En los tres artículos sobre este tema he señalado el ajuste fiscal y las principales reformas estructurales que se aplicarían. Del primero, se busca la reducción del déficit fiscal vía la reducción del gasto (eliminación de subsidios y recorte de gasto corriente e inversión) y aumento  de los ingresos (impuestos). De las segundas, se aplicaría una reforma del estado (achicamiento de su tamaño vía privatización: concesiones), reforma a la seguridad social (aumento de la edad de jubilación y aumento del aporte al IESS), reforma laboral (nuevos tipos de contrato, reducción de coste de contratación y despido, limite al salario mínimo, etc.), reforma al Banco Central (restitución de su autonomía y reimplantar su directorio, etc.) y límites al endeudamiento externo.

Se aplicarían además medidas para velar por la estabilidad financiera y reforma al mercado de valores. Tanto el ajuste y las reformas estructurales tendrán un efecto recesivo por lo que habrá una contracción económica (-0.5% en 2019, según el propio FMI), lo que implicaría el aumento del desempleo. En efecto el desempleo, a Marzo de 2019, con respecto al mismo mes del año anterior, aumentó 3.2%, o sea 261.000 fueron a la desocupación pero además aumento el subempleo y el trabajo informal. Como consecuencia de la contracción económica se prevé el aumento del riesgo de la estabilidad financiera, por lo que el FMI exige limitar el endeudamiento de los hogares, lo que significa restrongir y reducir el crédito a este sector. Pero en una contracción, cae la demanda agregada, lo que implica menos ventas para las empresas y en consecuencia menor capacidad de pago, lo que llevaría al aumento de la morosidad crediticia, lo que significaría el aumento del riesgo de liquidez y solvencia de los bancos. Para enfrentar estos, el FMI recomienda revisar el papel de la red de seguridad financiera y mejora de la resolución bancaria (que se aplica en caso de quiebra o cierre de una institución financiera) y adecuación del fondo de liquidez (que hace prestamos cuando los bancos reducen sus fondos líquidos) y de la garantía de depósitos (que devuelve depósitos de las instituciones financieras –hasta el mondo de la garantía- cuando quiebran o son liquidadas). Pero también se busca apoyar al sistema financiero y hacerlo más competitivo con una posible revisión del sistema de tasa de interés que se aplica que tienen un techo para evitar la usura. Esa decisión está relacionada con la reforma al banco central en lo referente a la restauración de su Directorio que retomaría el diseño y regulación de las tasas de interés que podría implicar la liberalización del mercado del dinero, que llevaría a que cada banco establezca su tasa de interés. Como se señala en la Carta de Intención, el FMI dice que para hacer más competitivo al sistema financiero  hay que eliminar los límites máximos de las tasas de interés y sustituir las regulaciones de liquidez por requisitos mínimos de liquidez.

Dentro del sector financiero privado, ante una contracción económica, el segmento que vería aumentado su riesgo de liquidez y de solvencia sería el de cooperativas de ahorro y crédito (COAC). En efecto, la política del primer Superintendente de Economía Popular y Solidaria, fue depurar las COAC para dejar solo las más financieramente sanas. Ante una crisis económica, las COAC que tengan debilidad en liquidez y solvencia, son las que más riesgo corren, por lo que se estima que se continuará con una política de mayor control y seguimiento a éstas a fin de mantener la estabilidad sistémica de las COAC y continuar con dicha política de depuración así como evitar el deterioro de los recursos del fondo de liquidez y seguro de depósitos, que son mecanismos para mantener dicha estabilidad y credibilidad en el sistema financiero. En la entrega final de esta serie de artículo sobre este tema trataré sobre la reforma al mercado de valores.

En un artículo, publicado en el diario público, señalé que la seguridad social pública tiene un déficit actuarial incluido el IESS, sobre todo el referido al fondo de pensiones y seguro de salud, por las inadecuadas políticas aplicadas. He mencionado además que el déficit global del sector público incluye a gobierno central, empresas públicas y seguridad social, y que el déficit de ésta última aumenta el déficit global. En la carta de intención, firmada por el actual gobierno, se estipula una reducción de dicho déficit, lo cual implica reducir el déficit de la seguridad social.

No se conoce el nivel actualizado del déficit actuarial del IESS, que sería en Junio del presente año. Las causas que han generado dicho déficit son, entre otras, la concesión de beneficios de servicios de salud a los hijos afiliados menores de 18 años, sin costo, el aumento de la burocracia del IESS, el bajo aporte de los afiliados al seguro campesino, las malas inversiones financieras, etc. La construcción de hospitales, incluidos los del día, y equipamiento de los mismos han reducido la liquidez del IESS, obligando a tomar de las reservas de dichos fondos para realizar y equipar las obras de infraestructura. Además, el déficit del fondo de pensiones se debe a que, según resolución 501 de Noviembre de 2015, se le disminuyeron sus recursos para trasladárselo al seguro de salud. Más aún, el eliminar el aporte del 40% del estado al fondo de pensiones, entre 2015 y 2017, agravó su situación. El gobierno actual restituyó dicho aporte, pero según diario El Expreso, basado en un borrador del informe actuarial del IESS, aún con dicha restitución, el fondo de pensiones podría sostenerse entre 19 y a 23 años, o sea que en 2042 los actuales afiliados no podrían acceder a la jubilación por carecer de recursos dicho fondo. Lo más patético es que, a pesar de nuevos hospitales, el servicio de salud del IESS sigue siendo deficiente.

Para enfrentar los problemas de déficit de seguridad social lo que hacen generalmente los gobiernos es incrementar los ingresos y reducir los gastos. Las medidas que aplican, en el primer caso, son aumentar la edad de jubilación, incrementar el monto de aporte de los afiliados, etc. Y para bajar los gastos, acuden a reducir los servicios a los afiliados, recorte de burocracia, reducir inversiones en infraestructura, etc. Según parece hacia allá van las medidas que se aplicarían con la reforma a la seguridad social en el país por efecto de los condicionamientos del FMI.

En efecto, el Presidente del Consejo Directivo del IEES, ha convocado a un acuerdo nacional para tratar la problemática del déficit del instituto. En declaraciones en radio y prensa ha dado a entender que se aumentaría la edad de jubilación. Actualmente, para jubilarse con una pensión completa (100%), se requiere 60 años de edad y 30 de aportes. La reforma según ha aclarado el IESS, en discusión, sería incrementar el tiempo de contribución de los afiliados (en otras palabras aumentar la edad de jubilación a 70 años o más de edad), lo que implicaría más años de trabajo y aportación para recibir una  pensión completa, lo que aliviaría la presión de liquidez al IESS pues alargaría el plazo, un quinquenio, del pago de las jubilaciones de los actuales afiliados. Otro planteamiento de dicho presidente, según la revista Vistazo, es que los afiliados contribuyen con doce aportes, pero el IESS paga 14 pensiones (incluidos décimo tercer y cuarto sueldos) que no están financiadas.  Sin embargo tal afirmación no se sustenta, pues en los roles de las pensiones de los jubilados consta un descuento para financiar dichos décimos, lo que se quiere justificar es un aumento del aporte de los empleados y trabajadores. Además, se pretendería, en la reforma, también un aumento del aporte  de patronos, lo que aumentaría el ingreso del IESS pero significaría menores ingresos netos para los afiliados.

Por el lado de los gastos, el Presidente del Consejo Directivo del IESS, ha cuestionado por los servicios de salud que el IESS brinda a los hijos menores de 18 años de los afiliados, dando a entender que se eliminarían o si quieren recibirlos se los cobraría, que sería una medida que contribuiría a reducir gastos. En todo caso si se quiere enfrentar el déficit actuarial del IESS debe tomarse medidas que, por el lado de los ingresos, no se ponga el acento sobre los futuros jubilados al aumentarse la edad de jubilación sino que contribuyan de manera tripartita y equitativa patronos, trabajadores y estado y, por el lado de los gastos, se aumente la eficiencia en los servicios pero no se vaya al extremo de privatizar los servicios de salud,  se realicen los recortes de servicios pero que no afecten la prestación óptima de los servicios de salud de jubilados y afiliados. Se requiere profundas medidas estructurales para sanear al IESS, pero deben hacerse gradualmente y el estado y los afiliados aporten en función de sus ingresos. En otras palabras, que no se cargue el peso del ajuste del déficit actuarial sobre los trabajadores y jubilados. Si hay que ajustarse los cinturones, el sacrificio debe hacerse en función de la capacidad económica de los afiliados.

Además del ajuste fiscal (tratado en el artículo anterior) el convenio con el FMI, para acceder al crédito de servicio ampliado, impone reformas estructurales en: el estado, mercado de trabajo, sistema financiero, banco central y mercado de capital, que habíamos señalado, en artículos anteriores,  exigiría el FMI.

En cuanto a la reforma del estado hay dos aspectos claves: la reforma tributaria y el achicamiento de su tamaño. Respecto a lo primero, como ya dijimos en el artículo anterior, por el lado de los ingresos, lo clave es el aumento del IVA, la eliminación del ISD (de forma gradual), de algunos impuestos con escaso rendimiento recaudatorio y aumento de precio de precios de servicios públicos (entre ellas de la luz, agua, etc.).  Por el lado de gasto tributario, se reduciría el subsidio al diésel y gasolina extra y eliminaría algunas exenciones a impuestos (incluye las del IVA), regímenes especiales y preferencias para algunos sectores. Por el lado del tamaño del estado, se liquidaría a 50.000 burócratas con contrato temporales y se daría en concesión algunas empresas públicas (CNEL, hidroeléctricas, hospitales, etc.). Como ya hemos señalado estas medidas tienen un efecto recesivo y aumentarían el desempleo.

Respecto a la reforma al mercado de trabajo se busca actuar por el lado de la oferta que, según la teoría microeconómica, afecta la contratación de empleados por la rigidez en la contratación y el alto costo de contratación y despido. Para el primer caso, se exige el aumento del plazo del período de prueba (actualmente de 3 meses, los empresarios piden 3 años) y  ampliación de la flexibilidad en los contratos según el plazo (contratos por horas y a tiempo parcial) que ya se aplican en ciertos subramas del sector agrícola (florícola, etc.). En relación al costo, se plantea la reducción la indemnización al trabajador cuando su renuncia sea voluntaria. También se busca incentivar el empleo de jóvenes y mujeres, para ello está por incluirse en la legislación laboral el teletrabajo. El gobierno inició inicio los programas de Primer Empleo y Empleo Joven.

En relación al Banco Central, habría una reforma en su marco institucional, se le devolvería la autonomía financiera y administrativa, lo que implicaría reestablecer el directorio que se haría cargo de la política monetaria, crediticia, financiera y cambiaria. En el fondo, respecto a la primera se buscaría que el mercado monetario se liberaría. Actualmente hay un techo para las tasas de interés, la reforma implicaría que se eliminaría dicho techo y habría mercado libre en lo monetario, lo cual, según el FMI,  implicaría fomentar la competencia y cada banco establecería su tasa de interés, para de esa manera la asignación de los recursos financieros se realice  en función del riesgo y plazo.  Además se reimplantaría la auditoría interna fuerte, con las mejores prácticas internacionales, con un Comité de Auditoría, y la rendición de cuentas. Todos estos cambios, también implicaría devolverle al Banco Central el control de la liquidez de la economía. La reforma al marco institucional de dicho banco implicaría cambios en el Código Monetario Financiero, entre ellas, las funciones de la Junta Monetaria que tendría solo a cargo la regulación del mercado de capitales, del sector bancario público y algunas funciones macroeconómicas.

En síntesis, las reformas estructurales exigidas por el FMI implicarían echar abajo algunas reformas instituidas por el correismo como las realizadas en el Código de Trabajo, ley de Empresas Públicas, Código de Finanzas, Código Financiero y reformas tributarias.