Luis Rosero M.
En el artículo anterior señalé que el Banco Mundial incluye al Ecuador como un país con calificaciones crediticias leves, situándolo como una economía con mayor riesgo en su deuda externa, lo que podría implicar la posibilidad de problemas de la sostenibilidad de esta deuda lo cual podría derivar en una crisis de ésta. En artículos anteriores ya había señalado la posibilidad de un convenio con el FMI, pero se trataría de un crédito de servicio ampliado (SAF) que ya firmaron los dos gobiernos anteriores.
Según informó Expreso, la deuda pública (agregada) del país alcanzó, a diciembre de 2023, 79.316 millones de dólares que, si le agregamos los otros pasivos de 4591 millones, sumaria 83907 millones de dólares que representaría el 70.2% del PIB, cifra mayor a la que señala el Boletín de Deuda Pública del Ministerio de Finanzas (51.2%). Lo más crítico es que las dos terceras partes de la deuda es con el exterior. Y aún más, cerca del 60%, de la deuda externa, corresponde a organismos financieros internacionales, siendo el principal acreedor el FMI.
De acuerdo con la información del Ministerio de Finanzas, del perfil principal de la deuda externa los vencimientos de ésta serían en el periodo 2024-2027 corresponderían a 2246, 3220, 3996 y 4315 millones de dólares respectivamente, siendo los años con más alta amortización 2026-2027 que sumarían 8311 millones de dólares que, con un déficit del presupuesto del estado 2024 (6000 millones) representa un aumento del riesgo de la deuda externa que podría derivar en una crisis de su sostenibilidad. Es por ello, que el riesgo país desde la posesión del actual gobierno llegó a alcanzar a diciembre de 2023 más de 2000 puntos hasta que se aprobaron los proyectos de leyes tributarias y otras enviadas por el ejecutivo.
El financiamiento del presupuesto de 2024 se cubrirá con una lluvia de impuestos y otros ingresos: IVA al 15%, ICE de 5%, contribuciones de grandes empresas y bancos, adelanto del impuesto a la renta de 2024, venta de oro, parte de la RM, que aumento las ganancias del Banco Central que fueron trasladadas -por ley- al Ministerio de Finanzas, impuesto a los pronósticos deportivos, renegociación de los contratos con las telefónicas, focalización del subsidio a las gasolinas. A lo que se agrega, la recuperación de parte de los activos incautados a narcos y el dictamen favorable al país de un juicio que realizó una empresa extranjera. Esto explica por qué bajo el riesgo país, en el mes de marzo, además del anunció de la firma del convenio con el FMI.
El trasfondo del nuevo convenio con el FMI es evitar una crisis de deuda. Todos estos nuevos recursos más los 3000 millones de crédito que se obtendrían de ese organismo podrían cubrir el pago de las amortizaciones de la deuda externa en el período 2024-2025, sobre todo para pagarle al propio FMI y otros organismos multilaterales que son los principales acreedores del país.
En el gobierno de Moreno se firmó, en junio de 2019, un SAF por 6500 millones de dólares que implicó una serie de reformas y con Lasso, en 2021, se renegociaron las metas del mismo. Ahora con este nuevo SAF, en el gobierno de Noboa, se aplicarán una serie de reformas estructurales en los sectores financieros, política monetaria, gasto público, política fiscal y otros. Además, se impondrán condicionalidades cuantitativas en déficit fiscal, endeudamiento, base monetaria, reservas.
Como había señalado, en estos gobiernos se hizo más pronunciada la tendencia perversa de déficit fiscal-más impuestos-reformas tributarias que derivaban en más endeudamiento, sobre todo externo. Ahora al parecer se seguirá la misma tendencia. El aumento constante de la deuda externa implica obtener más recursos tributarios para pagarla y genera un efecto desplazamiento de otros rubros del presupuesto del Estado quedando menos recursos para inversión pública, gasto social, subsidios, etc.
El ex ministro de Finanzas, Marcos Flores T., en un artículo de este año, señala que “Solo cuestión de tiempo la crisis de la deuda pública ecuatoriana”, lo que podría derivar en una renegociación de la deuda externa que requiere el aval del FMI. No es casualidad entonces que se firme un convenio con este organismo por la posibilidad de una crisis de deuda que, se resuelve temporalmente, ampliando el plazo de pago de la deuda lo que implica pago de un mayor valor de intereses y comisiones. Continuaría así dicha tendencia perversa.
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