En varios artículos señalé los condicionamientos del FMI que constan en la carta de intención y que el gobierno ha firmado para acceder a un crédito del FMI y otros organismos internacionales. Plantee que se exigiría un ajuste fiscal y reformas estructurales (en el mercado de trabajo, mercado de capitales, en el marco institucional del Banco Central). En este artículo estudiaré el ajuste fiscal y, en los próximos, las reformas estructurales.
La meta establecida, en la carta de intención, es reducir el déficit primario no petrolero del sector público en 5% hasta el 2021. Para ello se tomarán 4 conjuntos de medidas económicas. La primera es reducir la masa salarial del sector público, tarea que ya comenzó, antes del convenio con el FMI, con el despido de empleados con contratos de servicios ocasionales de instituciones y empresas públicas. Además a los nuevos empleados que se contraten se les reducirá el sueldo con niveles similares al del sector privado que son inferiores a los del sector público. La meta es reducir el tamaño del estado, despidiendo a 50.000 burócratas. La segunda es la reducción del subsidio a los combustibles, de los cuales se afectaría al del diésel y gasolina extra. Para posteriormente, como se hizo con la gasolina super, liberalizar el mercado de estos dos combustibles. En tercer lugar, se reducirían los gastos de capital y de bienes y servicios. Del primero ya se han realizado fuertes reducciones en la inversión pública lo que ha incidido en la baja del nivel de actividad económica. También vendría el recorte en bienes que adquiere el sector público para prestar sus servicios. En cuarto lugar, se aumentarían los precios de algunos de los servicios públicos (entre ellos el de la electricidad y telefonía. En el primer caso, porque se van a concesionar hidroeléctricas y se requiere una mayor rentabilidad para que sean atractivas para el inversionista extranjero). La concesión de CNEL e hidroeléctricas, contribuirán a aumentar los ingresos fiscales.
En cuanto a las reformas estructurales, relacionadas con estado, se aplicaría una reforma tributaria, que buscaría aumentar los ingresos a través de impuestos y eliminar algunas exenciones a impuestos, regímenes especiales y preferencias para algunos sectores. En el primer caso, se podría aumentar el IVA y, en el segundo, se reducirían ciertas exenciones del IVA a ciertos sectores y personas naturales. Si se aumenta el IVA, incrementará el peso de la tributación indirecta en la recaudación total, lo que implica que el esquema impositivo sería más regresivo pero, además habría un menor nivel de consumo de las familias, que llevaría a un menor nivel de actividad económica. También se eliminarían algunos impuestos que tienen escaso rendimiento recaudatorio y su administración es costosa. A ello, se agregaría la reducción gradual del impuesto a la salida de capitales (ISC) que exigen los empresarios.
En síntesis, la reducción del déficit fiscal se haría a través de incrementar los ingresos principalmente a través del aumento del IVA y aumento de tarifas de servicios públicos complementado con el canon por la concesión de empresas públicas. Y por el lado del gasto, las medidas claves son la reducción del gasto en salarios, subsidios y gastos corrientes y de capital. Los efectos de las medidas, por el lado de los ingresos, generaría un efecto inflacionario y recesivo. Por el lado de los gastos, su reducción agregaría un mayor efecto recesivo. El tratar de reducir en 3 años, el 5% del déficit fiscal, implica un fuerte ajuste que, acompañado al recorte del estado y disminución de la inversión pública y gasto corriente, generará una contracción de la economía y consecuentemente aumento del desempleo. Por ello, en las proyecciones del FMI se prevé un crecimiento negativo de 0.5% en 2019.
Pensamiento y comportamiento 