La estrategia del gobierno para obtener más ingresos, ante la iliquidez de la caja fiscal, se basa en crear contribuciones e impuestos a las empresas, más deuda externa y recortes presupuestarios a lo que vendrían la eliminación de los subsidios a la gasolina y, si esto fuera poco, la corrupción en las compras públicas aprovechando la emergencia por el coronavirus.

Todos los gobiernos que no le dieron importancia y no aplicaron controles sanitarios a tiempo, por el coronavirus, la está pagando la población con más muertos por la pandemia. En este caso está incluido el país, a lo que se suma la falta de liderazgo gubernamental y un presidente ausente han provocado que el desastre de la atención en hospitales públicos para enfrentar la pandemia  tenga un alto costo de vidas humanas. Si eso no fuera poco, ahora se suma la corrupción. Ya habíamos hablado de sobreprecios en compras de mascarillas, en fundas para fallecidos, en insumos médicos a lo que se suma la de las canastas de comida que el gobierno entrega a la población. A la ineficacia en la atención en la emergencia se suma la corrupción. Es increíble que, con el dolor que sufre la población por estar contagiada, por los muertos de sus familiares, la perdida de cadáveres, personas que mueren en las calles, que no puedan enterrar dignamente a sus fallecidos, se aproveche la emergencia para tratar de robar los recursos públicos mediante sobreprecios, que desata una corrupción escandalosa que no respeta el bien público y la muerte de los contagiados por coronavirus. Que falta de ética y moral.

A ese escenario se agrega que, el gobierno, ante la búsqueda de recursos, ha recortado desde 2017 presupuesto a la salud y ahora a  las empresas públicas, universidades estatales, eliminó el bachillerato internacional, aviso a los becarios en el exterior que no hay recursos para seguir pagando sus becas, etc. Prefirió pagar la deuda externa, cuando las condiciones permitían no servirla y renegociarla, mostrando que su primera prioridad en el gasto es cubrir la deuda. Ha recibido recursos del FMI, del BID y Banco Mundial y aun así tiene iliquidez fiscal por lo que no puede pagar todavía los sueldos de los burócratas de algunos ministerios e instituciones públicas. . Más aun, pretendía gastar en tarimas, parlantes, vallas, para informar. Que indolencia. Para obtener más recursos ahora anuncia la eliminación del subsidio a las gasolinas que le permitirá obtener liquidez inmediata a la caja fiscal lo cual tendrá sus efectos sobre los precios. En efecto, la liberación del precio de la gasolina extra y eco provocará un efecto en cascada sobre algunos precios como del transporte, de la canasta básica, etc. Si a eso le sumamos el alza de precios que realizado los supermercados y comisariatos así como de farmacias y boticas tendremos un aumento de la inflación.

La crisis económica, que ya se venía desde 2019, se ha agravado con el coronavirus y el confinamiento y sus efectos sociales. Ya el Ministro de Trabajo anunció que hay 66.000  trabajadores desvinculados y, por otro lado, ya la OIT, anunció que los más afectados serán los informales, que viven del día a día, los cuales son, en el país, alrededor de dos millones. La quiebra de empresas, sobre todo pequeñas y micro, aumentará la desocupación y subocupación. Si consideramos que la proyección del FMI es que habrá una contracción de 6.3%, tendremos una gravísima situación social reflejada en el aumento de la pobreza, la indigencia y el hambre. Si no se atiende ésta vendrá turbas que pueden apropiarse de bienes de supermercados y comisariatos, aumento de la violencia y delincuencia.

El propio FMI ha recomendado que, en la pandemia, se aplique impuestos al patrimonio, en cambio acá es a los trabajadores y empleados tanto públicos y privados. En síntesis, lo que señalo es que la crisis económica y social va a ser de tal magnitud que no saldremos de ésta sino en 3 a 5 años. Por lo que hay que prepararse para los efectos económicos y sociales, las reformas estructurales, ajuste y otras medidas que se vienen entre las que podrían estar algunas no convencionales.

El proyecto de ley de reordenamiento de las Finanzas Públicas busca, entre sus objetivos principales, tomar control de los recursos del IESS, ISSFA e ISSPOL, establecer un seguro petrolero y  establece nuevas reglas fiscales que buscaría el sostenimiento de las finanzas gubernamentales. En este artículo, dada la importancia, trataremos solo sobre el IESS y BIESS y el intento de hacer al MEF como superministerio.

El art. 2 del proyecto reclasifica las instituciones que incluyen al Sector Público Financiero (SPF) y al No Financiero (SPNF). En el primero, se agrega al BIESS y al Banco Central. Esto significa que los dos bancos pasarían a formar parte de la banca pública. Ésta se encuentra regulada por el Código Monetario y Financiero que, en sus arts. 366 y 362,  señala que su objeto será determinado en el decreto de su creación y se organizaran según las definiciones y necesidades determinas por la Junta de Política y Regulación. El art. 369, del código, señala que entre los objetivos de dicha banca están: dar financiamiento a los GADs, a vivienda de interés social, emprendedores, etc.  Según dicho código, el directorio de la banca pública estará compuesto por 4 ministros (uno de ellos será el que dirija la política económica) y un representante del presidente. En otras palabras, el gobierno toma el control de los recursos del BIESS. Recordemos que en el documento Marco de Cooperación con Ecuador 2019-2023, del Banco Mundial, en el que se establecen los objetivos y metas del acuerdo crédito con dicho organismo internacional, se recomienda la eliminación del BIESS y pasarle sus operaciones a la banca privada justificándola por la ineficiencia del BIESS.

Respecto al BCE, al convertirse en banca pública, el gobierno debería nombrar un directorio, al igual que en el BIESS, con lo que toma control de BCE. Si bien, en el Código, se reconoce la autonomía el BCE quedaría bajo la dependencia de la Junta señalada, que es presidida por el Ministro de Finanzas. Esta intención resulta contradictoria con la propuesta anterior de darle plena independencia y autonomía al BCE. Además en la mayoría de los países el banco central tiene independencia y no forma parte de la banca pública. El BCE dirige, de forma autónoma, la política monetaria, lo cual incluye la determinación de la tasa de interés.

¿Qué persigue el gobierno con incluir en la banca pública al BIESS y BCE? Pues el control de estas instituciones y acceder a sus recursos.

En cuanto a la seguridad social, el primer intento del control de los institutos de seguridad social se dio con en el proyecto de ley para la Transparencia Fiscal, Optimización del Gasto Tributario…que se le dio el nombre abreviado de “crecimiento económico”, enviado a la Asamblea, en Octubre de 2019, pero rechazado por la Asamblea, con la intención de eliminar el directorio del IESS, ISSFA e ISSPOL y pasarle el control de estos al nuevo organismo regulador financiero que se pretendía crear.

El segundo intento es ahora con el proyecto de ley de ordenamiento de las Finanzas Públicas, enviado a la Asamblea el 16  En el art. 2 se cambia la clasificación del sector público al incluir  dentro del sector público no financiero al IESS, ISSFA e ISSPOL.  Con este cambio, los tres institutos de seguridad social pierden su autonomía y sus recursos  estarán incluidos en el Presupuesto General del Estado y, aun mas, deberán respetar los techos, gastos y reglas fiscales que, en última instancia, los fijara el MEF. En el art. 59 se plantea que estos institutos formularan sus planes de inversión de acuerdo con este proyecto de ley. En el Cap. V, en el primer artículo imnumerado se crea el Comité Nacional de Coordinación Fiscal, integrado por 7 miembros uno de los cuales es de la seguridad social. O sea, cambio de estrategia, respecto al proyecto de ley de crecimiento económico que eliminaba los directorios de los institutos de seguridad social, ahora se propone que un representante de todos estos participe en dicho comité.

En el art. 74, del proyecto de ley, se plantea que el MEF deber elaborar la política económica y fiscal, diseñar la programación macroeconómica, definir la política de prevención y mitigación de riesgos fiscales, etc. Se define que estos riesgos pueden provenir de shocks internos y externos así como de la gestión de la banca pública, la seguridad social, etc. En otras palabras, el MEF se convierte en un superministerio que controla todos los recursos del presupuesto del estado incluyendo ahora los del BIESS y los institutos de Seguridad Social. (el gobierno anterior dejó al MEF como una caja fiscal) ¿Adónde apunta el proyecto de ley? Pues al control de los recursos del estado incluyendo los estos institutos y banco. Es que en tiempo de crisis y con una caja fiscal vacía, el gobierno intenta captar recursos dentro de las diferentes instituciones públicas y, en tiempos difíciles, lleva a eliminar autonomías u otras restricciones en las instituciones autónomas, con tal de acceder a recursos. Tal es la iliquidez fiscal que se le ha recortado 100 millones de dólares a las universidades públicas, no se pagan a tiempo los sueldos de la burocracia y se quitan recursos a varias instituciones públicas. A más de pagar la deuda, en tan grave crisis, demuestra que prioridades tiene el gobierno, de lo cual podemos deducir que sería capaz de tomar medidas imprevisibles. ¿Veremos que hacen los asambleístas?

Además de lo analizado, en el artículo anterior, sobre el proyecto de ley de Apoyo Humanitario este incluye una reforma laboral: flexibilidad laboral, y, el concordato comercial. Que supuestamente, la primera, es para preservar el empleo y el segundo es una especie de ley de quiebras de mayor ejecutividad. En este artículo, analizamos estos dos temas.

La flexibilidad laboral se basa en un acuerdo entre patronos y trabajadores que, de ser acordado, será de cumplimiento obligatorio. Se estipulan algunas condiciones para la empresa como no poder distribuir utilidades, no tener gastos suntuarios, presentación de estados financieros, etc. Si no llega a un acuerdo entre las partes la empresa pasa a liquidación. La forma de la flexibilidad laboral es la introducción de 2 tipos de contratos de trabajo. Uno, el contrato especial emergente, parcial u ordinario, que se celebraría para nuevas actividades o giro de negocios, con una duración de 2 años y renovable, jornada entre 20 y 40 horas, máximo 40 horas a la semana, distribuidas en 6 días a la semana, con remuneraciones y beneficios proporcionales a la jornada pacta. Dos, disminución de la jornada de trabajo, por eventos de fuerza mayor, por dos años, y con remuneración y beneficios de ley según la jornada reducida. En este caso, la empresa no podrá distribuir utilidades ni despedir trabajadores. Si lo hay, la empresa, deberá pagar una indemnización de 3 meses más las indemnizaciones previstas en la ley.

El centro de la flexibilidad laboral está en la posibilidad de reducir la jornada laboral lo que implica la reducción de los ingresos de los trabajadores, pero manteniendo la estabilidad. En el caso, del contrato especial emergente, las horas trabajadas pueden distribuirse en 6 días de la semana (incluye sábado y domingo) lo que implicaría que en esos dos días no se pagaría horas suplementarias, en el caso de se trabaje de noche de lunes a viernes, o, extraordinarias, cuando sea sábado o domingo. Esto implicaría un retroceso en el derecho de los trabajadores. En la segunda forma de reducción de la jornada de trabajo, por eventos de fuerza mayor, aunque se mantienen algunos de los derechos de los trabajadores, implica también una reducción de los ingresos. Si bien, en situaciones de crisis o emergentes, se debe buscar salvar a las empresas para mantener el empleo, debería asegurarse el pago de todos los beneficios de ley. Con esta reforma laboral, la balanza se inclina hacia el patrono. Durante el confinamiento ya ha habido denuncia de despidos en empresas y, con las empresas no esenciales paradas, algunas amenazan con bajar la remuneración. Esta reducción se garantiza con la flexibilidad laboral al disminuir la jornada de trabajo. Hay que buscar equilibrio entre el capital y trabajo, de manera de repartir las perdidas entre las dos partes de la relación laboral y no cargarle el peso de la crisis, por medio de la reducción de ingreso, a empleados y trabajadores. Más aún al seguro de desempleo, al que se acogerían los despedidos entre Abril y Julio de 2020, se torna más estricto y no está claro cuál sería el financiamiento para pagar a la avalancha de despedidos que se daría en ese periodo.

Para paliar los efectos de la crisis generada por la paralización de la actividad económica, se estable el concordato preventivo excepcional, que se aplicaría para las actividades comerciales (empresas o personas naturales) para negociar las obligaciones en lo referente a las condiciones: plazos y reducción o reestructuración de las deudas. Esta figura legal es una especie de ley de quiebras que, posibilita de manera más pragmática, negociar las deudas. Si no se llega a un acuerdo, se llamaría a un concurso de acreedores pero se establece la prelación de pagos estando en segundo lugar las deudas al trabajador. Este concordato debería extenderse hacia todo tipo de empresas, debido a las dificultades y quiebras que se vienen en los sectores no comerciales.  

En síntesis, el proyecto de ley de “apoyo” humanitario en cuanto a la contribución solidaria, la mayor parte (dos terceras partes) recaen sobre los empleados y trabajadores públicos y privados, solo un tercio lo pagarían las empresas. Pero más, a los empleados públicos, después de contribuir 9 meses, se les rebajaría el sueldo de manera permanente, aún más, se despedirían a los contratados eventualmente y también habría fusiones de entidades públicas que implicaría el despido de aquellos con nombramiento provisional y hasta los funcionarios cuyos cargos resulten duplicados por efecto de la fusión. En el caso de los empleados y trabajadores del sector privado se estable una reducción de la jornada laboral lo que implica reducción de sus ingresos. En resumen, el proyecto carga la mayor parte de la crisis sobre trabajadores y empleados. La crisis económica será muy grave pues se proyecta una contracción del 6.5% del PIB.