Luis Rosero M.
En el escenario electoral están resurgiendo hitos de violencia, acciones cuestionables del presidente respecto al impedimento a encargar el poder a la vicepresidenta electa popularmente y nombrar a la vicepresidenta nombrada por él y el enfrentamiento con quienes se oponen a sus decisiones, etc., la crisis económica, social, de seguridad, etc. Este crítico escenario es el telón de fondo de la campaña electoral.
No ha pasado ni un mes desde el sepelio de los cuatro jóvenes de Las Malvinas, un hecho doloroso y cruel. Para complicar el caso, el ministro de Defensa, en su declaración de disculpas públicas, como titula El Universo, según el Comité de Derechos Humanos hubo un acto de represalias contra la jueza que lleva el caso y la Corte Nacional de Justicia expuso “Amenazar o sancionar a los jueces por sus decisiones legítimas es un ataque directo a estos principios y al debido proceso”. La declaración del ministro fue intimidatoria. Más aún, el ministerio de Defensa, las FF. AA. , el ministerio del Interior y la Procuraduría del Estado apelaron la sentencia de desaparición forzada. Por otro lado, se han registrados hitos de violencia, en lo que va del mes, como: el 4 de enero, 3 miembros de una familia fueron muertos a balazos en Ciudad de Dios, un sector popular de Guayaquil; el fin de semana pasado, en Pascuales, mataron a 10 personas; el asesinato del alcalde Arenillas, ocurrió este fin de semana, con lo cual ya van 4 alcaldes, con muertes violentas, en los últimos diez meses y ayer, 12 de enero, 5 personas fueron acribilladas en un restaurante de Manta. Lo más crítico es que esta ola de violencia se registra, en el marco de un nuevo estado de excepción, decretado a principios de enero, en siete provincias. Justo estas muertes violentas ocurrieron en Guayas, Manabí y El Oro, que están incluidas en dicho estado. Nuevamente vuelve a resurgir la violencia. Surge otra vez la interrogante ¿esta funcionando la estrategia y táctica de inteligencia de las FF.AA. para enfrentar la violencia criminal? El resurgimiento de la violencia vuelve peligrosa la campaña electoral.
En su afán, de no encargarle el poder a la vicepresidenta elegida por el voto popular, el presidente nombró a C. Gellibert, Secretaria General de la Administración Pública, como vicepresidenta. Con el decreto 500, el presidente le encarga la presidencia desde las 17 00h del jueves 9 de enero hasta las 16 h 459 del domingo 12 de enero en el que además se señala que por fuerza mayor -hacer campaña electoral- se separen los periodos en el que el presidente ejerce su cargo del que realiza actos proselitistas en la campaña electoral. Es un decreto que, primero, hay dos vicepresidentas; segundo, señala que encarga el poder para hacer campaña electoral estableciéndola como una circunstancia de fuerza mayor y tercero, el primer mandatario había declarado que no encargaba el poder y, por ello, no iba a realizar campaña. Ahora resulta, que hace campaña y encarga el poder pero a la vicepresidenta nombrada por él. Todos estos actos podrían tener vicios de inconstitucionalidad. Precisamente, por ello, el secretario de la Asamblea devolvió dicho decreto por no cumplir con artículos de la constitución, ley orgánica de la Función Legislativa y del Código Civil. Noboa denunció a dicho secretario por arrogación de funciones. La Corte Constitucional estableció su programación en los siguientes meses en la que se incluye el análisis del decreto 494 y 500, relativos al ejercicio de funciones de la vicepresidencia y el encargo de la presidencia respectivamente. En suma, tenemos acciones del presidente que, al parecer, interpretan la constitución a su modo.
El ex presidente O. Hurtado, de la misma tendencia política que Noboa, en entrevista en Ecuavisa, señaló que el presidente está usando la figura de nombrar a una vicepresidenta por decreto para impedir que la vicepresidente, elegida por voto popular, ejerza sus funciones y es un abuso de poder clarísimo y que por ese camino se esta produciendo una ruptura del orden constitucional por el presidente. Tildó al decreto 500 como una sapada, una viveza. La constitución y la ley es clarísima respecto al encargo del poder. Expresa que el Tribunal Contencioso Electoral, el CNE, la Corte de Justicia y la Corte Constitucional deberían intervenir y no explica porque estos organismos no ponen orden en este caos gestado desde las oficinas del presidente…..Por el camino que va el presidente va a ser sometido a un juicio por el Congreso (Asamblea) Nacional. El mismo esta creando condiciones, causas y motivos para que un acto de esta naturaleza llegue a producirse. …Hurtado se pregunta ¿Por qué tiene que pagar el orden democrático, el régimen constitucional, el estado de derecho, el imperio de la ley, la independencia de la justicia elementos de la democracia por una equivocación, una niñería del presidente….? Estos actos no despiertan confianza en las finanzas internacionales por actos de esta naturaleza….esta enviando una mala señal que el presidente puede hacer lo que le de la gana al margen de la constitución y de la ley…los inversionistas dicen que no hay garantía del imperio de la ley. Esto no solo es un perjuicio para el gobierno, es un perjuicio grave para el país….Lo que responde la Asamblea al decreto 500 tiene un mensaje implícito es decirle al presidente que proceda de acuerdo a la constitución y con la ley. El presidente esta creando condiciones, pruebas para ser enjuiciado por el Congreso Nacional y destituido, que la Contraloría examina su conducta por peculado….. hay atropellos al orden democrático….Hurtado hace un llamado al restablecimiento del orden constitucional, que pida la licencia el presidente. Más aún, la Comisión Anticorrupción de la sociedad civil, según lo publicado por El Universo, “que han emergidos tintes autoritarios expresados en la imposición de una autoridad nacional al pretender no solicitar licencia de los cargos públicos para intervenir en la campaña electoral, con el silencio encubridor del Consejo Electoral.”
En síntesis, la ola de violencia desatada en la primera quincena de enero y el uso de las instituciones del gobierno central para presionar decisiones de la justicia sería una práctica de injerencia en otra función del estado que va conformando el escenario electoral. Pero hemos detallado, las declaraciones de O. Hurtado, ex presidente, porque califica las acciones del presidente, al no encargar el poder a la vicepresidenta elegida popularmente y encargar al poder a una vicepresidenta, funcionaria de su gobierno, como inconstitucional e ilegal que podría dar paso a un juicio político. Finalmente, la Comisión Anticorrupción de la sociedad civil tilda al régimen, por esta decisión, de autoritario. Las decisiones y acciones del régimen muestran el rasgo del mismo, que es otro de los componentes del escenario electoral y que pesará en la campaña electoral. No sólo que la decisión de encargar la presidencia a la vicepresidenta nombrada sería inconstitucional sino que siendo presidente candidato establece desigualdad de condiciones en la campaña electoral con el resto de candidatos presidenciales, por eso la ley establece que debe pedir licencia un presidente que es a la vez candidato.
Pensamiento y comportamiento 