En un artículo anterior, advertimos sobre los efectos sociales de la política económica del gobierno que se enmarca dentro de los lineamientos del FMI. Los datos recientes confirman la tendencia del deterioro del mercado de trabajo, pobreza y nivel de vida.

Según datos el informe de Cuentas Nacionales Trimestrales I Trimestre de 2019, del Banco Central, la economía apenas creció 0.6% en el I Trimestre de este año, explicada principalmente por una contracción de la inversión pública. Este débil crecimiento influyó en el comportamiento del mercado de trabajo. En efecto, a junio de este año, con respecto al mismo período de 2018, la tasa de empleo adecuado se redujo en 1%, ubicándose en 37.9% mientras que la tasa de desempleo aumentó a 4.4% y la de subempleo creció 0.9% llegando a 20.3%. Por la tendencia de la primera variable, aumentó el sector informal urbano. El pobre crecimiento, la austeridad y el ingreso de inmigrantes extranjeros influyeron en el deterioro del mercado de trabajo.

Si revisamos los datos del INEC, por ciudades principales, la tasa de empleo adecuado, el empleo tiene una fuerte caída en dos ciudades la sierra: de 3.9% en Quito y 4.2% en Ambato, en cambio en  la costa: Guayaquil aumenta 5.1% y en Machala se registra un incremento muy fuerte de 8.5%. Como consecuencia del comportamiento de la primera variable, la tasa de desempleo en Quito sigue alta en Quito (8.3%), que es donde se registra el mayor despido de empleados públicos e ingreso de extranjeros. En Ambato, se mantiene igual (4.7%) y en Cuenca disminuye levemente (4.5%). En la costa: Guayaquil registra una disminución llegando a 2.5% y en Machala cae a 5.5%. Así mismo, la tasa de subempleo sube fuertemente en Quito llegando a 14.3% y levemente en Ambato donde alcanza 15%.

Los datos de pobreza por ingresos, también reflejan un declive de la situación social. Así, a Junio de 2019, con respecto al mismo período, a nivel nacional, aumenta 1%, ubicándose en 25.5%, o sea un cuarto de la población. La pobreza urbana creció 0.9%, llegando a 16.8%, y la rural subió 0.8%, registrando un 43.8%. Paradójicamente, la pobreza se redujo en Quito y significativamente en Guayaquil. Respecto al grado de concentración del ingreso, medido mediante el coeficiente de Gini, aumentó en Quito y Guayaquil, pero se reduce levemente en Cuenca, Machala y Ambato.

De los datos, se comprueba la reducción de la tasa de trabajo adecuado y aumento de las de desempleo y subempleo que se explican por el débil crecimiento económico y la política de austeridad del gobierno. Sin embargo, este año, al parecer, según lo ha señalado un ex Ministro de Finanzas, no se ha realizado lo más fuerte del ajuste, y, por otro lado, el gobierno ha anunciado para Setiembre de este año el envío de dos proyectos de ley: reforma tributaria y reforma laboral, a los que se agregaría, en Agosto, de este año, otras reformas al Código de Finanzas Públicas, Empresas Públicas, Alianzas Público-Privadas y al mercado de valores.

En consecuencia, si lo más fuerte del ajuste se aplica en el siguiente año y entran a regir las dos reformas estructurales señaladas, en el 2020 se acentuaría la austeridad con lo que se augura un segundo año de contracción económica, y, por la vigencia de la reforma laboral, aumento del desempleo y subempleo, con un incremento de los niveles de pobreza, concentración del ingreso y, por ende, deterioro de los niveles de vida de la población.

En el reciente convenio con el FMI el gobierno se comprometió a realizar varias reformas estructurales, que implican cambios profundos, en varias áreas, entre ellas, al sector público. Incluso antes de que se firmará dicho convenio el gobierno aplicó una serie de medidas para reducir su tamaño. En este artículo revisaremos las medidas que vendrían y sus efectos.

La reducción del tamaño del estado, en el esquema del FMI, es por varias vías. Una es a través de la privatización, o sea la venta de propiedades y empresas del sector público o la privatización de la administración, o sea una concesión (eufemísticamente llamada monetización de activos públicos), mediante el cual una entidad pública pasa a ser dirigida por privados mientras que la propiedad queda en manos del estado. Una segunda forma, es la eliminación y fusiones de instituciones públicas. Una tercera, es la reducción del personal del sector público. De todas estas formas, al parecer, el único que no se ha comprometido el gobierno es la privatización de propiedades públicas.

Como señalé, al principio, el gobierno tomó varias medidas, para reducir el tamaño del Estado, incluso antes de la firma del convenio con el FMI. En efecto, se eliminaron los contratos ocasionales del sector público, luego vino la fusión y eliminación de varias entidades públicas. En febrero, se dispuso la reducción del 10% de empleados de Empresas Públicas (CNT y Petroecuador, ya la ejecutaron, incluso el IEES, que es autónomo). Con esto, se buscaba disminuir el número de burócratas que concuerda con el objetivo del achicamiento del tamaño del estado:  la reducción del déficit fiscal. En efecto, en la primera revisión del convenio con el FMI, el primer semestre, de este año, registra una reducción de 65 millones de dólares en la masa salarial.  Sin embargo, el déficit fiscal aumentó por el mayor gasto en pago de intereses de la deuda, gasto en mantenimiento y el 40% para pensiones jubilares. Para tratar de cumplir con la meta, pactada para este año a fin de reducir el personal del sector público, se debe reducir en 435 millones la masa salarial en el gobierno, IESS y empresas públicas. Con este propósito se dictó el acuerdo interinstitucional No. 0001 entre Senplades, Ministerio de Finanzas y Trabajo, de Junio de este año, mediante el cual se dispone la reorganización en el territorio (zonal, distrital y circuital) y en la Administración Pública Central. Para el primer caso, se establece la eliminación de la duplicación de la presencia en territorio (las unidades desconcentradas asumirá las funciones de las oficinas técnicas). Habrá una reestructuración orgánica, en unidades desconcentradas con cobertura zonal o pluricantonal,  mediante el cual se elimina personal, que será dirigida por un jefe de nivel jerárquico superior. Esta reestructuración incluye al sector salud, que implica la reorganización de hospitales que incluye su optimización en 3 meses. O sea, que si se van a ver afectados los gastos sociales.

El siguiente paso es la concesión de varias empresas y entidades públicas. Están en la lista CNT, hidroeléctricas (Sopladora y Coca Codo Sinclair), empresas eléctricas (distribuidoras), refinería de Esmeraldas, Banco del Pacifico e inclusive hospitales del IESS. En el caso de CNT e hidroeléctricas son empresas rentables y se las va a concesionar a largo plazo. En la primera, eso implicará reducción de personal y, posiblemente, la liberalización del mercado de telecomunicaciones, lo que implicará que el mercado determinará el precio de telefonía fija, celular, internet, y TV por cable. Respecto a las hidroeléctricas, es factible que aumente el precio de la electricidad, dependiendo del proyecto de unificación de las empresas de distribución, que concesionarían. Las entidades privadas que administrarían éstas establecen sus condiciones y el gobierno recibirá un canon por el alquiler de la infraestructura.

En el convenio con el FMI, firmado recientemente por el gobierno, se acordaron metas tanto para los desequilibrios de corto plazo como en las reformas estructurales. En el primero, al parecer el gobierno está teniendo dificultades para cumplir, por lo que ha pedido cambios al FMI en las metas de RMI,  déficit fiscal primario no petrolero, gasto social y precio del petróleo. En este artículo, pasaremos revista a los dos primeros.

En cuanto a la RMI, fuera de la definición de éstas, al parecer no podrá cumplirse con la meta establecida para el segundo y tercer trimestre de este año. A pesar de que ha recibido una serie de créditos de organismos multilaterales, que aumentan la RMI, sin embargo se enfrenta a dificultades pues tiene que cubrir pago a proveedores, habrá una menor producción petrolera y, al parecer, la deuda que tiene la banca pública con el Banco Central no podrá ser cubierta en esos períodos. Al 28 de Junio, de este año, la posición neta de divisas alcanzó 3.091 millones de dólares. La meta de las RMI brutas a fin de año es 4.999 millones En realidad, el factor que está presionando para no alcanzar la meta de RMI, para esos periodos, es el aumento del servicio de la deuda externa por varios préstamos internacionales incluidos los de las multilaterales (FMI, BM, BID y FLAR). Los créditos externos, en los dos primeros años de gobiernos, alcanzan más de 10.000 millones de dólares que implican mayores pagos por el servicio de la deuda. En efecto, a Junio de este año, el país realizó por este servicio 1.708 millones de dólares, 286 millones más que en el primer semestre de 2018. Según el diario digital La Fuente, el primer ministro de Finanzas, de este gobierno, gestionó un crédito del FLAR por 637 millones de dólares, que habría sido aprobado recientemente. Sin embargo, según dicho diario, en Noviembre de 2017, el presidente ejecutivo del FLAR, reitera que dicho crédito fue aprobado pese a que el riesgo de la operación de préstamo era alto.

Respecto al déficit fiscal primario, en el primer semestre de este año, fue de 685 millones de dólares. Esto se explica porque los ingresos petroleros, en relación al mismo periodo del año pasado, cayeron 872 millones de dólares que no fue compensado por el aumento de casi de 200 millones de dólares de los principales impuestos. A pesar de que, entre los principales gastos, en relación al mismo periodo del año pasado, la reducción salarial fue de 65 millones y la disminución de la inversión de 1078 millones, sin embargo, el servicio de la deuda aumentó 286 millones. El gobierno, pese a una reducción importante en la burocracia y en la inversión pública no ha podido disminuir el déficit fiscal, en el primer semestre, lo que compromete el cumplimiento de la meta para este año que es alcanzar un equilibrio fiscal, por ello pide el ajuste de la meta del déficit fiscal primario que es de 2.7% del PIB. Ello implicará, que el gobierno seguirá reduciendo el personal del sector público y para eso dictó a fines de Junio de este año un acuerdo interinstitucional para la reorganización de la reestructuración del gobierno central (Quito) y en territorio (provincias) y va a continuar con su política de atrasar la ejecución de la inversión pública y retraso de pago a proveedores. Sin embargo, Fausto Ortiz, ex Ministro de Finanzas, señaló que el FMI flexibilizaría las metas para este año y que lo más crítico del ajuste será en el siguiente año.

En este año, el gobierno, deberá cumplir con las metas ajustas y las reformas estructurales, para acceder a los nuevos desembolsos del FMI y organismos multilaterales, sino corre el riesgo de incumplir el acuerdo con el FMI lo que significaría la no recepción de sus desembolsos y de los multilaterales, con lo que la situación financiera y económica se complicaría aún más en el país, habida cuenta que ya el FMI pronosticó una contracción económica de 0.5% en este año, lo que significa más desempleo, aumento de la pobreza y reducción de las condiciones de vida.