El encuentro entre el Presidente y la directora del FMI, en Davos, y, las declaraciones del Ministro de Finanzas, sobre las relaciones con dicho organismo, parecen haber sellado la posibilidad de un crédito stand by, que a su vez tendría sus condicionamientos. Dado el elevado riesgo país y la dificultad de obtener más fondos en el mercado financiero internacional, dicho crédito le daría recursos para aliviar la iliquidez de la caja fiscal.

En efecto, las calificadoras de riesgo Moodys y Fitch, bajaron la calificación crediticia del país de estable a negativa. Según diario La Hora “La principal razón es que no ven una sustancial y sostenible disminución del gasto público y consideran que las necesidades de financiamiento son superiores a las presupuestadas”. En efecto, según el mismo diario, el Observatorio de Política Fiscal señala que las necesidades de financiamiento serían, para este año, 10.463 millones. Tal ha sido la necesidad de liquidez que, en Agosto de 2018, el gobierno realizó una operación crediticia para obtener 500 millones de dólares con un colateral de 1200 millones de dólares y a fines de diciembre de ese año obtuvo 300 millones con garantía de oro de la Reserva Monetaria Internacional. La iliquidez y la crítica situación de la economía llevó a que el riesgo país alcanzará 660 puntos (24/01/19), parecido al de Argentina de 657 puntos (25/01/19). En estas condiciones es difícil que el país pueda acceder a nuevos recursos en el mercado financiero internacional y, si lo hiciera, tendría que pagar una tasa adicional de 6.5% sobre la tasa de interés Libor o Prime.

En consecuencia, la vía que le queda es acudir a organismos financieros multilaterales. Entre ellos, está el FMI que, para prestar a los países, exige condiciones a la política económica. Dada la crítica situación de la economía, las principales exigencias serían la aplicación de una política de ajuste y una reforma estructural.

Las principales medidas de la política de ajuste del FMI incluye la disminución de desequilibrios macroeconómicos: Fiscal, que implica más ingresos y recorte de egresos; reducir el déficit comercial y fortalecimiento de la Reserva Monetaria Internacional.

La reforma estructural implicaría el achicamiento del estado (privatización de empresas públicas, concesiones, recorte de la burocracia, etc.), reforma laboral (nuevas reglas de contratación), reforma a la seguridad social (medidas para reducir el déficit actuarial), reforma al comercio exterior, etc.

Ante la eventual firma del convenio con el FMI, el gobierno de Moreno, ya ha venido cumpliendo con algunas de sus exigencias, como lo hizo Argentina, reduciendo subsidios a combustibles, fusionando entidades públicas, eliminación de contratos de empleados públicos y recorte de gastos públicos, pero que han sido insuficientes para reducir el déficit fiscal.

El ajuste fiscal estaría ligado a la reforma estructural. En efecto, ya se anuncia la concesión a 20 años de CNT (una de las empresas más rentables) que proporcionaría 4000 millones, de  centrales hidroeléctricas y de los nuevos hospitales del IESS. Se deja de lado a las empresas públicas con pérdidas (TAME, Trenes del Ecuador). Debido a que los recursos del FMI se entregan trimestralmente contra el cumplimiento de metas macroeconómicas y dadas las necesidades de liquidez, se opta por la concesión (ceder la administración de las empresas públicas) que proporciona recursos inmediatos que aliviarían la necesidad de fondos inmediatos (parte de los cuales se obtuvieron con la ley de fomento productivo que incluyó la remisión tributaria) necesarios para mantener en funcionamiento al sector público y cubrir atrasos a proveedores. Hemos llegado a esta crítica situación macroeconómica por la política gradualista y el aplazamiento del cambio estructural. Esta opción de privatización no solo se explica por razones de liquidez sino además, como lo han señalado las organizaciones de trabajadores públicos, “Santiago Cuesta Caputi es un lobista de la privatización”

En Enero 9 de 2019 se cumplen 19 años de la dolarización en el país, que ha generado una serie de efectos macroeconómicos y restricciones en el manejo de la política económica. Dada la crisis de la economía ecuatoriana, la gran pregunta es ¿seguirá vigente?

Su implantación fue un intento desesperado de enfrentar la grave crisis económica de 1999, que se caracterizaba por expansión de un ciclo perverso de emisión monetaria-depreciación de la moneda-inflación a la que se agregó la quiebra de bancos, la especulación cambiaria de estos, declaración de moratoria de la deuda externa, graves desequilibrios macroeconómicos, corrida de depósitos, feriado bancario y congelamiento  de depósitos para evitar la quiebra del sistema financiero.

En mi libro El fracaso de la convertibilidad y lecciones para la dolarización, publicado en Enero de 2003, por la Universidad de Guayaquil, señalé los efectos positivos teóricos de la dolarización: reducción de la inflación, tendencia a la baja de tasa de interés y dinamización de la economía. Los riesgos son la sobrevaluación cambiaria, que genera una tendencia al déficit comercial y debilidad para enfrentar shocks externos por lo que el ajuste de la economía se produce sobre las variables reales.

En efecto, como señalé en el libro, la dolarización lleva a la estabilización de precios. Así en el 2000 la inflación fue de 91%, en 2001 alcanzó 22.4%. Al romperse dicho círculo vicioso, se eliminaron las expectativas de devaluación que influían en los precios. Ya para el 2005, la inflación bajó a un dígito (4.3%), en 2008 sube al doble (8.8%), por ciertos factores, para terminar la primera década del siglo XXI en 4.3%. Al inicio de la segunda década se aprecia cómo se consolida la tendencia a la baja de la inflación ubicándose en 2010 en 3.3%, a mediados de ésta década se mantiene en ese mismo nivel y a Noviembre del 2018 llega a 0.35%, lo que confirma la hipótesis de la estabilización de precios.

En cuanto a la tasa de interés, al inicio del 2000 las tasas de interés referenciales del Banco Central, activas y pasivas, eran 75 y 47% respectivamente. En Marzo por la ley de desagio se fijaron por decreto en 16.8 y 9.3% respectivamente. Luego se establecieron por el mercado, llegando la activa referencial, en  promedio, al 2001 a 15.3% y la pasiva 5.2%, sin embargo, estaban muy arriba de las tasas libor o prime. El esquema de fijación de las tasas estaba basado en una fórmula que las establecía en base un promedio más un porcentaje adicional. A fines de la primera década (2009), la tasa de interés activas efectiva, del segmento productivo empresarial llegó, en promedio a 13.3%, y la de consumo 18.2%. En el primer año, de la segunda década estas llegaron a 11.8 y 15.7% respectivamente para finalizar en 2018 a tasas menores de 10.1% y 16.5%. En los últimos años del gobierno de Correa se cambió el esquema de tasas de interés y el Banco Central comenzó a fijar una tasa máxima. En síntesis, las tasas de interés, en dólares, no bajaron tanto como predecía la teoría, y estuvieron muy por arriba  de las tasas internacionales, lo que afectaba al costo del financiamiento de la inversión

En cuanto al crecimiento, la dolarización estabilizó la economía y devolvió la confianza a los agentes económicos. En el año 2000, el aumento de la inversión y el consumo permitió alcanzar un nivel de actividad económica de 2,3%, al siguiente año, con la recuperación de la economía, el crecimiento alcanzó 5.6% y a fines de la primera década (2009), por la crisis financiera de 2008 en EE.UU. que obligó al gobierno ecuatoriano a tomar medidas restrictivas, el ritmo de actividad económica cayó a 0.6%. Al inicio de la segunda década (2010) la economía se recupera con un crecimiento de 3.5% y, en los últimos, por diversos shocks externos, entre ellos, la caída del precio del petróleo, la economía en 2017 solo crece 2.4%.  En los gobiernos de Correa, la inversión pública y el  gasto corriente dinamizaron la economía. Los shocks externos generaron desequilibrios macroeconómicos.

En resumen, la dolarización generó estabilización de precios, las tasas de interés no bajaron tanto y el dinamismo económico no fue tan elevado como se esperaba. Los problemas, en los primeros años de la dolarización, fueron la sobrevaluación cambiaria, por una inflación más alta que la internacional, la baja competitividad por baja productividad y un alto costo país, un constante déficit comercial, déficit fiscal creciente, un sector público agrandado, aumento de la deuda externa, etc. En el próximo artículo, analizaré estas tendencias y las condiciones para la continuidad de la dolarización.