INCERTIDUMBRE ELECTORAL

Luis Rosero M.

El CNE proclamó los resultados de las elecciones presidenciales, en la primera vuelta, confirmando el triunfo del progresismo y, el segundo lugar, a la derecha, pero en medio de la incertidumbre que Yacu Pérez denuncia resultados fraudulentos, un consejero del CNE pide licencia, la marcha indígena para solicitar el reconteo de votos, la solicitud de la Fiscalía General (FG) a la Corte Nacional de Justicia (CNE) para el registro y la retención de la información en la base de datos del CNE a la que se sumaría una auditoria por parte de la Contraloría General del Estado.

Todos estos hechos siembran incertidumbre sobre la legitimidad y situación legal de los resultados electorales. A más de los problemas del mal manejo de la gestión de la pandemia, la aparente segunda ola de esta, las irregularidades en el proceso de vacunación anticovid de las que se acusa al Ministro de Salud se suma esta incertidumbre que deja en tela de duda dichos resultados. Se está gestando un escenario político conflictivo de incalculables consecuencias.

La delicada situación electoral comenzó cuando el candidato Lasso, de derecha, se retractó del acuerdo de reconteo de votos al que había llegado con Yacu Pérez, del movimiento indígena. Al parecer se trató de una estrategia de la derecha, Creo-PSC, para diluir y engañar a Pérez sobre la posibilidad del reconteo. Las acusaciones de Pérez sobre resultados electorales fraudulentos y la marcha indígena así como las denuncias del progresismo sobre un posible aplazamiento de la segunda vuelta generan mucha tensión política y la posibilidad de conflictos por la posibilidad de que la CNJ de paso a dicha solicitud que sería algo inédito en el proceso electoral ecuatoriano. Legalmente, el CNE es el único ente que puede proclamar y dar a la validez a los resultados electorales y cuando hay un proceso electoral en marcha es la máxima autoridad legal para proclamar estos resultados. La acción de la FG y la Contraloría produciría más tensión e incertidumbre electoral y, por otro lado, estas aumentarían si se conocieran las fuerzas que están detrás de estas acciones. El art. 16 del Código de la Democracia señala claramente que “Ninguna autoridad extraña a la organización electoral podrá intervenir directa o indirectamente en el desarrollo de los procesos electorales ni en el funcionamiento de los órganos electorales.” Más aún, podría desatarse enfrentamientos, conflictos políticos y sociales por las acciones que emprenderían los partidarios de las 3 fuerzas políticas a fin de defender el resultado en las urnas.

Aún más, el escenario político se complicó cuándo Omar Maluk, ex Decano del ICHE, ahora Facultad de Ciencias Sociales y Humanistas, de la ESPOL, en un tweet señala “Debido a una encuesta realizada por un medio de comunicación, en estos momentos pande, el cúnico …. Por lo que adelanto resultados de la encuesta virtual iniciada ayer con 1500 datos son: AA 63% GL 37% sobre votos válidos.” Maluk pronosticó el triunfo de Andrés Arauz si no participaba Noboa.

En síntesis, el escenario electoral es conflictivo y delicado  generado por los diferentes problemas en el CNE, la acción de la derecha al rectractarse del reconteo, la marcha indígena y la solicitud de la FG y Contraloría. Se puede desatar un conflicto político de imprevisibles consecuencias, por lo que le toca a las autoridades electorales, actores políticos y a las instituciones de justicia actuar con transparencia,  apegada a la ley y garantizar unos resultados electorales que reflejen la voluntad popular. Para abonar al clima de paz, la Misión de Observación Electoral de la OEA llamó ayer a las autoridades del Ecuador, a resolver las reclamaciones bajo el marco de la ley y proceder al cumplimiento del calendario electoral.