Luis Rosero M.
En el primer artículo, sobre este tema, tratamos sobre una de las causas del empate técnico en la elección presidencial. Ahora, en esta segunda parte, trataremos muy brevemente otras causas, pero me referiré más sobre los efectos de este resultado electoral sobre la gestión del gobierno y la nueva estructura política del país.
Entre las causas esta la calidad de la gestión del gobierno que ha resultado de menor eficacia para enfrentar, entre otras, la crisis energética. Ya en abril de 2024, se conocía que el sector eléctrico del país estaba en crisis y que habría apagones. Sin embargo, el gobierno no actuó a tiempo para incrementar la oferta eléctrica por lo que hubo apagones entre la última semana de septiembre y la tercera semana de diciembre del año pasado. Los apagones, por fin terminaron, en la última semana de diciembre, pero se corre el riesgo de que estos se reactiven en abril de este año por lo que aumentaría el malestar de la población que impactaría en el clima social. Por ello, el gobierno hará nuevas contrataciones para proveer de más energía eléctrica. Según un experto el déficit de ésta en 2025 sería de 700 MW, por lo que el gobierno llamaría a licitación por 638 MW pero, de los cuales 532 MW fueron nuevamente relanzados que correspondieron a contratos incumplidos por la empresa Worlding, en el año pasado, por 372 millones.. Según los pronósticos de la empresa pública ETAPA, la sequía sería en junio y afectaría a la principal hidroeléctrica del país. Algo parecido ha ocurrido con la estrategia de seguridad del gobierno. Si bien se ha redujo el número de muertes violentas en 2024, en enero de 2025 se registró el mayor número de estas. Se han incrementado las extorsiones, secuestros, problemas en la Penitenciaría del Litoral, asesinatos en ciudadelas cerradas; balacera en el puente de la Unidad Nacional, que dejo un muerto, etc. Los resultados muestran que la estrategia de seguridad no esta funcionando para frenar la ola de violencia en el país que tiene en zozobra y temor a la población por el nivel de inseguridad en el país. Ahora, el gobierno propone autorizar el ingreso de fuerzas especiales del extranjero para que combatan al crimen organizado. Lo cierto es que hay malestar en la ciudadanía por la inseguridad.
Tal ha sido las consecuencias que, en cuanto a los efectos en el gobierno, hizo algunos cambios en los funcionarios relacionados con el bloque de seguridad. Así, se nombró a un nuevo ministro del interior a Fausto Buenaño, ex viceministro de Seguridad Pública y subcomandante de la Policía, que reemplaza a M. Palencia, ex funcionaria de alto poder. Además, se nombró a Víctor Andrade, ex militar, como nuevo director del SNAI, institución que se encarga de la gestión en las cárceles. Inclusive se nombró a una nueva gobernadora en Guayas, para complementar la acción contra la ola delictiva de esta provincia. Con estos nombramientos, el gobierno apunta a fortalecer la estrategia de seguridad de mano dura, con la militarización y policías. A más de los delitos señalados, esta nueva administración del bloque de seguridad, tendrá que enfrentar desapariciones que ya llegan a 800 casos el en el país, según el Ministerio del Interior. Otro cambio ministerial, fue en el Ministerio de Salud, nombrándose a Edgar Lama, abogado, que buscaría mejorar la gestión de Manuel A. Naranjo que no pudo poner en funcionamiento el equipamiento en seis casas de salud ni la atención que tienen una situación crítica. Estos tres cambios, buscan mejorar la calidad de la gestión en seguridad, cárceles y salud que no habían obtenidos buenos resultados. También hubo cambio en el Ministerio de Finanzas, nombrándose a Luis A. Jaramillo, ex ministro de Producción, ex director de SENAE (aduana) y gerente de empresas. Con eso se busca darle mayor eficiencia a dicho ministerio y buscar un nuevo acuerdo con el FMI que proveería más recursos. Esto es importante sobre todo de cara a la segunda vuelta electoral. El ministro de Gobierno señalo que estos cambios en el gabinete afinan la maquinaria para segunda vuelta.
Como había señalado, que varios programas de gobierno se activaron antes de la campaña electoral cuyos incentivos podrían influir en la decisión electoral. Entre ellos, programa de becas para futuro femenino, programa de jóvenes en acción que entrega un bono de 400 dólares por la realización de actividades ambientales. Sobre este último, el informe de la OEA señala “Diversos actores del proceso cuestionaron al programa Jóvenes en Acción, iniciativa de gobierno que se implementó durante el periodo electoral y que promueve incentivos financieros a la juventud.” Ahora se esta promocionando la entrega de un salario mínimo a los migrantes deportados (en México se estableció un programa de empleo y afiliación a la seguridad social), el subsidio de hasta $ 7050 para compra de vivienda popular y créditos hipotecarios por parte del BIESS con un fondo de $ 5341 milones. Para completar esta estrategia de programas sociales, la Asamblea aprobó el proyecto de ley para impulsar la Economía de Mujeres emprendedoras, insistiendo en el apoyo éste género, calificado como urgente económico. Son buenas iniciativas, pero se ejecutan previo y en la campaña electoral.
Respecto a los efectos políticos, los resultados de la elección legislativa muestran que el partido de gobierno (ADN7) obtuvo 66 curules de la Asamblea pero, según los últimos datos preliminares del CNE, RC7 habría obtenido 67, lo que significaría que este movimiento tendría a cargo la instalación de la sesión inicial de la nueva Asamblea. Con estos resultados ninguna de las dos fuerzas políticas alcanza la mayoría (77), por lo que el ministro de Gobierno se apresuró a invitar a un dialogo a las otras fuerzas políticas que serían PKT con 9 asambleístas, PSC 4, movimientos locales 2, alianza UP, PID y PSE uno. Con ello, el gobierno espera alianza con algunos de estos partidos y movimientos a fin de contrarrestar el poder legislativo de la RC5 y aprobar los proyectos de ley que requeriría en un posible segundo mandato. Otro aspecto importante es que, con los resultados electorales de la Asamblea, al parecer, se estaría conformando una estructura política que se basaría en el bipartidismo. Si bien, ninguna de las dos fuerzas políticas tendría mayoría lleva a que los movimientos políticos minoritarios (por obtener pocas curules) se tornen claves para tener un predominio en la asamblea. Por eso, el llamado del gobierno a esas minorías, en el que PK podría inclinar la balanza hacia uno de los lados para formar una mayoría que sería móvil.
En síntesis, los cambios en el gabinete se orientarían en mejorar la calidad de la gestión en seguridad, cárceles, salud y finanzas. En la primera, el cambio apunta a una presencia en el territorio de quienes están a cargo de la estrategia. En salud, buscaría poner en funcionamiento el equipamiento médico en hospitales y mejorar la atención a los usuarios. En finanzas, se buscaría agilizar la asignación de recursos y buscar más recursos con el FMI. En la Asamblea, busca lograr una mayoría para aprobar leyes requeridas para apuntalar estas tres áreas claves de la gestión gubernamental. Se insiste en programas sociales dirigido a mujeres, jóvenes y vivienda popular. Con estos, los dos grupos iniciales recibirían un incentivo y un subsidio monetario, mientras que el BIESS daría créditos para compra de casas populares. Todo un esquema de programas sociales previo y durante la campaña electoral de la segunda vuelta.
Pensamiento y comportamiento 