Luis Rosero M.
El fin de un año es un periodo propicio para realizar una evaluación de la gestión pública. En este artículo me referiré a cuatro acontecimientos, de la última quincena de diciembre, y las acciones públicas y gubernamentales que han provocado impacto en la opinión pública, las que deben analizarse a profundidad y minuciosidad por las consecuencias que pueden derivarse para la sociedad , injerencia en la justicia por operadores de ésta y del uso del poder por parte de la fuerza pública, en el contexto de un conflicto armado interno.
Primero, l aspecto claro y positivo, en este período, fue la terminación de los apagones, a partir del 20 de diciembre, aunque con el corte de luz sorpresivo al día siguiente, que cierra un período que causó efectos negativos sobre la economía del sector productivo, pequeños negocios, emprendedores y malestar en la población. Las lluvias frecuentes y abundantes han permitido que las hidroeléctricas puedan producir la energía necesaria para abastecer la demanda nacional.
Sin embargo, la serie de eventos que ocurrieron posteriormente a esa fecha tuvieron efectos inmediatos en el país y señalan los riesgos que podría enfrentar en el futuro. Segundo, las protestas, en Archidona, contra la construcción de una mega cárcel fue creciendo cada vez, en la que participaron indígenas y comunidades, que llevó al gobierno de desistir de ese proyecto. Después, el régimen declaró que podría construirse dicha cárcel en Salinas o Ancón, provincia de Santa Elena. También, la comunidad Bajada de Chanduy, de esa provincia, presentó una acción de protección contra la construcción de la cárcel de alta seguridad y esta solicitando se realice una consulta previa. Además, se registraron explosiones de bombas y ataques a los trabajadores del presidio por grupos armados. Resulta paradójico que, en una provincia, se quiera construir dos megas cárceles, sin analizar los efectos que causaría en una provincia turística y en el aumento el malestar de la población. Las dos cárceles fueron ofertas de campaña del mandatario.
Tercero, el conflicto entre el mandatario y la vicepresidenta ha derivado una serie de acciones de parte y parte. El interés del régimen es evitar que, si el presidente pide licencia, para participar en la campaña electoral, como lo establece la ley, no asuma la primera magistratura la vicepresidencia. Una de las medidas, contra ella, fue que el ministerio de Trabajo la suspendió, por 150 días, en el ejercicio de su cargo. La vicepresidenta presentó una acción de protección contra esa sanción y la jueza que estuvo a cargo del caso aceptó dicha acción y anuló la sanción impuesta dictaminando que hubo vulneración de sus derechos. Además, la sentencia estableció que el ministerio de Trabajo debe pedirle disculpas públicas. Esta cartera de estado, no cumplió a cabalidad esta parte de la sentencia, pues, según los abogados de la vicepresidenta, la disculpa debió hacerse en cadena nacional por la titular de dicho ministerio. La juez declaró, en la comisión de Justicia de la Asamblea, que fue visitada y presionada por el presidente de la Judicatura y, aún más, que le entregaron un pen drive en el que constaba un archivo con el borrador de la sentencia y que si no dictaba ésta sería sometida a un sumario administrativo. Pero, además, señaló que el máximo representante de la Judicatura le mostro en un celular un mensaje que expresaba que era interés del primer mandatario que se resuelva el caso. El presidente de la Judicatura negó las acusaciones y entablo una querella legal contra la jueza. Si, lo que declaró la jueza resulta cierto, al parecer, sigue la injerencia en el Consejo de la Judicatura, en las decisiones de los jueces. Recordemos que, hace un año, fue destituido el presidente de la Judicatura (W. Terán) y sentenciado a 9 años de cárcel por delincuencia organizada. El actual presidente de la Judicatura busca formar parte de la terna para reelegirse en dicho cargo.
Cuarto, el caso más grave es la desaparición de los cuatro jóvenes del sector de Las Malvinas, un barrio popular de Guayaquil. Ellos fueron detenidos por las FF.AA. El régimen se tardó 15 días en responder por este hecho. Lo más crítico es que el ministro de Defensa había declarado que las FF.AA. no habían participado en este este hecho, pero la grabación de las cámaras de seguridad registraron que efectivamente fueron soldados que los embarcaron en una camioneta, los golpearon y, según los padres de los menores, fueron desnudados. Estos solicitaron una audiencia de habeas corpus y la jueza elevo el caso a desaparición forzada. El Comité de Derechos Humanos acompañó a los padres en sus gestiones ante la justicia. Las autoridades alegan que los militares capturaron a los jóvenes acusándolos de un robo, pero que los liberaron en el sector de Taura, pero no existe parte militar de su detención y no hay indicios del robo. Antes el presidente anunció que iba a declarar héroes a los jóvenes. Además, las autoridades militares señalaron que no se explica por qué no se entregaron los jóvenes a una autoridad competente. Para complicar la situación, se han encontrado 4 cadáveres incinerados pero su identificación requerirá, para un informe, demorará por lo menos un mes. Quedan muchos cabos sueltos y dudas sobre la acción de los militares, que deben responder ante la justicia.
En síntesis, en el caso de las cárceles, lo que hizo retroceder al gobierno, en Archidona, fue la protesta social o sea el poder de la calle. Es un al caso similar al proyecto inmobiliario que buscaba construir una empresa relacionada con familiares del presidente en Olón, provincia de Santa Elena, el cual iba a afectar a los recursos naturales y medio ambiente. Los comuneros realizaron la protesta y el gobierno se vio obligado a frenar el proyecto. Respecto, al conflicto entre el mandatario y la vicepresidenta, al parecer, se trató de presionar a la jueza para que confirme la sanción que impuso el Ministerio de Trabajo a la segunda mandataria con la suspensión de 150 días que la inhabilitaba a ejercer su cargo. Según la jueza, que trato el caso, la presionó el presidente de la Judicatura, volviéndose como un año atrás, a la injerencia de la Judicatura en las decisiones de los jueces. El propósito final era impedir que la vicepresidenta asuma el cargo de presidenta cuando el primer mandatario pida licencia para realizar campaña electoral en las elecciones presidenciales. Más aún, el ministro de gobierno ha declarado que el primer mandatario no tendría que pedir licencia para hacer campaña. Pero esto debe resolverlo la Corte Constitucional, no una parte interesada. Finalmente, el caso más grave, es la desaparición forzada de los jóvenes de Las Malvinas, que pone en el ojo de la sociedad y opinión pública, el uso de la fuerza por parte de las FF.AA. que, así como contribuyen a enfrentar al crimen organizado, en el marco de un conflicto armado interno, deben respetar los derechos humanos. El dolor de las familias y la indignación de la sociedad quiere aplacar, pero este caso debe tratarlo la justicia apegado a la verdad y a los hechos En el fondo, se trata en los tres casos del uso del poder y el control que debe ejercer la sociedad para limitar los abusos de éste.
Termina un año y empieza uno nuevo. En el año anterior el país sufrió por una serie de eventos como la violencia criminal, narcotráfico, apagones, corrupción en la justicia y en otros sectores, interferencia entre las funciones del estado, una cuádruple crisis (económica, energética, de seguridad e institucional), abusos de poder, migración, desempleo, etc. Es la esperanza que este nuevo año se luche por enfrentar con eficacia estos problemas para que el país vuelva a ser un territorio de paz y se encamine por la senda del desarrollo para aumentar el bienestar social. Lo qué si es claro que, ante el abuso del poder, la protesta en la calle es el único lenguaje que entienden los gobiernos cómo ha mostrado la población en otros países. La vigilancia ciudadana y el control social son fundamentales para limitar al poder político.
Pensamiento y comportamiento 