Luis Rosero M.
Al comienzo del nuevo año el país, después de pasar por la crisis energética, enfrenta dos casos muy graves. Uno, la confirmación de que los cuatro cuerpos calcinados corresponden a los cuatro jóvenes de Las Malvinas y la prisión de los militares que los detuvieron se los acusa de desaparición forzada que hace muy crítico el caso, por las consecuencias que tendrá. Dos, a eso se suma la crisis política derivada de los impedimentos para que la vicepresidenta asuma la primera magistratura, en el caso que Noboa pida licencia para realizar campaña electoral o si no la pida respetar no hacer campaña electoral y el nombramiento de una segunda vicepresidenta ahonda la crisis política y muestra hasta dónde puede llegar régimen en su afán de mantener el poder a toda costa, aún en campaña electoral. Todo esto se da en medio del inicio de la campaña electoral.
Dolor e indignación fue el sentir de los padres de los jóvenes desaparecidos, que podrían configurar un crimen de lesa humanidad. El ministro de Defensa, que enfrentará un juicio político en la Asamblea, trató de ocultar la participación de las FF.AA., de la captura de los jóvenes, pero las cámaras de seguridad lo desmintieron. Luego, acusaron a los jóvenes de robo delito que fue descartado por la Fiscalía. En el entierro de sus cuerpos, en el cementerio del suburbio, las fotos muestran como sus familiares, que cargaban el féretro, lloran desconsolados la muerte de los jóvenes. Lo grave del hecho, que podría configurarse una ejecución extrajudicial, es la incineración de los cuerpos que trato de borrar toda prueba de un perverso y macabro asesinato. Los padres piden ahora que impere la verdad y la justicia para sancionar a los culpables con todo el peso de la ley. Para honrar su memoria, la Asamblea, declaró el 8 de diciembre, como día de Luto Nacional. El caso muestra la falta de transparencia, dudas e incertidumbres, por lo que sus familiares estarían dispuestos ir a instancias internacionales y nuevas pruebas de ADN. Es la esperanza que el caso no quede en la impunidad y se castigue a los culpables de todo nivel.
El conflicto entre el presidente y vicepresidente ha llegado a niveles que conducen a un agravamiento de la crisis política. El primero quiere evitar a toda costa que la vicepresidenta asuma temporalmente el cargo de primer mandatario. Ahora, nombró a una segunda vicepresidenta, por la excusa de la que había designado inicialmente. Esto levanta ya, de por sí, algunas interrogantes. Una de ellas es la decisión de la Asamblea, del 4 de enero, de que todos los asambleístas que se postulen a la reelección tendrán obligatoriamente licencia sin sueldo. Con esta resolución queda como presidenta encargada de la Asamblea a Esther Cuesta (RC5). Otro aspecto importante, en esta crisis política, es ¿Qué decisión toma el presidente de la República respecto a solicitar licencia para realizar campaña electoral? El ministro de Gobierno ha declarado que el mandatario no realizará campaña electoral y por lo tanto no pedirá licencia. Antes afirmó, basado en una resolución de la Corte Constitucional, que el mandatario no esta obligado a pedir licencia ya que cuando se accede a la presidencia por mecanismos sucesorios no es imputable para una reelección presidencial. La decisión presidencial fue no pedir licencia y se comprometió a no realizar campaña. Pero eso significa que no habrá igualdad de condiciones que los otros candidatos presidenciales, pues hay distintas formas de hacer campaña estando en el poder.
Otra circunstancia, en la coyuntura electoral, es la denuncia presentada, el 2 de enero, por Ricardo Vanegas, ante el Contralor del Estado. En su página de X, Centro Democrático, reposteó un mensaje realizado por el denunciante: “Que una Asambleista en funciones se ponga a Repartir cocinas de inducción que son del Estado para inducir a los ciudadanos a que voten por su ella y su partido no sólo es una infracción electoral sino también un posible peculado. La @ContraloriaECU debería inmediatamente iniciar un control de este y de otros casos en los que candidatos de gobierno a la @AsambleaEcuador podrían haber incurrido en este presunto delito e informar a la @FiscaliaEcuador’”
De lo anterior se desprende que las decisiones del régimen, respecto a la vicepresidenta, podrían tener tintes inconstitucionales. Así, resulta que tenemos dos vicepresidentas. La elegida, por votación popular, es cuestionada por el gobierno por no cumplir con el decreto presidencial No. 490 que ordenaba un viaje a Turquía, hasta el 27 de diciembre de 2024, para que ejerza como consejera temporal en la embajada ecuatoriana en ese país. Otra, vicepresidenta, que designó Noboa, con decreto 494, de enero 4, que reemplazó a Sariha Moya nombrada dos días antes y que estará cumpliendo estas funciones hasta el 22 de enero o hasta que regrese de Turquía la vicepresidenta electa por votación popular. Nuevamente la interrogante es constitucional haber nombrado a una vicepresidenta cuando había una electa por votación popular.
En síntesis, dos hechos graves enfrenta el gobierno al iniciarse la campaña electoral. Uno, la desaparición forzada de los cuatro jóvenes de Las Malvinas. Dos, ¿las dos vicepresidentas, que legalmente y constitucionalmente la segunda nombrada sea constitucionalmente válida?. Además, ¿es válida constitucionalmente que el presidente no tome licencia en el periodo de campaña electoral? Le toca a la Corte Constitucional determinar la constitucionalidad de las decisiones gubernamentales respecto a estos hechos. En todo caso, el país necesita un estadista que respete la democracia, la independencia de las funciones, la constitución, enrumbe al país por la senda del desarrollo, etc. Las acciones señaladas, de las dos últimas semanas, van configurando los rasgos del actual régimen.
Pensamiento y comportamiento 