Luis Rosero M.

En el primer artículo, sobre este tema, tratamos sobre una de las causas del empate técnico en la elección presidencial. Ahora, en esta segunda parte, trataremos muy brevemente otras causas, pero me referiré más sobre los efectos de este resultado electoral sobre la gestión del gobierno y la nueva estructura política del país.

Entre las causas esta la calidad de la gestión del gobierno que ha resultado de menor eficacia para enfrentar, entre otras, la crisis energética. Ya en abril de 2024, se conocía que el sector eléctrico del país estaba en crisis y que habría apagones. Sin embargo, el gobierno no actuó a tiempo para incrementar la oferta eléctrica por lo que hubo apagones entre la última semana de septiembre y la tercera semana de diciembre del año pasado. Los apagones, por fin terminaron, en la última semana de diciembre, pero se corre el riesgo de que estos se reactiven en abril de este año por lo que aumentaría el malestar de la población que impactaría en el clima social. Por ello, el gobierno hará nuevas contrataciones para proveer de más energía eléctrica. Según un experto el déficit de ésta en 2025 sería de 700 MW, por lo que el gobierno llamaría a licitación por 638 MW pero, de los cuales  532 MW fueron nuevamente relanzados que correspondieron a contratos incumplidos por la empresa Worlding,  en el año pasado, por 372 millones.. Según los pronósticos de la empresa pública ETAPA, la sequía sería en junio y afectaría a la principal hidroeléctrica del país.   Algo parecido ha ocurrido con la estrategia de seguridad del gobierno. Si bien se ha redujo el número de muertes violentas en 2024, en enero de 2025 se registró el mayor número de estas. Se han incrementado las extorsiones, secuestros, problemas en la Penitenciaría del Litoral, asesinatos en ciudadelas cerradas; balacera en el puente de la Unidad Nacional, que dejo un muerto, etc. Los resultados muestran que la estrategia de seguridad no esta funcionando para frenar la ola de violencia en el país que tiene en zozobra y temor a la población por el nivel de inseguridad en el país. Ahora, el gobierno propone autorizar el ingreso de fuerzas especiales del extranjero para que combatan al crimen organizado.  Lo cierto es que hay malestar en la ciudadanía por la inseguridad.

Tal ha sido las consecuencias que, en cuanto a los efectos en el gobierno, hizo algunos cambios en los funcionarios relacionados con el bloque de seguridad. Así, se nombró a un nuevo ministro del interior a Fausto Buenaño, ex viceministro de Seguridad Pública y subcomandante de la Policía, que reemplaza a M. Palencia, ex funcionaria de alto poder. Además, se nombró a Víctor Andrade, ex militar, como nuevo director del SNAI, institución que se encarga de la gestión en las cárceles. Inclusive se nombró a una nueva gobernadora en Guayas, para complementar la acción contra la ola delictiva de esta provincia. Con estos nombramientos, el gobierno apunta a fortalecer la estrategia de seguridad de mano dura, con la militarización y policías. A más de los delitos señalados, esta nueva administración del bloque de seguridad, tendrá que enfrentar desapariciones que ya llegan a 800 casos el en el país, según el Ministerio del Interior. Otro cambio ministerial, fue en el Ministerio de Salud, nombrándose a Edgar Lama, abogado, que buscaría mejorar la gestión de Manuel A. Naranjo que no pudo poner en funcionamiento el equipamiento en seis casas de salud ni la atención que tienen una situación crítica. Estos tres cambios, buscan mejorar la calidad de la gestión en seguridad, cárceles y salud que no habían obtenidos buenos resultados. También hubo cambio en el Ministerio de Finanzas, nombrándose a Luis A. Jaramillo, ex ministro de Producción, ex director de SENAE (aduana) y gerente de empresas. Con eso se busca darle mayor eficiencia a dicho ministerio y buscar un nuevo acuerdo con el FMI que proveería más recursos. Esto es importante sobre todo de cara a la segunda vuelta electoral. El ministro de Gobierno señalo que estos cambios en el gabinete afinan la maquinaria para segunda vuelta.

Como había señalado, que varios programas de gobierno se activaron antes de la campaña electoral cuyos incentivos podrían influir en la decisión electoral. Entre ellos, programa de becas para futuro femenino, programa de jóvenes en acción que entrega un bono de 400 dólares por la realización de actividades ambientales. Sobre este último, el informe de la OEA señala “Diversos actores del proceso cuestionaron al programa Jóvenes en Acción, iniciativa de gobierno que se implementó durante el periodo electoral y que promueve incentivos financieros a la juventud.” Ahora se esta promocionando la entrega de un salario mínimo a los migrantes deportados (en México se estableció un programa de empleo y afiliación a la seguridad social), el subsidio de hasta $ 7050 para compra de vivienda popular y créditos hipotecarios por parte del BIESS con un fondo de $ 5341 milones. Para completar esta estrategia de programas sociales, la Asamblea aprobó el proyecto de ley para impulsar la Economía de Mujeres emprendedoras, insistiendo en el apoyo éste género, calificado como urgente económico. Son buenas iniciativas, pero se ejecutan previo y en la campaña electoral.

Respecto a los efectos políticos, los resultados de la elección legislativa muestran que el partido de gobierno (ADN7) obtuvo 66 curules de la Asamblea pero, según los últimos datos preliminares del CNE, RC7 habría obtenido 67, lo que significaría que este movimiento tendría a cargo la instalación de la sesión inicial de la nueva Asamblea. Con estos resultados ninguna de las dos fuerzas políticas alcanza la mayoría (77), por lo que el ministro de Gobierno se apresuró a invitar a un dialogo a las otras fuerzas políticas que serían PKT con 9 asambleístas, PSC 4, movimientos locales 2, alianza UP, PID y PSE uno. Con ello, el gobierno espera alianza con algunos de estos partidos y movimientos a fin de contrarrestar el poder legislativo de la RC5 y aprobar los proyectos de ley que requeriría en un posible segundo mandato. Otro aspecto importante es que, con los resultados electorales de la Asamblea, al parecer, se estaría conformando una estructura política que se basaría en el bipartidismo. Si bien, ninguna de las dos fuerzas políticas tendría mayoría lleva a que los movimientos políticos minoritarios (por obtener pocas curules) se tornen claves para tener un predominio en la asamblea. Por eso, el llamado del gobierno a esas minorías, en el que PK podría inclinar la balanza hacia uno de los lados para formar una mayoría que sería móvil.

En síntesis, los cambios en el gabinete se orientarían en mejorar la calidad de la gestión en seguridad, cárceles, salud y finanzas. En la primera, el cambio apunta a una presencia en el territorio de quienes están a cargo de la estrategia. En salud, buscaría poner en funcionamiento el equipamiento médico en hospitales y mejorar la atención a los usuarios. En finanzas, se buscaría agilizar la asignación de recursos y buscar más recursos con el FMI. En la Asamblea, busca lograr una mayoría para aprobar leyes requeridas para apuntalar estas tres áreas claves de la gestión gubernamental. Se insiste en programas sociales dirigido a mujeres, jóvenes y vivienda popular. Con estos, los dos grupos iniciales recibirían un incentivo y un subsidio monetario, mientras que el BIESS daría créditos para compra de casas populares. Todo un esquema de programas sociales previo y durante la campaña electoral de la segunda vuelta.

Luis Rosero M.

Las elecciones presidenciales, de febrero 9, arrojaron un resultado sorpresivo que se explica por una serie de causas y, a su vez, generó una variedad de efectos tanto en el gobierno como en las otras organizaciones políticas que establecen, al parecer, un cambio en el mapa y estructura política del país. En la segunda vuelta electoral se definirán las alianzas y éstas contribuirán a definir al nuevo presidente del Ecuador. En este artículo trataré sobre las causas.

Según los resultados electorales, del 16 de febrero, divulgados por el CNE, la diferencia entre los candidatos presidenciales D. Noboa y L. González era apenas de 0.18%, o sea un empate técnico. El exit poll, del sr. Tello, autorizado por CNE, daba como ganador, en la primera vuelta, con más del 50%,  al partido de gobierno. Los resultados reales tienen un tinte de derrota para el primero y un avance significativo para la candidata del RC5 que superó su votación dura, que además estableció un nuevo mapa electoral que ganó en 10 provincias y marcó su liderazgo en las 6 provincias de la costa, dos de la sierra (Imbabura y Loja) y dos en la amazonia. El candidato del gobierno, en cambio, gano en 9 provincias de la sierra, 4 de la amazonia y en Galápagos. El nuevo mapa político ahora es regional, con predominio del correísmo en la costa mientras que ADN7 es mayoritario en la sierra y amazonia. Los resultados de las elecciones presidenciales indicarían que estaría en curso una crisis de representación política, en la que los partidos tradicionales desaparecerían del mapa político e, inaugurarían, al parecer, la predominancia de dos fuerzas políticas, que ya se expresa con la mayoría de las curules de la Asamblea repartidas entre ADN7 y RC5 obteniendo la primera 67 asambleístas mientras que la segunda 66. Pachakutik alcanza 7 y el PSC solo 5. Este último no alcanzó ninguna curul en la Asamblea en la provincia del Guayas, lo que marca el inicio de su pérdida de preferencia electoral justamente en su bastión.

Entre las causas, que explicarían los resultados de la votación presidencial, estarían el escenario electoral, la calidad de la gestión del gobierno, el uso del poder e inducir en la decisión electoral, los rasgos del gobierno, etc.

Respecto al escenario electoral destaca la múltiple crisis que vive el país que principalmente se refiere a la crisis energética, de seguridad, institucional, económica y social. En cuanto a la primera, los efectos de los apagones, en la última semana de septiembre hasta la tercera semana de diciembre de 2024, que llegaron hasta 14 horas, para el sector residencial, y de hasta de 24 horas para el sector industrial, en ciertos periodos, causaron malestar en la ciudadanía, y pérdidas en las pequeña-mediana empresas y emprendedores. La crisis de seguridad continua. El asesinato del comandante del Grupo de Operaciones Especiales de la FAE, que dirigía las operaciones delictivas en Duran; el secuestro del gerente del hospital Teodoro Maldonado del IESS, el secuestro de un funcionario del IESS, el aumento de las extorsiones (vacunas) y de los secuestros,  los 3 muertos en la Penitenciaría del Litoral, la masacre de 7 moradores de Pascuales, el asesinato de 4 personas (al parecer con antecedentes penales) en una urbanización de Samborondón, cuyo efecto es la perdida de tranquilidad y paz en estas ciudadelas cerradas que supuestamente eran las más seguras. Si bien ha habido una reducción de las muertes violentas los otros delitos señalados han aumentado reflejando que todavía la estrategia de seguridad no puede contener la violencia criminal sobre todo en Durán, Pascuales, Manabí y El Oro, a pesar de varios estados de excepción decretados y los continuos operativos realizados en las zonas de mayor criminalidad. La ola de violencia causa temor y zozobra de la población que se ha visto obligada a cambiar comportamientos de movilización por el miedo a la inseguridad.

La crisis institucional se refleja en la permeación de otras funciones del estado. Así en la justicia, hay varios jueces y funcionarios de la corte de justicia que han sido enjuiciados por influir en las decisiones de jueces.  En la electoral, el Tribunal Contencioso Electoral, cuyo presidente fue destituido en agosto de 2024 denunció una decisión ilegal, que ha permitido el control del organismo; también no se permitió la inscripción de listas a asambleístas nacionales de 4 organizaciones políticas, como lo señala el informe preliminar de la Misión de Observación Electoral de la OEA, que también indica que se negó la inscripción de la candidatura presidencial de Jean Topic, de SUMA; respecto al encargo de la presidencia para realizar campaña electoral, el informe señalado advirtió que “ la campaña transcurrió hasta el último día sin que hubiera claridad sobre si el Presidente debía o no tomar una licencia. Esta situación generó un alto nivel de incertidumbre, tensión y desconfianza.” Además, dicho informe señala, respecto a la actuación de la Corte Constitucional (CC) indico que “no le corresponde pronunciarse sobre la existencia de presuntas infracciones electorales”, puesto que esta cuestión es “de competencia exclusiva del Tribunal Constitucional Electoral”. Es decir, la Corte no se pronunció sobre si el presidente de la República debía o no tomar una licencia.”  Más aún, el informe recalca que la CC declaró la inconstitucionalidad del decreto No. 500 y 505, del encargo de la presidencia, con sentencia dictada el 23 de enero pero que recién fue conocida 11 días después   En otras palabras, la CC no se pronuncia claramente sobre temas claves y a tiempo, generando incertidumbre sobre su actuación y adoptando una posición de hechos consumados.

Finalmente, los indicadores de la crisis económica muestran claramente la tendencia a la contracción económica en 2024. En el IV trimestre por los apagones se perdieron 249.000 empleos. La recesión del año anterior provocó efectos en el mercado de trabajo y en lo social. Así, la tasa de empleo adecuado cayó a solo 33%, mientras que el subempleo subió a 24.5% y el empleo informal alcanzó 58%, la migración y las deportaciones de ecuatorianos desde EE.UU. aumentaron. En lo social, la pobreza por ingresos aumento dos puntos, llegando a 28%, mientras que la pobreza extrema también creció registrando 12.7%. Pero también hay otros problemas económicos como el elevado crecimiento de la deuda externa, que aumenta el riesgo de la sostenibilidad de ésta; el déficit fiscal de alrededor de 2% a pesar del incremento del IVA y otras contribuciones fiscales. En conclusión, la realidad objetiva, expresada en la múltiple crisis del país, influye en la percepción de los electores que muestra el aumento del descontento de la población y el malestar del sector de la mediana y pequeña empresa generadora de la mayor parte del empleo, o sea un clima social negativo, lo cual incidió en la decisión electoral.

Luis Rosero M.

Con resultados de la elección presidencial, dados por el CNE con corte a las 8:10 H de hoy, con el 92% de las actas validas escrutadas, hay un empate técnico entre D. Noboa (ADN) y L. González (RC), con lo que habrá una segunda vuelta electoral para definir la elección del primer mandatario. El 8% de las altas faltante podría llevar a un empate definitivo. Las elecciones de asambleístas nacionales y provinciales reflejo el peso de ambos movimientos políticos obteniendo la mayor parte de la bancada de la Asamblea, tanto nacionales como provinciales, mientras que en los asambleístas del exterior hubo sorpresas. Lo crucial en la elección, en la segunda vuelta, será las alianzas que definirán al ganador como ya habíamos anticipado hace semanas. Los resultados muestran el fracaso del exit poll y su publicación en la TV estatal y una privada y que dejan dudas sobre la veracidad de estas encuestas Esta elección se dio en el marco de una múltiple crisis del país, entre la que destacan la de seguridad, energética, empleo y la social.

Como es característico en el país, en las elecciones generales, hay una amplia dispersión en número, ideología y programas de gobierno de organizaciones políticas. Para el caso de la elección presidencial, hubo 16 candidaturas. El resultado, según los datos del CNE, muestra nuevamente la polarización entre dos movimientos políticos antagónicos, lo que reflejaría una tendencia a la bipolaridad  (Noboa, ADN 44.3% y González, RC5 43.8%) con una serie de movimientos minoritarios que alcanzaron pocos votos a excepción de PKT, con N. Iza que logra el tercer lugar (5.26%)  y el cuarto PSP  (2.71%) con A. González.  El quinto (0.7%, PSC) y sexto puesto (0.5%, PS) no alcanzan ni el 1% de la votación. Mientras que la decena de organizaciones restantes están por debajo del 0.5%, sumando todas juntas solo 2.46% de la votación. Pero el voto nulo llegó al 6.7% y el ausentismo 21.5%. También se revela la tendencia hacia la muerte política de partidos tradicionales como el PSC y ID, la misma suerte puede correr Construye (0.36%), una fracción de la derecha, que no alcanzó ni siquiera el 0.5% de los votos. También Creo (0.26%), aunque es un partido nuevo, perdería su presencia política.

 El resultado marca también diferencias en los resultados por regiones. RC5 gana en la costa, en las provincias más pobladas de la costa, supera con amplia diferencia en Manabí, Los Ríos y Santa Elena. En Guayas, El Oro y Esmeraldas la diferencia, aunque mantiene el primer lugar, es menor. En la sierra, solo triunfa en Imbabura y gana solo en dos provincias de la amazonia: Sucumbíos y Orellana. En cambio, ADN gana, en la sierra, con amplia diferencia, en Pichincha, Tungurahua, Chimborazo, Bolivar, Cotopaxi, Imbabura, Azuay. Lo mismo pasa en las provincias amazónicas como Morona Santiago, Pastaza y Napo. La votación del correísmo se afianzó en la costa que le da la mayor votación, en cambio Noboa alcanza el primer lugar por el favoritismo en la sierra y parte de la amazonia.

Respecto a las elecciones legislativas, seis aspectos importantes. Uno, aumentó el número de asambleístas de 137 a 151 debido al aumento de la población. Dos, 93 buscan la reelección, que fueron elegidos en las elecciones anticipadas de 2023. Tres, De estos, 25 asambleístas participan por otro movimiento político, los cuales se cambiaron principalmente a ADN que fue aumentando sus curules en la Asamblea. Cuatro, la calidad de asambleístas elegidas es cada vez menor, medida por el numero de leyes que aprobaron y el escaso criterio para seleccionar los temas relevantes, que cada vez su gestión legislativa se va deteriorando. Cinco, de los 2133 candidatos a asambleístas 236 tienen procesos judiciales, o sea el 11%. Y sexto, el CNE denuncia a candidatos de ADN por infracciones electorales por entrega de cocinas de inducción durante la campaña electoral.

Los resultados para asambleístas nacionales, refleja la misma polaridad anotada, ya que ADN alcanza el primer lugar (43.5%) y RC5 y Reto 33 llega a 41.1%. La misma tendencia se refleja en los asambleístas provinciales. En Los Ríos obtiene 44.5%, en Santa Elena RC5 34.5%, en El Oro 36.5% y en Esmeraldas 46% mientras que ADN 31.6%, 24.5%, 33.6% y 30,7% respectivamente, aunque el CNE no entregó resultados para Guayas y Manabí hasta el cierre de este artículo. Respecto a los asambleístas del exterior en Europa, Oceanía y Asia gana ADN (46%) y en segundo lugar RC5 (41.6%), pero con escasa diferencia. En cambio, ADN gana ampliamente en Canadá y EE.UU (53.1%) y en Latinoamérica, el Caribe y África (59.7%) mientras que RC5 logra solo 34.1% y 27.2% respectivamente. Es sorpresa este resultado, ya que el correísmo tenía el mayor favoritismo en las 3 regiones de los asambleístas del exterior. En el caso de Canadá y EE.UU., incidiría el bono que otorgo el gobierno para los ecuatorianos deportados de esas regiones.

De acuerdo a estos resultados preliminares del CNE, se daría una segunda vuelta pero si hay una diferencia entre Noboa – González de apenas o.5%, en la segunda vuelta van a pesar el tercer y cuarto puesto. Las alianzas se tornan vitales para ambos candidatos para ganar la presidencia. Como un posible aliado de la RC5 serían PKT (5.26%), PS (0.53%), Centro Democrático, CD (0.39%) y UP (0.39%). Mientras que Noboa tendría alianza con el PSP (2.71%), PSC (0.71%), Construye (0.36%), Avanza (0.32%) y Creo (0.26%).  Si se diera este tipo de alianza, el resultado de la segunda vuelta en la elección presidencial sería muy reñido y ajustado. Sin embargo, los votos no son endosables, pero si se concreta la alianza de RC5 con PKT y CD tendría mayores posibilidades de triunfo el correísmo. En tanto, en la Asamblea la mayor parte de las curules serían para ADN y RC5, tanto en asambleístas nacionales y provinciales mientras que en los asambleístas del exterior la mayor parte de las curules la tendría ADN.

En el caso, de RC5 su empate es sorprendente pues en su campaña se cometieron muchos errores sobre todo por las declaraciones de su candidata a CNN y uno de sus ministros, lo que lleva a especular que fueron los errores del gobierno que pesaron más en su resultado electoral como el caso de los apagones, en los que se no actuó a tiempo; la no eficacia de la estrategia de seguridad, de no permitir la asunción al poder de la vicepresidenta electa popularmente, la permeabilidad de las otras funciones del estado, el acoso judicial a su opositores, etc. Sin embargo, estos errores, que redujeron su votación, fueron compensados parcialmente por los programas y subsidios del gobierno como el programa de becas para mujeres, entrega de viviendas populares (Guayas, El Oro), la condonación de deudas de escaso monto en los bancos estatales, la entrega de un bono de $ 400 dólares a personas desempleadas y no estudiantes, la entrega de un bono de un salario mínimo para los ecuatorianos deportados del exterior, etc. La campaña electoral va a ser muy combativa y se utilizará todo recurso para denostar al adversario, jugará aún más la geopolítica, uso del aparato estatal, fake new, etc. Esperemos que los candidatos estén a la altura de las circunstancias y que sean democráticos aceptando los resultados electorales verificados.

Luis Rosero M.

El próximo 9 de febrero de 2025 se celebran las elecciones generales (presidenciales y legislativas) en el marco de una múltiple crisis (de seguridad, energética, económica, social, institucional, etc.), de los problemas de gestión gubernamental y, ahora, de la presión de la geopolítica. En este escenario crítico, la decisión de votar es fundamental para elegir a los mejores candidatos que, en el caso del presidente, debe ser un lider que pueda enfrentar con éxito la crisis, enrumbar al país por la senda del desarrollo que implique crecimiento, equidad, política social, integración y trabajo a fin de que mejoren las condiciones de vida de la población en especial de los marginados y los grupos más vulnerables de la sociedad.

El escenario electoral es muy crítico pues ha crecido la violencia política en último año. En 2024 fueron asesinados 3 alcaldes y en 2025 el burgomaestre de Arenillas. Las muertes violentas en enero de 2025 superaron a las de los años anteriores y las constantes masacres a familias se repiten. Este clima de violencia mantiene el estado de temor, miedo y zozobra en la población. De ahí que debe revisarse la estrategia de seguridad gubernamental. Las FF.AA. realizan operativos, hay detenciones continuas de sospechosos y se cercan zonas peligrosas enteras pero, después de un tiempo, la violencia resurge. Bajan algunos delitos pero aumentan otros como el secuestro y las extorsiones.

Por otro lado, hasta la tercera semana diciembre de 2024 sufrimos apagones que afectaron a la población y sectores productivos. No es problema reciente, los dos últimos gobiernos no realizaron las inversiones y mantenimientos necesarios de la infraestructura eléctrica. El actual gobierno tardó en contratar el incremento de la oferta eléctrica. Las lluvias, después de la sequía, contribuyeron al funcionamiento de las hidroeléctricas, reactivó una hidroeléctrica, barcazas eléctricas y se potenció ciertas centrales térmicas. Sin embargo, el incumplimiento de contratos hizo que se perdieran de generar 500 MW, que no se han podido reponer, y si se presenta el estiaje hay riesgo de nuevos apagones. El Consejo Consultivo de las Ingenierías y Economías, advirtió la posibilidad de apagones en abril de 2025, demandado que se transparente la información sobre la real situación del parque térmico y de los contratos de emergencia.

En cuanto la crisis económica, el Banco Central corrigió las estadísticas de crecimiento del I y II trimestre de 2024. En el IT de 1.2% se pasó a -1%, en el IIT de -2.2% se ajusto a -4% y en el IIIT la contracción fue de -1.5%. Con estos resultados, esta claramente establecida la tendencia de recesión. En el IV T, por efecto de los apagones tanto en hogares como en ciertas industrias, cayeron las ventas de negocios y ciertos sectores económicos con lo que habría decrecimiento, por lo que en el año 2024 la economía habría tenido un crecimiento negativo del al menos -1.5%. En el IV trimestre por los apagones se perdieron 249.000 empleos. La recesión del año anterior provocó efectos en el mercado de trabajo y en lo social. Así, la tasa de empleo adecuado cayó a solo 33%, mientras que el subempleo subió a 24.5% y el empleo informal alcanzó 58%. En lo social, la pobreza por ingresos aumento dos puntos, llegando a 28%, mientras que la pobreza extrema también creció registrando 12.7%. Pero también hay otros problemas económicos como el elevado crecimiento de la deuda externa, que aumenta el riesgo de su pago; el déficit fiscal de alrededor de 2% a pesar del incremento del IVA y otras contribuciones fiscales.

La crisis institucional se refleja por la corrupción en el sector público, que incluye a la justicia, el uso del poder central para irrespetar la independencia de otras funciones del estado, las acciones de un presidente que encarga el poder a una funcionaria pública y no a la vicepresidenta elegida popularmente, que han sido cuestionado por rasgos inconstitucionales, el acoso judicial por el poder central contra opositores,  los conflictos de intereses entre los que están en el poder y los del país, ceder ante las presiones geopolíticas, etc. No porque se tenga buenas relaciones con un gobierno, se debe bajar la guardia. En caso de los migrantes, deportados por EE.UU., se quejan por el irrespeto en su traslado y trato como si fueran delincuentes por venir esposados y encadenados. Lo mínimo que debe exigir el gobierno es un trato digno y defender a sus compatriotas. Este mismo país aplicó aranceles a sus socios comerciales en el tratado T-MEC que violaría el mismo. Se requiere además una reforma judicial y que los organismos que velan por el respeto a la constitución, actúen y tomen las decisiones oportunas y a tiempo, de manera de frenar las violaciones de la carta magna.

En síntesis, los cuatro problemas principales que afronta el país son: el aumento de la violencia, el riesgo de nuevos apagones, crisis económica que impacta en el desempleo, subempleo y aumento del sector informal. En lo social, se incrementó la pobreza y la extrema pobreza. En este escenario, se torna crucial elegir al candidato presidencial que sea un estadista, que proponga un proyecto nacional de desarrollo con equidad, que defienda el interés común y no de los particulares, que tome las decisiones adecuadas ante los problemas del país con entereza y decisión y busque el bienestar de las mayorías. En cuanto a la asamblea, escoger a los mejores candidatos que no defiendan sus intereses políticos y personales sino que vayan a plantear y aprobar leyes que respete un acuerdo de mínimos de las fuerzas políticas y la legislación vaya en beneficio del país, la sociedad y población.

La grave y múltiple crisis que afronta el país hace necesario un plan de gobierno con aspectos fundamentales para tratar la crisis de seguridad, energética, económica y social, que se traduzcan en políticas de estado. Se requiere un acuerdo sobre aspectos centrales, entre las principales fuerzas políticas, que apoye la estrategias, políticas y programas que permitan sacar al país de la crisis múltiple. No es un problema de corto plazo, sino de mediano y largo plazo. Este acuerdo mínimo debe ser mantenido en los siguientes gobiernos, desechando la práctica de eliminar las políticas que aplicó el gobierno anterior. Este acuerdo de mínimos puntos debe ser de consenso entre dichas fuerzas y la sociedad para sacar al país de la encrucijada en que se encuentra.

Luis Rosero M.

A la escenificación del proceso electoral que se va conformando, antes de las elecciones presidenciales de febrero, se agregan otros elementos, relacionadas con el exterior, como la condena de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el asesinato de los cuatro jóvenes de Las Malvinas, la visita del líder de la oposición venezolana y la geopolítica. Entre los componentes internos están el debate electoral y los resultados de las encuestas.

La CIDH condenó al estado ecuatoriano por la desaparición y asesinato de los 4 jóvenes de Las Malvinas y solicitó “investigar, juzgar, sancionar y reparar los hechos con la debida diligencia, asegurando que se verifique y aclare la posible responsabilidad de personal militar.” Pero, además, rechazó las declaraciones del ministro de Defensa quien amenazó con sanciones a la jueza que concedió el hábea corpus a los familiares de las víctimas. Este monstruoso acto es un crimen sin precedentes en el país, por la crueldad y perversidad del mismo ya que no solo basto el crimen sino además la incineración. Este cruento asesinato causó un impacto en la sociedad ecuatoriana que a su vez muestra el grado de inseguridad que vive el país.

Otro aspecto importante, en el escenario electoral, es la visita del opositor venezolano Edmundo González y la invitación a un almuerzo, por parte de la presidencia, a los alcaldes de Guayaquil y Quito,  Prefecta del Guayas y de Pichincha que fue rechazada por ellos por su posición política. Esta decisión era de esperar por parte de estos alcaldes y prefectos, y el comunicado del gobierno en que “reafirma su compromiso con la democracia y los valores que la sustenten así como su rechazo a la dictadura de Nicolas Maduro….Reiteramos el apoyo al pueblo venezolano en su búsqueda de libertad.” Al parecer se esta utilizando este evento en la campaña electoral, donde el gobierno aparece como defensor de la democracia y la libertad, mientras que los cuatro opositores señalados estarían en detrimento de esta forma de gobierno. Es claro que, hasta que no se presenten las actas electorales del triunfo de Maduro, su gobierno carece de legitimidad democrática. Pero esto es un hecho y otro usarlo en el período de campaña electoral.

El rechazo del presidente Petro a recibir vuelos con colombianos deportados desde EE.UU. y la decisión de Trump de imponer un arancel de 25% a los productos colombianos y la suspensión de visas americana es una represalia que representa el uso de un instrumento de comercio exterior como mecanismo de repuesta a un problema migratorio. Se trata de aplicar una medida comercial con fines políticos. Como ya lo ha señalado Krugman, que imponer aranceles a los productos canadienses y mexicanos es como “arrojar arena a los engranajes del comercio y la fabricación internacionales y… son destructivas y basadas en obsesiones personales.” Se trata de la posición del país más poderoso que viola las reglas y principios establecidos por la OMC. Es un duro golpe para la economía de Colombia, que en repuesta impuso un aumento de 25% a los productos norteamericanos. Sin embargo, en las negociaciones Petro cedió y aceptó los términos de un acuerdo para zanjar las diferencias. Con Trump, las decisiones económicas pueden tener otra utilización. EE. UU. acaba de suspender la asistencia a todos los países, incluido Ecuador, excepto Israel y Egipto. El presidente ecuatoriano, al parecer tiene buenas relaciones con Trump, por la tendencia política que profesan ambos. Pero, los intereses geopolíticos juegan y, con el tipo de acciones impuestas a Colombia, todo se puede esperar de Trump, por lo que el gobierno del país debe tener cautela en sus relaciones con EE.UU., la sanción a nuestro vecino es una señal de advertencia. Ecuador esta en el segundo puesto de migrantes irregulares que intentan cruzar la frontera norteamericana, por lo que si es tema que nos puede afectar como país. Recordemos que los migrantes ecuatorianos enviaron alrededor de 6000 millones de dólares en 2024, que supera en mucho las exportaciones de camarón, el primer producto de exportación.  En la geopolítica, pesan más las condiciones e intereses del país con mayor poderío. Después vendrá el apropiarse del Canal de Panamá, etc. Lo que esta despertando Trump es la unidad latinoamericana entre los países que defienden la dignidad, la soberanía, la libertad, los intereses de la nación y el bienestar de su pueblo. Veremos de qué lado esta cada país.

Respeto al debate electoral, el candidato oficial y del correísmo siguieron su agenda. El presidente se remitió a sostener que está haciendo una buena gestión recalcando su lucha contra el crimen organizado y lo que han manifestado algunos candidatos ya lo ha hecho su gobierno. La candidata correista tuvo un desempeño regular pero se vio afectada por los ataques que recibió de Andrea González que le valió para catapultarse al tercer lugar y subir al 4% en las intenciones del voto. Sin embargo, Noboa y González conservaron su primer y segundo lugar, con mínimas variaciones, en las preferencias electorales después del debate. Según Comunicaliza, D. Noboa subió en intención del voto 0.8% alcanzado 36.9% en intención del voto mientras que L. González bajó 0.7 puntos ubicándose en 32.4%, posiblemente por las acusaciones de A. González, conservando el segundo lugar.

Las encuestas electorales ya comenzaron a mostrar los resultados, que podrían influir en la decisión electoral. Comunicaliza, según encuesta de enero 23, estableció que la valoración del presidente respecto a su gestión, un 53% la calificó muy buena y buena mientras que el 40.2% la valoró como mala o muy mala que significó un aumento de 2% en estas dos últimas valoraciones. Pesaron de manera negativa, en esta valoración, los apagones de hasta 14 horas, y, de forma positiva la terminación de los mismos. En cambio, la candidata del correísmo, la encuesta califico su valoración con 41.4% como muy buena y buena, en tanto que como muy mala o mala 39.7%, una subida de estas dos últimas valoraciones de 6.3%. Si consideramos la diferencia en la intención del voto, entre el primer y segundo lugar de la candidatura presidencial, hay un 4.5% a favor del presidente. O sea, una poca diferencia que, considerando un 60% de indecisión según Cedatos, podría señalarse que hay un empate técnico entre los dos candidatos.

En síntesis, según los artículos que escribí sobre este tema, los componentes más importantes del escenario electoral son la gestión del gobierno (apagones, alza del IVA), el aumento de la violencia e inseguridad ciudadana, la posible inconstitucionalidad del nombramiento de una vicepresidenta y el encargo del poder a ésta y no a la vicepresidenta electa popularmente, la contracción económica, los elementos externos señalados (la condena de la CIDH por el caso de los jóvenes de Las Malvinas, la visita del opositor venezolano y la geopolítica), el debate electoral y los resultados de las encuestas son los que influirán en la decisión electoral. Como va la tendencia, lo más probable es que haya una segunda vuelta electoral para la elección presidencial.

Luis Rosero M.

Al escenario electoral se suman otros componentes como el decrecimiento económico y la inconstitucionalidad de decisiones tomada por el gobierno central. En el artículo anterior, sobre este tema, señalamos que los iniciales componentes son el aumento de la violencia, las decisiones cuestionables del presidente del no encargo de la presidencia a la vicepresidenta elegida por votación popular y el aumento de la inseguridad ciudadana.

Todo escenario electoral, de una elección nacional, se enmarca dentro de un contexto socio-económico-político. Respecto al segundo aspecto, uno de los temas claves es el comportamiento de la actividad económica que se mide por la evolución del PIB. Sobre este tema, el Banco Central acaba de publicar los Resultados del III Trimestre de 2024, de las Cuentas Nacionales, en el que se señala que la economía, en el tercer trimestre, decreció -1.5% interanual. En el segundo trimestre, de ese año, la contracción fue de -2.2%, lo que demarcaría la tendencia a una recesión económica en 2024.

El decrecimiento del III trimestre se explica por una fuerte contracción de la inversión (-6.2%), crecimiento negativo de las exportaciones (-5.1%) y contracción del consumo del gobierno (-1%). El crecimiento negativo de la economía no fue mayor debido a que el consumo de los hogares, principal componente de la demanda agregada, aumentó 2.9%. A nivel sectorial, 10 de los principales sectores económicos decrecieron destacándose manufactura de productos alimenticios (-4.8%), suministro de electricidad y agua (-5%), refinados de petróleo (-4.1%), alojamientos y comidas (-1.4%) y comercio (-0.9%). Entre los sectores importantes que crecieron están construcción (4.1%) y manufactura de productos no alimenticios. El decrecimiento del sector electricidad y agua, se explica parcialmente por los cortes de luz de la última semana de septiembre y la sequía causó la reducción de los caudales de ríos que restringió la producción de agua que tuvo que racionarse en varias ciudades del país. El decrecimiento del tercer trimestre impactó en la reducción del empleo y el aumento de la migración al exterior. En octubre y noviembre continuaron los apagones, que llegaron a cortes de hasta 14 horas para el sector residencial y de 24 horas en ciertas semanas para el sector industrial. Como resultado, según Análisis Semanal, se perdieron 249000 empleos, lo que implicaría que habría decrecimiento económico en el IV trimestre. En consecuencia, si en los tres trimestres continuos con contracción económica hubo depresión. Esto llevó, al Banco Mundial a proyectar que el país decreció -0.7% en 2024.

Otro elemento nuevo del escenario electoral es la decisión de la Corte Constitucional (CC) que declaró inconstitucional la sanción de 150 días, el 8 de noviembre de 2024, que impuso la ministra de Trabajo a la vicepresidenta, lo que sirvió para suspender a la segunda magistrada del país, con lo que habría quedado fuera del cargo en la campaña electoral y, en consecuencia, si el presidente pedía licencia no se podía hacer cargo la vicepresidenta. La CC argumentó que se violó el debido proceso ya que no se tomo en cuenta la garantía de ser juzgado por una autoridad competente y que agregue  en las normas ministeriales que quedan excluidas de sanción administrativa los funcionarios públicos de elección popular. La sanción fue anulada, en diciembre 23, por la jueza Nubia Vera, que además decidió que la ministra de Trabajo pida disculpas públicas por la sanción establecida a la segunda mandataria. Queda claro que se buscó, con esta decisión del ministerio de Trabajo, impedir que la vicepresidenta se haga cargo del poder si el presidente pide licencia para hacer campaña. Dada esta decisión, el mandatario nombró a otra vicepresidenta por decreto y le encargo dos veces el poder. En un reportaje de CNN, de Fernando Rincón, para el constitucionalista Gonzalo Muñoz el encargo de la presidencia a la vicepresidenta por decreto es inconstitucional. En suma, se trata de interpretaciones del régimen de la constitución. Por ello, en ésta se estableció que la CC es la institución que esta facultada para determinar si una decisión gubernamental es constitucional o no.

En síntesis, la contracción económica o decrecimiento económico genera un deterioro en el mercado de trabajo, incide en el aumento del desempleo, subempleo y la migración externa, que a su vez pesa en la decisión del voto. Mientras que las decisiones que ha tomado el régimen respecto a la vicepresidenta, la una es claramente inconstitucional como lo ha determinado la CC y la otra podría tener el mismo carácter si así lo establece la CC. Se agrega otro rasgo del régimen en su afán de captar el poder. Habría que esperar la decisión de la CC, sobre el nombramiento por decreto de una vicepresidenta y esperar que todas las instituciones del estado acaten su sentencia para mantener el estado de derecho y la democracia.

Luis Rosero M.

En el escenario electoral están resurgiendo hitos de violencia, acciones cuestionables del presidente respecto al impedimento a encargar el poder a la vicepresidenta electa popularmente y nombrar a la vicepresidenta nombrada por él y el enfrentamiento con quienes se oponen a sus decisiones, etc., la crisis económica, social, de seguridad, etc. Este crítico escenario es el telón de fondo de la campaña electoral.

No ha pasado ni un mes desde el sepelio de los cuatro jóvenes de Las Malvinas, un hecho doloroso y cruel. Para complicar el caso, el ministro de Defensa, en su declaración de disculpas públicas, como titula El Universo, según el Comité de Derechos Humanos hubo un acto de represalias contra la jueza que lleva el caso y la Corte Nacional de Justicia expuso “Amenazar o sancionar a los jueces por sus decisiones legítimas es un ataque directo a estos principios y al debido proceso”. La declaración del ministro fue intimidatoria. Más aún, el ministerio de Defensa, las FF. AA. , el ministerio del Interior y la Procuraduría del Estado apelaron la sentencia de desaparición forzada. Por otro lado, se han registrados hitos de violencia, en lo que va del mes, como: el 4 de enero, 3 miembros de una familia fueron muertos a balazos en Ciudad de Dios, un sector popular de Guayaquil; el fin de semana pasado, en Pascuales, mataron a 10 personas; el asesinato del alcalde Arenillas, ocurrió este fin de semana, con lo cual ya van 4 alcaldes, con muertes violentas, en los últimos diez meses y ayer, 12 de enero, 5 personas fueron acribilladas en un restaurante de Manta. Lo más crítico es que esta ola de violencia se registra, en el marco de un nuevo estado de excepción, decretado a principios de enero, en siete provincias. Justo estas muertes violentas ocurrieron en Guayas, Manabí y El Oro, que están incluidas en dicho estado. Nuevamente vuelve a resurgir la violencia. Surge otra vez la interrogante ¿esta funcionando la estrategia y táctica de inteligencia de las FF.AA. para enfrentar la violencia criminal? El resurgimiento de la violencia vuelve peligrosa la campaña electoral.

En su afán, de no encargarle el poder a la vicepresidenta elegida por el voto popular, el presidente nombró a C. Gellibert, Secretaria General de la Administración Pública, como vicepresidenta. Con el decreto 500, el presidente le encarga la presidencia desde las 17 00h del jueves 9 de enero hasta las 16 h 459 del domingo 12 de enero en el que además se señala que por fuerza mayor -hacer campaña electoral- se separen los periodos en el que el presidente ejerce su cargo del que realiza actos proselitistas en la campaña electoral. Es un decreto que, primero, hay dos vicepresidentas; segundo, señala que encarga el poder para hacer campaña electoral estableciéndola como una circunstancia de fuerza mayor y tercero, el primer mandatario había declarado que no encargaba el poder y, por ello, no iba a realizar campaña. Ahora resulta, que hace campaña y encarga el poder pero a la vicepresidenta nombrada por él. Todos estos actos podrían tener vicios de inconstitucionalidad. Precisamente, por ello, el secretario de la Asamblea devolvió dicho decreto por no cumplir con artículos de la constitución, ley orgánica de la Función Legislativa y del Código Civil. Noboa denunció a dicho secretario por arrogación de funciones. La Corte Constitucional estableció su programación en los siguientes meses en la que se incluye el análisis del decreto 494 y 500, relativos al ejercicio de funciones de la vicepresidencia y el encargo de la presidencia respectivamente. En suma, tenemos acciones del presidente que, al parecer, interpretan la constitución a su modo.

El ex presidente O. Hurtado, de la misma tendencia política que Noboa, en entrevista en Ecuavisa, señaló que el presidente está usando la figura de nombrar a una vicepresidenta por decreto para impedir que la vicepresidente, elegida por voto popular, ejerza sus funciones y es un abuso de poder clarísimo y que por ese camino se esta produciendo una ruptura del orden constitucional por el presidente. Tildó al decreto 500 como una sapada, una viveza. La constitución y la ley es clarísima respecto al encargo del poder. Expresa que el Tribunal Contencioso Electoral, el CNE,  la Corte de Justicia y la Corte Constitucional  deberían intervenir y no explica porque estos organismos no ponen orden en este caos gestado desde las oficinas del presidente…..Por el camino que va el presidente va a ser sometido a un juicio por el Congreso (Asamblea) Nacional. El mismo esta creando condiciones, causas y motivos para que un acto de esta naturaleza llegue a producirse. …Hurtado se pregunta ¿Por qué tiene que pagar el orden democrático, el régimen constitucional, el estado de derecho, el imperio de la ley, la independencia de la justicia elementos de la democracia por una equivocación, una niñería del presidente….? Estos actos no despiertan confianza en las finanzas internacionales por actos de esta naturaleza….esta enviando una mala señal que el presidente puede hacer lo que le de la gana al margen de la constitución y de la ley…los inversionistas dicen que no hay garantía del imperio de la ley. Esto no solo es un perjuicio para el gobierno, es un perjuicio grave para el país….Lo que responde la Asamblea al decreto 500 tiene un mensaje implícito es decirle al presidente que proceda de acuerdo a la constitución y con la ley. El presidente esta creando condiciones, pruebas para ser enjuiciado por el Congreso Nacional y destituido, que la Contraloría examina su conducta por peculado….. hay atropellos al orden democrático….Hurtado hace un llamado al restablecimiento del orden constitucional, que pida la licencia el presidente. Más aún, la Comisión Anticorrupción de la sociedad civil, según lo publicado por El Universo, “que han emergidos tintes autoritarios expresados en la imposición de una autoridad nacional al pretender no solicitar licencia de los cargos públicos para intervenir en la campaña electoral, con el silencio encubridor del Consejo Electoral.”

En síntesis, la ola de violencia desatada en la primera quincena de enero y el uso de las instituciones del gobierno central para presionar decisiones de la justicia sería una práctica de injerencia en otra función del estado que va conformando el escenario electoral. Pero hemos detallado, las declaraciones de O. Hurtado, ex presidente, porque califica las acciones del presidente, al no encargar el poder a la vicepresidenta elegida popularmente y encargar al poder a una vicepresidenta, funcionaria de su gobierno, como inconstitucional e ilegal que podría dar paso a un juicio político. Finalmente, la Comisión Anticorrupción de la sociedad civil tilda al régimen, por esta decisión, de autoritario. Las decisiones y acciones del régimen muestran el rasgo del mismo, que es otro de los componentes del escenario electoral y que pesará en la campaña electoral. No sólo que la decisión de encargar la presidencia a la vicepresidenta nombrada sería inconstitucional sino que siendo presidente candidato establece desigualdad de condiciones en la campaña electoral con el resto de candidatos presidenciales, por eso la ley establece que debe pedir licencia un presidente que es a la vez candidato.

Luis Rosero M.

Al comienzo del nuevo año el país, después de pasar por la crisis energética, enfrenta dos casos muy graves. Uno, la confirmación de que los cuatro cuerpos calcinados corresponden a los cuatro jóvenes de Las Malvinas y la prisión de los militares que los detuvieron se los acusa de desaparición forzada que hace muy crítico el caso, por las consecuencias que tendrá. Dos, a eso se suma la crisis política derivada de los impedimentos para que la vicepresidenta asuma la primera magistratura, en el caso que Noboa pida licencia para realizar campaña electoral o si no la pida respetar no hacer campaña electoral y el nombramiento de una segunda vicepresidenta ahonda la crisis política y muestra hasta dónde puede llegar régimen en su afán de mantener el poder a toda costa, aún en campaña electoral. Todo esto se da en medio del inicio de la campaña electoral.

Dolor e indignación fue el sentir de los padres de los jóvenes desaparecidos, que podrían configurar un crimen de lesa humanidad. El ministro de Defensa, que enfrentará un juicio político en la Asamblea, trató de ocultar la participación de las FF.AA., de la captura de los jóvenes, pero las cámaras de seguridad lo desmintieron. Luego, acusaron a los jóvenes de robo delito que fue descartado por la Fiscalía. En el entierro de sus cuerpos, en el cementerio del suburbio, las fotos muestran como sus familiares, que cargaban el féretro, lloran desconsolados la muerte de los jóvenes. Lo grave del hecho, que podría configurarse una ejecución extrajudicial, es la incineración de los cuerpos que trato de borrar toda prueba de un perverso y macabro asesinato. Los padres piden ahora que impere la verdad y la justicia para sancionar a los culpables con todo el peso de la ley. Para honrar su memoria, la Asamblea, declaró el 8 de diciembre, como día de Luto Nacional. El caso muestra la falta de transparencia, dudas e incertidumbres, por lo que sus familiares estarían dispuestos ir a instancias internacionales y nuevas pruebas de ADN. Es la esperanza que el caso no quede en la impunidad y se castigue a los culpables de todo nivel.

El conflicto entre el presidente y vicepresidente ha llegado a niveles que conducen a un agravamiento de la crisis política. El primero quiere evitar a toda costa que la vicepresidenta asuma temporalmente el cargo de primer mandatario. Ahora, nombró a una segunda vicepresidenta, por la excusa de la que había designado inicialmente. Esto levanta ya, de por sí, algunas interrogantes. Una de ellas es la decisión de la Asamblea, del 4 de enero, de que todos los asambleístas que se postulen a la reelección tendrán obligatoriamente licencia sin sueldo. Con esta resolución queda como presidenta encargada de la Asamblea a Esther Cuesta (RC5). Otro aspecto importante, en esta crisis política, es ¿Qué decisión toma el presidente de la República respecto a solicitar licencia para realizar campaña electoral? El ministro de Gobierno ha declarado que el mandatario no realizará campaña electoral y por lo tanto no pedirá licencia. Antes afirmó, basado en una resolución de la Corte Constitucional, que el mandatario no esta obligado a pedir licencia ya que cuando se accede a la presidencia por mecanismos sucesorios no es imputable para una reelección presidencial. La decisión presidencial fue no pedir licencia y se comprometió a no realizar campaña. Pero eso significa que no habrá igualdad de condiciones que los otros candidatos presidenciales, pues hay distintas formas de hacer campaña estando en el poder.

Otra circunstancia, en la coyuntura electoral, es la denuncia presentada, el 2 de enero, por Ricardo Vanegas, ante el Contralor del Estado. En su página de X, Centro Democrático, reposteó un mensaje realizado por el denunciante: “Que una Asambleista en funciones se ponga a Repartir cocinas de inducción que son del Estado para inducir a los ciudadanos a que voten por su ella y su partido no sólo es una infracción electoral sino también un posible peculado. La   @ContraloriaECU debería inmediatamente iniciar un control de este y de otros casos en los que candidatos de gobierno a la @AsambleaEcuador podrían haber incurrido en este presunto delito e informar a la @FiscaliaEcuador’”

De lo anterior se desprende que las decisiones del régimen, respecto a la vicepresidenta, podrían tener tintes inconstitucionales. Así, resulta que tenemos dos vicepresidentas. La elegida, por votación popular, es cuestionada por el gobierno por no cumplir con el decreto presidencial No. 490 que ordenaba un viaje a Turquía, hasta el 27 de diciembre de 2024, para que ejerza como consejera temporal en la embajada ecuatoriana en ese país. Otra, vicepresidenta, que designó Noboa, con decreto 494, de enero 4, que reemplazó a Sariha Moya nombrada dos días antes y que estará cumpliendo estas funciones hasta el 22 de enero o hasta que regrese de Turquía la vicepresidenta electa por votación popular. Nuevamente la interrogante es constitucional haber nombrado a una vicepresidenta cuando había una electa por votación popular.

En síntesis, dos hechos graves enfrenta el gobierno al iniciarse la campaña electoral. Uno, la desaparición forzada de los cuatro jóvenes de Las Malvinas. Dos, ¿las dos vicepresidentas, que legalmente y constitucionalmente la segunda nombrada sea constitucionalmente válida?. Además, ¿es válida constitucionalmente que el presidente no tome licencia en el periodo de campaña electoral?  Le toca a la Corte Constitucional determinar la constitucionalidad de las decisiones gubernamentales respecto a estos hechos. En todo caso, el país necesita un estadista que respete la democracia, la independencia de las funciones, la constitución, enrumbe al país por la senda del desarrollo, etc. Las acciones señaladas, de las dos últimas semanas, van configurando los rasgos del actual régimen.

Luis Rosero M.

El fin de un año es un periodo propicio para realizar una evaluación de la gestión pública. En este artículo me referiré a cuatro acontecimientos, de la última quincena de diciembre, y las acciones públicas y gubernamentales que han provocado impacto en la opinión pública, las que deben analizarse a profundidad y minuciosidad por las consecuencias que pueden derivarse para la sociedad , injerencia en la justicia por operadores de ésta y del uso del poder por parte de la fuerza pública, en el contexto de un conflicto armado interno.

Primero, l aspecto claro y positivo, en este período, fue la terminación de los apagones, a partir del 20 de diciembre, aunque con el corte de luz sorpresivo al día siguiente, que cierra un período que causó efectos negativos sobre la economía del sector productivo, pequeños negocios, emprendedores y malestar en la población. Las lluvias frecuentes y abundantes han permitido que las hidroeléctricas puedan producir la energía necesaria para abastecer la demanda nacional.

Sin embargo, la serie de eventos que ocurrieron posteriormente a esa fecha tuvieron efectos inmediatos en el país y señalan los riesgos que podría enfrentar en el futuro. Segundo, las protestas, en Archidona, contra la construcción de una mega cárcel fue creciendo cada vez, en la que participaron indígenas y comunidades, que llevó al gobierno de desistir de ese proyecto. Después, el régimen declaró que podría construirse dicha cárcel en Salinas o Ancón, provincia de Santa Elena. También, la comunidad Bajada de Chanduy, de esa provincia, presentó una acción de protección contra la construcción de la cárcel de alta seguridad y esta solicitando se realice una consulta previa. Además, se registraron explosiones de bombas y ataques a los trabajadores del presidio por grupos armados. Resulta paradójico que, en una provincia, se quiera construir dos megas cárceles, sin analizar los efectos que causaría en una provincia turística y en el aumento el malestar de la población. Las dos cárceles fueron ofertas de campaña del mandatario.

Tercero, el conflicto entre el mandatario y la vicepresidenta ha derivado una serie de acciones de parte y parte. El interés del régimen es evitar que, si el presidente pide licencia, para participar en la campaña electoral, como lo establece la ley, no asuma la primera magistratura la vicepresidencia. Una de las medidas, contra ella, fue que el ministerio de Trabajo la suspendió, por 150 días, en el ejercicio de su cargo. La vicepresidenta presentó una acción de protección contra esa sanción y la jueza que estuvo a cargo del caso aceptó dicha acción y anuló la sanción impuesta dictaminando que hubo vulneración de sus derechos. Además, la sentencia estableció que el ministerio de Trabajo debe pedirle disculpas públicas. Esta cartera de estado, no cumplió a cabalidad esta parte de la sentencia, pues, según los abogados de la vicepresidenta, la disculpa debió hacerse en cadena nacional por la titular de dicho ministerio. La juez declaró, en la comisión de Justicia de la Asamblea, que fue visitada y presionada por el presidente de la Judicatura y, aún más, que le entregaron un pen drive en el que constaba un archivo con el borrador de la sentencia y que si no dictaba ésta sería sometida a un sumario administrativo. Pero, además, señaló que el máximo representante de la Judicatura le mostro en un celular un mensaje que expresaba que era interés del primer mandatario que se resuelva el caso. El presidente de la Judicatura negó las acusaciones y entablo una querella legal contra la jueza. Si, lo que declaró la jueza resulta cierto, al parecer, sigue la injerencia en el Consejo de la Judicatura, en las decisiones de los jueces. Recordemos que, hace un año, fue destituido el presidente de la Judicatura (W. Terán) y sentenciado a 9 años de cárcel por delincuencia organizada. El actual presidente de la Judicatura busca formar parte de la terna para reelegirse en dicho cargo.

Cuarto, el caso más grave es la desaparición de los cuatro jóvenes del sector de Las Malvinas, un barrio popular de Guayaquil. Ellos fueron detenidos por las FF.AA. El régimen se tardó 15 días en responder por este hecho. Lo más crítico es que el ministro de Defensa había declarado que las FF.AA. no habían participado en este este hecho, pero la grabación de las cámaras de seguridad registraron que efectivamente fueron soldados que los embarcaron en una camioneta, los golpearon y, según los padres de los menores, fueron desnudados. Estos solicitaron una audiencia de habeas corpus y la jueza elevo el caso a desaparición forzada.  El Comité de Derechos Humanos acompañó a los padres en sus gestiones ante la justicia. Las autoridades alegan que los militares capturaron a los jóvenes acusándolos de un robo, pero que los liberaron en el sector de Taura, pero no existe parte militar de su detención y no hay indicios del robo.  Antes el presidente anunció que iba a declarar héroes a los jóvenes. Además, las autoridades militares señalaron que no se explica por qué no se entregaron los jóvenes a una autoridad competente. Para complicar la situación, se han encontrado 4 cadáveres incinerados pero su identificación requerirá, para un informe, demorará por lo menos un mes. Quedan muchos cabos sueltos y dudas sobre la acción de los militares, que deben responder ante la justicia.

En síntesis, en el caso de las cárceles, lo que hizo retroceder al gobierno, en Archidona, fue la protesta social o sea el poder de la calle. Es un al caso similar al proyecto inmobiliario que buscaba construir una empresa relacionada con familiares del presidente en Olón, provincia de Santa Elena, el cual iba a afectar a los recursos naturales y medio ambiente. Los comuneros realizaron la protesta y el gobierno se vio obligado a frenar el proyecto. Respecto, al conflicto entre el mandatario y la vicepresidenta, al parecer, se trató de presionar a la jueza para que confirme la sanción que impuso el Ministerio de Trabajo a la segunda mandataria con la suspensión de 150 días que la inhabilitaba a ejercer su cargo. Según la jueza, que trato el caso, la presionó el presidente de la Judicatura, volviéndose como un año atrás, a la injerencia de la Judicatura en las decisiones de los jueces. El propósito final era impedir que la vicepresidenta asuma el cargo de presidenta cuando el primer mandatario pida licencia para realizar campaña electoral en las elecciones presidenciales. Más aún, el ministro de gobierno ha declarado que el primer mandatario no tendría que pedir licencia para hacer campaña. Pero esto debe resolverlo la Corte Constitucional, no una parte interesada. Finalmente, el caso más grave, es la desaparición forzada de los jóvenes de Las Malvinas, que pone en el ojo de la sociedad y opinión pública, el uso de la fuerza por parte de las FF.AA. que, así como contribuyen a enfrentar al crimen organizado, en el marco de un conflicto armado interno, deben respetar los derechos humanos. El dolor de las familias y la indignación de la sociedad quiere aplacar, pero este caso debe tratarlo la justicia apegado a la verdad y a los hechos En el fondo, se trata en los tres casos del uso del poder y el control que debe ejercer la sociedad para limitar los abusos de éste.

Termina un año y empieza uno nuevo. En el año anterior el país sufrió por una serie de eventos como la violencia criminal, narcotráfico, apagones, corrupción en la justicia y en otros sectores, interferencia entre las funciones del estado, una cuádruple crisis (económica, energética, de seguridad e institucional), abusos de poder, migración, desempleo, etc. Es la esperanza que este nuevo año se luche por enfrentar con eficacia estos problemas para que el país vuelva a ser un territorio de paz y  se encamine por la senda del desarrollo para aumentar el bienestar social. Lo qué si es claro que, ante el abuso del poder, la protesta en la calle es el único lenguaje que entienden los gobiernos cómo ha mostrado la población en otros países. La vigilancia ciudadana y el control social son fundamentales para limitar al poder político.

Luis Rosero M.

Estos son los títulos de las dos obras que junto a Grandes Esperanzas son las más icónicas de Charles Dickens que nos invita a repensar la realidad del país en esta Navidad y Fin de Año. El autor, en la época que las escribió, describe y critica la sociedad victoriana. En el primer libro, destaca el sistema de opresión económica que crean los banqueros y genera un polo opuesto de trabajadores oprimidos; en cambio, en el Cuento de Navidad, resalta el interés por la rentabilidad y avaricia del empresario que mantiene a sus empleados en la mísera pobreza. La metáfora, aplicada al país, es que este se encuentra una gravísima crisis: económica, energética, de seguridad, institucional y social, que lo ha descalabrado y generado una situación social crítica que se refleja en el deterioro del nivel de vida, inseguridad y pobreza. Esta realidad nos lleva a cuestionar la calidad de la gestión de los últimos tres gobiernos, los intereses de los políticos y la visión de los empresarios. Solo daré un ejemplo, en solo tres de las facetas de esta crisis, para ilustrar y tomar conciencia del liderazgo y de gestión de los políticos y los intereses que están detrás que influyen en la capacidad de enfrentar los problemas del país y enrumbarlo hacia el desarrollo y al bienestar general. En el fondo. se trata de la disyuntiva entre el proyecto país y el interés particular, o sea entre el interés público y el interés privado.

En cuanto a la crisis energética, en el gobierno de Moreno ni de Lasso se realizaron inversiones ni mantenimiento de la infraestructura eléctrica solo, al final de sus mandatos, otorgaron concesiones a proyectos de energía renovable, con el sector privado, pero que nunca se pusieron en marcha. Más aún, el ministro de Energía, del banquero, declaró emergencia el 18 de octubre de 2023, para acelerar contrataciones para cubrir el déficit de energía, cuando se conocía que ya había sequía y el 27 de ese mes y año se aplicaron los cortes de luz. Con Noboa, que se posesionó a fines de noviembre de 2023, el país ya tenía una crisis energética y en abril de 2024, el gerente de Celec declaró que el sistema eléctrico iba al colapso. Sin embargo, como con Lasso, se repitió la historia. Pasaron 3 ministros de energía para que se contrate más MW para cubrir el déficit eléctrico y, con emergencia, se negoció  la operación de una barcaza de generación eléctrica de 100 MW, que comenzó a producir a mediados de septiembre de 2024. Como consecuencia, se aplicaron apagones a partir del 22 de ese mes y año. Recién el 20 de diciembre se terminaron. El problema es que no hay apagones para el sector residencial pero, durante el periodo que los hubo, se aplicaron restricciones al sector industrial. O sea, para mantener contento a los hogares se afectó al sector productivo. Esto se da en el marco de la precampaña electoral y previo al inicio de la campaña electoral en enero del próximo año.

Respecto a lo económico, los desequilibrios macroeconómicos se han ido agravando. Uno de ellos, que es clave, es el déficit fiscal. En el gobierno de Moreno y Lasso, aplicaron reformas tributarias que cargaron el peso de la crisis fiscal a empleados y trabajadores al reducir drásticamente el descuento, para el impuesto a la renta, de los gastos de los hogares y cargas familiares, que se convirtieron en permanentes y aumento la carga tributaria para los asalariados.  En cambio, a los empresarios, se les aplicó una contribución solo por dos años, o sea temporal. Esta reforma impositiva se dio en el marco de convenios del FMI que facilito un crédito. Noboa también aplicó una reforma tributaria, pero a diferencia de los dos gobiernos anteriores, aplicó aumento de impuestos. El que mas impacto fue el alza del IVA de 3%, que afectó a toda la población. Noboa, al igual que sus dos predecesores, también firmo un convenio con el FMI para obtener otro crédito, que además le dio acceso a financiamiento de organismos multilaterales. No solo aumentó la carga tributaria, sino que además ha crecido la deuda externa a tal punto que se está acercando a los 50000 millones de dólares apareciendo el riesgo de sostenibilidad de la deuda pública que ya, a septiembre de 2024, representa mas de la mitad del PIB (51.5%). Más aún, con la política de austeridad que impone el FMI, la inversión y el gasto público se han reducido drásticamente lo que ha incidido a que el país se encamine a una contracción económica y surtan los efectos negativos que provoca en el mercado de trabajo que a su vez impactan en el aumento de la migración externa.

Finalmente, en lo relacionado con la seguridad ciudadana, los datos revelan que en los primeros 8 meses de 2024 hubo una reducción de 16.8% de muertes violentas en comparación con el mismo periodo de 2023. En cambio, si bien se ha logrado reducir los asesinatos con violencia, los secuestros y las extorsiones han aumentado. O sea, al parecer, hay un cambio en la matriz delictiva de los grupos criminales. Esto lleva a interrogarse ¿si la estrategia y táctica policial esta funcionando para frenar estos delitos? Estos delitos tienen atemorizada a la población que ha restringido su movilización, sobre todo en las noches, cambiado sus hábitos de vida y formas de entretenimiento. Pero, no solo ha sido afectada la población sino además los negocios, pequeñas empresas y emprendimientos que han tenido que restringir o cerrar sus operaciones.

En síntesis, solo analizando un ejemplo en la crisis energética, económica y de seguridad ciudadana podemos apreciar que la calidad de la gestión de los gobiernos es una variable clave para medir la eficiencia y eficacia de estos para enfrentar los principales problemas del país. Esta calidad de gestión influye no solo en el deterioro del nivel de vida de la población (por el desempleo, subempleo, pobreza, hambre, inseguridad ciudadana, migración, etc.) sino que también han sido afectado los pequeños negocios y empresas (por los cortes de luz, caída de ventas, secuestros, extorsiones, etc.) que incide en la contracción económica. Estos sin considerar la orientación de la gestión que se ve alterada por temas políticos, entre ellos la campaña electoral. A su vez, esta calidad de gestión gubernamental es un factor que influye en el liderazgo y capacidad de los dirigentes políticos para enfrentar y resolver los principales problemas del país. A esto se suma, la disyuntiva entre actuar en favor del interés público o del privado. Aunque los tiempos sean difíciles, despertemos el espíritu de navidad que nos ayuda a soportar estos con amor, solidaridad y alegría y mantener la esperanza de vendrán tiempos mejores.