El gobierno frente a la crisis, agravada por el coronavirus, envío dos proyectos de ley a la Asamblea. Uno, el de Apoyo Humanitario pretende la reducción de salarios, acuerdo para pago de deudas no bancarias, congelación de precios de servicios básicos, una reforma laboral, ampliación servicios de salud del IESS, concordato y ayuda a empresas comerciales. Dos, la reformas al Código de Finanzas Públicas que contendría nuevas reglas fiscales, normas  presupuestarias y disposiciones que incluirían al manejo de recursos del IESS, ISSPOL e ISSFA, y, por otro lado, con las directrices de ejecución presupuestaria para el II trimestre, de este año, se busca reducir el gasto y despido de burócratas eventuales. Todas estas medidas estarían dentro del nuevo acuerdo que el gobierno está tratando con el FMI. En este artículo trataremos los tres primeros puntos.

Dado que no hay liquidez en la caja fiscal, como demuestra que no pago los sueldos de algunas instituciones hasta el 16 de Abril, los que pudieron ser pagados por un crédito de emergencia del BID, el primer proyecto crea una contribución temporal, por 9 meses, a empleados privados y públicos, y, otra a sobre las utilidades de las empresas. En realidad es un impuesto progresivo ya que la contribución es función de una tabla usada para este tipo de tributos. Para las personas naturales, la base del tributo serían los ingresos neto a partir de los 500 dólares. Hay una tarifa básica y otra tarifa sobre el excedente (como el Impuesto a la Renta). Así el que gane  600  pagará 8 dólares  ($ 2 por tarifa 1 + $ 6 por tarifa 2) y para los siguientes niveles de ingresa aumenta progresivamente las dos tarifas. Para las empresas la contribución sería 5% sobre las utilidades (el resultado mayor entre la utilidad gravable y la utilidad disponible para distribución en 2018 igual a un millón o más de dólares). Puede haber exoneraciones o rebaja de esta contribución para las empresas afectación grave por la crisis del coronavirus. El total de recaudación alcanzaría 1418 millones. Pero en el caso de los empleados públicos de la función ejecutiva y empresas públicas, que ganen a partir de 1000 dólares, después de los 9 meses del pago de la contribución temporal, tendrán una reducción permanente su sueldo de 10%.  Pero lo paradójico es que, según El Comercio, los empleados pagarían casi dos tercios (64%) de la contribución del total a partir del 18 de Mayo, pero además tendrán una reducción del sueldo permanente, con lo que resulta que serían los que más aportan (64%) y las empresas solo un tercio.  Con esta contribución, el gobierno tendría recursos para cubrir actividades esenciales pero a partir de mediados de Mayo.

¿Y qué recursos dispondría el gobierno entre Abril y mediados de Mayo? Como el gobierno hace malabares para obtener recursos, presentó una solicitud de consentimiento para diferir el pago de intereses de la deuda externa hasta el 15 de Agosto de este año, con lo que dispondría 811 millones con lo cual tendría recursos para operar las actividades esenciales.

El proyecto contempla también la celebración de acuerdo entre las partes para el pago de pensiones educativas (colegios han ofrecido descuentos), alquileres y seguros de salud, con lo cual alivia a los empleados y trabajadores que no recibieron sus sueldos y salarios por la paralización de las actividades económicas por el confinamiento obligatorio por la pandemia. Según el Ministro de Producción el 70% del aparato productivo está paralizado. El proyecto también congela el precio de los servicios básicos (incluye el de telecomunicaciones) proveídos tantos por el sector público como el privado.

De lo analizado hasta aquí, del primer proyecto de ley, la mayor parte de la crisis está siendo cargada sobre empleados y trabajadores del sector público y privado, pero más afectados los primeros que ven reducidos sus sueldos de manera permanente. Aún más, los del sector privado, enfrentaran una reforma laboral que contempla la flexibilización laboral que incluye una reducción de la jornada laboral, contratos emergentes de 20 horas, que implica reducción de sus ingresos, así como acuerdos entre las partes que pueden modificar las condiciones laborales.

Desde el año pasado se viene arrastrando una crisis socioeconómica, con el coronavirus y la emergencia sanitaria ésta se agravó y, la tragedia, se completó con la rotura de los oleoductos petroleros y los daños en la refinería de Esmeraldas y la paralización la de La Libertad conforman un escenario de crisis socioeconómica, sanitaria y humanitaria gravísima que imponen una salida con medidas económicas, sociales y sanitarias que tengan como centro el bien común.

La tragedia sanitaria en Guayaquil, reflejada en miles de fallecidos por el coronavirus, no reveladas en las cifras oficiales, el colapso del sistema de salud público y privado, de las morgues y las funerarias llevaron a que no se podían retirar de muertos de sus viviendas y no poderles darles sepultura individual, el intento de sobreprecio en insumos médicos en el IESS, la carencia de test del coronavirus, etc. revelan la ineficacia, desorganización y falta de decisión, a tiempo, de las autoridades gubernamentales que sumieron, en el puerto principal, en un caos sanitario en el que lo más afectados fueron las familias de menores recursos.

La falta de liderazgo gubernamental llevó a que los diferentes grupos económicos  dicidierán realizar aportes. Los banqueros  (de Quito y Guayaquil, por separado), los grupos económicos de Guayaquil y, por otro lado, los de sierra, para fondos ante la pandemia. El gobierno tardó en actuar y recién, en lo económico y social, el viernes santo planteó más medidas de auxilio económico. Cada sector y gobierno por su lado plantearon alternativas. No hubo unidad con el sector privado para actuar ante la pandemia, sobre todo, en el puerto principal. Ni el sector público tomó la iniciativa a tiempo.

 La falta de liderazgo gubernamental, las medidas de la emergencia sanitaria, el confinamiento y la paralización de la actividad económica llevaron a una situación insostenible. La contracción de la oferta y la ausencia de la demanda generaron, a nivel microeconómico, que las empresas no tuvieran ventas, a excepción de los alimentos y salud, sobre todo las micro y pequeñas empresas que, al no tener ingresos, no pueden pagar a sus empleados. En el sector informal, miles de trabajadores que dependen de la venta diaria no tienen que comer así como los desempleados y subempleados. En suma, una crisis sanitaria y sus medidas provocaron una crisis sanitaria, económica y social de grandes proporciones. En lo macroeconómico, se agravaron los desequilibrios de los principales indicadores: déficit fiscal, liquidez fiscal, déficit comercial, nivel de actividad económica, empleo, desempleo, subempleo, etc.

En las crisis y pandemias hay que dar soluciones pero establecer prioridades y plazos. En el cortisimo plazo está, primero, el bien común, el interés general debe primar sobre el privado que, en este escenario, está la salud y la vida. El gobierno está aplicando, ahora, con la emergencia sanitaria, aunque tarde, las medidas que sugieren los organismos internacionales. Pero en lo social y en lo económico tarda, pues con el escenario que estamos viviendo, viene la carencia de ingreso, el hambre, aumento de la pobreza, más delincuencia, quiebra de empresas, etc. Segundo, está el de proveer de ingresos para que la gente, de menores recursos e informales, pueda comer. Tercero, normalizar la actividad económica dando incentivos a la micro y pequeña empresa y a la gente para que pueda afrontar sus deudas, alquileres, tarjetas, seguros, etc.

En esta crisis, el gobierno debe comenzar poniendo prioridades. Si busca el bienestar común, en el cortísimo plazo, debe tomar una decisión sobre la deuda externa. Dado el escenario económico, la opción debe ser renegociación su pago lo que liberaría recursos para que, en dicho plazo, se puedan asumir los susidios y apoyos para la gente de escasos recursos, informales y pobres. Por otro lado, la ayuda a micro, mediana y pequeña empresa para reactivarlas.

La propuesta del gobierno para enfrentar la emergencia económica y social, de crear un fideicomiso, con contribuciones de empleados, trabajadores y empresas, si bien apunta a ayudas y apoyos a los afectados, iguales las medidas adoptadas por gobiernos latinoamericanos y europeos, por la tragedia, sin embargo implica que sean estos grupos los que financien parcialmente el auxilio porque el gobierno no tiene liquidez. No podemos analizar todavía dicha propuesta porque hasta el momento, en que escribo el artículo, no se ha remitido a la Asamblea el proyecto de ley. Pero ya el gobierno debe poner prioridades en esta emergencia. Es claro que salud es lo prioritario, de ahí debe seguir el pago de sueldos de los empleados público y no el pago de la deuda, pago de ayudas a los informales, desempleados y subempleados, pobres, ayuda a las comunidades rurales, preservación del empleo en el sector formal, etc.

El impacto del coronavirus causa serias consecuencias sobre la gente, la economía y la sociedad. En los distintos continentes, los dirigente de los países toman medidas de emergencia sanitaria y políticas económicas para reducir el contagio por la pandemia así como medidas para ayudar a la gente de menores recursos y pequeñas y medianas empresas para paliar su situación de falta de ingresos. En momentos difíciles y crisis humanitarias, sociales y económicas hacen ver la importancia del liderazgo de un país para enfrentar estas coyunturas y enrumbarlo hacia mejores días.

Vemos con estupor que dirigentes de algunos países toman medidas absurdas o demoran la toma de decisiones ante la crisis del coronavirus. Ni aún, con las serias consecuencias, de pérdidas de vidas humanas, en Italia y España, los malos o mediocres dirigentes no aprenden de las lecciones de China y Corea del Sur que aplicaron las medidas sanitarias adecuadas a tiempo. Así, el primer ministro del Reino Unido, demoró en tomar medidas sanitarias así como EE.UU, ahora ante la emergencia sus habitantes sufren las consecuencias del contagio de la enfermedad. En A. Latina, el Presidente de Brasil, realiza una campaña para boicotear la decisión de los gobernadores que establecieron una cuarentena por el coronavirus. Y, hasta presidentes progresistas, como López Obrador en México, no le prestaron mucha atención al principio de la pandemia. El dr. Julio Frank Mora, ex ministro de Salud de México, señala que hubieron países que aplicaron mejor estrategia para luchar contra la pandemia: China y Corea del Sur, el resto como Italia, España, incluido el Ecuador, no le dieron importancia al inicio del brote contagioso y mal manejo de la información, resaltando que lo mejor es decir la verdad, pero después las autoridades de estos países que gestionaron mal la política sanitaria corrigieron el rumbo, pero perdieron tiempo y las consecuencias fueron fatales. Ahora no solo se trata de las acciones de las autoridades sanitarias sino también de la corresponsabilidad de la población para evitar contagiarse y contagiar a los demás por no respetar las normas de confinamiento en casa.

Pero el costo del impacto del coronavirus no solo son los cadáveres sino también el dolor de los familiares por la pérdida de un ser querido pero además se afecta toda la economía. Con las medidas sanitarias, tomadas por los gobiernos, dos tercios de los sectores económicos están paralizados, lo que implica que las empresas formales no trabajan y sus empleados tampoco, con lo que éstos no reciben su sueldo porque las empresas no venden. Pero en el caso del sector informal, donde la mayoría vive de la venta del día, como vendedores ambulantes, microcomerciantes, artesanos, empleadas domésticas, etc., su situación es desesperada porque, al no poder vender sus productos o servicios por la cuarentena, no tienen ingresos y no pueden comer. Y no decir de los desempleados y subempleados que están en las mismas condiciones. Otro de los problemas es el pago de los créditos que, sin ingresos, no se pueden cubrir, así como los alquileres, créditos estudiantiles, etc.

En el caso de nuestro país, la demora en tomar medidas sanitarias a tiempo,  por parte del gobierno, y, en buena medida, la irresponsabilidad de la gente, sobre todo en la costa, de no respetar el confinamiento en casa, ha llevado a que aumente la tasa de contagio por coronavirus. En medio de la emergencia sanitaria renunció la Ministra de Salud acusando al gobierno de no disponer los recursos necesarios para enfrentar la emergencia –que no ha sido aclarado suficientemente-. El nuevo ministro declaró contar con recursos, pero los médicos, enfermeras y ayudantes se quejan por no tener los insumos médicos para su protección. Ya llevamos tres semanas del confinamiento, los hospitales públicos están colapsados, no tienen los insumos médicos para la emergencia, siguen los problemas para retirar los muertos por coronavirus de las casas, por lo que hay peligro de epidemia sanitaria, un presidente ausente hubo intento de sobreprecio en compra de mascarillas por el IESS, en términos per cápita Guayas es la que tiene el mayor porcentaje de contagio en el mundo, la tasa de variación del contagio sigue aumentando y todavía no llegamos al máximo de la curva de contagio. La prensa internacional informa de la terrible situación sanitaria del país por el coronavirus. El gobierno informa diariamente sobre la evolución de los contagios y fallecidos pero hay dudas sobre si las cifras oficiales revelan la real situación. El nuevo ministro de Salud señaló que las cifras son reales aunque puede haber más contagiados. Un funcionario público señaló que habrá 2500 a 3500 muertos en Guayas. El Presidente dijo que hay que transparentar las cifras de contagiados y fallecidos. Entonces ¿No sabía lo que estaba pasando? ¿Recién se dio cuenta de la terrible realidad? La periodista Julieta Herrería Barba en su artículo “Ecuador merece la verdad” dice sin tapujos “Es aquí donde debemos ser más críticos con el presidente Moreno, porque después de todo ¿dónde está? O mejor dicho ¿qué está haciendo por el país?”  Es la ineficacia gubernamental, indolencia y no tomar medidas a tiempo lo que nos ha llevado a esta terrible tragedia. El Vicepresidente, por fin, reconoció los errores del gobierno pero el daño ya esta causado.

En lo económico, el gobierno, ha venido tomando medidas parciales, para paliar la situación de la gente afectada por la paralización de la actividad económica. Ha diferido el pago de impuestos, aportes a la seguridad social, la Superintendencia de Bancos dictó normas para diferir el pago de los créditos, creo un bono para ayuda a grupos de población, etc.

El objetivo de un buen dirigente político es buscar el bienestar de su pueblo. Un buen líder debe prever el rumbo de la situación económica, social y humanitaria para tomar medidas a tiempo; en crisis, tomar las decisiones adecuadas para apoyar a la población y velar por la economía del país y su restablecimiento. Para eso se requiere sentido común, criterio, buen juicio e inteligencia. Pero además tener liderazgo para orientar al país hacia su desarrollo y, en crisis, tomar las medidas más adecuadas, a tiempo, para proteger a los más pobres y el país. En el país parece que los dirigentes en el poder carecen de estas cualidades para velar por el bienestar de la población y tomar las decisiones adecuadas y a tiempo para frenar la tragedia del coronavirus. Pero no solo son los muertos, después tocará ver que hace el gobierno con la gran contracción que se viene y la secuela social en términos de quiebre de pequeñas empresas, desempleo, subempleo, pobreza y deterioro de las condiciones de vida. Y ahora debemos esperar que estrategia se utiliza para combatir la tragedia económica que nos espera, y ahí resulta fundamental el liderazgo de quien dirige el país.

La crisis económica y social que se venía gestando por factores internos se agravó con el coronavirus. Ante la coyuntura el gobierno adoptó la estrategia de endeudarse mas para pagar la deuda externa y no pagar los intereses pero ¿Qué pasara en los dos siguientes meses en lo económico y social?

Como ya hemos señalado, en artículos anteriores, el coronavirus produjo un shock externo generando una caída del precio del petróleo, por debajo de lo establecido en el presupuesto del estado, y de las exportaciones tradicionales del país, conduciendo a una iliquidez de la caja fiscal y va a provocar un déficit comercial y, con la paralización de las actividades productivas, como medida para reducir el contagio de la pandemia, así como los desequilibrios macroeconómicos y tendencias económicas negativas que se venían arrastrando, una recesión muy fuerte.

El riesgo país, al 23 de Marzo, aumentó 2000 puntos y se disparó a 6063 puntos, muy por arriba de Argentina, en parte, por las voces de no pagar la deuda, entre ellas la de la Asamblea Nacional. Dicho indicador había venido subiendo constantemente y, más aún, la rebaja de la calificación de la deuda ecuatoriana por dos calificadoras internacionales, que por la caída de los ingresos públicos –petroleros y no petroleros- redujeron la capacidad de pago externo del país.

El Ministro de Economía declaró que seguirá sirviendo el capital de la deuda externa, entre ella los 325 millones dólares de los bonos 2020, y que no pagará los interés de ésta acogiéndose a una cláusula de los contratos que posibilita un periodo de un mes de no pago de éstos. Según él, esto le permitirá acceder a créditos externos por 2000 millones que se venían tramitando.

Para complicar el panorama de la deuda externa del país Fich volvió a rebajar la calificación de la deuda ecuatoriana pasándola de CCC a CC, esto significa papeles basura. La calificadora señaló: “muestra señales de que hay expectativa de que un evento de impago (default) sea probable luego del anuncio de las autoridades de sus intenciones de renegociar los términos de la deuda comercial y soberana, usando el periodo de gracia de los cupones de un bono esta semana”. Aún mas, Standard & Poors (S&P) pronostica que “Ecuador entrará en situación de default, o impago de la deuda, de forma inevitable,en los próximos 6 meses”

La estrategia del ministro es ganar tiempo hasta que le lleguen, el próximo mes 500 millones del FMI –que serían parte del Instrumento de Financiamiento Rápido-, otros 500 del crédito rápido del Banco Mundial y 1000 de China, de los recursos de libre disponibilidad de los créditos concedidos. Así mismo negociará  la deuda comercial. Además, el Banco Central  volvió a obtener financiamiento de 300 millones con garantía del oro de la RMI.  ¿Pero qué pasará en Mayo y Junio de este año?

La estrategia gubernamental es endeudarme más para seguir pagando la deuda externa. La decisión es tímida y sacrifica las necesidades del país. Hay cuatro alternativas para el pago de la deuda: pagarla, no pagarla, reestructurarla o comprar bonos con una quita importante. En esta coyuntura crítica,  la posición debe ser el no pago de la deuda externa ya que el shock externo y externo es tan fuerte que provocó una crisis tan grave y profunda de la cual no saldremos por lo menos en cinco años. Si no se  paga, al menos proponer una reestructuración de la deuda o realizar una operación de recompra de la misma ya que los bonos ecuatorianos se están cotizando a una tercera parte de su valor. Con mayor razón, la incapacidad de pago lleva al FMI y BM llevan a plantear la suspensión del pago de la deuda externa a los países más pobres  En esta situación, no se puede poner como prioridad al capital financiero internacional sino las necesidades del país, en especial las de la población más vulnerable, empleados, trabajadores, integrantes del sector informal y de los pobres.

Argentina con una deuda pública de 323.127 millones de dólares, de la cual 283.500 son deuda externa, ya está en proceso de renegociarla y su Presidente ya le planteó el FMI que no le pagaría al menos en 5 años y el propio FMI ha aceptado la posibilidad de una quita importante. La deuda es una decisión política e implica anteponer los intereses nacionales a los del capital extranjero. En Ecuador la prioridad es éste último.

Esta estrategia implicará que en Abril el gobierno enviará a la Asamblea un nuevo proyecto de ley para insistir en cobrar nuevos impuestos (y probablemente alza del IVA) y exigir una contribución a los empleados públicos –lo que implica reducirles el sueldo- tal como planteaban el grupo de economistas ortodoxos. Más aun, el gobierno continuará con su política económica no soberana ya que es orientada por los organismos internacionales. Tal es así que está negociando un nuevo acuerdo con el FMI lo que implicará seguir con una política ajuste y reformas estructurales. S&P prevé una contracción de la economía de 1.7%, pero si le agregamos el impacto del coronavirus y de las medidas económicas que se tomarían, la contracción sería al menos del 3% con graves consecuencias sociales sobre la población de menores recursos así como la vulnerable y clase media, con un fuerte aumento de la pobreza y deterioro del nivel de vida.