El gobierno anunció la emisión de bonos por 2.000 millones de dólares para financiar el presupuesto del estado, mostrando su incapacidad o falta de decisión para reducir el gasto corriente. La deuda contraída, por este gobierno, desde Mayo de 2017, alcanza 11.675 millones de dólares, lo que implica más egresos por el servicio de la deuda. Este endeudamiento traerá consecuencias en el flujo de pagos por ésta, así entre 2024 al 2030 el servicio de la deuda pública externa obligará a elevados pagos que requerirá búsqueda de recursos para cumplir los compromisos financieros.

Además, en un comunicado público, el FMI informó que para recibir el siguiente desembolso el país debe entregar y aprobar en la asamblea tres reformas estructurales. A eso se agrega, la “La complicada coyuntura económica y social actual y futura”, título del artículo anterior, que enfrenta el Ecuador por la posible recesión mundial, los efectos de la guerra comercial entre EE.UU. y China así como el Brexit duro. De darse estos eventos, como señalé en el artículo, el efecto para país sería la reducción de las exportaciones y consecuentemente una caída del PIB. Ésta ya está pronosticada, por el propio FMI, con una contracción de 0.5 en el crecimiento económico con efectos en el mercado de trabajo y en las condiciones sociales. Hay que considerar también la evolución del precio del petróleo, el 25 de setiembre bajo a 56.6 dólares cuando la semana anterior bordeo los 60 dólares. Ese día el riesgo país subió 15 puntos alcanzando 678 puntos, reflejando los problemas que enfrenta el país. Lo preocupante es los efectos macroeconómicos de la recesión mundial que impactaría la economía en el año 2020.

De las tres reformas estructurales exigidas por el FMI, la crucial es la reforma tributaria. Se acaba de eliminar el impuesto verde –aplicable a los vehículos por contaminación-, por otro lado, el débil crecimiento de 2019 implica menos ingresos para el sector público que, con el alto gasto corriente, conduce a falta de liquidez pública. La reforma tributaria implicará, dada esta situación, un aumento del IVA, reducción del ISD, aumentos del ICE para ciertos servicios y productos, entre las medidas más importantes, lo que implicaría un efecto inflacionario y contractivo sobre el consumo y recesivo en la economía en el 2020.

La reforma laboral implicará la flexibilización laboral y la reducción de costos de contratación y despido. Lo primero lleva a que se sigan trabajando las 40 horas semanales pero que podrían repartirse en horas de la noche o los sábados, para eludir el pago de horas extraordinarias o por fin de semana. Si bien se reduce el costo laboral, perjudica al trabajador. Para lo segundo, entre las medidas más importantes de esta reforma, están en reducir la indemnización por despido intempestivo reduciendo de 24 meses o mes a sólo 12 meses, eliminar el contrato indefinido, restituir contrato por horas, crear el contrato de obra cierta, aumentar el período de prueba a un año, etc. Si bien esto favorece al patrono, sale perdiendo el trabajador porque se le da menos protección laboral. En síntesis, lo que busca la reforma es acercarse lo más posible a un mercado de trabajo flexible y libre, en que sean las condiciones de oferta y demanda de trabajo la que determinen libremente el costo salarial.

La reforma al Código Monetario Financiero, en lo que respecta al sistema financiero, buscaría a liberalización del mercado del dinero lo que implicaría que sean las fuerzas del mercado que determinen libremente la tasa de interés, con lo cual cada banco podría establecer el costo del dinero. Para que sea posible aquello además debería eliminarse los topes a las tasas de interés: la tasa máxima y la tasa de usura. Esto se viabilizaría a través de la restitución del directorio del Banco Central, que pasaría a retomar el manejo de la política monetaria, crediticia y de tasa de interés. Serían los 5 o 7 miembros que definirían dicha tasa. La cooptación de este directorio por el poder financiero haría posible tal liberalización.

En síntesis, como he señalado, en 2020, la posible recesión mundial, el efecto recesivo de la reforma tributaria y el ajuste fiscal que exigiría el FMI llevarían por segundo año consecutivo a una contracción de la economía. La incapacidad o falta de voluntad del gobierno para reducir el gasto corriente, lleva a más endeudamiento al país lo que tendrá efectos en la economía del país. En concreto, si se cumplen los eventos señalados y se aplican las reformas estructurales del FMI, en 2020 habrá recesión, lo que traerá consigo más desempleo, subempleo, pobreza y reducción del nivel de vida de la población.

Los indicadores muestran una complicada situación económica del país tanto en lo referente al equilibrio interno como al externo, a lo que se suma la crítica coyuntura social que reflejan una difícil coyuntura económica y social.

En efecto, con respecto al equilibrio interno, hubo un débil crecimiento de 0.6% en el I Trimestre de 2019 que se explica, principalmente, por el mayor dinamismo de las exportaciones, un leve crecimiento del consumo interno y una contracción significativa de la inversión (-2.3%) que se debe principalmente por la significativa reducción de la inversión pública. La mayoría de los sectores productivos apenas crecieron y el de la construcción y el comercio tuvieron tasas negativas, sectores generadores de empleo, lo cual impacta en el mercado de trabajo. En efecto, al II Trimestre de este año, la tasa de desempleo 4.4% y la de subempleo 20.3%, que aumentó en 0.9% respecto al mismo periodo del año anterior. La mayor incidencia del subempleo es en Guayaquil (17.7%), Ambato (15%) y Quito (14.3%). A eso se suma el aumento del sector informal urbano.

La inflación anual a Agosto de este año fue negativa al igual que febrero y marzo, lo que indica una posibilidad de deflación que está marcada por la pérdida de dinamismo de la demanda agregada. Si bien se ha reducido, todavía hay un déficit fiscal significativo que en parte se explica por el débil ajuste aplicado por el gobierno. Según la nueva metodología aplicada por el Ministerio de Finanzas, la deuda pública consolidada del sector público, a Julio de este año, alcanza 40.799 millones de dólares, que representa el 37,3% del PIB de la cual 39.447 millones corresponden a la deuda externa, que se ha incrementado ostensiblemente en los dos últimos años, lo cual ha generado que el servicio de la deuda aumente.

En el sector externo, el saldo de la balanza comercial, a Julio, del presente año, apenas era de 96 millones. Las exportaciones y exportaciones son similares a las del igual período del año pasado. Hay caída de precios de algunos productos y el de las exportaciones petroleras si bien ha subido en algunos meses en otros no. Se refleja una fragilidad en la situación externa.

En un artículo, del 26 de agosto de este año, advertí de la posibilidad de una recesión en Europa y EE.UU., podría afectar al país. Decía “el país exportó, en el primer trimestre de este año, a Europa el 18.7% del total y  26.5% a EE.UU. Con respecto a dicha región, si Alemania y Reino Unido entran en recesión arrastraran a toda Europa. Los principales compradores son Alemania, España, Holanda e Italia, lo que implicaría que, con una recesión, estos países importarían menos del Ecuador. E igualmente pasaría con EE.UU., con lo que nuestras exportaciones se reducirían…”. El efecto no solo se sentiría en este año, es posible, que en el 2020 continúe dicha recesión y si le agregamos que la mayor parte del ajuste fiscal se daría en ese año y que las reformas estructurales como la tributaria, laboral, del Banco Central y otras, que se plasmarían en leyes que entrarían a regir a partir del 2020. Si en la reforma tributaria se incluye el alza del IVA, lo más probable que la contracción de la economía siga en el siguiente año.

En consecuencia, puede registrase, por los factores señalado, recesión en 2019 y 2010, la situación social se agravaría por el aumento del desempleo, subempleo y sector informal lo que provocaría aumento de la pobreza e indigencia.

La crisis económica argentina ha degenerado en una crisis social y ahora alimentaria. Las protestas de sindicatos y centrales obrera, informales, desempleados y mujeres van creciendo cada día y, aún más, la clase media, se suma porque ve afectada sus condiciones de vida y, se junta a reclamar, para acabar con la estrategia económica del gobierno que ha llevado al hambre a un sector importante de la población. La situación se ha desbordado y la incertidumbre se ha apoderado de la población que ahora busca echar abajo al gobierno macrista para ver si la alternativa ofrece mejores días.

Si bien el control cambiario parcial ha estabilizado el dólar a 58 pesos, los problemas estructurales y coyunturales económicos y sociales persisten y dibujan un panorama incierto que hacen prever una hecatombe económica y social. En efecto,  un informe LatinFocus Consensus Forecast (un compendio de estimaciones de bancos y consultoras)  señala que el dólar a fin del 2019 valdrá 66.68 pesos, la inflación sería de 53.7% y el PIB se contraería 2.8%. Para el 2020, LCF pronostica un dólar de 88.42 pesos, inflación de 41.2% y una caída del PIB de 1.4%. El Presupuesto 2020, enviado al Congreso por el gobierno, proyecta un dólar de 67 pesos, inflación de 34% y crecimiento de 1%.

Los datos de Julio de 2019 muestran una inflación de 2.2% y la anual de 54.4%, para agosto fue de 4%, casi duplicándose respecto al mes anterior,  y la inflación anual aumentó ligeramente a 54.5%, la tasa de desocupación alcanzó 10.1% en I Trimestre, el subempleo sigue creciendo, la pobreza llegó en el II semestre de 2018 un promedio de 23.7% y se estima que en B. Aires en el I semestre de 2019 alcanzó 33%, hay 5 millones de informales y la actividad económica, en Junio, se contrajo en 0.4%. Las estimaciones oficiales pronosticcan una contracción del PIB de 2.6%. Además continúa la salida de capitales que drena la RMI, la dolarización y retiro de depósitos que podría llevar a una corrida bancaria. A eso hay que agregar la elevada deuda pública que, por problemas de liquidez, llevó al gobierno el diferimiento de pago de la deuda interna y la contraída con el FMI. Pero la coyuntura de la crisis, está en la crisis de confianza e incertidumbre en la economía. En lo social, el problema se agrava con el aparecimiento del hambre, que ha llevado a protestas de parte de piqueteros, mujeres y colectivos sociales que no pueden comer. Se aprobó, en la Cámara de Diputados, prorrogar hasta 2022 la Emergencia Alimentaria Nacional, que fue instituida por Eduardo Duhalde en 2002, e impulsar la creación del Programa de Alimentación y Nutrición Nacional que posibilitaría otorgar fondos a ollas o comederos populares por la emergencia alimentaria. Esta ley se aprueba bajo la presión de las organizaciones sociales que, a las puertas del Congreso, acamparon.

El gobierno macrista es incapaz de afrontar la crisis económica y social fracasando con su estrategia económica, apoyada por el FMI, basada en deuda externa, capital extranjero y mercado libre. Nos hace recordar la estabilidad que se alcanzó con la convertibilidad, que para mantenerla se basó en deuda externa. Previo a su quiebre, en 2001, se aplicaron drásticas medidas fiscales y el congelamiento de depósitos (corralito), que generó una crisis económica y social.

En la primera vuelta de las elecciones presidenciales, del 27 Octubre, se pronostica un triunfo del peronismo kirchnerista, cuyo gobierno heredaría el descalabro económico. La toma de posesión es en Diciembre. En el ínterin,  a crisis económica y social continuaría, más aún cuando el FMI no va a realizar el desembolso después de Octubre y si gana  Fernández, negociará con él en Diciembre. Le tocaría al peronismo adoptar un nuevo modelo y política económica para enfrentar la crisis, estabilizar la economía y enrumbarla al crecimiento. Este se prevé con una orientación hacia el mercado interno, regulación de mercados, política fiscal y monetaria para incentivar la economía, renegociación de la deuda externa, control de cambios y redistribución del ingreso a través de una fuerte política social. Hay que esperar que no cometa los mismos errores del peronismo de Cristina que, con el déficit fiscal y subsidios, derivó en una crisis económica que frenó el crecimiento económico e hizo insostenible el esquema de redistribución del ingreso.