Luis Rosero M.

El informe del INEC, del IV trimestre de 2020, muestran un grave deterioro del mercado de trabajo, crecimiento de la pobreza y mayor desigualdad como producto de la crisis de 2019 y de la triple crisis económica, social y sanitaria de 2020 que se traduce en un reducción de la calidad de vida de la población. Eso explica porque no se publicó dicho informe a tiempo, aduciendo el cambio de la metodología para la estimación de los indicadores laborales.

La tasa de empleo adecuado se reduce de 38.8%, en diciembre de 2019, a 30.8%, en el mismo mes de 2020. O sea, una reducción de 8% de los empleados y trabajadores que cuentan con seguridad social, pago de beneficios sociales y contrato laboral. Este resultado explica el aumento de la tasa desempleo de 3.8 a 5% (401.305 desempleados). En términos de género, las más afectadas han sido mujeres ya que, a diciembre de 2020, su tasa de desempleo fue de 12.8% mayor que la de los hombres.  En tanto que la del subempleo pasa de 17.8 a 22.7% en el mismo período (1’833.700 subempleados). Estos datos influyeron para que creciera el sector informal urbano, a nivel nacional, de 46.7 a 51.1% en el periodo nacional. La triple crisis se refleja en un gran deterioro del mercado de trabajo en términos de aumento del desempleo, subempleo y sector informal, siendo las mujeres las sufrieron el mayor impacto laboral. Esto fuera de la reducción del salario y aumento de la jornada por la reforma laboral y  por el teletrabajo.

El deterioro del mercado de trabajo incidió en un agravamiento de las condiciones de pobreza de la población. En efecto, a nivel nacional, la pobreza, medida por ingresos, pasa de 25 a 32.4% mientras que la pobreza extrema de 8.9 llega 14.9% de diciembre de 2019 al de 2020. O sea, el grave deterioro de las condiciones de subsistencia pues casi un tercio de la población se encuentra en la pobreza y el 15% en pobreza extrema. En cifras, aumentaron los pobres en 1.3 millones. Pero lo más crítico es que la pobreza rural alcanzó el 47.9% y la extrema pobreza llegó 27.5% a Diciembre de 2020. En otras palabras, los dos tipos de pobreza son más graves en el campo pues casi la mitad de la población rural es pobre mientras que más de una cuarta parte es extremadamente pobre. El INEC define como pobres a los que reciben un ingreso familiar per cápita de  $84.05 y como pobres extremos si perciben 47.37 dólares mensualmente.

Pero más aún, la concentración del ingreso, medido por el coeficiente de Gini, aumento más. En efecto, dicho índice pasa de 0,454 a 0,485. En otras palabras, la desigualdad también aumentó pues lo que tienen más ingresos ahora estos son mayores. Dicho en otros términos, los ricos se hicieron más ricos y los pobres crecieron.  La encuesta del INEC determina también que el ingreso laboral fue $ 345,5 a diciembre de 2019 y en el mismo mes de 2020 se redujo a $ 309,9 en el caso de los hombres mientras que para las mujeres este pasa de $ 292,7 a 262.6 en dicho periodo. Estos datos muestran que hay desigualdad entre los ingresos laborales entre hombres y mujeres.

 A más de la mala gestión de la pandemia, vacunación preferencial ante el covid, crisis carcelaria, etc. la población sufrió el deterioro del mercado de trabajo traducido en un mayor desempleo, subempleo y sector informal urbano. A lo que se suma el aumento de la pobreza y pobreza extrema. Los que perdieron su empleo y no lo recuperaron pasaron a ser pobres entre los que se encuentran tanto la clase popular así como la clase media. Pero además aumentó la desigualdad. La política de subsidios del gobierno, a través de bonos, no alcanza a cubrir a la mayoría de pobres y pobres extremos. Estamos en una grave situación social, que implica un crítico deterioro de las condiciones de vida de la población que a su vez produce un aumento de la violencia y la delincuencia. Esto significa un retroceso de 10 años respecto al aumento de las condiciones de vida de la población, que se obtuvo en el gobierno anterior. Lo peor es que, en el I Trimestre de 2021, por la segunda ola de la pandemia, seguirá aumentando el desempleo, subempleo y el sector informal así como la pobreza, lo que lleva al país al riesgo de un estallido social si no atiende adecuadamente el grave deterioro de las condiciones de vida.

Luis Rosero M.

El gobierno reenvío, el 23 de Febrero, proyecto de ley para la “Defensa de la Dolarización” que reforma el Código Monetario Financiero, con el carácter de urgente. Lo hace en medio de un escenario conflictivo: en el que se definirá el segundo lugar de las elecciones presidenciales, el escándalo  por la denuncia de vacunación anticovid a los familiares del Ministro de Salud y otros (que llevó a su renuncia y huida del país), y, la masacre en las cárceles del país.

El proyecto de ley, en lo principal, reforma la gobernanza de la Junta Monetaria y del Banco Central, reformando la forma de constitución del directorio de la primera y la reimplantación del directorio del segundo con miras a restaurar su autonomía. En su reenvío se cambia  y se amplía la exposición de motivos y el considerando pero mantiene intacto la propuesta de reforma. Esta es uno de los condicionamientos del FMI por el acuerdo crediticio, que debe cumplirse en el I Trimestre de este año, para recibir 400 millones.

En el gobierno anterior, se hizo una profunda reforma financiera estableciéndose una nueva arquitectura financiera doméstica basada en 4 pilares: 1. Una red de seguridad financiera que incluye la constitución de un fondo de liquidez, un seguro de depósito y la aplicación de la resolución bancaria, 2. Creación de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria para la supervisión y control de las cooperativas no financieras y las de ahorro y crédito, 3. Una reforma a la ley de mercado de valores para incentivar el desarrollo de éste y 4. El fortalecimiento de la banca pública. Para ello, se aprobaron las leyes respectivas. Después, en 2014, se aprobó el nuevo Código Monetario Financiero con lo que se concluye dicha reforma.

Respecto al Banco Central, la constitución de 2008 estableció que la formulación de dicha política es facultad del ejecutivo y se instrumentará a través del Banco Central. En una reforma a la Ley de Régimen Monetario y del Banco del Estado, de Octubre de 2009, se reafirma lo establecido en la constitución y se cambia la constitución del directorio del Banco Central, pasando a un directorio de 6 miembros: 3 ministros, el secretario de Senplades, un delegado del Presidente y otro por las instituciones financieras de desarrollo. En otras palabras, en vez de miembros del Directorio del sector privado se estableció que dicho directorio se constituya con funcionarios públicos. En otros términos, la política monetaria pasó a ser diseñada por el ejecutivo e instrumentada por el Banco Central, tal como lo establece la constitución de 2008. En el artículo “Los cambios institucionales en el Banco Central del Ecuador”, publicado por Debate No. 79, de Abril de 2020, analizó en detalle este cambio fundamental en la gobernanza del ex instituto emisor.

Con la publicación del Código Monetario y Financiero, en Setiembre de 2014, se establece una nueva institucionalidad para la regulación sistema financiero y monetario. Se crea la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, que norma y formula la política en  las actividades monetarias, crediticias, cambiarias, financiera, de seguros y valores. La constitución de la Junta serían: 3 ministros, el secretario del Senplades y un delegado del Presidente. Con este cambio, desaparece el directorio del Banco Central, y toda la regulación y política del sistema financiero, incluido lo monetario, queda bajo la responsabilidad de esta Junta. Esta estructura institucional cambiaría con la reforma al Banco Central y al Código Monetario y Financiero, según el proyecto de ley reenviado, restituyendo el directorio del Banco del Banco Central y modificando la constitución del directorio de la Junta, en ambos casos, con miembros del sector privado.

Luis Rosero M.

El CNE proclamó los resultados de las elecciones presidenciales, en la primera vuelta, confirmando el triunfo del progresismo y, el segundo lugar, a la derecha, pero en medio de la incertidumbre que Yacu Pérez denuncia resultados fraudulentos, un consejero del CNE pide licencia, la marcha indígena para solicitar el reconteo de votos, la solicitud de la Fiscalía General (FG) a la Corte Nacional de Justicia (CNE) para el registro y la retención de la información en la base de datos del CNE a la que se sumaría una auditoria por parte de la Contraloría General del Estado.

Todos estos hechos siembran incertidumbre sobre la legitimidad y situación legal de los resultados electorales. A más de los problemas del mal manejo de la gestión de la pandemia, la aparente segunda ola de esta, las irregularidades en el proceso de vacunación anticovid de las que se acusa al Ministro de Salud se suma esta incertidumbre que deja en tela de duda dichos resultados. Se está gestando un escenario político conflictivo de incalculables consecuencias.

La delicada situación electoral comenzó cuando el candidato Lasso, de derecha, se retractó del acuerdo de reconteo de votos al que había llegado con Yacu Pérez, del movimiento indígena. Al parecer se trató de una estrategia de la derecha, Creo-PSC, para diluir y engañar a Pérez sobre la posibilidad del reconteo. Las acusaciones de Pérez sobre resultados electorales fraudulentos y la marcha indígena así como las denuncias del progresismo sobre un posible aplazamiento de la segunda vuelta generan mucha tensión política y la posibilidad de conflictos por la posibilidad de que la CNJ de paso a dicha solicitud que sería algo inédito en el proceso electoral ecuatoriano. Legalmente, el CNE es el único ente que puede proclamar y dar a la validez a los resultados electorales y cuando hay un proceso electoral en marcha es la máxima autoridad legal para proclamar estos resultados. La acción de la FG y la Contraloría produciría más tensión e incertidumbre electoral y, por otro lado, estas aumentarían si se conocieran las fuerzas que están detrás de estas acciones. El art. 16 del Código de la Democracia señala claramente que “Ninguna autoridad extraña a la organización electoral podrá intervenir directa o indirectamente en el desarrollo de los procesos electorales ni en el funcionamiento de los órganos electorales.” Más aún, podría desatarse enfrentamientos, conflictos políticos y sociales por las acciones que emprenderían los partidarios de las 3 fuerzas políticas a fin de defender el resultado en las urnas.

Aún más, el escenario político se complicó cuándo Omar Maluk, ex Decano del ICHE, ahora Facultad de Ciencias Sociales y Humanistas, de la ESPOL, en un tweet señala “Debido a una encuesta realizada por un medio de comunicación, en estos momentos pande, el cúnico …. Por lo que adelanto resultados de la encuesta virtual iniciada ayer con 1500 datos son: AA 63% GL 37% sobre votos válidos.” Maluk pronosticó el triunfo de Andrés Arauz si no participaba Noboa.

En síntesis, el escenario electoral es conflictivo y delicado  generado por los diferentes problemas en el CNE, la acción de la derecha al rectractarse del reconteo, la marcha indígena y la solicitud de la FG y Contraloría. Se puede desatar un conflicto político de imprevisibles consecuencias, por lo que le toca a las autoridades electorales, actores políticos y a las instituciones de justicia actuar con transparencia,  apegada a la ley y garantizar unos resultados electorales que reflejen la voluntad popular. Para abonar al clima de paz, la Misión de Observación Electoral de la OEA llamó ayer a las autoridades del Ecuador, a resolver las reclamaciones bajo el marco de la ley y proceder al cumplimiento del calendario electoral.