, Cañar y Carchi) y 3 en alianza (Imbabura, Sta. Elena y Pastaza) siendo el partido que tiene el mayor número de esta dignidad. En cambio, para las alcaldías, logró 42 alcaldías, de las cuales 32 en alianza. En la costa, triunfó en Guayas: Guayaquil, Duran (en alianza) y Samborondón; Los Ríos: Babahoyo, Quevedo (en alianza); Manabí, Portoviejo (en alianza); Santa Elena: Salinas (en alianza); en la sierra, en Chimborazo: Riobamba (en alianza); Cañar: Azogues; Imbabura: Ibarra. Sin embargo, perdió las  3 alcaldías en El Oro: Machala, Pasaje y El Guabo; en Tungurahua: Ambato, en Azuay: Cuenca. En Guayas, ganó 19 de las 29 juntas parroquiales. Con este resultado, por el número de prefecturas y alcaldías, es la primera fuerza política. Sin embargo, sí consideramos el número de votos de sus candidatos y en alianzas a alcaldías, según el mismo diario, votaron 1.9 millones, pero sólo 17.7% fueron para sus candidatos propios. En Prefecturas, alcanzó 1.7 millones de electores con sus candidatos y en alianza. Se confirma que el PSC-MdG es un partido regional de la costa, con menor peso en las provincias de la sierra. En esta elección, ha ganado espacio con las prefecturas que le dan cobertura provincial y en las principales ciudades de Guayas y Los Ríos. Los resultados, a nivel nacional, muestran que tiene poca cobertura en la sierra y oriente, lo que complica la aspiración de Nebot para su candidatura presidencial en 2021, lo que implica que si quiere triunfar deberá hacer alianzas con otras fuerzas políticas de la sierra y oriente.

La otra ala de la derecha, CREO, mantuvo una prefectura, en alianza (Loja), y obtuvo 9 alcaldías solo ( y 25 en alianza, lo que complica las aspiraciones presidenciales de su líder Guillermo Lasso. Es la segunda fuerza política según estas dignidades, pero con los datos del mismo diario, habría alcanzado 2 millones de votantes, con lo que serían la tercera fuerza política.

La tercera fuerza política es el movimiento indígena que, con Pachakutik, logró 5 prefecturas en las provincias de Azuay, Tungurahua, Napo, Morona Santiago y Cotopaxi –en alianza- (en 2014 había obtenido solo tres) y 18 alcaldías, cuatro en alianza. Comenzó a despegar Democracia Sí que alcanzó 5 prefecturas (todas en alianza) y 32 alcaldías (8 de ellas en alianza), que serían según el número de estas dignidades la cuarta fuerza política, pero según datos del mismo diario, si tomamos en cuenta los que votaron por sus candidatos a alcaldes o prefectos o en alianza alcanzarían 2.2 millones, se convertirían en la segunda fuerza política.

Otra tendencia importante es que muchos movimientos locales y alianzas alcanzaron 10 prefecturas (entre ellas Sucumbios, Orellana, Pastaza, Santa Elena, Bolivar, Santo Domingo e Imbabura) y 109 en alcaldías. En cambio,  se marca el ocaso de Fuerza Ecuador (Bucaram), Adelante Ecuatoriano Adelante (Alvaro Noboa) y Centro Democrático (Jimmy Jairala). PSC e ID, lograron débiles resultados.

En síntesis, las elecciones seccionales de 2019, muestran una tendencia al repunte del ala tradicional de la derecha (PSC-MdG), el resurgimiento del correismo, la borrada del mapa de Alianza País (la ala morenista), el desplazamiento a tercer lugar del ala de la derecha CREO, el fortalecimiento del movimiento indígena con Pachakutik, el fortalecimiento de Democracia Sí e ID y la casi desaparición de Fuerza Ecuador, Ecuador Adelante y Centro Democrático. Las posibilidades presidenciales de Nebot para 2021 podrían fortalecerse con alianzas y el resurgimiento del correísmo podría apuntalarse con lo que realicen en las prefecturas ganadas y la acción de sus concejales en Quito.

En varios artículos señalé los condicionamientos del FMI que constan en la carta de intención y que el gobierno ha firmado para acceder a un crédito del FMI y otros organismos internacionales. Plantee  que se exigiría un ajuste fiscal y reformas estructurales (en el mercado de trabajo, mercado de capitales, en el marco institucional del Banco Central). En este artículo estudiaré el ajuste fiscal y, en los próximos, las reformas estructurales.

La meta establecida, en la carta de intención, es reducir el déficit primario no petrolero del sector público en 5% hasta el 2021. Para ello se tomarán 4 conjuntos de medidas económicas. La primera es reducir la masa salarial del sector público, tarea que ya comenzó, antes del convenio con el FMI, con el despido de empleados con contratos de servicios ocasionales de instituciones y empresas públicas. Además a los nuevos empleados que se contraten se les reducirá el sueldo con niveles similares al del sector privado que son inferiores a los del sector público.  La meta es reducir el tamaño del estado, despidiendo a 50.000 burócratas. La segunda es la reducción del subsidio a los combustibles, de los cuales se afectaría al del diésel y gasolina extra. Para posteriormente, como se hizo con la gasolina super, liberalizar el mercado de estos dos combustibles. En tercer lugar, se reducirían los gastos de capital y de bienes y servicios. Del primero ya se han realizado fuertes reducciones en la inversión pública lo que ha incidido en la baja del nivel de actividad económica. También vendría el recorte en bienes  que adquiere el sector público para prestar sus servicios. En cuarto lugar, se aumentarían los precios de algunos de los servicios públicos (entre ellos el de la electricidad y telefonía. En el primer caso, porque se van a concesionar hidroeléctricas y se requiere una mayor rentabilidad para que sean atractivas para el inversionista extranjero). La concesión de CNEL e hidroeléctricas, contribuirán a aumentar los ingresos fiscales.

En cuanto a las reformas estructurales, relacionadas con estado, se aplicaría una reforma tributaria, que buscaría aumentar los ingresos a través de impuestos y eliminar algunas exenciones a impuestos, regímenes especiales y preferencias para algunos sectores. En el primer caso, se podría aumentar el IVA y, en el segundo, se reducirían ciertas exenciones del IVA a ciertos sectores y personas naturales. Si se aumenta el IVA, incrementará el peso de la tributación indirecta en la recaudación total, lo que implica que el esquema impositivo sería más regresivo pero, además habría un menor nivel de consumo de las familias, que llevaría a un menor nivel de actividad económica. También se eliminarían algunos impuestos que tienen escaso rendimiento recaudatorio y su administración es costosa. A ello, se agregaría la reducción gradual del impuesto a la salida de capitales (ISC) que exigen los empresarios.

En síntesis, la reducción del déficit fiscal se haría a través de incrementar los ingresos principalmente a través del aumento del IVA y aumento de tarifas de servicios públicos complementado con el canon por la concesión de empresas públicas. Y por el lado del gasto, las medidas claves son la reducción del gasto en salarios, subsidios y gastos corrientes y de capital. Los efectos de las medidas, por el lado de los ingresos, generaría un efecto inflacionario y recesivo. Por el lado de los gastos, su reducción agregaría un mayor efecto recesivo. El tratar de reducir en 3 años, el 5% del déficit fiscal, implica un fuerte ajuste que, acompañado al recorte del estado y disminución de la inversión pública y gasto corriente, generará una contracción de la economía y consecuentemente aumento del desempleo. Por ello, en las proyecciones del FMI se prevé un crecimiento negativo de 0.5% en 2019.