En los gobiernos de Rafael Correa se implementó una amplia reforma monetaria-financiera que implicó la modificación de la arquitectura financiera interna incluyendo cambios en la regulación y supervisión financiera que quedó plasmada en el Código Monetario. En este y los siguientes artículos sobre este tema revisaremos a propósito de los cambios que se avecinan en dicha arquitectura por el convenio a firmarse con el FMI en el gobierno de Moreno.

La reforma monetaria-financiera se inició la creación de los Ministerios Coordinadores, a mediados de Febrero de 2007, que puso al Banco Central (BCE) bajo la supervisión del Ministerio Coordinador de Política Económica (MCPE). Si bien en lo formal, hasta Octubre de 2009, el BCE mantenía su independencia técnica y administrativa, con el nombramiento de un nuevo Directorio, integrado por ministros y  funcionarios de entidades públicas, éste siguió los lineamientos del MCPE, con lo cual la política monetaria, cambiaria, crediticia y financiera fue formulada por el Ejecutivo, consecuentemente perdiendo su autonomía el BCE, que ya había sido señalada, en la Constitución de 2008, al señalar que el Ejecutivo formulará dichas políticas y el BCE las ejecutará

La reforma continuó, a fines de Julio de 2007, con la Ley de Regulación del Costo Máximo Efectivo del Crédito. Dicha norma establece que el BCE establecerá la metodología de las tasas de interés por segmentos de crédito, éstas reflejarán el costo del crédito y se eliminan las comisiones. Así el BCE estableció un sistema de tasas, fijando una tasa máxima, sin embargo se siguió con el esquema de determinación de las tasas activas en base un promedio del sistema financiero más 0.5% de éste. En Diciembre de 2007, el Tribunal Constitucional declara inconstitucional varios artículos de dicha ley y, en cuanto a tasa de interés, determinó que se fijen según la ley de Régimen Monetario y Banco del Estado. El BCE, mediante resolución de Directorio, de fines de 2007, fijo un sistema de tasas de interés: activa referencial, pasiva referencial y la tasa activa efectiva máxima, con lo que limitó el aumento de las tasas. Así mismo, estableció regulaciones para reservas mínimas de liquidez, inversiones de las instituciones financieras públicas e inversión doméstica de la RMI.

Los cambios en el área monetaria-financiera continuaron con la creación de la red de seguridad financiera con 4 componentes: Fondo de liquidez, Seguro de Depósito, Resolución Bancaria y Regulación y supervisión bancaria, que reordenaron e hicieron más eficaz dicha red. La ley respectiva se aprobó a fines de Diciembre de 2008.

La reforma continuó con la inclusión del Sector Financiero Popular y Solidario dentro del sistema financiero privado, o sea las cooperativas de ahorro y crédito, y la creación de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria como su organismo supervisor que fueron establecidas en la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. Después con el Código Monetario y Financiero se incluyó, dentro de dicho sector, a las mutualistas, y, se agregan a éste la mayoría de los artículos de dicha ley.

Otro aspecto importante, de la nueva arquitectura financiera interna, fue la reforma a la ley de mercado de valores que estableció una serie de cambios en la institucionalidad de dicho mercado y de las bolsas valores. Se aprobó con Ley Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización del sector Societario y Bursátil en Mayo de 2014.

Finalmente, con el Código Monetario Financiero, publicado en setiembre de 2014, se reúne en una sola norma, la legislación de la nueva arquitectura financiera que establece la institucionalidad del sistema financiero, las funciones de los organismos de regulación y supervisión, las funciones del Banco Central y se incluye el papel de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

A las medidas señaladas, en el primer artículo, sobre este tema, agregamos otras que han señalado algunos ministros y que completarían el paquete de reformas estructurales que exigiría el FMI. Se buscaría un cambio del modelo económico pasando de una economía dinamizada por el gasto público a otra en que sea la inversión privada y condiciones de libre mercado que impulsen el aparato económico.

Otra de las reformas estructurales, sería una reforma tributaria. En la revista Vistazo, en una entrevista, el Ministro de Finanzas, señaló que simplificaría el esquema impositivo eliminando algunos impuestos que no son muy rendidores y genera costos su recaudación  En el gobierno anterior se realizó una amplia reforma tributaria, creando algunos impuestos, por lo que la reforma dejaría solo los impuestos que más recaudan (IVA, impuesto a la renta, impuesto a la contaminación, etc.). Parte de esta reforma conllevaría a que las empresas públicas paguen impuestos, para ponerlas en iguales condiciones que a las empresas privadas. También el Viceministro de Economía, ha señalado que se pretende reducir las deducciones del Impuesto a la Renta, eliminar exenciones del IVA e ICE a ciertos sectores y nueva reducción del esquema de subsidios. El Ministro de Comercio Exterior planteó la eliminación del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), pero de manera gradual. Recordemos que dicho impuesto se creó en Diciembre de 2007 y fue incrementando su tasa de 0.5 a 5% y se ha convertido en la tercera fuente de recursos públicos. El objetivo sería estimular la inversión extranjera principalmente. Así como se incrementó la tasa periódicamente se la rebajaría, de la misma manera, de manera de que no se incremente el déficit fiscal. Sin embargo, el Viceministro de Economía, se opone a tal reforma por los desequilibrios de la Balanza de Pagos. Incluiría además una reducción del subsidio al diésel al sector pesquero y camaronero con el que se creará un fondo que trasladará recursos, al primer sector, para renovar la flota pesquera y, en el caso de los camaroneros, se financiará redes eléctricas para sustituir el diésel por electricidad.

Además se busca eliminar las regulaciones a los mercados. En el caso de los combustibles, se liberalizará la importación para que  a través de la oferta y demanda se fije el precio, como ya se ha hecho en el caso de la gasolina super.

La reforma al mercado de trabajo no solo tendrá como objetivo el empleo en el sector formal sino que incluirá a los emprendedores y al sector informal. La teoría económica, plantea una serie de concepciones. Así la política activa de empleo busca aumentar la inserción laboral de jóvenes. Por otro lado, como ya señalé, se buscaría la flexibilidad del mercado de trabajo, cuya rigidez, según esta teoría, conduce a desempleo. Una de ellas, es la asimetría de información de los puestos vacantes y características técnicas requeridas para estos, por lo que se requeriría adecuar los sistemas de información  y orientación ocupacional. Por otro lado, los salarios fijos afectan el empleo que se da en función de la productividad del trabajo, por lo que la reforma estudiaría la posibilidad de establecer un salario de reserva. A más de es, los altos costos de contratación y despido inciden en el desempleo, por lo que se buscaría nuevos tipos de contratos laborales que reduzcan estos costos, lo que implica reformar la legislación sobre  la estabilidad del puesto de trabajo.

En suma, se trata de un conjunto de reformas estructurales que son condicionamientos del FMI y el BM, para conceder el acceso a recursos del crédito del servicio ampliado del primer organismo.

El presidente anunció un acuerdo con el FMI y otros organismos multilaterales que permitirán obtener financiamiento por 10.200 millones de dólares. De ese monto, 6.000 serían de esos organismos y 4.200 del FMI. Se aplicaría un Servicio de Crédito Ampliado, que es para países que tienen problemas de balanza de pagos, lo que implicaría un condicionamiento que se traducen en medidas para equilibrar la economía (principalmente de ajuste) y de reforma estructural. En el primer caso, implicará metas cuantitativas en agregados monetarios, las reservas internacionales, déficit fiscal y el endeudamiento externo. En el segundo las principales reformas son sobre el tamaño del estado, la laboral, de competitividad, de seguridad social, del sistema financiero, independencia del banco central y la dolarización.

Anna Ivanova, jefa de la misión del FMI para Ecuador señaló que los objetivos del acuerdo serían: “impulsar la competitividad y la creación de empleo; proteger a los pobres y más vulnerables; fortalecer la sustentabilidad fiscal y los cimientos institucionales de la dolarización; así como mejorar la transparencia y fortalecer la lucha contra la corrupción”. En la política de ajuste, se exigiría austeridad: la reducción del déficit fiscal, para lo cual se establecen dos condiciones, una reducir el gasto y otra incrementar los ingresos. Pero se trata del déficit fiscal global que incluye al sector público, empresas públicas e instituciones de seguridad social.

Para la sustentabilidad fiscal,  se aplicará la política de ajuste, por el lado del gasto, en el que ya el gobierno redujo el subsidio a los combustibles, eliminó una parte de la burocracia y se apresta a terminar con los contratos temporales de empleados públicos. Antes había reducido el nivel de inversión pública. Se revisaría el subsidio de combustibles a artesanos, pequeños agricultores e industriales.

Respecto a la reforma estructural, una sería el recorte del tamaño del estado, por lo que ahora está por reducir 10% de la plantilla de las empresas públicas, además estaría por ejecutarse la eliminación de algunas instituciones públicas que implicaría desaparecer SENPLADES, Ministerio de Telecomunicaciones, etc. y la privatización, ya sea de la propiedad o de las administraciones de instituciones y empresas públicas. Se opta por las concesiones de CNEL, CNT, algunas hidroeléctricas, hospitales del IESS, ciertas instalaciones relacionadas con el Ministerio de Agricultura, etc., como señalé en un artículo anterior. Esto básicamente por razones de la iliquidez fiscal que, entre otros efectos, provoca los atrasos a los proveedores del sector público.

Una segunda reforma estructural es respecto a la seguridad social. La información de prensa ha reportado los problemas de liquidez y déficit actuarial del IESS, pero también del ISSFA e ISSPOL, que tendrían problemas similares. En un artículo anterior señale, que se está negociando la eliminación de la jubilación patronal para no optar por un incremento del aporte empresarial al IESS, lo que deja la posibilidad que se opte por afectar a los afiliados y jubilados. Respecto a los primeros se recortarían determinados servicios a familiares y los del seguro campesino verían incrementados sus aportes y eliminado algunos servicios. Se incrementaría la edad de jubilación, se pondría más tope al monto máximo de la pensión y se cambiaría la fórmula de cálculo del ajuste anual del incremento de la pensión, tal como se hizo en Argentina.

A fin de atraer capitales y fomentar el regreso de capital nacional se dictaría la ley de Repatriación de Capitales y se reduciría el impuesto a la salida de capitales Sin embargo, como el proceso de concesiones no es tan rápido, podría optarse también por la posibilidad de un aumento del IVA del 12 al 15% y así poder alcanzar la meta de un déficit primario de 0% en 2021.

La reforma estructural también incluiría la reforma al mercado de trabajo que comprendería: flexibilización laboral, nuevos contratos laborales, reducción de la asimetría de información en la contratación, reducción de los costos de contratación y despido, una política activa de empleo para jóvenes, etc. Esta reforma ha sido reconocida por el Viceministro de Producción y estaría vinculada con la crítica situación del mercado laboral y la generación de empleo, sobre todo del primer empleo  ocupación para los jóvenes y sector informal.

Para fortalecer la dolarización, una parte del crédito del FMI iría a incrementar la RMI y, por otro lado, se buscaría la independencia del Banco Central, devolviéndose su autonomía, el manejo de la política monetaria y financiera y topes a la deuda, ello implicaría, la restitución de su Directorio para que diseñe dichas políticas y supervise el funcionamiento de la dolarización. A eso se suma, el establecer topes a la deuda y, una posible, reestructuración de la misma, muy necesaria pues en el año 2020 le toca al país pagar una fuerte suma por las emisiones de bonos internacionales realizadas anteriormente.

Finalmente otra reforma,  para contribuir al financiamiento a través del mercado de capitales, es la de la ley de mercado de valores. Con ésta, se le devolvería la facultad a los bancos de poseer casas de valores, administradoras de fondos y compañías aseguradoras (se tratará en un siguiente artículo). Se posibilitaría también la participación del BIESS en inversiones financieras en dicho mercado y se restituiría la facultad de que toda emisión del sector público deba pasar por las bolsas de valores y deberá pagar una valor por cada emisión.

En síntesis, se trata de cumplir con el ajuste fiscal y reformas estructurales (recorte del estado, reforma laboral, independencia del banco central, reforma al mercado de valores) que serían las condiciones impuestas por el FMI y además la reforma al Código Monetario Financiero que está pidiendo la Asociación de Bancos a fin de liberalizar los mercados monetarios y financieros. Esta última es una contrarreforma monetaria-financiera que devolvería poder e influencia a los bancos en dichos mercados. En síntesis, se trata de un viraje de la política económica hacia una orientación ortodoxa-neoliberal.