El Banco Central acaba de publicar el informe de Cuentas Nacionales Trimestrales I Trimestre de 2019, en el que proporciona datos oficiales sobre el sector real. En este artículo analizare la evolución económica  en ese período y las perspectivas para el año 2019.

Según dicha publicación el crecimiento en el IT fue de 0.6% en relación al mismo período del año anterior. Influyeron principalmente en esta evolución las exportaciones y el consumo de hogares. Las exportaciones crecieron 6.4% y las importaciones 0.7%, lo que incidió en un saldo positivo de la balanza comercial en dicho periodo. El consumo de hogares en cambio creció 1%. Sin embargo, hay una reducción de 2.3% de la inversión total.

El crecimiento sectorial registra que los sectores reales con mayor ritmo de actividad fueron: acuicultura y pesca de camarón (12.2%), electricidad y agua (6.7%) y petróleo minas (1.9%). Sin embargo, entre  los sectores de menor crecimiento se ubican agricultura (1.3%) y manufactura (0.9%). De los sectores que decrecieron están construcción (-3.3%) y comercio (-0.7%).

A la caída de la inversión total, contribuyó la reducción de la inversión pública. En el I Semestre de 2019 esta fue de 2.272 millones de dólares, que significó una reducción de 1.072 millones, respecto al mismo período del año anterior, o sea un 1% del PIB. La significativa disminución de la inversión total y el negativo o bajo crecimiento de los sectores más generadores de empleo (construcción, comercio, agricultura y manufactura incidió en el mercado laboral. En efecto, la tasa de empleo adecuado cayó 3.2% en relación al mismo periodo anterior, la tasa de desempleo creció 0.2% y se ubicó 4.6% y, la de subempleo, también aumentó 0.3%, alcanzando 18.7%. Esto se explica por el bajo crecimiento económico, peor desempeño de los sectores generadores de empleo y los despidos en el sector público.

Este débil desempeño macroeconómico también incide en el aumento de la pobreza. No hay datos, de ésta para el I T de 2019. A diciembre, del año pasado, la pobreza a nivel nacional alcanzó 23.2%, y la pobreza extrema 8.4%. En la pobreza por ingresos, inciden el desempleo y el aumento del costo de la canasta básica. Como ya señalamos el desempleo aumentó ligeramente a $ 715,83 a Junio del presente año.

El déficit fiscal en el I semestre, de este año, alcanzó 685 millones de dólares. El gobierno se comprometió a una meta de superávit fiscal primario de 2.7% del PIB, lo que implica que para tratar de acercarse a esta meta debe seguir despidiendo burócratas, reducir aún más la inversión pública y seguir con retraso al pago de proveedores. Los créditos de los organismos multilaterales se están acumulando para incrementar la RMI, que es otra de las metas que debe cumplir el gobierno con el FMI, lo que implica que no se utilizarían inmediatamente para el destino previsto en los contratos de financiamiento. Esto significaría mayor contracción de la economía con un deterioro en el mercado de trabajo.

La proyección de crecimiento del FMI en 2019 es de una contracción de -0.5%, lo que implica un retroceso en el nivel de actividad económica, deterioror del mercado de trabajo así como incremento de la pobreza e indigencia. El ajuste está afectando al desempeño de la economía y consecuentemente habría un aumento del desempleo y subempleo y una caída del nivel de vida de la población. Las reformas estructurales (reforma laboral, fiscal y seguridad social) implicarán para el siguiente año un mayor deterioro de la situación social.

En el convenio firmado con el FMI el gobierno se comprometió a realizar un ajuste y una serie de reformas estructurales. Entre éstas consta la reforma institucional al Banco Central, cuyos objetivos generales constan en la Carta de Intención. La Gerente del Banco Central del Ecuador (BCE) y el representante del Presidente ante la Junta Monetaria Financiera han dado a conocer algunos aspectos de tal reforma, que pasamos a analizar.

En una entrevista de la Gerente, en el diario El Universo, de Junio de este año, señala que tres serían las reformas importantes. Una, devolverle la autonomía administrativa, financiera, laboral y de compras públicas. Dos, fortalecer el balance del BCE y la RMI, con capitalización. Y tres, que vuelva a ser el tercero confiable, en cuanto opinión técnica económica.

Debe recordarse que, en el gobierno de Correa, se le quito la independencia al BCE y paso a ser parte del Ejecutivo. Se eliminó el Directorio del BCE y se lo reemplazó por una Junta Monetaria Financiera (JMF), a cuyas decisiones tenía que atenerse el BCE. La dependencia del Ejecutivo permitió que el BCE le preste recursos al gobierno a través de la compra de bonos emitidos por el Ministerio de Finanzas (MF). Según la Gerente la deuda del MF con el BCE es de 2.891 millones y de 1.883 con la banca pública. La contrarreforma impediría que el BCE le presté al gobierno y habría una devolución de los préstamos de ambas instituciones, con un plan de pagos, por parte del MF, para recapitalizar al BCE. La cancelación de la deuda, según dicho plan, sería hasta 2014 con la banca pública y hasta el 2016 con el MF.

En cuanto a la independencia, se le devolvería su autonomía, en los cuatro ámbitos señalados por la gerente, lo que implica, entre otros aspectos, la restauración del directorio del BCE. Antes de la reforma monetaria, del gobierno de Correa, este directorio era propuesto por el Presidente y el Congreso elegía a sus miembros. Ver artículo en este blog (La Reforma Monetaria Financiera, 18/Marzo/2019). La contrarreforma propone que se vuelva a elegir de la misma forma que se elegía antes de la reforma. El riesgo es que este directorio sea influido por la banca como sucedía antes de la reforma del gobierno anterior.

Actualmente, el directorio de la JMF, toma las decisiones de política monetaria. La contrarreforma implicaría que sea el directorio del BCE quien maneje dicha política, lo que significaría que fijaría las tasas de interés y otras variables de política monetaria. Actualmente, la legislación establece un sistema de tasas de interés, entre las cuales hay una tasa máxima fijada de acuerdo a una formula. En la carta de intención, se entrevé la liberalización del mercado monetario,  para darle más competitividad a este mercado, lo que implicaría eliminar dicha tasa, lo que conllevaría a que cada banco fije su tasa. En una entrevista, en el diario El Comercio, la Gerente declara que la JMF regularía la parte financiera y de valores. En cambio, el Banco Central retomaría el manejo de la política monetaria, cambiaria y crediticia. Volvería a ser el regulador en éstas áreas. La contrarreforma monetaria que, favorecería a los bancos, se complementaría con la contrarreforma en el mercado de valores que devolvería la potestad de tener casa de valores, cías. de seguros e intermediarias financieras a los bancos.

El gobierno realizó la recompra de los bonos 2020, el Banco Central anunció que la tasa de crecimiento de 2019 será de 0.2%, las manifestaciones de los maestros jubilados por el pago de incentivo de jubilación y el cierre de carreteras por agricultores que vendieron a la UNA son algunos de los eventos que ponen de manifiesto las dificultades y problemas que enfrenta el gobierno.

El gobierno recompró 1175 millones de dólares en Bonos 2020 y los canjeo por 1125 millones de Bonos 2029, con lo que logró un reperfilamiento de la deuda externa. En otras palabras, canjeo los bonos 2020, que implicaban un fuerte pago de capital el próximo año, y desplazó su pago para después de 9 años, o sea, en 2029. La reestructuración del plazo de la deuda significa que el país debe pagar un monto mayor de intereses. El gobierno, en sus dos primero años de su período, se ha endeudado en 8.800 millones con bonos soberanos, mil millones más que en todo el período de 4 años del gobierno anterior. Este agresivo endeudamiento, se debió a que aplazó el ajuste y aumentó la deuda para mantener el nivel de actividad económica. En otras palabras, no se tomaron las medidas económicas a tiempo para resolver los desequilibrios macroeconómicos, en los dos primeros años. La recompra obedece a evitar un pago que no podía cubrirse por la iliquidez de la caja fiscal a pesar del acuerdo con el FMI y otros organismos internacionales que le aseguran un flujo condicionado de alrededor de 10.000 millones de dólares.

Por otro lado, la gerente del Banco Central anunció que la proyección del crecimiento para 2019 será de 0.2% argumentando que es debido al ajuste pero justifica el aumento del PIB por el crecimiento de los depósitos, el crédito y consumo de hogares en abril. Sin embargo, en el convenio con el FMI este organismo estableció que habría una contracción de la economía de -0.5%, precisamente por el ajuste, y el Banco Mundial acaba de anunciar que el crecimiento sería cero para este año.  La iliquidez de la economía, de la caja fiscal, la restricción del crédito, la contracción de algunos sectores como el de la construcción, el aumento del desempleo, etc. muestran a las claras que vamos camino a una recesión económica. No se puede negar que las tendencias están conduciendo a un decrecimiento de la economía.

Hay otros eventos que revelan los problemas de iliquidez de la caja fiscal. El primero, es la huelga de hambre de los maestros previo al informe a la Nación por el gobierno por cumplirse el segundo año. La medida extrema de los maestros obligó al gobierno a negociar para que terminen con la huelga y comprometerse al pago del incentivo por la jubilación. El segundo, es el cierre de carreteras de agricultores de la provincia de Los Ríos que protestaban por el no pago por la venta de sus productos a la Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA). El tercer, se refiere a que continúan los atrasos a los proveedores que llevó al gobierno a decidir que la solución pasaría por el SRI, lo que supuestamente llevaría a descontar de los pagos atrasados los impuestos adeudados por los proveedores. El cuarto, en un hospital público, de Quito, enfermeras y médicos denunciaron que no habían los insumos médicos para realizar operaciones, según medios de comunicación.

Todos estos eventos reflejan que sigue la iliquidez en la caja fiscal en 2019 y la situación se complica más por todas las reformas exigidas por el FMI. A más de la contracción de la economía que traerá más desempleo en 2019 y caída del nivel de vida, el gobierno tendrá que enfrentar los conflictos por las reformas a la seguridad social y la reforma laboral. La primera por el aumento de la edad de jubilación y mayor aporte de los trabajadores al IESS y, la segunda, por la flexibilización laboral, eliminar el pago de horas extraordinarias para días festivos y horas extras así como reducir indemnización por despidos. En síntesis, el ajuste lo terminan pagando trabajadores del sector público, privado, afiliados  y jubilados del seguro social.