A. Fernández, peronista, fue electo Presidente después de haber derrotado, en primera vuelta, a Macri, por una diferencia de cerca de  ocho puntos. El resultado electoral no sorprende, pero sí que Macri haya acortado la diferencia de quince puntos que Fernández obtuvo en las PASO. En este artículo trataremos sobre las dos causas de la crisis económica y social: el manejo económico (analizando 4 variables: déficit fiscal, tipo de cambio, inflación y nivel de actividad económica) y el impacto social que provocó en el nivel de vida.

Macri, en diciembre de 2015, recibió una economía con algunos desequilibrios macroeconómicos: déficit fiscal, desempleo y caída del nivel de actividad. Su política económica se basó en el libre mercado. Buscó favorecer a la inversión privada extranjera y nacional, en especial a los de agricultura industrial,  liberando el tipo de cambio,  para incentivar la entrada de divisas. Buscó reducir el déficit fiscal, reduciendo el gasto público con recorte de la burocracia, eliminación y fusión de entidades públicas y eliminó los subsidios a servicios básicos, lo que aumentó el precio de la electricidad, gas, transporte, etc. incrementándose el costo de la vida. Para incentivar el nivel de actividad, aumentó la inversión pública e impulso las exportaciones agropecuarias tradicionales. Cuando asumió el mando, en Diciembre 10 de 2015, el tipo de cambio minorista oscilaba alrededor de 10 pesos por dólar, a fines del mismo mes del siguiente año llegó a alrededor de 16 pesos. A fines de  diciembre de 2017, el dólar minorista se cotizaba a 19.4 pesos, hay una corrida cambiaria en Abril de 2018 y a fines de ese mes llega a 20.8 pesos, en Mayo 7 alcanza 22,3 pesos y para tratar de parar la espiral cambiaria, en Junio a Macri acude al FMI que le otorga un crédito de 57.000 millones de dólares, condicionando a que aplique la receta del FMI, sin embargo, a fines de Agosto sube a 38.5 pesos; en Agosto de 2019, después de las PASO (Domingo 11), se generó una turbulencia cambiaria que llevó  a una fuerte depreciación del peso que saltó, el viernes 16, a 56.4 pesos y el viernes 30 trepó a 62 pesos. Para defender el peso, uso la RMI y el alza de la tasa de interés. Desde Agosto, de este año, hasta la semana previa a la primera vuelta, se habían perdido más de 22000 millones de RMI y el alza de la tasa de interés desalentaba la inversión. Pero aún más, la incertidumbre cambiaria y económica llevó a salida de capitales y retiro de depósitos o conversión a dólares, lo que lastraba más la caída de la RMI. La devaluación permanente desató un aumento continuo de la inflación que, a Julio de 2019, alcanzó 54.4%, lo que a su vez llevó a un incremento del costo de la vida. Para incentivar el nivel de actividad, acudió a la inversión pública, que fue financiada con deuda pública, que alcanza a más de 300.000 millones de dólares –un tercio de ésta es deuda externa- la cual a su vez se utilizaba para frenar el tipo de cambio. La inversión extranjera no llegó y los resultados fueron una  contracción de la economía de 2.1% en 2016, en2017 se recupera y crece 2.7% para terminar en 2018 con un decrecimiento de -2.5%. En agosto de 2019, el estimador de la actividad económica registró una contracción de 3.8% respecto al mismo mes del año anterior.

Los efectos de la contracción económica fueron aumento del desempleo, subempleo e informalidad. En el segundo semestre de 2019, la desocupación alcanzó 10.6%, con la subida de la inflación también creció el costo de la canasta básica que en diciembre de 2018 era de 8250 pesos y en agosto de 2019 llegó 10683 pesos (un aumento de 29.4%), lo cual, a su vez, llevó a un aumento de la pobreza, en el primer semestre de ese año, a 35.4% (más de un tercio de la población, lo que significa 5 millones más de pobres) y la indigencia 7.7%. El fracaso de la política neoliberal de Macri está a la vista: devaluación, más inflación, alta deuda pública, caída de la RMI, contracción económica que llevaron a mayor desempleo y aumento de la pobreza e indigencia. Un informe LatinFocus Consensus Forecast (un compendio de estimaciones de bancos y consultoras) pronostica para 2019 una contracción económica de -2,8% y de -1.4% para 2020, que son cifras similares a las estimaciones del FMI y BM. La protesta en Chile, en la penúltima semana de Octubre de este año, de estudiantes, trabajadores y población en general, deja varias lecciones. Una de ellas es el límite social de este tipo de políticas. No se puede aplicar un modelo de mercado libre, de un capitalismo salvaje, que aumente la desigualdad y la injusticia social, deteriorando las condiciones de vida de la población para elevar las ganancias del capital porque la gente se rebela por el aumento de la pobreza y un modo de vida indigno.

El reto del peronismo es revertir esta tendencia negativa de la economía. Para ello, tendrá que renegociar el acuerdo con el FMI, la deuda pública externa, establecer control cambiario rígido, para cortar la espiral devaluación-inflación-deterioro de las condiciones de vida de la población. Esta corriente defiende un modelo económico basado en incentivar la demanda interna, regulación del mercado y una política de incentivos a ésta así como una política fiscal redistributiva que obtenga recursos de los niveles altos de ingreso y los reoriente hacia los de menores ingresos. El desafío es si puede corregir los desequilibrios macroeconómicos, no caer en déficits fiscales inmanejables, reducir la inflación y reactivar la economía. Eso implica negociar con el poder económico para sacar al país de la crisis económica y social recurrente.

El proyecto de ley económico-urgente, enviado por el ejecutivo que, en su difusión, ha llamado de crecimiento económico incluye una reforma fiscal (tributaria: evasión, exoneración impositiva; a empresas públicas;  y a reglas fiscales) y un cambio normativo al Código Monetario Financiero (independencia al Banco Central, variación del modelo de regulación y supervisión financiera, esquema de seguridad financiera, etc.). Las dos reformas son parte de los condicionamientos del FM, incluidos en el acuerdo crediticio. En este artículo trataremos sobre la primera reforma, los principales aspectos en la área tributaria en lo referente a impuestos.

Debido a que la marcha indígena obligó a derogar el decreto 883, de eliminación de subsidios a los combustibles, que iba a financiar parcialmente el déficit fiscal, que sustituiría con la focalización de éstos, el gobierno busca otras fuentes de ingresos que están contenidos en la reforma fiscal. En la parte tributaria, la reforma fiscal modifica y crea algunos impuestos. En el primer caso está la producción y venta local del banano que ahora pagará un impuesto a la renta de 2% y la exportación el 3%. En el establecimiento de nuevos impuestos se incluye la variación de la base imponible del ICE y la inclusión de este a nuevos productos y servicios: al tabaco, bebidas gaseosas (con azúcar menor a 25 g/l, 11%), perfumes, armas de fuego, focos y sistemas de calentamiento de agua, vehículos de carga de hasta 3.5 T, vehículos de más de 35.000 dólares, aviones y avionetas, servicios de TV pagada (15%), de telefonía fija a empresas, telefonía móvil (10%), tendrán la tarifa ad valorem; a cigarrillos, alcohol, cerveza artesanal e industrial bebidas gaseosas (con azúcar mayor a 25 g/l) y fundas plásticas se les aplicará una tarifa especifica; bebidas alcohólicas, pagarán una tarifa mixta. Con esta reforma tributaria la mayor parte se recaudará en bebidas gaseosas y cerveza, por su alto consumo; telefonía móvil (100 millones), por el uso mayoritario de este servicios, a eso se suma, el impuesto a los dividendos a extranjeros al que se le aplicará el 40% (191 millones) y, se crea, la contribución temporal, por tres años, a empresas que tengan un ingreso bruto de más de un millón de dólares (177 millones).

Hace poco se eliminó el impuesto ambiental a los vehículos, que también pagaban el impuesto a la propiedad, impuesto al rodaje y tasas. La reforma fiscal, en su parte tributaria, el impuesto al rodaje lo sustituye con el impuesto anual a la circulación, que lo recaudarían los GADs, a través del SRI y se mantiene el impuesto a la propiedad del vehículo. Ambos tendrán como base imponible el valor de éste. Además se impone IVA a los servicios digitales, con los que quedan gravados los usuarios de las plataformas que vendan bienes, den servicios de transporte (Uber) o entrega a domicilio de bienes y las de streaming (Netflix). A eso se agrega, la eliminación de los gastos personales de quienes tengan ingresos de más de 100.000 dólares anuales, lo que generaría un ahorro de 41 millones.

Se crea el impuesto a la renta para microempresas con una tarifa de 2% sobre los ingresos brutos y  reduce el impuesto a la salida de divisas a la importación de materias primas, insumos y bienes de capital, con lo cual se beneficia a todas las empresas medianas y grandes, principalmente del sector industrial. Según el gobierno la reforma tributaria generará 731 millones en 2010 y 887 en el 2021. La mayor parte de los ingresos adicionales que genera esta reforma lo pagarán las empresas medianas y grandes, inversionistas extranjeros, la clase media (telefonía móvil, plataformas digitales, vehículos, eliminación de deducciones al impuesto a la renta) y las de ingresos bajos (por la telefonía móvil y fundas plásticas). La política fiscal es uno de los instrumentos de redistribución del ingreso, con la focalización del subsidio a los combustibles que está en discusión y la aprobación del Presupuesto General del Estado de 2020, tendríamos el esquema de dicha redistribución. Hasta el momento, con la remisión tributaria otorgada a los empresarios, con el perdón de multas a intereses a este grupo social, de más de 4000 millones, la política fiscal ha beneficiado, de largo, a los dueños de empresas. Con esta reforma, se carga el peso de la imposición a la clase media y baja.

Después de la marcha indígena, que obtuvo que se derogue el decreto de alza de combustibles, dando una lección al gobierno, se dictarán nuevas medidas económicas, las comprometidas con el FMI, el nuevo decreto de focalización de subsidios a los combustibles, el Presupuesto del Estado de 2020, reforma laboral y cambios normativos en la seguridad social, pero esta vez tendrán que ser bien analizadas por el gobierno  ya que se demostró que la protesta popular puede hacer dar marcha atrás aquellas medidas que afecten al bienestar de la población. Lo preocupante es el aplazamiento del ajuste y el deterioro de la economía que pueden causar las medidas.

En efecto, la economía creció apenas 0.3%, en el II Trimestre de este año, cuando en el IT fue de 0.6% mostrando la tendencia a la desaceleración económica. Los factores que explican este magro crecimiento fueron el aumento del consumo de los hogares en 0.6%, la contracción del gasto del gobierno en 1.2% y una reducción de la inversión de 1.8% (explicada principalmente por la contracción de la construcción). Estos datos muestran la  tendencia de la economía hacia  la contracción, como ya prevé el FMI. La disminución del ritmo de crecimiento impactó en el mercado de trabajo. Así, el subempleo aumentó cinco décimas alcanzando el 5.9%, el empleo adecuado creció apenas 3 décimas y el otro empleo no pleno apenas varió manteniendo en 22.6% en el que se ubican el sector informal ya llegan ya a dos millones de trabajadores.

Con esta tendencia de desaceleración de la economía, aumento del subempleo y del sector informal, el gobierno envío un proyecto de ley, llamado de crecimiento económico, en el que incluyen dos de las reformas estructurales, exigidas  por el FMI, la reforma fiscal y el marco reformatorio al código monetario. En la primera, se establece una reforma tributaria con una contribución temporal a las empresas que hayan facturado un millón, aumento del ICE a bebidas, fundas, veíiculos y telefonía móvil, IVA para servicios digitales ya sea de streaming, servicios de taxis y entrega de productos a domicilio y eliminación del anticipo del impuesto a la renta. Además se incluye cambio en reglas macrofiscales. Se espera recaudar más de 500 millones. En la segunda,  se cambia la denominación de la Junta Monetaria y se le quita las facultades macroeconómicas, se devuelve la autonomía al Banco Central y queda relacionado solo con el mercado monetario, varían los objetivos de los organismos de supervisión financiera, se altera el funcionamiento de las instituciones de seguridad financiera, etc. Previamente, el gobierno había reducido aranceles a bienes de capital y materia prima a tres sectores y se eliminaron para celulares y computadoras.

Se está elaborando el nuevo decreto que sustituirá al 883 que eliminó el subsidio al combustible, se proyecta que será focalizado el subsidio a la gasolina extra (hacia transporte público y taxis) y no se tocará el del diésel. Por otro lado, hasta fines de Octubre, el ejecutivo deberá enviar a la Asamblea el Presupuesto General del Estado de 2020 con los se conocería las necesidades de financiamiento, el ajuste previsto para el siguiente año, el nivel de gasto e inversión pública, el monto de subsidios, estimaciones del crecimiento, etc. que determinarán la orientación de la política fiscal y de deuda.

Las reformas más conflictivas son la laboral y la de seguridad social. En la primera se introducirá la flexibilización laboral con introducción de nuevos tipos de contratos, ampliación del periodo de prueba a un año y formas de evadir pago de horas suplementarias y extraordinarias. El gobierno para impulsar esta reforma se basa en su aliado, el sindicalismo blanco (CUT y otros), en cambio canceló una reunión pactada con el FUT con el argumento que llevará a cabo una movilización sindical para el 30 de Octubre. Los efectos de la marcha indígena y los de dicha movilización generaran una presión por flexibilizar dicha reforma.

Finalmente, la reforma a la seguridad social sería la de mayor conflictividad, pues se estima que, como se ha aplicado en otros países, incluiría el alza de aportes, aumento de la edad de jubilación y/o disminución o topes a la pensión y recorte de servicios. Esto implica afectar la economía y bienestar de empleados y trabajadores, jubilados y afiliados. Esto llevaría protestas de los implicados para defender su nivel de vida y su bienestar.

En suma, la proyección del decrecimiento de 0.5 del PIB, según el FMI, sería mayor con los efectos de la paralización de 11 días por la marcha indígena y otras protestas, por lo que se ha señalado, podría acercarse a una contracción del 1% de la economía, en 2019, con más desempleo y subempleo, deterioro de las condiciones de vida y mayor pobreza. Pero lo más crítico vendría en 2020. El Observatorio de la Política Fiscal estima, que para ese año, sería de 10.000 millones de dólares y el déficit fiscal de 5.000 millones lo que implicaría un fuerte ajuste (alza de impuestos, reducción de burocracia y más reducción de inversión y subsidios) y/o más deuda pública interna y externa lo cual aunado al efecto contractivo que tienen las políticas del FMI, llevará a una recesión mucho mayor de la economía que en 2019 y consecuentemente más deterioro del mercado de trabajo (precarización), de las condiciones de vida y aumento de la pobreza, que es caldo de cultivo para la protesta social para defender sus condiciones de vida como lo muestra la marcha indígena y en otros países por alza de servicios públicos y reformas estructurales.

Después de 11 días de paro de transporte, de indígenas, FUT y movimientos sociales y, por los efectos económicos, políticos y sociales del mismo, el gobierno se vio obligado a negociar y derogar el decreto 883 que eliminó el subsidio a los combustibles, buscando cumplir con las condiciones del FMI, para reducir el déficit fiscal, pero buscando descargar el peso de la crisis económica sobre la población.

Por dicho decreto, el miércoles 2 de Octubre, los transportistas declararon un paro nacional demandando la derogación de dicho decreto. La falta de transporte provocó la inasistencia al trabajo de miles de empleados, se redujo el nivel de actividad y comienzo de las protestas por las medidas. El gobierno se negó a eliminar la medida y la Federación de Transportistas levantó el paro el sábado 5 de octubre.

Ese mismo día la CONAIE decide emprender una marcha indígena para oponerse al decreto señalado. Las organizaciones indígenas, de la sierra centro, norte y del austro comenzaron a organizarse y en varias ciudades, de estas provincias, salieron a manifestarse, se tomaron algunas gobernaciones y atacaron algunas instituciones públicas. Se unió a la marcha el FUT y varias organizaciones sociales. El lunes 7 de Octubre comenzaron a llegar los indígenas a la capital. El gobierno declaró estado de excepción y comenzó el asedio a los manifestantes. Los indígenas, trabajadores y estudiantes salieron a protestar por varios días, se tomaron momentáneamente la Asamblea, y fueron fuertemente reprimidos. El gobierno aplicó una estrategia militar para combatir la rebelión y una táctica de guerra. Los manifestantes cada día iban aumentando sus protestas y la presión sobre el gobierno, que para enfrentar la situación, el jueves 10 decretó toque de queda parcial, pero como las protestas aumentaron de su intensidad, el viernes 11, volvió a regir un toque de queda, a partir de las 15h, por 24 horas. Hay que señalar que, en las protestas, en diferentes ciudades del país, se infiltraron delincuentes y agitadores que ejecutaron actos vandálicos y sembraron terror y convulsión en la población. Esto sucedió, principalmente, en Durán y Guayaquil. El temor a la marcha indígena llevó al cierre del puente la Unidad Nacional y, el Presidente, cambio la sede del gobierno a Guayaquil debido a que la sede del Palacio Nacional, en Quito, estaba asediado por los manifestantes.

El Presidente acorralado, buscó el apoyo de la derecha tradicional y moderna, en Guayaquil, para enfrentar la rebelión y tener respaldo político. El régimen para enfrentar la rebelión, en el país, aplicó una fuerte represión que, según el Defensor del Pueblo, provocó 7 muertos, más de 1000 detenidos y cientos de heridos.

Hay varios efectos del paro y marcha indígena. En lo político, después de 11 años, volvió la inestabilidad política que debilitó al régimen e hizo perder la credibilidad y confianza en su capacidad de resolver conflictos sociales. Quedó demostrado, en la nación, que los indígenas con este paro, son una fuerza política organizada y capaz de llevar adelante la resistencia política y exigir negociación para aplicar políticas gubernamentales.  Por otro lado, el gobierno se vio obligado a demorar el envío de proyectos de ley para aplicar la reforma estructural comprometida con el FMI. Hay varios efectos económicos. El alza del transporte, como consecuencia de la liberalización del precio de los combustibles, el desabastecimiento de productos agropecuarios, llevó al aumento de sus precios. Este incremento y el efecto domino que provocó, la liberalización de dichos precios, llevó a un aumento de la inflación.  Además, el clima de temor,  zozobra y rompimiento de la paz social y desconfianza en el mundo de los negocios, llevó a que las empresas se vieran obligadas a cerrar en el momento de las protestas, reduciéndose así el nivel de actividad económica. Las pérdidas por la toma de pozos petroleros y por la caída de la producción y ventas de los diferentes sectores económicos suman millones de dólares.

En el diálogo entre el movimiento indígena y el gobierno, celebrado el domingo 13 de Octubre, llevaron a planteamientos de las partes. El régimen insistió en mantener el decreto y que los recursos que generé el alza del precio de los combustibles se reparta entre los más pobres y los indígenas insistieron en la derogatoria del decreto 883. Finalmente, el gobierno cedió y derogó dicho decreto nombrándose una comisión para elaborar otro que lo sustituya.

La rebelión indígena deja varias lecciones. La primera es que los gobiernos, de ahora en adelante, se verán a obligados a pensar dos veces antes de tratar de imponer una política económica que impacte fuertemente a la población, sino vendrá la resistencia a ésta. La segunda es que los poderes económicos se les reduce su margen de maniobra para que, a través del gobierno, traten de resolver crisis económica recargando su peso sobre la población. La tercera es que a los organismos financieros internacionales no le va a ser tan fácil imponer medidas de ajuste y estructurales que afecten el nivel de vida de la población, lo cual manda un mensaje al resto del mundo sobre que si es posible, con presión social, resistir y hacer dar marcha atrás a dichas medidas. Las otras lecciones las trataremos en el siguiente artículo, examinando el nuevo decreto que sustituye al 883.

El gobierno liberalizó el mercado de combustibles, en cumplimiento de los condicionamientos del FMI, que liga su precio a los del mercado internacional, generando una fuerte protesta social por los efectos sobre las condiciones de vida de la población. El presidente anunció otra serie de medidas, el alza del bono de desarrollo humano y reforma laboral.

La medida tomada, vía shock, provocó la reducción de la rentabiidad del sector transporte que derivó en al paro de transportistas urbanos, intercantonales, interprovinciales  y generó una fuerte protesta social, en varias ciudades del país, por el aumento del costo de la vida. En efecto,  hasta el 2 de octubre, la gasolina extra y ecopaís tenían un precio de 1,85 por galón, con la liberación, pasaron a 2,30 y el diésel con un precio de 1,03 aumentó a 2,27, lo que significa incrementos de 24.3% y 1.18% respectivamente. Este último, afecta sobre todo al transporte urbano y de carga. El paro fue levantado temporalmente el sábado 5 de octubre pero el Lunes 7 de Octubre en Quito continuó la paralización. De transporte público, lo único que funciona es la ecovía y trolebús. El alza de los combustibles generó un elevado aumento de sus costos de operación.

El gobierno redujo fuertemente la inversión pública, hizo leves ajustes en el número de servidores públicos, no ha reducido significativamente el gasto corriente y, para mantenerlo en su alto nivel y obtener liquidez, ha aumentado agresivamente la deuda externa y tiene un alto déficit fiscal.  Un importante funcionario del régimen señaló que hay 120.000 burócratas con contratos eventuales. La liberalización del mercado de combustible, fue una medida muy funcional y hábil. Por un lado, genera ingresos y liquidez inmediata a la caja fiscal y, por otro, el alza de las tarifas del transporte público es competencia de los municipios del país, lo que implicaría que, de autorizarlas, un alto costo político para los alcaldes, como lo ha dejado entrever la alcaldesa de Guayaquil.

El gobierno ya autorizó el aumento del 32% de los pasajes intercantonales e interprovinciales mientras que los municipios pueden aumentar el pasaje urbano entre 5 y 10 centavos. En Guayaquil, los buses de transporte urbano, ya están cobrando, sin autorización, 40 centavos. La metrovía, del Municipio, cobra 30 centavos y, subiría, a 40 centavos. Por otro lado, la mayoría del transporte de carga utiliza diésel, su alza de 118% aumenta de manera significativa sus costos de operación. La medida generará en toda la economía un impacto en cadena, aumentando los costos de producción que sería trasladado a precios provocando, en cascada, un aumento de la inflación.

A eso se suma, el desabastecimiento de los mercados de mayoristas. En Quito, ya se nota la falta de algunos productos que ya aumentaron de precios. En el mercado de Sauces 9, en Guayaquil, hubo aumento de precios de productos agrícolas de la sierra, un ejemplo es el de la papa. En este fin de semana, indígenas de Cotopaxi, Imbabura, Tungurahua y otras provincias de la sierra centro han iniciado una movilización hacia Quito. También está bloqueado el acceso a Cuenca. Se han tomado carreteras hacia la capital que hacen prever que el Lunes 7 de Octubre y días venideros llegue la marcha a la capital de los indígenas a los que se unirán las centrales sindicales para iniciar una protesta masiva a fin de presionar al gobierno para derogar la medida de liberalización del mercado de combustible, luchar contra la minería, oponerse a la reforma laboral, etc. El efecto económico, en el muy corto plazo, será aumentar el desabastecimiento de bienes, incremento de sus precios y más inflación. La presión social ha conseguido hasta el momento que el gobierno aplace el envío a la Asamblea de la reforma laboral y otras reformas estructurales.

En síntesis, la resistencia y la protesta social pueden frenar la implementación de las medidas de ajuste y reforma estructural, exigidas por el FMI, llevando a un periodo de inestabilidad política con fines impredecibles y, por otro lado, a efectos económicos negativos como el aumento de la inflación, reducción de la capacidad adquisitiva de la población y de su nivel de vida. Esta coyuntura además puede conducir a que la recesión, pronosticada en -0.5% por el FMI, sea más profunda llevando a mayor desempleo, subempleo, aumento del sector informal y la pobreza.